Naybi Rios Sandoval

Expediente 1219/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1219/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • NAYBI RIOS SANDOVAL y Otros.
  • MANUEL JAVIER TRUJILLO OLEA y Otros.
  • Naybi Rios Sandoval
  • Manuel Javier Trujillo Olea

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. ...Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil veintidós, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido....Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. ...Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, once de enero de dos mil veintidós. Incidente 1219/2021-9 En Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con nueve minutos del once de enero de dos mil veintidós, hora y fecha fijados para que tenga verificativo la audiencia incidental del juicio de amparo 1219/2021-9, ante la presencia de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, asistido de Rosa María Luna Mercado, Secretaria con quien legalmente actúa y da fe, declara abierta la audiencia sin asistencia de las partes, no obstante de encontrarse debidamente notificados de ello. Acto continuo, la Secretaria procede a realizar de manera oral la relación de las constancias que obran en autos. Enseguida el Secretario Encargado del Despacho acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. Se declara abierto el periodo probatorio, en el que con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, se cierra el periodo probatorio. Al declararse abierto el periodo de alegatos, se hace constar que la parte quejosa los formuló. Por lo que, sin promoción pendiente por acordar, ni pruebas que desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1219/2021-9, y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Como se ordenó en el juicio de amparo, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo, y previos diferimientos se señaló este día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de cumplir con las políticas públicas, lineamientos, acuerdos circulares y/o normativas de observancia general que obliguen a la organización, consideración, programación y aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer para el COVID-19, a todas las personas mayores de 12 años y menores de 18 años ,ya que no se nos ha considerado conforme a los supuestos establecidos en al Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de la COVID 19, en México", versión 6.0, del 11 de mayo de 2021. La omisión de emitir políticas públicas, lineamientos, acuerdos, circulares y/o normativas de observancia general que regulen la distribución de documentación e información que permitan a las personas mayores de 12 años y menores de 18 años, estar actualizados sobre la aplicación de vacunas para COVID-19. La omisión de creación de mecanismos de protección, con perspectiva para personas mayores de 12 años y menores de 18 años, con independencia que hayamos o no regresado a clases presenciales, actividad que se ha determinado como esencial, sin que se nos proteja de los efectos de la pandemia específicamente de la variante del SARS COV2, también conocida como COVID 19, específicamente la variante del virus denominada DELTA. La omisión de vacunarme con la vacuna BioNTech, Pfizer y evitar mi inminente exposición al contagio indirecto de COVID-19, así como a sus posibles consecuencias. La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud, con violación del Interés Superior de la Niñez, objetivamente transgredido, independientemente de que el quejoso no asista a clases presenciales. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que el quejoso no haya recibido aún la vacuna BioNTech, Pfizer contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etano determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. SEGUNDO. La autoridad responsable Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, al rendir su informe previo negó la existencia del acto reclamado, negativa que queda desvirtuada con las manifestaciones que hace en su informe previo, pues refiere que su Representado en todo momento ha cumplido con la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV2, para la prevención de la Covid-19 En México", que es el documento Rector de la Estrategia para vacunación en México, sin embargo, en términos de las obligaciones que le fueron conferidas en la Estrategia Operativa de la Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-COV2, para la prevención de la COVID-19 en México, únicamente le compete verificar que la vacunación de la población Morelense se efectué en términos de lo establecido en la Política en comento. Siendo que la autoridad encargada de regir el proceso de vacunación, incluyendo la definición de los procesos técnicos que rigen las características del proceso de vacunación para cada tipo de vacuna y de los sitios de vacunación es la Secretaría de Salud, en términos de la Estrategia Operativa de la Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-COV2, para la prevención de la COVID-19 en México, motivo por el cual, es esta autoridad a quien le correspondía considerar la vacunación a las personas con 16 años cumplidos. Igual consideración, se hace respecto de las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Salud, y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, con residencia en la ciudad de México, quienes no rindieron su informe previo solicitado, como les fue requerido el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, no obstante de estar debidamente notificadas desde el dieciocho de octubre y tres de noviembre de dos mil veintiuno como se desprende de los acuses que obran en autos, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. No obstante a ello, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 139, 150, 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva, pues de concederse la medida cautelar, se contravendría el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, pues la suspensión otorgada no tendría el efecto de restablecer "provisionalmente" al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, sino que su concesión agotaría o dejaría sin materia una eventual sentencia de fondo en amparo, lo que se traduce en una imposibilidad jurídica y material de otorgar la medida cautelar, aunado a que de concederse la medida cautelar se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en tanto que se impediría la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, contraviniendo así el artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, hasta en tanto se comunique la sentencia ejecutoria que llegue a dictarse en el juicio principal de donde emana la presente pieza incidental; por las razones siguientes: La parte quejosa señala como acto reclamado La omisión de cumplir con las políticas públicas, lineamientos, acuerdos circulares y/o normativas de observancia general que obliguen a la organización, consideración, programación y aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer para el COVID-19, a todas las personas mayores de 12 años y menores de 18 años ,ya que no se nos ha considerado conforme a los supuestos establecidos en al Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de la COVID 19, en México", versión 6.0, del 11 de mayo de 2021. La omisión de emitir políticas públicas, lineamientos, acuerdos, circulares y/o normativas de observancia general que regulen la distribución de documentación e información que permitan a las personas mayores de 12 años y menores de 18 años, estar actualizados sobre la aplicación de vacunas para COVID-19. La omisión de creación de mecanismos de protección, con perspectiva para personas mayores de 12 años y menores de 18 años, con independencia que hayamos o no regresado a clases presenciales, actividad que se ha determinado como esencial, sin que se nos proteja de los efectos de la pandemia específicamente de la variante del SARS COV2, también conocida como COVID 19, específicamente la variante del virus denominada DELTA. La omisión de vacunarme con la vacuna BioNTech, Pfizer y evitar mi inminente exposición al contagio indirecto de COVID-19, así como a sus posibles consecuencias. La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud, con violación del Interés Superior de la Niñez, objetivamente transgredido, independientemente de que el quejoso no asista a clases presenciales. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que el quejoso no haya recibido aún la vacuna BioNTech, Pfizer contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etano determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. 2) Se tiene la certeza de los actos reclamados, pues se tuvo por cierto el acto reclamado. 3) La parte quejosa acreditaron indiciaria o presuntivamente su interés suspensional, con la copia certificada del acta de nacimiento exhibida, de las que se advierte que el menor de edad antes referido cuenta con 14 años de edad, así como con sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad en las que señalaron, que es apto para ser vacunado, no obstante que ese rango etario no ha sido incluido en la población a ser inoculada, a pesar del riesgo derivado del regreso a clases. 4) No obstante lo anterior, como ya se adelantó debe negarse la suspensión definitiva pues de concederse la medida cautelar se contravendría el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo. Precisamente, la disposición precitada al establecer que el juzgador de amparo al conceder la medida suspensional únicamente puede dar como efecto el restablecimiento provisional a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo cuando ello sea jurídica y materialmente posible, se obtiene que, de una interpretación en sentido contrario, tal disposición establece que no puede concederse la medida suspensional cuando con ella se otorgue un restablecimiento definitivo del derecho que se aduce violado, pues ello se traduce en una imposibilidad jurídica y material de otorgar la medida cautelar. Así pues, es que si bien en contra de los actos negativos y omisivos, puede concederse la medida cautelar como una tutela anticipada con efectos restitutorios de forma provisional y transitoria, ello no implica que en esos casos pueda concederse la medida cautelar a favor del quejoso para otorgarle un beneficio, que al final del día, ya no pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, pues en ese caso se agotaría o dejaría sin materia una eventual sentencia de fondo en amparo. Y ello es acorde con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), con registro 2021263, en donde señaló que si bien la naturaleza de los actos -positiva, declarativa o negativa-, no representaba un factor que determinara en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, no obstante, se tenía que analizar entre los requisitos, "la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida", y que lo relevante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radicaba en que la suspensión no coincidiera exactamente, agotara o dejara sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, como se desprende de su texto que es del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Luego, en el caso, de concederse la suspensión definitiva para el efecto que peticionan los quejosos consistente en que le sea aplicada la vacuna al menor de edad de iniciales M.A.T.R. [de catorce años de edad], se le estaría restableciendo de forma definitiva el derecho que se aduce violado, pues en una eventual sentencia de amparo dicho efecto ya no podría revocarse, por lo que en este caso la medida cautelar peticionada agotaría o dejaría sin materia una eventual sentencia de amparo, lo que implica que existe una imposibilidad jurídica y material para otorgarla. De allí que debe negarse la suspensión definitiva, al no cumplirse con el requisito que de una interpretación en sentido contrario, establece el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo. Lo anterior además, como ya se anticipó, porque de concederse la medida cautelar, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en términos del artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo. Pues si bien, es verdad que mediante comunicado 23/2021, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se autorizó el uso de emergencia de la vacuna de "Pfizer-BioNTech" para personas de 12 años en adelante; hasta el momento no hay fecha estimada para comenzar con la inoculación de este sector de la población. Esto es así, ya que el gobierno mexicano ha informado que debido a la situación epidemiológica que existe a nivel mundial, en contraste con la disponibilidad de las vacunas contra el Covid- 19, su aplicación en el país, debe realizarse de manera escalonada, atendiendo a parámetros clínicos y sociales, que han recomendado los diferentes expertos en el tema, siendo un hecho notorio que aún no se ha terminado de vacunar a sectores de población con mayor edad, entre los cuales se encuentran diversas personas con distintos padecimientos y un mayor grado de vulnerabilidad. Así es que, no puede concederse la suspensión para que las autoridades canalicen los recursos disponibles a las personas que obtienen la concesión de una suspensión dentro de un juicio de amparo, desatendiendo a sectores vulnerables, o aquellos que requieran una atención prioritaria, pues el empleo de recursos, debe realizarse atendiendo al interés común, para lo cual se tiene que asegurar una distribución equitativa de los mismos, y para ello deben considerarse las especiales necesidades de todas las personas afectadas, buscando asegurar el interés común. Lo expuesto tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1/2020, denominada "Pandemia y Derechos Humanos en las Américas", en la que recomendó a los Estados parte que al adoptar medidas de emergencia y de contención frente a la pandemia del COVID-19 deberían "velar por una distribución y acceso equitativos a las instalaciones, bienes y servicios de salud sin discriminación alguna, sean públicos o privados, asegurando la atención de las personas con COVID-19 y los grupos desproporcionalmente afectados por la pandemia, así como personas con enfermedades preexistentes que las hacen especialmente vulnerables al virus" lo cual además es acorde con lo manifestado por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, en la "Declaración sobre la pandemia de Covid-19 y los derechos económicos, sociales y culturales", en la que señaló ".dado que esta pandemia y las medidas adoptadas para combatirla han tenido un impacto negativo desproporcionado en los grupos más marginados, los Estados deben hacer todo lo posible por movilizar los recursos necesarios para combatir la COVID-19 de la manera más equitativa posible, a fin de evitar imponer una mayor carga económica a esos grupos marginados. En la asignación de recursos se debe dar prioridad a las necesidades especiales de esos grupos." De allí que, actualmente no es factible conceder la suspensión solicitada para el efecto de que el quejoso menor de edad sea vacunado en este momento, pues dicha medida cautelar alteraría el plan que el Estado mexicano ha diseñado para la aludida vacuna, donde se prioriza a diversos grupos en desventaja, lo que impediría la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, norma que además se trata de una disposición de orden público que persigue la satisfacción del interés de la colectividad. Máxime que, en el caso particular, los promoventes del amparo no aducen o demuestran que el menor quejoso tenga alguna enfermedad o circunstancia particular que pudiera considerarse para ordenar, en forma apremiante, la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-COV-2, con la finalidad de salvaguardar su salud y vida, en tanto que, la circunstancia de que cuente con una minoría de edad no es razón suficiente para ser vacunado conforme a los esquemas establecidos antes de quienes están contemplados para ello, violando el programa nacional de vacunación, pues de ese sólo hecho no se advierte un inminente peligro a su vida, aunado a que tampoco se obtiene de la circunstancia de que se hayan reanudado las clases presenciales, pues como ya se expuso, resulta optativo el asistir de dicha forma. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Naybi Ríos Sandoval y Manuel Javier Trujillo Olea en representación de su hijo menor de edad de iniciales M.A.T.R. respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el resultando segundo, y por las razones precisadas en dicho considerando de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, visto los autos y la certificación que antecede, se advierte que no obran los informes justificados solicitados a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Mexicanos (representado por el Secretario de Salud); Secretario de Salud; Subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud de México; ni constancia alguna que acredite que estén debidamente notificadas de los oficios con los cuales se les solicitó su respectivo informe justificado. En consecuencia, para dar celeridad al presente asunto, con fundamento en los artículos 28, fracción III y 30 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y artículo 23, fracción III, en relación con el Décimo Transitorio, ambos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se instruye a la actuaría de la adscripción para que reenvíe vía correo electrónico, a las referidas autoridades, los oficios elaborados con la finalidad de que rindan su respectivo informe justificado al correo electrónico maricela.lecuona@salud.gob.mx., que se advierte del Concentrado de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales, con números de teléfonos 55 63 92 43 00 extensión 55611, para confirmar el acuse de recibo. Por tanto, y para dar oportunidad a su debida notificación, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, visto los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que no obran los informes previos solicitados a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Mexicanos (representado por el Secretario de Salud), Secretario de Salud; Subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud de México; ni constancia alguna que acredite que estén debidamente notificadas de los oficios con los cuales se les solicito su respectivo informe previo. En consecuencia, para dar celeridad al presente asunto, con fundamento en los artículos 28, fracción III y 30 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y artículo 23, fracción III, en relación con el Décimo Transitorio, ambos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se instruye a la actuaría de la adscripción para que reenvíe vía correo electrónico, a dichas autoridades de la Secretaría de Salud, los oficios elaborados con la finalidad de que rindan su respectivo informe previo al correo electrónico maricela.lecuona@salud.gob.mx., que se advierte del Concentrado de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales, con números de teléfonos 55 63 92 43 00 extensión 55611, para confirmar el acuse de recibo. Por tanto, y para dar oportunidad a su debida notificación, se difiere la audiencia incidental señalada para este día y se fijan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese.

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