Natividad Romero Peña
Expediente 48/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Natividad Romero Peña
- NATIVIDAD ROMERO PEÑA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA II.- Agréguese a estos autos el oficio 137/2018 del Secretario del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual manifiesta que acepta la competencia legal declinada, formándose el expediente de amparo directo 30/2018, de su índice. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expedientillo como asunto concluido.
- Principal
CITATORIO.- MESA II.- Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, la primera como actora y ostentándose Presidenta, el segundo y tercero ostentándose como Secretario y Tesorero, ambos del Comisariado ejidal de la Comunidad Indígena de Chochola, Yucatán, Núcleo Agrario Indígena, contra actos que reclama al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y cuatro, con sede en esta ciudad. Con el original de la demanda fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el 48/2018-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INCOMPETENCIA. La suscrita estima que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, ES LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por las razones siguientes. INTRODUCCIÓN. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes ***, por propio derecho, la primera como actora y ostentándose Presidenta, el segundo y tercero ostentándose como Secretario y Tesorero, ambos del Comisariado ejidal de la Comunidad Indígena de Chochola, Yucatán, Núcleo Agrario Indígena, señalan en esencia como acto reclamado el auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual en virtud de que transcurrieron más de cuatro meses sin que la parte promovente en la acción de Nulidad de Acta de Asamblea por cambio de destino de tierras TUA 34.-26/2013, haya realizado gestión alguna que tienda a la continuación de la secuela procesal, declaró la caducidad de la instancia en dicho asunto, sin que se acordara el convenio exhibido. Ahora bien, en relación al acto impugnado antes mencionado, debe decirse que este órgano jurisdiccional CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para resolver el presente juicio de amparo por lo que respecta a ese acto. Lo anterior, en aplicación a la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis que a continuación se cita: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).-....." CONTEXTO LEGAL. El artículo 107, fracciones V inciso c) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y.. . VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones;.". Por otra parte, los numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; Por su parte, el artículo 37 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su fracción I, inciso b) previene: "ARTICULO 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: ... b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales ...". Lo anterior, pone de manifiesto que los Tribunales Colegiados de Circuito son los órganos competentes para conocer de las demandas de amparo que se promuevan en contra de sentencias o resoluciones emitidas por un tribunal administrativo (como lo es un Tribunal Unitario Agrario), que pongan fin al juicio, las cuales sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. ANÁLISIS. Aplicado todo lo anterior al caso a estudio, siendo que en el presente asunto, como ya se dijo, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, el auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual en virtud de que transcurrieron más de cuatro meses sin que la parte promovente en la acción de Nulidad de Acta de Asamblea por cambio de destino de tierras TUA 34.-26/2013, haya realizado gestión alguna que tienda a la continuación de la secuela procesal, declaró la caducidad de la instancia en dicho asunto, es evidente que se trata de una determinación que puso fin al juicio de origen, dándolo por concluido. Motivo por el cual ésta determinación es irrecurrible, toda vez que la resolución que declara la caducidad de la instancia importa una determinación que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, y por ende, reclamable en amparo directo, conforme a lo señalado en los artículos 34 y 107 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis que a continuación se cita: Época: Novena Época Registro: 185437 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Diciembre de 2002 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 139/2002 Página: 236 CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 99/2002-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 15 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Tesis de jurisprudencia 139/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil dos. CONCLUSIÓN. En mérito de lo expuesto, se arriba a la convicción que este Juzgado Cuarto de Distrito CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO DE MÉRITO, RESPECTO DEL ACTO DE QUE SE TRATA, la cual se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno, en atención a que la resolución reclamada sin decidir en lo principal, puso fin al juicio y lo dio por concluido, en el que además serán analizadas las violaciones procesales cometidas durante el procedimiento. Remisión de autos. En consecuencia, remítase los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados, para que, por su conducto, turne el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno, del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda y en su oportunidad, haga del conocimiento de este Juzgado de Distrito, la determinación que al efecto se sirva dictar. Cuadernillo de incompetencia y anotaciones en el libro. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias del presente juicio para que obre constancia y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en el despacho jurídico ubicado en el predio número ciento noventa y cuatro de la calle veintiocho por trece y quince de la Colonia García Ginerés, en esta ciudad. Autorizados. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodolfo Bernardo Macossay Cuevas, Raquel Cuevas García, y Moisés Salatiel Montes Cervantes, en virtud de que la presente demanda versa en materia agraria. Medios electrónicos. Por otra parte, respecto de la solicitud ...este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que la parte quejosa y las personas autorizadas en el presente juicio, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto.
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