Natividad Josefina Prado Valle
Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/11/2023
Partes del expediente
- Natividad Josefina Prado Valle
- Primera Junta Especial de lo Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Revoca domicilio. Visto el escrito de cuenta, signado por el apoderado de la parte quejosa, y en atención a lo solicitado, téngasele revocando el domicilio señalado con anterioridad para oír y recibir notificaciones, y como nuevo domicilio para tal efecto el que indica.
- Principal
Visto el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables, mediante el cual, en atención al auto de veintitrés de febrero del año en curso, informa las gestiones llevadas a cabo a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en autos, y remite el acuse mediante el cual se solicitó a la Secretaría de la Hacienda Pública, gestionar los trámites para la erogación por la cantidad a pagar en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ahora, en relación a las gestiones que refiere para cumplir con la ejecutoria de amparo, dígasele que la sola remisión de oficios con el fin de acreditar gestiones de cumplimiento, no son suficientes para tener por demostrados actos tendentes a lograr el cumplimiento de esta, pues se debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la exponen la jurisprudencia siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Hechos: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Incidente de inejecución de sentencia 9/2022. Jaime Rufino Barranca y/o Rufino Barranca Jaime y otros. 25 de mayo de 2022. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. Secretarios: Juan Jaime González Varas y Javier Alexandro González Rodríguez.". Efectiva multa. Ahora, toda vez que la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía Estatal, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante de diversos requerimientos, y dado que no obra en autos documental alguna de la que se advierta al menos, gestiones realmente tendentes para obtener su cumplimiento, es decir, al pago material al que fueron condenados; pues el cumplimiento requerido es con motivo de la sentencia de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, dictada en estos autos, la cual desde el veintidós de enero de dos mil diecinueve, causo ejecutoria, de ahí que desde dicha fecha la autoridad responsable debió prever el gasto para el cumplimiento de dicha ejecutoria en el presupuesto que se les otorga; por tanto, por tanto, no es razón excusable el hecho de que no cuente con suficiencia presupuestaria, dado que desde dos mil diecinueve se les condenó a dicho pago, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por tanto en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se impone a la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía Estatal, una multa, relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $10,734.00 (diez mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Requerimiento. En razón de lo anterior, requiérase al Fiscal del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, ordene a quien corresponda, informe a este órgano jurisdiccional el nombre y domicilio particular, cédula profesional, licencia de conducir, CURP y registro federal de contribuyente, de la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía Estatal, con la finalidad de encontrarse en aptitud legal de hacer efectiva la multa impuesta en el presente proveído. Apercibimiento Apercíbasele que, de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, esto es, $5,367.00 (cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Se requiere. Por otra parte, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérasele a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de diez días, contados a partir de que surta efectos la presente notificación, informe y acredite el tratamiento dado al oficio FE/DGA/0428/2023, remitido por el Director General Administrativo de la Fiscalía del Estado. Apercibimiento Apercíbasele que, de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, esto es, $5,367.00 (cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Se requiere. Por otra parte, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Fiscal del Estado de Jalisco, acredite que entregó al quejoso la cantidad líquida determinada en resolución de planilla de liquidación de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, sumada a la regulación de planilla de catorce de marzo de dos mil veintidós y que puso a su disposición el numerario correspondiente con motivo de la concesión de amparo, y lo haga de su conocimiento, que asciende a la cantidad de $587,718.11 (quinientos ochenta y siete mil setecientos dieciocho pesos 11/100), remitiendo constancia fehaciente de ello. Lo anterior, debiendo desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de la sentencia de amparo concedida, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen que debe ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Haciendo la aclaración, que no resulta suficiente el hecho de que remita oficios en donde acredite que comisionó a la unidad correspondiente dentro de la propia fiscalía a fin de que sea diversa autoridad la que gestione la partida presupuestal correspondiente, ya que el referido fiscal es el directo obligado en dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal en la ejecutoria de amparo y liquidaciones correspondientes. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento.". En el entendido que, el plazo concedido con la finalidad que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es conforme a los lineamientos establecidos en las jurisprudencias 54/2014 y 59/2014, con los rubros: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" y "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO DE LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se les impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Fiscal del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de las autoridades responsables de su adscripción, encargadas del cumplimiento, para que dentro del plazo de tres días, les ordene a éstas, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que las autoridades responsables. Asimismo, acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico del Fiscal del Estado de Jalisco, encargadas del cumplimiento, para que dentro del plazo de tres días, le ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que las autoridades responsables. Agréguese. Finalmente, visto el oficio del Director General Jurídico de la Fiscalía del estado de Jalisco, en representación del Fiscal del Estado, agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que en auto de seis de marzo de dos mil veintidós, se le tuvo informando lo conducente en relación al requerimiento de veintitrés de febrero del presente año.
- Principal
Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados a la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario Notificador adscrito a dicha junta, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos último de esta sentencia. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Informe justificado. Visto el comunicado de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rindiendo informe justificado al Presidente y Secretario de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional; con su contenido y con las constancias que en apoyo al mismo remite, dese vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Causal de sobreseimiento. Además, se les tiene invocando la causal de sobreseimiento que refieren, lo cual será considerado en el momento procesal oportuno. Pruebas. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhiben, lo que será considerado en el momento procesal oportuno; con lo anterior, dese vista a las demás partes para el uso de su derecho. Notifíquese por lista física y electrónica.
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