Natividad Villalobos Córdova
Expediente 493/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/08/2017
Partes del expediente
- Natividad Villalobos Córdova
- Agente del Ministerio Público Federal adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Dése vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió en este juicio; lo anterior, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, apercibida que, en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con los expedientes. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Rosadelhy Domínguez Serrano, a quien faculta a firmar el oficio que se expide, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Dése vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió en este juicio; lo anterior, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, apercibida que, en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con los expedientes. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la comunicación del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada de diversas actuaciones. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: V.- ACTOS RECLAMADOS:- El que las autoridades señalada como responsable hayan hecho nugatorio el derecho de petición al no contestar el escrito recibido el 22 de Febrero del presente año que fue dirigido al Director del Registro Público De La Propiedad y de Comercio de Chiapas con copia al Consejero Jurídico del Gobernador. Ahora, del estado que guardan los autos y la información remitida por la responsable se advierte que en el caso, sobrevino una causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual prevé lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: 1. Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 3. Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, 4. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión de dar contestación a la petición planteada mediante escrito presentado el veintidós de febrero de esta anualidad ante la responsable, en que presentó queja en contra de servidores públicos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el treinta de abril de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, atendiendo al escrito del aquí peticionario del amparo, ordenó la apertura del expediente de queja, sin número, y para efectos de su integración requirió el informe correspondiente a los servidores públicos involucrados, con lo cual, se dio respuesta a la petición formulada por el impetrante del amparo. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Chiapas, con sede en esta ciudad, de dar respuesta a su petición de queja de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, ha cesado en sus efectos. Ello, al haber quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Ello, fue del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal realizada por la autoridad responsable el diecinueve de julio de dos mil diecisiete (folio 68). De esa manera, es dable considerar que el acto reclamado ha cesado en sus efectos al rendir su informe justificado la autoridad responsable y exhibir la respuesta expresa a la petición del quejoso, pues la falta de que se duele desapareció de manera total, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, al haber cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO, de conformidad con lo previsto en la fracción V, del artículo 63 del propio ordenamiento legal. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la comunicación del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada de diversas actuaciones. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: V.- ACTOS RECLAMADOS:- El que las autoridades señalada como responsable hayan hecho nugatorio el derecho de petición al no contestar el escrito recibido el 22 de Febrero del presente año que fue dirigido al Director del Registro Público De La Propiedad y de Comercio de Chiapas con copia al Consejero Jurídico del Gobernador. Ahora, del estado que guardan los autos y la información remitida por la responsable se advierte que en el caso, sobrevino una causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual prevé lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: 1. Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 3. Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, 4. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión de dar contestación a la petición planteada mediante escrito presentado el veintidós de febrero de esta anualidad ante la responsable, en que presentó queja en contra de servidores públicos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el treinta de abril de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, atendiendo al escrito del aquí peticionario del amparo, ordenó la apertura del expediente de queja, sin número, y para efectos de su integración requirió el informe correspondiente a los servidores públicos involucrados, con lo cual, se dio respuesta a la petición formulada por el impetrante del amparo. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Chiapas, con sede en esta ciudad, de dar respuesta a su petición de queja de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, ha cesado en sus efectos. Ello, al haber quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Ello, fue del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal realizada por la autoridad responsable el diecinueve de julio de dos mil diecisiete (folio 68). De esa manera, es dable considerar que el acto reclamado ha cesado en sus efectos al rendir su informe justificado la autoridad responsable y exhibir la respuesta expresa a la petición del quejoso, pues la falta de que se duele desapareció de manera total, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, al haber cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO, de conformidad con lo previsto en la fracción V, del artículo 63 del propio ordenamiento legal. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente.
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