Nato Gómez Acosta
Expediente 166/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Nato Gómez Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto: agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaría del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 166/2022-7, e informa que dicho Tribunal admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Nato Gómez Acosta, en contra de la sentencia emitida en el juicio del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, el cual fue radicado bajo el número 154/2022, de su índice; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el quejoso Nato Gómez Acosta, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos el seis de abril del año en curso. Ahora, agréguese a este expediente una copia del escrito de expresión de agravios y córrase traslado con una copia a las partes; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo. Por otro lado, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente juicio de amparo con las constancias de notificación a las partes de la determinación recurrida y del presente acuerdo, remítase el cuaderno original del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en la ciudad, para lo que a bien tenga determinar en relación al citado medio de impugnación, lo anterior dentro del término de tres días a que alude el artículo 89 de la ley de la materia, adjuntándole el original del escrito de expresión de agravios y una copia del mismo para el Fiscal de la Federación de su adscripción. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del juicio en que se actúa. Notifíquese, y personalmente al tercero interesado y al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado.
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EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTRO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el quejoso Nato Gómez Acosta, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos el seis de abril del año en curso. Ahora, agréguese a este expediente una copia del escrito de expresión de agravios y córrase traslado con una copia a las partes; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo. Por otro lado, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente juicio de amparo con las constancias de notificación a las partes de la determinación recurrida y del presente acuerdo, remítase el cuaderno original del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en la ciudad, para lo que a bien tenga determinar en relación al citado medio de impugnación, lo anterior dentro del término de tres días a que alude el artículo 89 de la ley de la materia, adjuntándole el original del escrito de expresión de agravios y una copia del mismo para el Fiscal de la Federación de su adscripción. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del juicio en que se actúa. Notifíquese, y personalmente al tercero interesado y al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado.
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VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 166/2022-7, promovido por **********, contra actos de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el ocho de febrero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el once de febrero siguiente, Nato Gómez Acosta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS 1. SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y ORALIDAD PARA ADULTOS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 2. JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL NUEVE DE CENTRO, TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 3. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. ACTOS RECLAMADOS "La resolución dictada por la sala responsable el catorce de enero de dos mil veintidós dentro del toca penal 089/2021-U-C en la que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno por el Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, dentro de la causa penal 1600/2021 de su índice y su ejecución." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 166/2022-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus respectivos informes justificados; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó el emplazamiento de los licenciados Nohemí de la Cruz Córdova y Zoila María Luna de Dios Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Victima en Situación de Vulnerabilidad, con sede en esta ciudad, en su carácter de terceros interesados ya que fueron quienes intervinieron en el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal que aquí se reclama; por lo cual se ordenó su emplazamiento mediante oficios 6904/2022 y 6905/2022, los cuáles fueron recibidos el seis de febrero de la presente anualidad (foja 81). Asimismo, se ordenó el emplazamiento de la víctima de identidad protegida con las iniciales K.M.G.A., a través de Carlos Humberto Gómez Hernández, en su carácter de tercero interesada. El cuatro de marzo de dos mil veintidós, el actuario adscrito a este juzgado realizó el emplazamiento de la referida parte tercero interesada. Posteriormente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución dictada por la sala responsable el catorce de enero de dos mil veintidós dentro del toca penal 089/2021-U-C en la que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno por el Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, dentro de la causa penal 1600/2021 de su índice y su ejecución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez de Control de la Región Nueve de Centro Tabasco y el Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos del Estado de Tabasco, ambos residentes en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, admitieron la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las constancias que anexó la primera de las mencionadas a su informe justificado consistente en un disco versátil digital "DVD", el cual contiene registro de audio y video de la audiencia inicial de cinco de noviembre de dos mil veintiuno y la continuación de la misma de nueve de noviembre siguiente emitidas en la causa penal 1600/2021, de su índice, el cual obra por cuerda separada; así como copia certificada de las referidas audiencias y de la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca de oralidad 089/2021-U.C., del índice de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco (fojas 32 a 64); asimismo, con la copia certificada del referido toca de oralidad, el cual la precitada juez y sala unitaria anexaron a sus informes justificados, el cual obra por cuerda separada, y a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, porque se tratan de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, se encuentran plenamente probados. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por otra parte, el Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como ejecutora, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, tal negativa debe tenerse por desvirtuada ante la aceptación de las ordenadoras, toda vez que por razón de jerarquía y funciones le compete ejecutar actos de esa naturaleza. Tiene aplicación la tesis consultable en la página 56, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión de los motivos que sustentarán esta resolución, deviene pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las manifestaciones de las partes y de las constancias que fueron allegadas a este sumario constitucional. En cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia inicial de formulación de imputación por orden cumplida, en la carpeta penal 1600/2021, seguida en contra del hoy quejoso Nato Gómez Acosta, en la cual se identificaron los comparecientes, previa identificación del defensor particular y cercioramiento de sus datos, la Fiscal del Ministerio Público, formuló imputación en contra del aquí quejoso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 328 del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales K.M.G.A. En la misma diligencia, previo cuestionamiento al investigado de que, si deseaba declarar, una vez que consultó con su defensor manifestó hacer uso de su derecho de guardar silencio. Posteriormente, el Fiscal realizó solicitud de vinculación a proceso, verbalizando sus razones jurídicas ante el Juez de Control, así como también lo hizo el Asesor Jurídico; de ahí, la Juez de Control hizo saber al imputado los plazos para resolver su situación jurídica, quien previa consulta con su defensa, solicitó que su situación jurídica fuera resuelta dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, y en atención a ello la Juez de Control señaló hora y fecha para la continuación de dicha audiencia. Luego la juez de control impuso al quejoso la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa, por los argumentos ahí expuestos. El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, en que se otorgó a la defensa la oportunidad de ofrecer datos de prueba, quien manifestó que ofrecería datos de pruebas consistente en un historial clínico, la declaración del imputado, la testimonial de María Lety Hernández Gordillo, Alejandra del Carmen Hernández Hernández y Natividad Gómez Hernández, por lo que previo debate de las partes respecto a la pertinencia de las pruebas la juez admitió las pruebas antes referidas con excepción de la testimonial de Alejandra del Carmen Hernández Hernández; acto seguido se procedió al desahogo de las testimoniales admitidas y posteriormente la defensa del imputado formuló alegatos solicitando que no se vinculara a proceso al ahora quejoso. Acto seguido, la fiscalía ejerció su derecho de réplica reiterando su solicitud de vinculación a proceso en contra del indiciado. De igual forma, el Asesor Jurídico de la víctima reiteró la petición del Fiscal del Ministerio Público, hecho lo anterior, el Juez de Control cerró el debate, procedió al análisis de los requisitos necesarios para la vinculación a proceso y emitió auto de vinculación a proceso, en contra del imputado Nato Gómez Acosta, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 328 del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de la victima de identidad reservada de iniciales K.M.G.A. Acto seguido, el Fiscal del Ministerio Público solicitó el plazo de noventa días para el cierre de la investigación complementaria, a lo que se adhirió el Asesor Jurídico; sin embargo, en atención a lo alegado por la Defensa, el Juez de Control cerró debate y fijó el término de dos meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria. Contra la determinación del auto de vinculación a proceso, mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Juez de Control responsable, el defensor particular del aquí quejoso interpuso recurso de apelación. En tres de diciembre de dos mil veintiuno, el Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con sede en esta ciudad, actuando de manera unitaria ordenó formar el toca 89/2021-U-C; y al respecto, admitió a trámite el recurso de apelación hecho valer por el defensor particular del imputado Nato Gómez Acosta, en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1600/2021, del índice del juzgado responsable; asimismo, entre otra cuestiones, advirtió que ninguna de las partes manifestó su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios presentados, razón por la que se omitió señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia contemplada en el numeral 476, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, el catorce de enero de dos mil veintidós, el Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con sede en esta ciudad, resolvió el recurso de apelación de mérito, confirmando el auto de vinculación a proceso combatido, en los siguientes términos: "PRIMERO. Los agravios esgrimidos por el M.D. Jaime Magaña Hernández, Defensor Particular, resultaron infundados y no hubo necesidad de suplir alguna deficiencia queja a favor del imputado. SEGUNDO. Se CONFIRMA el Auto de Vinculación a Proceso, dictado en continuación de audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por la licenciada Evelyn Aguirre de la Cruz, Jueza de Control de la Región Judicial Nueve, con sede en Centro, Tabasco, en la causa penal 1600/2021, que se inició a Nato Gómez Acosta, por el delito de Pederastia, previsto y sancionado por el numeral 328 del Código Penal del Estado, sin prejuzgar, cometido en agravio de la menor víctima de identidad reservada de iniciales K.M.G.A., representado por la víctima indirecta Carlos Humberto Gómez Hernández." [.] Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. A continuación, se analizarán los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, que son los que se contienen en la demanda de amparo, sin transcribirlos íntegramente, por no existir disposición legal que obligue a ello; además, tampoco se deja en estado de indefensión al promovente en caso de resultar adversa la presente resolución a sus intereses, toda vez que tiene la oportunidad de recurrirla. Máxime, que así´ lo determino´ la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la Pagina 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIO´N O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIO´N." Sin embargo, a efecto de dar claridad y contenido a la resolución, en seguida se precisan medular y sintéticamente los argumentos expuestos en la demanda, a saber: Sostiene que se viola en su perjuicio sus garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales en virtud de que la resolución reclamada no se encuentra fundada ni motivada. Le agravia que la sala responsable únicamente hizo una relación genérica de los datos de prueba con los cuales considero aptos y suficientes para confirmar el auto de vinculación a proceso sin realizar una valoración correcta del modo, tiempo y circunstancia de ejecución del hecho que se le imputa. Alega que le agravia se haya emitido el acto reclamando sin que existan datos de prueba suficientes que acrediten su probable responsabilidad en la comisión del hecho antijurídico que se pretende acreditar. Le agravia que la sala unitaria responsable no haya realizado un análisis exhaustivo de todos los datos de prueba que obran en la causa penal de donde deriva el acto reclamado sin motivar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del hecho que se le atribuye. Alega que la juez responsable permitió que el fiscal abusara de la lectura de constancias al momento de verbalizar los datos de pruebas sin que realizara una debida argumentación en las que demostrara las circunstancias fácticas que le imputa y las razones por las que los datos de prueba que indica lo acreditan; porque lo considera que se violó en su contra el principio de oralidad. Expone que le causa agravio que la sala responsable no haya valorado de manera adecuada las entrevistas realizadas a la supuesta ofendida menor de edad de identidad protegida con las iniciales K.M.G.A, la cual considera que no reúnen los requisitos establecidos en la ley procesal por contener demasiadas ambigüedades en el modo, tiempo, lugar y circunstancias, en razón de que la referida menor no establece de manera precisa las circunstancias en que sucedieron los hechos de los que se duele; por lo que se duele que la autoridad responsable haya estimado que la víctima por su corta edad en el tiempo en que sucedieron los hechos no era posible que aportara datos claros y suficientes de los hechos denunciados por ésta, lo cual lo deja en estado de indefensión al no conocer con exactitud los hechos que se le atribuyen para poder ejercer su adecuada defensa. Ahora, se impone necesario analizar la litis de fondo en el presente asunto, ello tanto en función del estudio oficioso del acto reclamado ya que en la especie, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, debe imperar el beneficio procesal de suplencia de la deficiencia de la queja por ser el aquí´ quejoso, imputado en el procedimiento penal acusatorio de donde deriva el acto reclamado, así´ como a la luz de los motivos de queja propuestos por el solicitante de amparo. Es aplicable la tesis 1a. CCL/2011 (9a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 290, registro digital 160186, de rubro y texto: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIO´N DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIO´N CON LA INSTITUCIO´N DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. El principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen; para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá´ al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defensor; sin embargo, la oportunidad de las partes de intervenir directamente en el proceso, no puede traer como consecuencia que en el caso de una defensa inadecuada, por una deficiente argumentación en el debate de los elementos presentados en su contra, se deje al imputado en estado de indefensión, al no haberse controvertido correctamente su valor convictivo, menos aún en el caso de reservarse su derecho a realizar alguna manifestación, y que su silencio sea utilizado en su perjuicio, pues acorde con la fracción II, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no puede utilizarse en su perjuicio. En ese sentido, de la interpretación armónica del principio de contradicción con la institución de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, contenida en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que ambos procuran proteger ampliamente y apartándose de formalismos, los valores e intereses humanos de la más alta jerarquía, por cuyo motivo, tratándose de la materia penal, la suplencia se da aun en el caso de no haberse expresado conceptos de violación o agravios por el imputado, pues el órgano de control constitucional puede suplir no sólo su deficiente formulación, sino su total ausencia, pudiendo, por ello, el imputado y su defensor, a través del juicio de amparo, impugnar el alcance probatorio que asigno´ el juez de control o juez de garantía a los datos de investigación que motivaron la formalización del procedimiento y a los datos aportados en su defensa y, en consecuencia, el dictado del auto de vinculación a proceso, expresando las razones por las que a su juicio fue indebida dicha valoración; de estimar lo contrario, se vulneraría su derecho a una defensa adecuada contenido en la fracción VIII del apartado B, del citado artículo 20 constitucional." Son infundados unos e inoperantes otros de los conceptos de violación de los formulados por la parte quejosa, sin que se advierta agravio que´ suplir a su favor, acorde a las consideraciones que enseguida se expondrán: En principio, es pertinente recordar que el acto aquí reclamado consiste en la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en el Toca de Oralidad 89/2021-U-C, del índice de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con sede en esta ciudad, en que se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, dentro de la causa penal 1600/2021 en contra de Nato Gómez Acosta, por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 328, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio la víctima de identidad reservada con iniciales K.M.G.A. Ahora, del estudio integral de las constancias que componen el referido toca de apelación, así´ como la videograbación de las audiencias de cinco y nueve de noviembre, ambas de dos mil veintiuno, se advierte que, como bien lo aprecio´ el Magistrado responsable, se encuentran reunidos, bajo el estándar indiciario que exige la resolución de la situación jurídica del imputado, los requisitos para vincularlo a proceso. Para sustentar la anterior afirmación, se considera pertinente transcribir el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, los cuales, en su orden, a la letra dicen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá´ exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresara´: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así´ como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió´ o participo´ en su comisión. [...]" "Articulo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictara´ el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió´ o participo´ en su comisión. Se entenderá´ que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así´ permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá´ dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá´ otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá´ hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá´ forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá´ ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De lo transcrito se advierte que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: 1) forma y 2) fondo. Los requisitos de forma se circunscriben a que debe dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en el deben expresarse el delito que se imputa, así´ como las circunstancias de su ejecución. Por otro lado, los requisitos de fondo son: I) que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito; y, II) que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Por ende, conjugando los requisitos aludidos, se obtiene que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir las exigencias siguientes: 1. Haberse formulado la imputación. 2. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. 3. Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del imputado. 4. Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 5. Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. 6. De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió´ o participo´ en su comisión. 7. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Sobre esa base, del examen de las constancias de autos, de los discos compactos que contienen los videos y audios de la audiencia inicial, así´ como su continuación, y en particular la determinación de segunda instancia combatida (catorce de enero de dos mil veintidós), se concluye que la sala responsable, con acierto, tuvo por demostrados los hechos consistentes en que probablemente: Primer hecho: Un día del mes de septiembre de dos mil catorce, antes del veintiuno del mismo mes y año, después de las doce horas en el interior del domicilio ubicado en la Ranchería Boca de Aztlán, Centro, Tabasco, cuando la menor víctima de iniciales K.M.G.A., de cuatro años de edad, estaba viendo la televisión, llegó, se sentó junto a ella y por encima de su ropa le tocó su vagina con su mano. Segundo hecho: ocurrió en el mes de octubre de dos mil catorce en el domicilio ubicado en la Ranchería Boca de Aztlán de Corcho, Segunda Sección, Centro, Tabasco, después de las doce horas, cuando la menor víctima de iniciales K.M.G.A., tenía cinco años de edad, se encontraba cerca de un chiquero cuando llegó el imputado y por la parte de atrás la sujeto de la espalda, le bajó su short luego se bajó el suyo, se sentó a la menor encima y frotó su pene en la vagina de la menor víctima. Tercer hecho: Acontecido en el mes de noviembre de dos mil catorce, en el domicilio ubicado en la Ranchería Boca de Aztlán de Corcho, Segunda Sección, Centro, Tabasco, después de las doce horas, cuando la menor víctima de iniciales K.M.G.A., tenía cinco años de edad, se encontraba cerca de un chiquero cuando llegó el imputado, la sujetó de la cintura, le bajó su short luego se bajó su pantalón y la ropa interior, colocó de espalda a la menor y frotó su pene en la vagina de la menor víctima. Lo anterior, en razón que destaco´ las consideraciones torales del auto de vinculación a proceso dictado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por la Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco y frente a ello, detallo´ los agravios expuestos por la defensa, contra la mencionada determinación. Luego, procedió a dar contestación a los agravios motivo de la resolución recurrida, para lo cual expuso los razonamientos lógico jurídicos que la llevaron a determinar que el auto de vinculación a proceso que dicto´ el Juez de origen había sido correcto, en donde comparativamente estableció que los motivos de inconformidad hechos valer resultaron infundados unos y otros inoperantes. Ello, toda vez que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se requiere la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que únicamente se justifique la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo. Se compartió el criterio del Juez de Control, en el sentido que los datos de prueba verbalizados por el Fiscal del Ministerio Público satisfacen los requisitos de los numerales 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que los antecedentes de investigación resultan idóneos para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del aquí´ quejoso. Para arribar a esa conclusión, la Sala responsable se apoyó´ en los datos de prueba que enseguida se relacionan: Denuncia formulada por Carlos Humberto Gómez Hernández, padre de la víctima menor de edad de identidad reservada con iniciales K.M.G.A., realizada ante el órgano investigador el trece de octubre de dos mil veinte. Acta de nacimiento número 11 emitida por el Oficial 01 del Registro Civil de esta ciudad, a favor de la víctima menor de edad de identidad protegida con las iniciales K.M.G.A. Entrevista realizada el trece de octubre de dos mil veintiuno a la víctima menor de edad de identidad protegida con las iniciales K.M.G.A., acompañada de su psicólogo victimal y su representante. Comparecencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno realizado por la víctima menor de edad de identidad protegida con las iniciales K.M.G.A. Oficio 20858/2021, de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, que contiene dictamen psicológicos emitido por la perito Celia Luz Córdova Valenzuela, quien valoró a la víctima menor de edad de identidad protegida con las iniciales K.M.G.A. Comparecencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno realizada por Carlos Humberto Gómez Hernández, padre de la víctima menor de edad de identidad reservada con iniciales K.M.G.A. Dictamen ginecológico y proctológico realizado el trece de octubre de dos mil veintiuno por la perito médico legista doctora Cristina Pulieze Montes a la víctima menor de edad de identidad reservada con iniciales K.M.G.A. Datos de prueba que la Sala responsable estimo´ que en lo singular y en su conjunto, resultaban suficientes, pertinentes he idóneos, conforme a los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer que Nato Gómez Acosta, probablemente fue la persona quien un día del mes de septiembre de dos mil catorce, antes del veintiuno del mismo mes y año, después de las doce horas en el interior del domicilio ubicado en la Ranchería Boca de Aztlán, Centro, Tabasco, cuando la menor víctima de iniciales K.M.G.A., de cuatro años de edad, estaba viendo la televisión, llegó, se sentó junto a ella y por encima de su ropa le tocó su vagina con su mano. Asimismo, en el mes de octubre de dos mil catorce en el domicilio ubicado en la Ranchería Boca de Aztlán de Corcho, Segunda Sección, Centro, Tabasco, después de las doce horas, cuando la menor víctima de iniciales K.M.G.A., tenía cinco años de edad, se encontraba cerca de un chiquero cuando llegó el imputado y por la parte de atrás la sujeto de la espalda, le bajó su short luego se bajó el suyo, se sentó a la menor encima y frotó su pene en la vagina de la menor víctima. De igual forma, en el mes de noviembre de dos mil catorce, en el domicilio ubicado en la Ranchería Boca de Aztlán de Corcho, Segunda Sección, Centro, Tabasco, después de las doce horas, cuando la menor víctima de iniciales K.M.G.A., tenía cinco años de edad, se encontraba cerca de un chiquero cuando llegó el imputado, la sujetó de la cintura, le bajó su short luego se bajó su pantalón y la ropa interior, colocó de espalda a la menor y frotó su pene en la vagina de la menor víctima. En consecuencia, confirmo´ la decisión asumida por la Juez de origen, concluyendo que, de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, se advertía la existencia del hecho señalado como el delito de pederastia, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales K.M.G.A., todo lo anterior, por las razones a que se constriñe en la resolución reclamada, las cuales se estiman ajustadas a derecho. Así´, se estima apegado a la legalidad que la Sala responsable justificara aquella decisión, en función de los datos de prueba que fueron reseñados por la Fiscalía, y que con base en ellos coligiera que, en la especie, se encontraban colmados los requisitos para la vinculación a proceso por el hecho imputado. Y, en cuanto a la justificación de los datos que reflejan la probable participación del quejoso, se estiman suficientes los que pondero´ la Sala responsable, mismos que fueron invocados por la Fiscalía ante el Juez de Control en la audiencia inicial. Así´ las cosas, son infundados los conceptos de violación sintetizados en los incisos a), b, c), d) y f) del considerando que precede, los cuales se valoran en forma conjunta, en los que medularmente la parte quejosa se duele por una parte que los actos reclamados no se encuentran fundados ni motivados; asimismo, que no existen datos de prueba suficientes que acrediten su probable responsabilidad en la comisión del delito que se le imputa, así como de la falta de valoración realizada por la sala responsable a los datos de prueba que integran la causa penal 1600/2021, a efecto de demostrar que en el caso no existieron los hechos que se le atribuyen; empero, la sala responsable al declarar infundados sus conceptos de violación le contesto´ que en relación al agravio del recurrente en el que expone que causa agravio a su representado que la Jueza de Control, realizara una incorrecta valoración e ilegal adecuación de los hechos y datos expresados por el Fiscal quien acorde al principio de lealtad omitió narrar hechos al momento de formular la imputación, pues en la carpeta de investigación obran eventos que a su conveniencia omitió narrarlos, toda vez que tales hechos dejaban al descubierto la verdad histórica, que consiste en que el imputado no lo cometió, lo cual se sustenta con el dictamen médico. Ello en razón de que en la entrevista realizada a Carlos Humberto Gómez Hernández, padre de la víctima de identidad reservada, en ningún momento verbalizó que en el mes de septiembre de dos mil catorce, le pagaba o pedía favor a María Lety, que cuidara de su menor hija, la cual guarda relación con el caso, puesto que la menor manifiesta que sus padres la dejaban al cuidado de María Lety esposa del imputado; de ahí, que considera que la investigación recae en una falsedad y constituye un delito fabricado por la Fiscalía. Al respecto, la sala responsable calificó infundadas tales manifestaciones en virtud de que la a quo si efectuó valoración motivada y fundada a los datos de pruebas con los cuales sustentó el fallo que se analiza en los términos anteriormente expuestos; asimismo, la sala expuso que en relación a la supuesta omisión de la Fiscal, éste que no podía verbalizar datos que no haya manifestado el denunciante, es decir, si le pagaba o pedía favor a la señora María Lety para que cuidara a la víctima menor de edad en septiembre de dos mil catorce; además, que los dos hechos posteriores acontecieron en el mes de octubre y noviembre de dos mil catorce, ya que el denunciante tampoco manifestó si en estas fechas hayan requerido del apoyo de María Lety, para cuidar a la menor de identidad reservada, y se la atribuía por ello o se trataba de un favor. Asimismo, la sala responsable, en relación al argumento de la defensa quien refirió que la investigación realizada por el Fiscal se encontraba afectada por falsedad y ello constituye la fabricación del delito en contra del quejoso; al respecto la referida sala consideró que se trataban de apreciaciones subjetivas del apelante sin sustento alguno, en virtud de que de las constancias recibidas como testimonio del recurso de apelación, no se advertía que el Fiscal acusador tuviera algún interés para perjudicar al quejoso, pues la actividad acusadora lo realiza en ejercicio de sus funciones propias de su cargo. De igual forma, la sala responsable calificó infundados los conceptos de violación, en virtud que, la violación a que hace referencia de la ex pareja del denunciante, ello no es materia de la litis; asimismo; en cuanto al hecho verbalizado por la víctima menor de edad quien refirió que sus papás le tenían confianza al investigado aun cuando supuestamente había violentado a la madre de ésta; al respecto la sala consideró que tal circunstancia era irrelevante para el caso en estudio, ya que tal echo no era objeto de controversia; reiterando que hasta esa etapa procesal, los datos verbalizados por el fiscal eran aptos y suficientes para vincular a proceso al indiciado pues el estándar probatorio requerido por la ley es mínimo, por tanto, no se trataba de un invento de la Fiscalía ni advertía que el órgano investigador estuviera en contubernio con quienes deponen en contra del quejoso para obtener beneficio con el resultado del fallo analizado. Así también, en cuanto al agravio del apelante en el que considera que la víctima menor de edad en su entrevista dijo que sufrió penetración por parte de su defendido, lo cual narra sin titubear, precisando todo con lucidez como si se tratara de un hecho reciente, máxime que en aquel tiempo tenía cuatro años de edad; lo cual a su consideración genera gran duda, aunado que el Fiscal en la primera entrevista de la menor al darse cuenta que la menor hablaba con tecnicismo, recordando hechos suscitados hace siete años, debió preguntarle que aclarara a que se refería con penetración, lo cual omitió considerar la Juez al emitir su resolución. Al respecto, la sala responsable calificó de acertada lo precisado por la a quo quien consideró que era cierto que al principio la víctima menor de edad estableció que el activo le introducía el pene en la vagina o en su ano; sin embargo, de acuerdo a la mecánica de los hechos, a la edad de la menor al momento en que ocurrieron los hechos, era factible que acorde a sus conocimientos de índole sexual la menor no pudiera establecer de manera exacta si en realidad existió una introducción o no; por ello fue que la Fiscalía peticionó el auto vinculación en contra del quejoso con base a los actos eróticos sexuales, lo que se desprende de la narrativa de la menor pues se realizaron tocamientos en áreas íntimas. Aunado la sala expuso que en la práctica judicial en materia penal cuando un infante interviene como víctima del delito, su interés superior encauza al Juzgador, a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así como, el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, es por ello, que la Jueza al valorar el testimonio de la menor víctima del delito, debe tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente. Por tanto, afirma la sala que la recepción de sus declaraciones debe hacerse con apoyo de personal especializado, sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el lenguaje infantil. De igual manera, refiere la sala que el testimonio de la infante debía analizarse, tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así, se corría el riesgo de una valoración inadecuada, ya que debía considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues consideró que un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. Por ello, debe procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. De igual forma, la sala consideró que debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del ilícito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Por otra parte, atendiendo a que la revictimización social, la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como, garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias. Por tanto, la sala expuso que advertía que la juez responsable valoró la entrevista de la menor de identidad reservada de iniciales K.M.G.A. acorde, no sólo a la perspectiva de género por ser mujer, sino a la perspectiva de infante que era cuando ocurrieron los hechos, al formar parte de los grupos vulnerables a los que pertenece, a su minoría de edad, incluso por tratarse de una mujer; asimismo, tomó en consideración lo verbalizado por el Fiscal, en el sentido que los ilícitos de carácter sexual por su propia naturaleza regularmente se realizan en ausencia de testigos. En consecuencia, la sala consideró que lo depuesto por la menor resulta preponderante, pues fueron relatados conforme a sus recuerdos y si bien es cierto en el tiempo en que se llevaron a cabo los hechos tenía la edad de cuatro y cinco años de edad y a la fecha de la denuncia contaba con doce años de edad, un suceso de esta naturaleza queda grabado en la psiquis, tal como lo concluyó la perito en psicología quien al aplicar a la menor los test correspondientes, técnicas y métodos ésta le narró los hechos que expuso a su progenitor y al Fiscal del Ministerio Público, que estaba afectada emocionalmente por los hechos ocurridos en su persona, además que encontró indicadores y sintomatología compatibles con haber vivido una agresión sexual, así como, que no había alcanzado su desarrollo psicosexual porque se encuentra en etapa de latencia. Lo anterior, la sala apoyo con las tesis de rubros: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE", "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL", "DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA."; y, "ABUSO SEXUAL. SI LA VÍCTIMA DE ESTE DELITO ES UNA MENOR DE EDAD, ATENTO A QUE SE ENCUENTRA EN UN DOBLE ESTADO DE VULNERABILIDAD, LE SON APLICABLES LOS ORDENAMIENTOS QUE PROTEGEN A LAS MUJERES, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, POR SER CONSIDERADA MUJER CON INDEPENDENCIA DE SU EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).". Asimismo, la sala advirtió que en cuanto a las testimoniales que ofertó la defensa del quejoso a cargo de María Lety Hernández Gordillo, quien refirió que nunca estuvo a su cuidado la menor de identidad reservada, asimismo, el ateste Natividad Hernández Gómez, expuso que su mamá nunca tuvo a su cuidado a la menor; en cuanto, a las demás manifestaciones que menciona estas fueron objetadas. Por tal razón consideró que dichas manifestaciones carecían de sustento jurídico, pues no basta afirmar una hipótesis para darle credibilidad, sino más bien, deben acreditarse con otros medios de pruebas que conlleven a crear convicción, para así darle credibilidad mayor a su postura. Con respecto al segundo agravio de la defensa del imputado consistente en que la Jueza de Control, no tomó en cuenta las testimoniales de descargo, ya que sólo mencionó que con la mínima intervención y por tratarse de un delito cometido a una mujer, fue la razón suficiente para vincular a su patrocinado, sin que el Fiscal realizara un verdadero ejercicio de motivación en el cual justificará porqué cada uno de los datos de pruebas expuestos son idóneos y pertinentes para evidenciar la existencia de un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de participación en el caso que nos ocupa. A lo anterior la sala responsable consideró que contrario a lo argumentado, la Juzgadora sí analizó las referidas testimoniales dado que consideró que de los mismos no se extrae mayor circunstancia que pueda tomarse como base, para verificar o considerar que el dicho de la menor está viciado, por tanto, no concedió valor alguno a estos, ya que no los advierte corroborados entre sí con relación a los hechos que se investigan al imputado; por lo que compartía esa postura. En cuanto al argumento de la defensa quien argumentó que por el simple hecho de que la víctima sea una mujer se la haya vinculado a proceso; a lo anterior la sala responsable calificó infundado en razón a que como quedó ponderado en líneas que anteceden, la juzgadora de primer grado realizó una valoración de todos los datos de pruebas aportados por las partes para llegar a su determinación, y en efecto, los testimonios donde se violenten a una mujer, ya sea de manera física, psicológica, de índole sexual entre otras, se analizan acorde a las perspectiva de género, máxime que en el caso a estudio, sin prejuzgar es cometido en contra de una infante, por tanto, debía juzgarse atendiendo al principio del interés superior del niño, niña o adolescente, tal y como lo ordena el artículo 4° de la Constitución Política del País. Asimismo, la sala expuso que el Fiscal verbalizó los datos de pruebas con los cuales considera que quedó justificado el ilícito materia de la litis, mismos que consideró indicios aptos y suficientes hasta la presente atapa procesal para vincular a proceso al imputado por el hecho que la ley señala como el delito de Pederastia previsto y sancionado en el artículo 328 del Código Penal vigente; sin que la A quo de Control, subsanara alguna deficiencia del fiscal. Así también la sala consideró que no le asistía razón a la defensa respecto a su argumento consistente en que la Jueza no tomó en cuenta los datos de pruebas aportados a favor del indiciado; ya que contrariamente a lo alegado ya quedó establecido que dichas pruebas si fueron valoradas mas no con la eficacia pretendida por la defensa. Por otra parte, en cuanto al argumento de la defensa consistente en que no existe inspección ocular y fe ministerial del lugar de los hechos, como es la identificación de la casa y del chiquero donde supuestamente el imputado abusaba sexualmente de la víctima menor de edad con identidad protegida con las iniciales K.M.G.A; al respecto, la sala responsable consideró que atendiendo a la etapa procesal en que se encuentra el asunto en estudio los datos de prueba son suficientes para determinar el lugar citado por la víctima, ya que los atestes de descargo, si bien no especificaron la existencia del mismo, tampoco lo negaron, por tanto, dichas circunstancias de lugar se tiene por descritas por la infante al momento de deponer sobre los hechos que vivió; además, atendiendo a la etapa procesal, tales datos pueden ser recabadas por la fiscalía en la investigación complementaria. Así también la sala responsable consideró que no le asistía la razón al apelante quien alegó que la a quo fue parcial al emitir el acto reclamado; porque no cumplió con los requerimientos establecidos en la norma adjetiva nacional, para resolver de la manera en que lo realizó. Por otra parte, la sala también expuso que contrario a lo alegado por la defensa del imputado el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso no viola sus derechos fundamentales ni el principio de presunción de inocencia, toda vez que dicho principio, consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de una resolución judicial definitiva. La razón de ser de la presunción de inocencia es la de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto es: que demuestren su culpabilidad y que, justifiquen una sentencia condenatoria en su contra. Además, que el Máximo Tribunal de la Nación estableció en el amparo en revisión 1293/2000, que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce al inculpado, a priori, tal estado, al disponer expresamente que al Ministerio Público le incumbe probar los elementos constitutivos de delito y de la culpabilidad del imputado; asimismo, que la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar de prueba o regla de juicio, comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar; por lo que bajo esta vertiente, la presunción de inocencia o estado de inocencia implica, durante el proceso penal, será el fiscal el que tenga la carga de la prueba sobre la existencia del hecho y su carácter delictivo, la participación del inculpado en el hecho probado y el carácter delictivo de esa participación. De igual manera, expuso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Por lo tanto, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Así la carga de la prueba siempre le corresponde a la parte acusadora, acorde con el sistema previsto en nuestra Constitución, incluso, si se juzgan como en el caso concreto, hechos negativos. Que desde una postura garantista del proceso penal, el Estado, en la figura del Ministerio Público, tiene la carga de probar la hipótesis de la acusación y la responsabilidad del acusado, misma situación que se presenta de manera paralela en la figura del acusado, situación que lo arropa con la no obligación de acreditar de manera plena la hipótesis de la defensa. Finalmente, expuso que la sala en cita concluyó que corresponde al Ministerio Público la carga de la prueba, incluso, cuando se trate de hechos negativos, pues esto es acorde con los estándares que establece la misma Constitución Federal. En consecuencia, calificó infundadas las manifestaciones vertidas por la defensa del indiciado en su escrito de agravios, al no combatir los razonamientos considerados por la a quo en el fallo sujeto a revisión por estar fundada y motivada. Concluyendo, la sala responsable que con las acciones ejecutadas por el imputado Nato Gómez Acosta, en la humanidad de la menor de identidad reservada de iniciales K.M.G.A., en contra de quien probablemente ejerció actos eróticos sexuales en septiembre de dos mil catorce, cuando tenía cuatro años, al tocarle por encima de la ropa la vagina, asimismo, en octubre del mismo año, cuando se acercó al chiquero por la parte de atrás la agarró de la espalda le bajo el short, bajándose el investigado el short y se sentó a la menor encima frotándole el pene en la vagina; asimismo, en noviembre del citado año, estando en el chiquero la agarró por la cintura, le bajó el short a la menor, deslizándose su pantalón y ropa interior colocó a la víctima de espalda y le frotó el pene en la vagina, cuando contaba con la edad de cinco año de edad, hechos suscitados posterior a las doce horas, es decir, después que llegaba del kínder el primero en el interior del domicilio ubicado en la Ranchería Boca de Aztlán, Centro Tabasco, mientras, que los dos últimos en el domicilio ubicado en la Ranchería Aztlán de Corcho, Segunda Sección, Centro, Tabasco. Así también, consideró que existe el acta de nacimiento de la menor víctima de iniciales K.M.G.A., número 11, donde se advierte como fecha de nacimiento veintiuno de septiembre de dos mil nueve, en cuyo apartado del padre está el nombre del denunciante Carlos Humberto Gómez Hernández y Yesenia Alberto Hernández, lo que conlleva a establecer que en las fechas de realizado los actos eróticos ejecutados en la víctima contaba con cuatro y cinco años de edad, es decir, que resulta ser persona menor de catorce años. De igual manera, la sala consideró que de los mismos datos de prueba, se constata la alta probabilidad que Nato Gómez Acosta fue la persona que cometió el ilícito, pues existe el señalamiento que los hechos se los realizaba a la menor víctima, quien fue la persona que lo resintió de manera directa, identifica de manera clara y precisa; en consecuencia, con dichos actos se afectó el bien jurídico tutelado por la norma jurídica, en este caso el libre desarrollo de la personalidad; considerándose al imputado que, aun conociendo que con los hechos ejecutados en contra de la víctima en la forma que los ejecutó, va contra la norma y aun así lo hizo, por tanto, su actuar se considera doloso conforme al artículo 10 del Código Penal en el Estado, así también, en calidad de autor acorde al numeral 13 Bis, fracción I, de la citada norma penal, su conducta fue instantánea y no existen argumentos relativos que con base a los artículos 14 y 83 del ordenamiento citado, se haya dispuesto alguna causa excluyente de la incriminación penal o extintiva de la potestad punitiva, dando cumplimiento con ello a lo requerido por el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para generarse un auto de vinculación a proceso. De igual manera, la sala expuso que cuando se dicta un auto de vinculación a proceso, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares, por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso, que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime, que en el auto señalado la Jueza no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. La anterior consideración la sala apoyo en la contradicción de tesis 87/2016 de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTDO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.". Adujo que del anterior criterio se desprende que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no se está legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, se lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos. Asimismo, que derivado de ese ejercicio de encuadramiento a la norma penal, deberá expresar de manera clara el delito, con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta. En ese sentido, tal actuar dependerá de la metodología que elija para otorgar claridad y certeza a su determinación, en la que sí deberá dejar bien establecido el hecho imputado, las circunstancias propias de ejecución, así como el tipo penal que en su criterio se actualiza, derivado de su examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto. En ese tenor la sala determinó, que se encuentra acreditado el hecho catalogado como el delito de Pederastia y la probabilidad que el indiciado Nato Gómez Acosta lo cometió. Es por ello, que con la facultad conferida en el artículo 479 el Código Nacional de Procedimientos Penales, procedió a confirmar el Auto de Vinculación a Proceso dictado en continuación de la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por la licenciada Evelyn Aguirre de la Cruz, Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con sede en Centro, Tabasco, en la causa penal 1600/2021, que se inició a Nato Gómez Acosta, por el delito de Pederastia, previsto y sancionado por el numeral 328 del Código Penal del Estado, sin prejuzgar cometido en agravio de la menor víctima de identidad reservada de iniciales K.M.G.A., representada por la víctima indirecta Carlos Humberto Gómez Hernández. Por lo anterior, resultan infundados los concepto de violación formulados por el quejoso, respecto a su pretensión de que este órgano jurisdiccional realice el ejercicio de validación de las pruebas por considerar inconforme con las consideraciones de la sala responsable, pretendiendo que la suscrita quien resuelve analice dichos datos de prueba. Ello, pues los Jueces de amparo no pueden sustituir a la autoridad judicial en la ponderación de los datos de prueba incorporados por las partes; sin embargo, si´ pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquel realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en si´, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevo´ a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Así´ lo determino´ la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 28/2020 (10a.), publicada en la página 260 del Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "VINCULACIO´N A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIO´N DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SI´ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIO´N. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradiccio´n de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisio´n, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determino´, impli´citamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podi´a sustituir al Juez de Control en la ponderacio´n de los datos de prueba; mientras que el otro concluyo´ que ello correspondi´a al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestio´n, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderacio´n de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, si´ pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderacio´n que aque´l realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliacio´n, en contradiccio´n con los expuestos por el Ministerio Pu´blico, de acuerdo con lo dispuesto por los arti´culos 314 y 315 del Co´digo Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderacio´n de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en si´, pues su ana´lisis se circunscribe u´nica y exclusivamente a la valoracio´n del juicio de prueba que llevo´ a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciacio´n de los datos de prueba, ya que so´lo se analiza la legalidad de la ponderacio´n que se hizo, a efecto de corroborar si se ajusto´ o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infraccio´n a las reglas fundamentales de la lo´gica, a los conocimientos cienti´ficos y a las ma´ximas de la experiencia." Máxime, que el nuevo paradigma del sistema penal acusatorio genera que el estándar de prueba necesario para el dictado de un auto de vinculación a proceso sea de probabilidad; es decir, que basta que existan datos que demuestren que prevalece una posibilidad de que se ha cometido una conducta descrita por la ley como ilícita y que es posible que la persona imputada la haya cometido o haya participado en su realización, de ahí´ que no es necesario que se demuestre en forma fehaciente la participación o comisión de la conducta que se imputa, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria e influirá´ para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. En ese contexto, se estima que la Sala responsable de manera legal confirmo´ la decisión de la Juez natural de vincular a proceso al imputado, en que sostuvo que existían datos suficientes para determinar que Nato Gómez Acosta, probablemente fue la persona quien ejerció actos eróticos sexuales en la humanidad de la menor de identidad reservada de iniciales K.M.G.A en septiembre de dos mil catorce, cuando tenía cuatro años, al tocarle por encima de la ropa la vagina, asimismo, en octubre del mismo año, cuando se acercó al chiquero por la parte de atrás la agarró de la espalda le bajo el short, bajándose el investigado el short y se sentó a la menor encima frotándole el pene en la vagina; asimismo, en noviembre del citado año, estando en el chiquero la agarró por la cintura, le bajó el short a la menor, deslizándose su pantalón y ropa interior colocó a la víctima de espalda y le frotó el pene en la vagina, cuando contaba con la edad de cinco año de edad, hechos suscitados posterior a las doce horas, es decir, después que llegaba del kínder el primero en el interior del domicilio ubicado en la Ranchería Boca de Aztlán, Centro, Tabasco, mientras, que los dos últimos en el domicilio ubicado en la Ranchería Aztlán de Corcho, Segunda Sección, Centro, Tabasco; actos ejecutados que encuadran en lo que prevé y sanciona el artículo 328 del Código Penal vigente. Lo cual se insiste adecuado, en tanto que se reitera que de conformidad con el precepto 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe asignar libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, además de justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, así´ como explicar y justificar su valoración, ello con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, lo cual si´ hizo la Sala responsable. Resulta aplicable la Jurisprudencia 35/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, con registro 2014800, de rubro y contenido siguientes: "AUTO DE VINCULACIO´N A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEN~ALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del arti´culo 19, pa´rrafo primero, de la Constitucio´n Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos u´ltimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley sen~ale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió´ o participo´ en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transicio´n de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitucio´n, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley sen~ala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registro´ en el proceso legislativo, con la segunda expresio´n ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrio´ un hecho ili´cito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Pu´blico, por si´ y ante si´ -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtencio´n de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, u´nica etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la produccio´n probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahi´ que con la segunda expresio´n la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditacio´n de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripcio´n ti´pica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, so´lo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedo´ o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley sen~ala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodologi´a que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolucio´n, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectacio´n de un derecho fundamental. Adema´s, a diferencia del sistema tradicional, su emisio´n no condiciona la clasificacio´n juri´dica del delito, porque este elemento sera´ determinado en el escrito de acusacio´n, a partir de toda la informacio´n que derive de la investigación, no so´lo de la fase inicial, sino tambie´n de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de conviccio´n que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por otro lado, este órgano jurisdiccional estima que no existieron defectos en la valoración que la Sala responsable otorgo´ a los datos de prueba, según se vio a lo largo de esta sentencia; y tampoco se encontró´ violación alguna que quedara lejos del alcance de las partes, por lo que como se adelantó al inicio de este considerando, no hay deficiencia que suplir, además de que contrario a lo alegado por el peticionario del amparo, el auto de vinculación a proceso, a la luz de los argumentos expuestos, si´ esta´ fundado y motivado. En efecto, es criterio del Máximo Tribunal del país, que para considerar que un acto esta´ fundado y motivado, se debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; pero además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, en la especie, que se configuren las hipótesis normativas, aplicándose con toda precisión las consecuencias jurídicas del caso. Es aplicable la Jurisprudencia 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, del Tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 176546, de título y contenido siguientes: "FUNDAMENTACIO´N Y MOTIVACIO´N DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTI´CULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIO´N POLI´TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garanti´as contenidas en el segundo pa´rrafo del arti´culo 14 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garanti´a de audiencia, esta´ la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, tambie´n conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolucio´n que dirime las cuestiones debatidas. Esta garanti´a obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestacio´n, así´ como las dema´s pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer pa´rrafo del arti´culo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligacio´n de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales debera´n ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garanti´as individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremaci´a constitucional en te´rminos de su arti´culo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garanti´as de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los arti´culos 14 y 16 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos. Asi´, la fundamentacio´n y motivacio´n de una resolucio´n jurisdiccional se encuentra en el ana´lisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoya´ndose en el o los preceptos juri´dicos que permiten expedirla y que establezcan la hipo´tesis que genere su emisio´n, así´ como en la exposicio´n concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideracio´n para la emisio´n del acto, siendo necesario, adema´s, que exista adecuacio´n entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por otra parte, es inatendible el argumento vertido por el quejoso en el inciso e) relacionados con la violación al principio de oralidad en su agravio en virtud de que la a quo permitió al fiscal acusador al verbalizar los datos de prueba abusara de la lectura de las constancias. Lo anterior, porque no fue planteado en la audiencia relativa por parte de la defensa ni agravio hecho valer ante la ad quem y, por ende, no existe un pronunciamiento por parte de las autoridades responsables, circunstancia que impide que esta juzgadora federal pueda realizar examen alguno sobre ese tópico. En efecto, "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, por lo que es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó, en este caso, el auto de vinculación a proceso. De ahí que, si en la referida audiencia no fue denunciada el abuso de lectura de constancias por parte del fiscal acusador y, por ende, no hubo pronunciamiento al respecto; por tanto, los conceptos de violación formulados sobre el particular, no pueden ser examinados en sede constitucional, ante la ausencia de debate y de la decisión relativa, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, conforme a lo acontecido en la audiencia de la que éste deriva, de acuerdo con los principios de contradicción e inmediación que rigen el proceso penal acusatorio. Ello porque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios constitucionales, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Por las anteriores consideraciones, devienen inatendibles los referidos argumentos del quejoso. En esas condiciones, lo procedente es negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitados por Nato Gómez Acosta, contra la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca de oralidad 89/2021-U.C., reclamada a la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con residencia en esta ciudad. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 231142, localizable en la página 186, tomo I, segunda parte-1, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales." Negativa de amparo que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, al no haberse impugnado vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a esta decisión la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, junio de 1995, página 267, Novena Época, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, en contra de los actos reclamados y autoridades referidas en el resultando primero, por las razones y fundamentos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
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