Natividad Gatica Nava

Expediente 436/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
436/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Natividad Gatica Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse desechado la demanda de amparo. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta signada por ****************** por su propio derecho, contra actos de la Segunda Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 436/2021. Con el objeto de proveer lo conducente, se impone señalar que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De esta forma, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3°, de la ley de la materia, artículos que consagran la improcedencia del juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5°, de la Ley de la materia, respecto de la solicitante del amparo Natividad Gatica Nava, por su propio derecho. En efecto, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de la Materia, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa, disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento, voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En ese contexto, es importante destacar que la firma autógrafa constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, lo cual, en el caso concreto, como se advierte de la certificación de cuenta, en la demanda de amparo que se provee no obra la firma de la promovente Natividad Gatica Nava, por su propio derecho, por lo que dicha situación implica que fue omisa en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 235463, publicada en la página 29, volumen 8, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE.". Lo anterior, se corrobora con lo establecido en el artículo 204 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 204.- Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción." (Lo destacado es propio). En tal virtud, de los razonamientos efectuados en párrafos precedentes, se advierte que no se le puede dar valor alguno a la demanda respecto de la citada promovente, por haber sido presentada sin su firma. Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma autógrafa de Natividad Gatica Nava, por su propio derecho, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, 113, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3°, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO PROPUESTA, toda vez que, se insiste, no exteriorizó en la demanda de amparo su voluntad de dar inicio al juicio constitucional. DOMICILIO. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que se indica. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Ramírez Santiago, Ana Gabriel Antúnez Núñez, Eduardo Silva Vargas y Briseida Elizabeth Abarca Aries, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, como su autorizada únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Adamaris Silva Encarnación, por no contar con registro de cédula en el sistema antes aludido, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En otro orden, se tiene a la parte quejosa señalando los correos electrónicos y números telefonicos que indica en su escrito de demanda. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito los correos electrónicos proporcionados con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Luego, de conformidad con lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve y en cumplimiento a la circular 12/2009 de la misma fecha emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de aparatos electrónicos de reproducción, a efecto de que se imponga de los autos. HABILITACIÓN AL ACTUARIO. Atento a lo que dispone el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que se pueda llevar a cabo cualquier tipo de diligencia en el presente juicio de amparo; asimismo, para que con fundamento en los artículos 27, fracción II y 28 fracción II de la ley de la materia, se realicen notificaciones personales y a las autoridades, en zona conurbada; es decir, fuera de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional, en casos urgentes, en atención a la obligación establecida en el artículo 17 constitucional, de administrar justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Infórmese a la parte quejosa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 68, 100, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. *

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