Natividad Catzin Cen
Expediente 225/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Natividad Catzin Cen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el catorce de febrero siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama a la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de la demanda. Por escrito presentado ante la oficialía de partes de este Juzgado Federal el treinta de marzo de dos mil veintitrés (número de promoción 5106), la quejosa ******************** amplió su demanda señalando como nueva autoridad responsable a la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. CUARTO. Pronunciamiento de la ampliación de la demanda de amparo. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés se admitió a trámite por la nueva autoridad responsable en relación al acto reclamado ya admitido en acuerdo de quince de febrero último; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación con copia simple de la demanda de amparo, así como de la ampliación de demanda; y se le hizo de su conocimiento la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar lo siguiente: La nota de insubsistencia emitida por los Jueces Tercero Civil y Mercantil, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 1318/1970 de sus índices, respecto del predio número quinientos cuarenta y nueve de la calle setenta y nueve letra "A" por veintidós y veinticuatro de la colonia Vicente Solís, de esta ciudad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su correspondiente informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, al no demostrarse la existencia del acto reclamado a la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se sobresee en este juicio respecto de dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.J/18 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 154, Octava Época, Tomo 19-21, Julio-Septiembre de 1989, con número de registro 803111, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y la quejosa no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Así como la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, página 627, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, con número de registro 227634, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues no obstante que lo hubiese negado al rendir su informe justificado, toda vez que realiza manifestaciones que evidencian su existencia. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o se advierten de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el dispositivo 5º, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) El primer precepto trascrito prevé que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos que se reclaman de las autoridades responsables no afecten los intereses jurídicos del quejoso; siendo que, el segundo y tercero, disponen que sólo podrán promoverlo aquellos gobernados que resientan perjuicio en su esfera jurídica con motivo de una ley, acto u omisión, vulnere sus derechos fundamentales que se consagran en el artículo primero constitucional, y con ello se produzca una afectación en su esfera jurídica. En efecto, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él; no obstante, para que a través de este medio de control constitucional se tutelen los derechos fundamentales de tales sujetos y, por ende, se les conceda la protección de la Justicia Federal, deben acreditar en forma fehaciente, que tales actos afectan su esfera jurídica, es decir, que son titulares de algún derecho legítimamente tutelado, que haya sido vulnerado por un acto de autoridad dentro de un procedimiento jurisdiccional, al cual no hayan sido llamados, a efecto de permitirles que defendieran sus derechos. El respeto al derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 Constitucional, consiste en que a toda persona se le debe otorgar la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales implican que al afectado se le notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias; tenga oportunidad de ofrecer las pruebas en que base su defensa, así como de alegar, y se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del impetrante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Magna. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se produce en los derechos o intereses de un particular. Al respecto orienta la jurisprudencia 852, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 581, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En tal virtud, para efectos de la procedencia del amparo, es indispensable que, a fin de acreditar su interés jurídico, quien se ostente como persona extraña a juicio demuestre el derecho del cual afirma ser titular, o el hecho o acto jurídico del que deriva esa potestad jurídica, por lo cual, tratándose de la propiedad, ésta debe acreditarse mediante el título correspondiente o, en su caso, por medio de alguna probanza apta y suficiente para evidenciar que es titular del mismo. Ahora, la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional, aduciendo un interés jurídico, al sostener una afectación al predio que aduce es de su propiedad, derivada de la nota de insubsistencia ordenada en autos del expediente 1318/1970 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el predio número quinientos cuarenta y nueve de la calle setenta y nueve, letra "A" por veintidós y veinticuatro, de la colonia Vicente Solís, de esta ciudad, por lo que tiene la carga probatoria de acreditar que efectivamente dicho actuar de la autoridad le ocasiona un perjuicio. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 15 del Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de Registro 187777, del rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Ahora bien, de las constancias remitidas por la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden los siguientes antecedentes: Que mediante escrito de uno de octubre de mil novecientos setenta, Jorge Wilbert Canto Hernández, por conducto de su apoderado legal Luis Jorge Canto Escoffie, demandó en la vía ordinaria civil al director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, Registrador de su adscripción, a María del Carmen Hernández viuda de Canto y Raúl Humberto Canto Hernández, (fojas 1 a 16, anexo). Por acuerdo de quince de octubre de ese propio año, el entonces Juez Tercero de lo Civil y de Hacienda del Primer Departamento Judicial del Estado, admitió a trámite la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada (foja 17, anexo). Seguido el juicio en sus etapas, el seis de junio de mil novecientos setenta y cinco, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la parte demandada; sentencia que causó ejecutoria el nueve de julio siguiente, (fojas 59 a 67 y 69, anexo). Constancias de donde se evidencia que la aquí quejosa no es parte del juicio. Ahora bien, por su parte, la impetrante del amparo a fin de acreditar su interés jurídico, exhibió junto con su escrito de demanda: Copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Copia simple de la Escritura Pública consistente en el acta número setecientos diez, del tomo treinta y uno, libro primero, folio setenta y nueve, de fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, pasada ante la fe del Notario Público Número Veintitrés del Estado de Yucatán, en la que hizo constar el cambio de nomenclatura del predio marcado con el número quinientos cuarenta y nueve, de la calle setenta y nueve, letra A, de la localidad y municipio de Mérida, Yucatán; así como la división en tres partes del predio ubicado en la calle setenta y nueve, letra A, número quinientos cuarenta y nueve, de la colonia Vicente Solís, de la localidad y municipio de Mérida, Yucatán; y el contrato de donación gratuita respecto de una fracción resultante de la división que celebran por una parte ********************, como parte donante, con Carlos Samuel Cetz Concha en representación de los menores Jireh de los Ángeles Cetz Vela y Caleb Isai Cetz Vela, como "parte donataria". La impresión con cadena digital de la boleta negativa de certificado de libertad o gravamen, expedida por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Es el caso, que dichas documentales resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico de la quejosa para acudir a esta instancia constitucional, conforme lo dispone el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues por una parte, las documentales consistentes en copia simple, carecen de todo valor probatorio por la facilidad de su confección, modificación o alteración, máxime que las mismas de manera alguna acreditan la propiedad que aduce tener del predio materia de la litis. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.1 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, visible a página 1269, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Por otra parte, respecto a la impresión con cadena digital de la boleta negativa de certificado de libertad o gravamen que exhibió la quejosa, se tiene que además de que dicha boleta si bien refiere a que da respuesta a la solicitud 127820, del trámite 1 del año 2022, presentada el siete de septiembre de dos mil veintidós, la misma no indica de manera alguna el predio materia de la litis, ni tampoco señala a ********************, aquí quejosa, como propietaria del mismo derivado de algún contrato de compraventa, el cual, cabe señalar, tampoco fue exhibido por la quejosa. Por consiguiente, si como ha quedado precisado, la parte quejosa no demostró con prueba alguna la afectación a su interés jurídico con motivo de la nota de insubsistencia reclamada, por tanto, es de concluir que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de protección de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por ********************, en contra del acto atribuido a la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por ********************, en contra del acto atribuido a la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el considerando último, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.
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Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el escrito signado por Natividad Catzin Cen; mediante el cual desahoga la vista otorgada con relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable, recibido por auto de fecha veintisiete de abril último; y en atención a su contenido, se acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, hágase relación de las manifestaciones que se realizan a manera de alegatos en dicho ocurso, al celebrarse la referida audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese.
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Mérida, Yucatán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por la quejosa Natividad Catzin Cen, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA Ahora bien, visto el escrito de ampliación de demanda presentado por la quejosa Natividad Catzin Cen, mediante el cual amplía su demanda de amparo señalando como nueva autoridad responsable en el presente asunto, al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a quien le reclama lo siguiente: La nota de insubsistencia emitida por el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en autos del expediente 1318/1970 de su índice, respecto del predio número quinientos cuarenta y nueve de la calle setenta y nueve letra "A" por veintidós y veinticuatro de la colonia Vicente Solís, de esta ciudad. SE ADMITE AMPLIACIÓN DE DEMANDA En consecuencia, con fundamento en los artículos 111, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda respecto del nuevo acto reclamado. SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. TRASLADO DE LAS PARTES En tal virtud, córrase traslado del escrito ampliatorio a las demás partes; debiendo, además, remitir a la nueva autoridad responsable copia del escrito inicial de demanda y autorizada del auto admisorio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Hágase del conocimiento de la nueva autoridad responsable, que la audiencia constitucional está señalada para que tenga verificativo el día DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. INFORME JUSTIFICADO Ahora bien, con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la nueva autoridad responsable Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, monada nacional). Mandamiento que deberán cumplir las autoridades responsables a través de la vía ordinaria (de manera física), entregando el informe ante la oficina de correspondencia respectiva, o mediante vía electrónica (con su firma electrónica FIREL) en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o vía interconexión de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERA INTERESADA Por otro lado, toda vez que de la lectura integral de su demanda de amparo se advierte que señala al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, como tercero interesado en este juico; resérvese emplazar a dicho instituto hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. CONOCIMIENTO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, con veinte centavos, moneda nacional). EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el apartado tercero, articulo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado en párrafos precedentes, se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y autorizar se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, las fechas y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/ expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese personalmente y cúmplase.
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