Natividad Oralia Acosta Rocha

Expediente 716/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
716/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Natividad Oralia Acosta Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de fecha veintidós de mayo del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***** contra actos del Juez Tercero de lo Civil en esta ciudad y otras autoridades; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda promovida por ******, contra actos del Juez Tercero de lo Civil en esta ciudad y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 766/2023. III. Decisión sobre la instancia. Desechamiento. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte promovente y así proveer lo que en derecho corresponda, acorde al contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Del anterior criterio, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es "manifiesto" cuando se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. No es última resolución en etapa de ejecución. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Luego, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." El citado numeral dispones que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Precisa que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Se destaca que la razón de la norma transcrita radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, es decir, evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho procedimiento. Es de invocarse la jurisprudencia en materia común P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 31, registro 190035, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Como antecedentes del acto reclamado, la persona quejosa señaló en esencia: 1. Que en los autos del juicio civil 28/2021 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de la ciudad, el quince de junio de dos mil veintiuno se dictó sentencia en la que, entre otras cosas, se estableció: "A que se abstenga de realizar cualquier tipo de obra dentro del área de uso común; y se le concede un término improrrogable de (15) quince días computado legalmente a partir del siguiente a aquel en que cause ejecutoria esta sentencia, para que proceda al inmediato derribo de la barda que edificó en el área de uso común; apercibida que de no acatar dicha orden dentro del término concedido; en su rebeldía, deberá girarse atento oficio de estilo al Director de Obras Municipales para que a su vez disponga lo necesario para el derribo de la citada edificación". 2. Que el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés el juez de origen remitió oficio al Director Municipal de Obras Públicas, en el que le informaba diversas características y requerimientos en relación con la barda ordenada a derribar en la sentencia, que había peticionado el citado director con anterioridad ante el juez de la causa. 3. Que el tres de mayo de dos mil veintitrés se emitió acuerdo de ejecución de sentencia -acto reclamado-. En el caso, como se advierte de los antecedentes que narró la persona quejosa, el acto reclamado de manera destacada se hace consistir en lo siguiente: El acuerdo de tres de mayo de dos mil veintitrés que ordena la ejecución de sentencia, dictado por el Juez Tercero de lo Civil de esta ciudad dentro de los autos del juicio civil 28/2021, que promovió ****** en contra de ******* -persona quejosa-, en donde en esencia se ordena el derribo de una barda que se edificó en el área de uso común; y, Su ejecución. En esa tesitura, el acto reclamado no puede ser combatido a través del juicio constitucional, toda vez que, no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. En suma, sí el juez responsable dictó el acuerdo de ejecución de sentencia en los términos destacados, no fue con otro motivo sino el de materializar la ejecución de la cosa juzgada, pues la propia persona quejosa destaca que así se sentenció y constituyó cosa juzgada, por lo que la orden dictada por el juez natural y reclamada en esta instancia constitucional, se insiste, no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia de la parte demandada, aquí persona quejosa, de dar cumplimiento voluntario a la sentencia ejecutoriada. En tal virtud, la parte quejosa, debe esperar a que se emita la última resolución en el procedimiento respectivo, en términos del segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y en todo caso, al impugnarla, estará en aptitud de reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que la hubieren dejado sin defensa. Es aplicable al caso la jurisprudencia siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Aunado a lo anterior, en el caso de estudio, la persona quejosa no tiene el carácter de tercero extraño al juicio de origen, de donde emana el acto reclamado, pues de lo manifestado bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda precisó que es la parte demandada en el controvertido de origen, sin que se advierte que se adolezca de un indebido llamamiento a juicio, con lo que queda de manifiesto que la parte quejosa sí se integró a la relación jurídica procesal relativa; por tanto, no puede ser considerada como tercero extraño y; por ende, debe sujetarse a lo establecido por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. III. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ******. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle *****, número **** Colonia ***** de esta ciudad. b. Autorizados. Se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los licenciados ****** y ******. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA. ACUERDO 22/05/2023. Téngase por recibida la demanda promovida por ******, contra actos del Juez Tercero de lo Civil en esta ciudad y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 766/2023. III. Decisión sobre la instancia. Desechamiento. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte promovente y así proveer lo que en derecho corresponda, acorde al contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Del anterior criterio, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es "manifiesto" cuando se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. No es última resolución en etapa de ejecución. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Luego, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." El citado numeral dispones que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Precisa que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Se destaca que la razón de la norma transcrita radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, es decir, evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho procedimiento. Es de invocarse la jurisprudencia en materia común P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 31, registro 190035, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Como antecedentes del acto reclamado, la persona quejosa señaló en esencia: 1. Que en los autos del juicio civil 28/2021 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de la ciudad, el quince de junio de dos mil veintiuno se dictó sentencia en la que, entre otras cosas, se estableció: "A que se abstenga de realizar cualquier tipo de obra dentro del área de uso común; y se le concede un término improrrogable de (15) quince días computado legalmente a partir del siguiente a aquel en que cause ejecutoria esta sentencia, para que proceda al inmediato derribo de la barda que edificó en el área de uso común; apercibida que de no acatar dicha orden dentro del término concedido; en su rebeldía, deberá girarse atento oficio de estilo al Director de Obras Municipales para que a su vez disponga lo necesario para el derribo de la citada edificación". 2. Que el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés el juez de origen remitió oficio al Director Municipal de Obras Públicas, en el que le informaba diversas características y requerimientos en relación con la barda ordenada a derribar en la sentencia, que había peticionado el citado director con anterioridad ante el juez de la causa. 3. Que el tres de mayo de dos mil veintitrés se emitió acuerdo de ejecución de sentencia -acto reclamado-. En el caso, como se advierte de los antecedentes que narró la persona quejosa, el acto reclamado de manera destacada se hace consistir en lo siguiente: El acuerdo de tres de mayo de dos mil veintitrés que ordena la ejecución de sentencia, dictado por el Juez Tercero de lo Civil de esta ciudad dentro de los autos del juicio civil 28/2021, que promovió ****** en contra de ******* -persona quejosa-, en donde en esencia se ordena el derribo de una barda que se edificó en el área de uso común; y, Su ejecución. En esa tesitura, el acto reclamado no puede ser combatido a través del juicio constitucional, toda vez que, no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. En suma, sí el juez responsable dictó el acuerdo de ejecución de sentencia en los términos destacados, no fue con otro motivo sino el de materializar la ejecución de la cosa juzgada, pues la propia persona quejosa destaca que así se sentenció y constituyó cosa juzgada, por lo que la orden dictada por el juez natural y reclamada en esta instancia constitucional, se insiste, no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia de la parte demandada, aquí persona quejosa, de dar cumplimiento voluntario a la sentencia ejecutoriada. En tal virtud, la parte quejosa, debe esperar a que se emita la última resolución en el procedimiento respectivo, en términos del segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y en todo caso, al impugnarla, estará en aptitud de reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que la hubieren dejado sin defensa. Es aplicable al caso la jurisprudencia siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Aunado a lo anterior, en el caso de estudio, la persona quejosa no tiene el carácter de tercero extraño al juicio de origen, de donde emana el acto reclamado, pues de lo manifestado bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda precisó que es la parte demandada en el controvertido de origen, sin que se advierte que se adolezca de un indebido llamamiento a juicio, con lo que queda de manifiesto que la parte quejosa sí se integró a la relación jurídica procesal relativa; por tanto, no puede ser considerada como tercero extraño y; por ende, debe sujetarse a lo establecido por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. III. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ******. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle *****, número **** Colonia ***** de esta ciudad. b. Autorizados. Se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los licenciados ****** y ******. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Notifíquese personalmente.

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