Natividad Meza Onofre

Expediente 79/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 52 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
79/2022
Año
2022
Actuaciones
52
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Natividad Meza Onofre
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, en relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente juicio, en términos del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirá. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE Y NO AMPARA NI PROTEGE HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. V I S T O S, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 79/2022, promovido por *****, por derecho propio, contra actos de la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós en el Buzón Judicial, de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno al día hábil siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, *****, por derecho propio solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se transcriben a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A). Señalo como responsables ordenadoras a la C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, con domicilio en (.). B) Y como responsable ejecutora señalo a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural dependiente del Gobierno Estado de Guerrero, con domicilio (.)." "IV.- ACTO RECLAMADO: A) De las ordenadoras responsables la omisión de dar contestación al oficio de fecha treinta de noviembre del año dos mil veintiuno, el cual entregué personalmente en todas y cada una de sus oficinas en la ciudad capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el día primero de diciembre del año dos mil veintiuno, mismo que agrego para que surta todos sus efectos legales que tenga lugar y donde solicito el trámite y pago de los derechos laborales de mi difunto esposo el C. MANUEL BALTAZAR AVILA SIERRA, quien fue Director General de Fomento Pesquero, con Clave de Centro de Trabajo: 133500, Numero de Plaza: 50368, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Dependiente del Gobierno del Estado de Guerrero, así como una pensión que por derecho nos corresponde a la suscrita, así como a mi menor hijo de nombre hijo Manuel Maximiliano Ávila Meza, quien cuenta una edad de 16 años, y se encuentra estudiando en esta ciudad y puerto, y con su actuar, violando en nuestro perjuicio actos privativos de nuestra garantía de petición tal como lo establece el artículo Octavo de la Constitución General de la República. B) De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, reclamo el cumplimiento a la orden girada por la ordenadora. De todas las autoridades reclamo las consecuencias que de hecho y por derecho emanen del acto reclamado." SEGUNDO. Prevención y trámite del juicio. En auto de dos de febrero de dos mil veintidós, se previno a la promovente del amparo, para que precisara el acto que atribuye a cada una de las autoridades que señaló como responsables en el presente sumario constitucional. Prevención que desahogó mediante escrito registrado con número de folio 2355, recibido en este órgano jurisdiccional el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, de la siguiente manera: "La omisión de dar contestación al oficio de fecha treinta de noviembre del año dos mil veintiuno, el cual entregue personalmente en todas y cada una de sus oficinas en la ciudad capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el día primero de diciembre del año dos mil veintiuno, mismo que agrego para que surta todos sus efectos legales que tenga lugar y donde solicito el trámite y pago de los derechos laborales de mi difunto esposo el C. MANUEL BALTAZAR AVILA SIERRA, quien fue Director General de Fomento Pesquero, con Clave de Centro de Trabajo: 133500, Número de Plaza: 50368, dependiente de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Dependiente del Gobierno del Estado de Guerrero, así como una pensión que por derecho nos corresponde a la suscrita, así como a mi menor hijo de nombre Manuel Maximiliano Ávila Meza, quien cuenta con una edad de 16 años, y se encuentra estudiando en esta ciudad y puerto, y con su actuar, violando en nuestro perjuicio actos privativos de nuestra garantía de petición tal como lo establece el artículo Octavo de la Constitución General de la República. Siendo este el acto reclamado del cual me causa agravio por cuanto hace a la autoridad ordenadora, en razón que nunca me dio contestación a mi petición en razón que la hice de una manera pacífica respetuosa a la autoridad responsable y por cuanto hace a la autoridad responsable ejecutora se les reclama que una vez que también ellas recibieron el escrito inicial, que diera origen al acto reclamado, tampoco ellas contestaron mi petición y en consecuencia aceptan el acto reclamado, esto en razón que al momento que la autoridad responsable ordenadora conoció del multicitado escrito de derecho de petición se presume que investigo los hechos que dieron origen al mismo, debiéndoles ordenar a las otras autoridades ejecutoras como superior jerárquico, que subsanaran la petición que le solicite a todas las autoridades, lo cual pudo causar incertidumbre a este órgano jurisdiccional, solicitando respetuosamente que una vez subsanada la incertidumbre jurídica trámite el mismo, por ser actos de violación constitucional, tal como lo precise en mi escrito inicial de demanda. Así como, también lo establece el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo Vigente." En ese tenor, por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. En proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda de amparo por lo que hace a la autoridad responsable Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración, del Gobierno del Estado de Guerrero, respecto del acto consistente en el oficio SFA/SA/DGAyDP/DARH/DS/10395/2021, de siete de diciembre de dos mil veintiuno (foja 137 a 139). La audiencia constitucional, previos diferimientos tuvo verificativo el diez de octubre último, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.3 TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario delimitar el acto reclamado, que se deduce del estudio íntegro de la demanda, así como de las constancias de origen. Así, de un análisis integral de la demanda de amparo, y en un sentido congruente de todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad de la autora, se concluye que la parte quejosa reclama como actos de las autoridades responsables, los siguientes: a) La abstención de dar contestación a la petición formulada por escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dirigida a la Gobernadora del Estado de Guerrero, recibido el uno de diciembre de ese año (fojas 8 y 9). b) La respuesta del Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración, del Gobierno del Estado de Guerrero, contenida en el oficio número SFA/SA/DGAyDP/DARH/DS/10395/2021, de siete de diciembre de dos mil veintiuno. CUARTO. Inexistencia de actos, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a), consistente en la abstención de dar contestación a la petición formulada por escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dirigida a la Gobernadora del Estado de Guerrero, recibido el uno de diciembre de ese año, que también se atribuye a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Secretaría de Finanzas y Administración; y, Dirección General de Personal Adscrita a la Secretaría de Finanzas y Administración, todas del Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 76, Abril de 1994, Octava Época, página sesenta y ocho. 3 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. En ese contexto, no son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Secretaría de Finanzas y Administración; y, Dirección General de Personal Adscrita a la Secretaría de Finanzas y Administración, todas del Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, consistente en la omisión de dar contestación al escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno; puesto que el citado ocurso petitorio se dirigió únicamente a la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero. En efecto, por principio, cabe precisar que el derecho de petición que la parte quejosa señala como acto reclamado, está integrado por los siguientes elementos: A. La petición, que debe ser formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que la parte impetrante debe proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta, que la autoridad debe emitir en un breve término, lo que se entiende como el tiempo que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.1o.P.A.36 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que aparece publicada en la página 1897 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, agosto de dos mil cinco, correspondiente a la Novena Época, de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS." De lo anterior, se concluye que para acreditar la existencia del acto reclamado, es decir, la falta de respuesta de la autoridad responsable, debe en principio, estar acreditada la petición formulada por parte del impetrante, dirigida a la citada autoridad señalada como responsable y, en el caso, la impetrante de garantías únicamente exhibe el acuse de recibo del escrito dirigido a la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero (fojas 8 y 9), sin que con dicha documental se demuestre la circunstancia anotada, porque si bien es cierto que se entregó copia para su conocimiento del escrito en cita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Secretaría de Finanzas y Administración; y, Dirección General de Personal Adscrita a la Secretaría de Finanzas y Administración, todas del Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, también cierto es, que no fue elevada petición alguna en lo particular a las citadas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.A.221 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que aparece publicada en la página 2074 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Tomo XXXI, enero de dos mil diez, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. NO PUEDE RECLAMARSE VIOLACIÓN A DICHA GARANTÍA MEDIANTE LA VÍA CONSTITUCIONAL, POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA AUTORIDAD DIVERSA A LA QUE SE ELEVÓ EL ESCRITO Y A LA QUE SÓLO SE LE HIZO LLEGAR COPIA DE ÉSTE, NO HAYA DADO RESPUESTA." Lo anterior, en razón de que la demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio deje de existir al momento de ejercitar la acción, toda vez que como se dijo, la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. Razonamiento que es acorde con la tesis 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página quince. De ahí que, al momento de la presentación de la demanda, no existían los actos reclamados y atribuidos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Secretaría de Finanzas y Administración; y, Dirección General de Personal Adscrita a la Secretaría de Finanzas y Administración, todas del Gobierno del Estado de Guerrero, por no haberse aportado pruebas conducentes a ello, razón por la que debe sobreseerse respecto a las autoridades que se analiza en el presente considerando, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 634 , fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Por otra parte, es cierto el acto reclamado precisado en el inciso a), la abstención de dar contestación a la petición formulada por escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dirigida a la Gobernadora del Estado de Guerrero, recibido el uno de diciembre de ese año, no obstante que al rendir su correspondiente informe justificado, haya negado su existencia (foja 102 a 103), sin embargo, hace manifestaciones que evidencian su certeza, pues señaló lo siguiente: "., por cuanto hace a la omisión de dar contestación al escrito petitorio de fecha 30 de Noviembre de 2021, suscrito por la C. Natividad Meza Onofre, que se aduce en esta instancia. En efecto hago de su conocimiento a ese H. Juzgado de Distrito, que mediante Oficio SFA/SA/DGAyDP/DARH/DS/10395/2021, de siete de diciembre de la anualidad próxima pasada, emitido por la Dirección General de Administración y Desarrollo del Personal dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración, recayó oportuna respuesta a la solicitud reclamada por la parte quejosa en esta instancia, materia del presente Amparo;." (foja 102) Además, que el oficio de referencia se hizo del conocimiento de la impetrante el doce de mayo de dos mil veintidós, a la cuenta de correo electrónico "mezaonofrenatividad@hotmail.com", proporcionado en el escrito del cual se duele en la presente instancia constitucional, como se desprende del oficio sin número y anexo, recibidos en este órgano jurisdiccional el veintisiete de mayo del año en cita registrado con el número de folio 8658 (fojas 116 y 117). Con lo anterior, dicha negativa se encuentra desvirtuada, de ahí que debe tenerse por cierto el acto reclamado a esa autoridad. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 4 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Certeza que se corrobora con el acuse de recibo del escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el cual se recibió el uno de diciembre de ese año, que la parte quejosa exhibió en el presente sumario, mismo que no fue objetado (fojas 8 y 9) y, con las documentales que anexó la autoridad responsable en cita, a su informe, las cuales merecen valor probatorio, de conformidad con los artículos 103, 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.", localizable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres. Asimismo, es cierto el acto reclamado, precisado en el inciso b) consistente en la respuesta del Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración, del Gobierno del Estado de Guerrero, contenida en el oficio SFA/SA/DGAyDP/DARH/DS/10395/2021, de siete de diciembre de dos mil veintiuno, ya que al rendir su informe justificado, aceptó el acto que se le reclama (foja 170). Tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible a página 206, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." SEXTO. Causas de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, concuerda con la interpretación contenida en la jurisprudencia II.1°.J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, página noventa y cinco. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. En ese contexto, quien ahora resuelve advierte de oficio que en relación con el acto reclamado precisado en el inciso a), consistente en la abstención de dar contestación a la petición formulada por escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dirigida a la Gobernadora del Estado de Guerrero, recibido el uno de diciembre de ese año, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Para que se actualice la hipótesis de improcedencia referida, es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto de molestia; y, si éste es de carácter omisivo, realice la conducta cuya omisión se le reclama para que, con ello, en forma total e incondicional, se destruyan todos los efectos del acto, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiendo irrumpido en ella, no deje ninguna huella de dicha afectación, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página treinta y ocho. Como se señaló con antelación, se actualiza la referida causa de improcedencia, porque de las constancias que obran en autos, se desprende que mediante escrito presentado escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, recibido el uno de diciembre de ese año, la impetrante Natividad Meza Onofre, formuló petición ante la responsable Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo. En el escrito la quejosa esencialmente solicitó se giraran las instrucciones correspondientes a las dependencias gubernamentales a cargo del Ejecutivo del Estado, para que realizaran los trámites y pagos correspondientes en relación con los derechos laborales del finado Manuel Baltazar Ávila Sierra, quien se desempeñó como Director General de Fomento Pesquero, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero, en lo relativo al seguro de vida; se le empleara en la plantilla del Gobierno; y, se realizara el pago relativo de la pensión alimenticia. La autoridad responsable, durante la tramitación del presente juicio exhibió la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, contenida en el oficio SFA/SA/DGAyDP/DARH/DS/10395/2021, de siete de diciembre de dos mil veintiuno, signado por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en el que de manera toral le hacen del conocimiento que, en relación con la solicitud de empleo, no era posible incorporarla a la plantilla laboral, con motivo de los principios de austeridad de la administración pública; en lo relativo a la solicitud de pensión, era necesario analizar la documentación a fin de verificar si cumple con los requisitos establecidos en la Ley 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado; y, por cuanto hace al reclamo del seguro de vida, que no cuentan con una respuesta, por parte de la aseguradora, ya que derivado de la contingencia por el Covid-19, suscitada en el dos mil veinte, se han detenido los tramites de reclamación, y que una vez que cuenten con la respuesta correspondiente se la harían llegar; oficio que se hizo del conocimiento de la impetrante el doce de mayo del año que transcurre, en la cuenta de correo electrónico mezaonofrenatividad@hotmail.com, proporcionado en el escrito del cual se duele en la presente instancia constitucional (fojas 116 y 117), lo que significa, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Así es, el Director General de Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, en su carácter de subordinado de la Gobernadora del Amparo Indirecto 79/2022-VI Estado de Guerrero, dio respuesta a la petición elevada por la impetrante del amparo, mediante el oficio SFA/SA/DGAyDP/DARH/DS/10395/2021, de siete de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que se demuestra la cesación de los efectos del acto reclamado. Por tanto, se han colmado los extremos del derecho de petición que contempla el artículo 8° constitucional, pues ya acaeció una respuesta al recurso de la impetrante, la cual fue enviada al correo electrónico señalado en el escrito de petición. Resulta aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, página seiscientos cinco. Asimismo, la Jurisprudencia 1a./J. 6/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 191752, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno." En consecuencia, toda vez de que se dio respuesta congruente a la petición formulada por la quejosa y se notificó en los términos precisados, se demuestra la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio por lo que respecta al acto y autoridad responsable que ha quedado precisada. SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto, en relación con el acto reclamado precisado en el inciso b) consistente en la respuesta del Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración, del Gobierno del Estado de Guerrero, contenida en el oficio SFA/SA/DGAyDP/DARH/DS/10395/2021, de siete de diciembre de dos mil veintiuno. No se transcriben los conceptos de violación, en razón de que no existe precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, y no se infringen los principios de congruencia y exhaustividad que todo fallo debe contener. Es aplicable lo que determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro; "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2010, Tomo XXXI, página ochocientos treinta. La quejosa, alega en lo sustancial que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, constitucionales, en especial la fundamentación y motivación, por las razones que exponen en el apartado respectivo. En su único concepto de violación, en relación con el acto reclamado en estudio, señala que, como esposa y viuda de Manuel Baltazar Ávila Sierra, quien fue Director General de Fomento Pesquero del Gobierno del Estado de Guerrero, tiene derecho al pago del seguro institucional, máxime que el pago del seguro fenece en dos años, como le fue informado por los representantes de la aseguradora, así como, a las demás prestaciones que le descontaban como trabajador y que tiene derecho a recibir. Reitera, que la autoridad responsable no tiene facultades para que de manera unilateral le nieguen el derecho de audiencia, y como consecuencia se viola la garantía de legalidad, que tiene todo ciudadano mexicano, ya que, con su actuar la responsable la deja en estado de indefensión, al no recibir la solicitud. El anterior concepto de violación, resulta infundado, lo anterior, con base en las siguientes consideraciones. Por cuanto hace, a la respuesta relativa a que no es posible integrarla a la planilla laboral debido a los principios de austeridad de la administración pública, esta resulta infundada. Lo anterior, resulta así, dado que la dependencia para la cual trabajó su difunto esposo Manuel Baltazar Ávila Sierra, señaló que no era posible integrarla a la planilla laboral debido a los principios de austeridad de la administración pública. Bajo esa óptica, debe decirse que el acto del cual se duele la parte quejosa, no trastocan su esfera jurídica, ya que de los anexos que acompañó a su escrito inicial de demanda, consistentes en las actas de matrimonio celebrado entre Manuel Baltazar Ávila Sierra y Natividad Meza Onofre, con número de folio A12 1584520, fecha de registro de dieciséis de enero de dos mil dos; de defunción de Manuel Baltazar Ávila Sierra, con número de folio A12 1584519, fecha de registro de cuatro de junio de dos mil diecinueve; y, de nacimiento de Manuel Maximiliano Ávila Meza, con fecha de registro de ocho de mayo de dos mil seis, expedidas por Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil. Copias fotostáticas del recibo de pago de nómina folio 8565744, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de dos mil diecinueve, expedido a favor de Manuel Maximiliano Ávila Meza; del certificado individual de seguro de grupo de vida (prellenado) expedido por Seguro Atlas, con número de póliza VG-D00-518510 y Certificado 5-30836/1; solicitud de reclamo de pago de siniestro seguro de vida, de catorce de junio de dos mil diecinueve; constancia de estudios a nombre de Manuel Maximiliano Ávila Meza, de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, expedida por la Directora del Plantel Acapulco 206, del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, y la credencial escolar con número de matrícula 212060155-0. Documentales antes precisadas que son valoradas en conjunto de conformidad a lo establecido en los artículos 129 133, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Amparo; no se desprende de los mismos, que la autoridad responsable estuviera obligada a considerarla para ocupar algún puesto dentro del Gobierno del Estado, como lo cita en su demanda de amparo. En lo relativo a la solicitud de pensión, la autoridad responsable precisó en el oficio de contestación a la petición de que se duele la -aquí quejosa-, que era necesario analizar la documentación a fin de verificar si cumple con los requisitos establecidos en la Ley 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, normativa estatal que en lo que interesa en el Capítulo V, relativo a los seguros de jubilación, vejez, invalidez, muerte, indemnización global y la portabilidad, en su sección primera, de las generalidades. Determinación que no transgrede derecho alguno de la quejosa, pues no implica la negativa para que acceda a las prestaciones que solicita, pues la autoridad expresó que tal solicitud depende del cumplimiento a los requisitos legales correspondientes. A mayor abundamiento, el artículo 79 de la legislación citada, dispone lo siguiente: "Artículo 79. El derecho a la jubilación y pensiones señaladas en esta Ley, nace cuando el servidor público o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos consignados en sus disposiciones y satisfagan los requisitos que para ello se señalan. El anterior precepto legal establece que el derecho a la jubilación y pensiones señaladas en esa ley, nace cuando los familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos consignados en sus disposiciones y satisfagan los requisitos que para ello se señalan. De ahí, lo infundado del concepto de violación, pues como respondió la autoridad responsable a la petición formulada por la quejosa, previamente a otorgarse la pensión correspondiente a los familiares del trabajador, estos deben encontrarse en los supuestos consignados en sus disposiciones y satisfacer los requisitos que para ello se señalen. Por otra parte, en lo relativo al reclamo del seguro de vida, se hizo del conocimiento de la quejosa que no cuentan con una respuesta por parte de la aseguradora, ya que derivado de la contingencia por el Covid-19, suscitada en el dos mil veinte, se han detenido los tramites de reclamación, y una vez que, cuenten con la respuesta correspondiente se la harían llegar. De ahí, lo infundado del argumento en estudio, pues como se precisó en oficio de respuesta a la petición de la -aquí quejosa- al momento elevar la petición, la responsable, no estaba en posibilidad de dar una respuesta inmediata, ya que con motivo de la contingencia ocasionada por el virus de Covid-19, suscitada en el año dos mil veinte, los procesos ante la aseguradora se vieron afectados. Por todas las consideraciones expuestas resulta infundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa, y por no estar en uno de los supuestos de procedencia de la suplencia de la queja, previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la impetrante. Cabe precisar que el hecho de que no se concediera razón a la parte quejosa, no se traduce en una violación de un derecho fundamental al recurso judicial efectivo, dado que si bien ese derecho se encuentra reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla; por lo tanto, no significa que no tuvo acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis aislada número CXCVIII/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, en el libro 6, mayo de 2014, tomo I, página quinientos cuarenta y uno. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *****, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, por propio derecho, contra el acto que reclama del Director General de Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, consistente en el oficio número SFA/SA/DGAyDP/DARH/DS/10395/2021, de siete de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado, asistida del secretario Omar Tomás Velázquez López, que autoriza y da fe.

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