Nayara Guadalupe Arellano Maldonado

Expediente 1060/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1060/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Nayara Guadalupe Arellano Maldonado
  • Presdiente de los Estados Unidos Mexicanos
  • Jose Luis Rodríguez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedidos a la parte quejosa para desahogar el requerimiento formulado en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, sin que éste se hubiese desahogado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto mencionado y, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por, promoviendo en nombre y representación de su menor hija Ximena Sofía Rodríguez Arellano. Atento a lo anterior, se procede a hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa . Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se integró de manera incorrecta al expediente electrónico el acuerdo treinta y uno de agosto del año en curso, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se regulariza el procedimiento para el único efecto de subsanar dicho error, y se publique de forma completa y correcto el acuerdo de mérito, el cual es del tenor. "Vista la demanda promovida por Nayara Guadalupe Arellano Maldonado y por José Luis Rodríguez Morales, promoviendo en nombre y representación de su menor hija Ximena Sofía Rodríguez Arellano, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1060/2021- IX. Con fundamento en el artículo 3, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora, como la demanda de cuenta tiene deficiencias que deben subsanarse, con apoyo en los artículos 108, fracciones I, V, y 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumplan lo siguiente: a) Toda vez que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que los promoventes señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: ... Resulta evidente que no todas las autoridades que señalan como responsables pudieron haber realizado al mismo tiempo los actos que les reclaman; es decir, no especifican en qué medida cada una de las autoridades que señalan participaron en las omisiones que les atribuyen, lo que impide que estén en aptitud de rendir su informe justificado, al no tener certeza sobre el acto que se les atribuye y, por consecuencia, que este juzgado fije la litis en el juicio; por lo tanto, deberán precisar, en qué medida todas y cada una de las autoridades tuvieron o tendrá participación en el acto u omisión de los que reclaman; por tanto, deberán indicar de manera específica, clara y por separado los actos reclamados de cada una de las autoridades responsables; lo anterior, a efecto de que estén en aptitud de rendir sus respectivos informes justificados sobre el o los actos que se les impute, omitiendo insertar calificativos, antecedentes y/o argumentos en vía conceptos de violación que demeriten su claridad y fijación de la litis constitucional, por consiguiente, contribuir a que este juzgador fije la litis en el juicio. Lo anterior, porque es obligación de los promoventes precisar los actos reclamados y las autoridades responsables que emitieron cada uno de éstos, en razón de que sólo así se puede juzgar sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace, y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Resulta aplicable por analogía a las anteriores consideraciones, la Tesis número XX.57K, que es del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." (Número de Registro 202,853, Tesis número XX.57K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 871, del Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Así como por similitud la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, bajo rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD." (No. Registro: 239,099 Jurisprudencia Materia(s): Común: Séptima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación 18 Tercera Parte Tesis: Página: 159 Genealogía: Informe 1969, Segunda Sala, tesis 4, página 116. Informe 1970, Segunda Parte, Segunda Sala, página 25. Apéndice 1917- 1985, Octava Parte, tesis 8, página 16.) Apercibidos que, de no desahogar el requerimiento precisado, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. b) En atención a que la ejecución o aplicación de la Política Nacional de Vacunación y de la Estrategia Operativa de tal Política Nacional de vacunación, recae en diversas autoridades, sin que las hubieren señalado con tal carácter, deberán manifestar si es su deseo designar con esa calidad, cuando menos al "Coordinador Estatal Correcaminos, Víctor Hugo Borja Aburto", del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI); apercibidos que de no hacerlo, de ser procedente, solo se tendrá como autoridades responsables a las indicadas expresamente en su demanda, o bien, escrito por el que atiendan la presente prevención, exhibiendo una copia de su demanda por cada nueva autoridad que señalen. c) Asimismo, se les requiere para que exhiban junto con el original de su escrito aclaratorio, trece copias del mismo, para ser distribuidas de la siguiente manera: diez para igual número de autoridades responsables, una para el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito y dos para el incidente de suspensión que solicita; así como una más por cada nueva autoridad que decidan señalar como responsable, en caso de ser procedente su acción, apercibidos que de no hacerlo, no se tendrán por desahogado los requerimientos anteriores y, por ende, se les harán efectivos los apercibimientos correspondientes. Se cita en apoyo por su aplicación analógica, la jurisprudencia P./J.36/2001, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. (Registro: 189977, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, página: 79) Importa destacar que los requerimientos que anteceden únicamente podrán que ser desahogados por los promoventes del amparo, no así por las personas que autoricen en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de rubro: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. (No. de registro: 161909, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Junio de 2011, Página: 68, Materia: Común). Así como la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), del siguiente rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. (Registro: 2007285, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I; Materia Común, página: 210) Sin que haya lugar a decretar la suspensión de oficio de los actos reclamados, toda vez que no se encuentran dentro de los supuestos a que se refieren los artículos 125, 126 y 127 de la Ley de Amparo; y, 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen los casos en los que el Juez de Distrito debe proveer sobre la suspensión de los actos reclamados de manera oficiosa, esto es, únicamente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Fuera de estos casos, la suspensión se decretará a instancia de parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece como requisitos la solicitud del quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Es conveniente recordar que es sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia de esta regulación diferenciada, obedece, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos fundamentales, de especial relevancia, como la vida, la libertad, o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo. En apoyo a la anterior determinación, resulta aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia I. 3º.A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III segunda parte-2, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto establecen: SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADO FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgado federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Cabe destacar que los promoventes reclaman la omisión de aplicar a su hijo, menor de edad, la vacuna contra el virus "SARS-CoV2", aduciendo que es indispensable para salvaguardar su vida e integridad física. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio en el sentido de que cuando el juicio de amparo verse sobre el tema de la omisión de brindar atención médica, y se deba resolver si se debe conceder o no la suspensión de oficio y de plano, se debe llevar a cabo un juicio valorativo en el que se pondere si el acto de omisión que se reclama compromete gravemente la dignidad humana de la parte quejosa o si puede tener consecuencias irreversibles en su salud o, inclusive, producir la pérdida de la vida. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, agosto de 2019, Tomo II, página 1270, que establece: SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. En tales condiciones, en cuanto a sí la omisión de vacunación del menor contra el SARS-CoV-2, puede comprometer gravemente la salud o incluso la vida del quejoso, se determina que ello no se ubica en las hipótesis planteadas, pues únicamente implica no acceder a un beneficio clínico. Se afirma lo anterior porque, acorde con el Diccionario de la Real Academia Española, una vacuna es un preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa, de ahí que su aplicación es un mecanismo preventivo del contagio del virus multicitado y de reducción de sus efectos y consecuencias en el organismo humano, sin que pueda sostenerse que la no aplicación importe necesariamente peligro en la salud y pérdida de la vida. Sostener lo contrario, sería tanto como afirmar que, de aplicarse la vacuna, se tiene garantizado no contagiarse y, eventualmente, no perder la vida, lo que carece de base científica, pues, se insiste, sólo es un mecanismo que reduce los efectos del virus. Por lo anterior, se concluye que la omisión de vacunar al menor quejoso no compromete necesariamente gravemente su salud ni implica un peligro de pérdida de la vida, aunado a que no se trata de personal médico de primera línea de atención, es decir, de aquellos que tengan contacto directo con pacientes sospechoso o conformados de COVID-19, por lo que en todo caso, se proveerá respecto de la medida cautelar solicitada de manera incidental, una vez que los promoventes cumplan las prevenciones que anteceden. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del número telefónico y correo electrónico que proporcionan los promoventes, en el entendido de que los mismos, únicamente serán utilizado de manera excepcional en caso de ser necesario, como forma especial de contacto, para entablar comunicaciones no procesales, las cuales estarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia, sin que ello implique que se notifique a la parte quejosa a través de dicho medio. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. En cuanto al correo electrónico que proporciona la quejosa, se tomara en cuenta, únicamente en caso de que sea conveniente entablar alguna comunicación no procesal. Conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante, lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Lo anterior hágase de las partes para los efectos legales conducentes; asimismo haga del conocimiento que el plazo concedido al peticionario de amparo para desahogar el proveído antes citado, comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído." Finalmente, se tiene por recibida la razón del actuario Ricardo de Jesús Lima Reynoso, a través de la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a parte quejosa, el proveído de treinta y uno de dos mil veinte, por los argumentos expuestos en ésta; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en el Antiguo Camino a San Pedro ciento setenta y dos (172), colonia Villa Tlalpan, Alcaldía Tlalpan, código postal catorce mil seiscientos treinta (14630), entre Comuneros y Melchor Ocampo. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    (31/AGOSTO/2021) (RAZÓN ACTUARIAL).- VISTOS.- LA RAZÓN DEL ACTUARIO, ATENTO A SU CONTENIDO, SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 24/08/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: """""""""""""""""""""""""""""" Ciudad de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que por acurdo de dieciséis de julio pasado, se tuvo por recibido el escrito en que Carolina Ramírez Vega, apoderada de la moral quejosa, expresamente manifestó su voluntad de desistir de la demanda que dio origen al presente asunto, por lo que solicita se decrete el sobreseimiento. Hágase del conocimiento de la quejosa el contenido del artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. (...)" [Lo destacado es propio]. También es oportuno imponerse del contenido de la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro siguiente: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. (Registro digital: 174481, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 295) En ese contexto, se impone destacar que el artículo 6, del artículo 21 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", en lo que interesa, prevé: Artículo 6. Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. (.)". [Lo destacado es propio] De lo anterior, se advierte que la manifestación del desistimiento del juicio de amparo, requiere de su ratificación ante la presencia judicial. Entonces, conforme a las disposiciones establecidas para "la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19", en lo que interesa, tratándose de requerimientos formulados por el órgano jurisdiccional para que una de las partes comparezca ante él para el desahogo de algún requerimiento o diligencia, el juzgador deberá programar una cita para esa comparecencia, que tendrá verificativo el día del vencimiento del término otorgado; para lo anterior, se establecieron algunas reglas para la entrega del código QR, necesario para acudir a la referida cita. En consecuencia, se requiere a la representante legal de la quejosa, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca ante el local de este órgano jurisdiccional, con original y copia de identificación oficial vigente provista de fotografía, a fin de que ratifique el escrito de mérito, para lo cual, se señalan las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; para lo cual deberá exhibir el código QR siguiente: Apercibido que de no acudir a ratificar el escrito de mérito, se continuará con el trámite del presente juicio de amparo. La anterior fecha y hora se programaron así, tomando en consideración los dos días que tiene para generar la consulta de la notificación electrónica del presente auto, y que, de conformidad con el artículo 15, del citado Acuerdo General, a este Juzgado de Distrito le correspondió la jornada de labores presencial de las trece horas con quince minutos (13:15) a las diecinueve horas con quince minutos (19:15). No obstante, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y procurar con el principio y obligación de la impartición de justicia completa, pronta y expedita, conforme al artículo 17 constitucional; se determina que, en caso de que el representante legal de la quejosa no pueda acudir en la fecha y hora programadas, por causa justificada, deberá: ? Programar por sí, una nueva cita, dentro del término de los tres días que se le otorgaron, es decir, en el primer, segundo o tercer día, contados a partir de que se le notifique el presente auto y, así obtener el código QR, respectivo. O bien, por única ocasión: ? Programar por sí, una nueva cita, después del término de los tres días que se le otorgaron, contados a partir de que se le notifique el presente auto y, así obtener el código QR, respectivo Para lo anterior, deberá tomar en consideración el horario de la jornada de labores presenciales que le correspondió a este juzgado, precisado en los párrafos anteriores. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de la legal notificación que se le haga del presente proveído proporcione el domicilio donde puedan ser emplazados al presente asunto los terceros interesados Omar Becerril Hurtado, Francisco Baruc Martínez Cabrera, Giselle Solorzano Escalona y Teresa de Jesus Santiago, o bien manifieste la imposibilidad jurídica o material que tenga para ello, apercibida que en caso de ser omisa, o bien manifieste la imposibilidad jurídica o material que tenga para ello, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. En ese sentido y toda vez que por acuerdo de catorce de agosto se ordenó realizar a la parte quejosa las notificaciones de carácter personal por medio de lista, sin embargo, atendiendo al estado procesal de autos y al caso excepcional que representa lo antes ordenado, que en lo conducente, es voluntad de la quejosa desistirse del presente asunto, por única ocasión notificación notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en la demanda. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA PUBLITOP DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA MOLIERE NÚMERO TRESCIENTOS QUINCE, COLONIA POLANCO TERCERA SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 11550, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe."""""""""""""""""""""""""""""" Y LOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SEÑALE NUEVO DOMICILIO. NOTIFÍQUESE.

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