Natividad Bedolla Zavala
Expediente 190/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Natividad Bedolla Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, y la certificación de cuenta, se aprecia que el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, por el que sobreseyó el juicio de amparo fuera de audiencia, no fue recurrido dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el cómputo respecto de la totalidad de las partes, pues se determinó sobreseer el amparo solicitado, por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis..... Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto, dado que se concedió la suspensión de plano. DOCUMENTOS: Se aportaron documentos por la parte quejosa de los que no están catalogados como originales. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, y 21, párrafo primero, fracción II, del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En cuanto a las documentales exhibidas, toda vez que no están catalogadas como originales, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirla, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Por otro lado, se ordena devolver al Presidente de la Sala Regional del Centro III, Guanajuato, el tomo de pruebas que anexó a su informe justificado. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. SE ACUERDA OFICIO Por otro lado, se tiene por recibido el oficio que signa el Presidente de la Sala Regional del Centro III, por medio del cual acusa recibo del diverso por el que se le notificó el auto de veinticinco de mayo del presente año. De lo anterior, toma conocimiento este juzgado. Notifíquese, vía electrónica al fiscal adscrito.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de diez de mayo del año actual para que compareciera a este órgano jurisdiccional a manifestar bajo protesta de decir verdad si la signatura que obra en la demanda de amparo fue ejecutada por su persona y a aclarar su nombre, bajo los lineamientos establecidos en tal auto, sin que haya acudido. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído referido y se tiene a la quejosa no reconociendo la firma que calza la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, por lo cual, para efectos de este juicio de amparo, se tiene que no corresponde a su puno y letra. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Derivado de lo anterior, esto es, que se tiene a la quejosa no reconociendo la firma que calza la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, por lo que se entiende que no corresponde a su puno y letra, se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que conduce al sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio, pues dicha causa de improcedencia resulta de estudio preferente por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta de los numerales 5°, fracción I y 6° de dicho ordenamiento legal. Así, se advierte que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada; de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, pues es a través de la firma o de la impresión de las huellas digitales que se externa la voluntad de las partes de ejercitar un derecho. Ahora bien, en la especie, la demanda se presentó, con una firma que no corresponde a la persona que la promueve; lo anterior, implica que la demanda resulte improcedente, toda vez que no tiene incorporada la expresión de la voluntad de la quejosa para la instauración del juicio de amparo, pues carece del requisito esencial de la firma de éste. Lo anterior es así, pues este Juzgado advirtió que la firma que calza la demanda de amparo, al parecer, no correspondía al puño y letra de la quejosa, ya que al revisar las constancias que aportó la autoridad responsable como complemento a su informe de ley, se apreció que la firma de la ahí actora -aparentemente quejosa- era distinta a la plasmada en la demanda de amparo. Por lo que, requirió a la promovente del amparo para que acudiera a este Juzgado a manifestar, bajo protesta de decir verdad, si la signatura que obra en la demanda de garantías fue ejecutada por su persona y aclarara su nombre -debido a que la parte actora en el juicio de origen es ***** y la promovente del presente juicio se ostentó como la actora original, firmando la demanda de amparo como ***** apercibida que de no acudir en el término legal concedido para ello, se tendría a la promovente del amparo por no reconociendo la firma que calza la demanda de amparo, es decir, se entendería que no corresponde a su puño y letra. Sin que esa parte hubiere comparecido a efectuar tal ratificación, por lo que en este auto se le hizo efectivo el citado apercibimiento y se le tuvo por no reconociendo el signo grafológico que calza la demanda como suyo, entendiendo así que esa firma no es de su puño y letra; cuestión que patentiza la causa de improcedencia invocada. Entonces, si el escrito de demanda carece de la firma autógrafa de la directa quejosa, que es un signo de exteriorización de la voluntad, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, no existe voluntad de la agraviada para instar el juicio; lo que deriva en que la demanda resulta improcedente, según lo prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I y 6°, del mismo ordenamiento legal, pues la falta del citado requisito da certeza de que el documento fue presentado por la persona que lo insta. Resulta aplicable a lo expuesto en este acuerdo, la siguiente jurisprudencia sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 71, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Quinta Parte, en materia Común, cuyo rubro y texto: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que sea necesario esperar hasta la audiencia constitucional, en tanto que no variaría el sentido; ello, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con diez minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese, personalmente a la parte promovente, vía electrónica al fiscal adscrito, por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, diez de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de diecinueve de abril del año actual para que compareciera a este órgano jurisdiccional a manifestar bajo protesta de decir verdad si reconocía como suya la firma que contiene la demanda de amparo, bajo los lineamientos en tal auto establecidos, así como precisar con exactitud su nombre; sin que haya acudido. Ahora, el requerimiento realizado en acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés se debió a que, de las constancias que integran el juicio de origen se desprendieron datos que presumen que la firma que calza la demanda de amparo que dio origen al presente asunto no corresponde al puño y letra de la quejosa, cuestión que se relaciona directamente con verificar la identidad de la persona que instó la acción constitucional y esto, a la vez, con uno de los principios básicos del juicio de amparo, como es el principio de instancia de parte agraviada; en consecuencia, resulta necesario requerir nuevamente a la promovente para que acuda a este Juzgado a manifestar si la signatura que obra en la demanda de garantías fue ejecutada por su persona. En atención a lo anterior, y debido a que de las imágenes preinsertas en el acuerdo de diecinueve de abril de la presente anualidad, se advierten indicios de que la firma que calza la demanda de amparo difiere de la que aparece como la parte actora en el juicio administrativo de origen -aparentemente la quejosa-, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos de su numeral 2º, requiérase a la quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca a este órgano jurisdiccional, ubicado en Avenida Prolongación Guerrero, número tres mil ciento cuarenta y nueve, fraccionamiento Las Plazas, de esta ciudad, debidamente identificada con documento oficial con fotografía vigente y manifieste bajo protesta de decir verdad sí reconoce como suya la firma que contiene la demanda de amparo; para lo cual, en su caso deberá acreditar con documentos fehacientes que dicha firma la ocupa de forma indistinta en diversos actos en que interviene. En la misma diligencia la quejosa deberá precisar con exactitud su nombre; ello, dado que, la parte actora en el juicio de origen es ******, como puede advertirse de las constancias que la autoridad responsable anexó a su informe con justificación. Sin embargo, la promovente del presente juicio se ostenta como la actora original, firmando la demanda de amparo como *****. Se apercibe a la parte promovente del juicio de amparo que de no comparecer en el término concedido, se tendrá por no reconociendo la firma que calza la demanda de amparo, es decir, se entenderá que no corresponde a su puño y letra y, se acordará lo procedente. Lo mismo, en caso de no hacer manifestación alguna respecto al nombre correcto. Asimismo, hágase del conocimiento de la quejosa, que en caso de acudir al presente juzgado, si las firmas estampadas en la demanda y las que imprima en la diligencia de comparecencia, fueran notoriamente distintas, este Juzgado Federal podrá ordenar de manera oficiosa el desahogo de la prueba pericial en materia caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar la autenticidad de la firma que contiene la demanda para, en su caso, resolver lo que en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. Aplica al respecto la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, registro: 2014436, Materia(s): (Constitucional, Común), página 1234, que dice: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia número 202, sustentada por la Tercera Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y cinco, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el autorizado en términos amplios de la quejosa, por medio del cual solicita prórroga de un día para desahogar el requerimiento efectuado en auto de diecinueve del actual mes y año, pues indica que la directa quejosa no se encuentra en el país, que regresará el veinticinco de los corrientes, para lo cual acompaña una impresión relativa a los datos de vuelo de esa data. Atento a lo anterior, no ha lugar a prorrogar el término de tres concedido en el acuerdo de diecinueve de abril del año en curso pues en realidad el último día para que acuda dentro del plazo otorgado fenece el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, no el veinticinco. Ello, en virtud de que el citado acuerdo se notificó personalmente a esa parte procesal el veinte de abril de dos mil veintitrés; la cual surtió efectos el veintiuno siguiente y el citado término trascurre del veinticuatro al veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Ahora, el autorizado de la directa quejosa solicita prórroga para que ésta acuda a este Juzgado el veintiséis de abril del año en curso, sin embargo, si el término otorgado en acuerdo de diecinueve del mes y año en curso, abarca del veinticuatro al veintiséis de abril del año que transcurre, es inconcuso que no se requiere prorrogar el citado plazo y, por ende, no es procedente acordar favorablemente la petición del promovente. ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de veinte de los actuales, se señalaron las diez horas con diez minutos del nueve de julio de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, esa fecha es incorrecta, pues corresponde a un día inhábil. En consecuencia, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo autoriza su numeral 2º, se regulariza el procedimiento para el único efecto de precisar que la fecha correcta para la celebración de la audiencia constitucional lo es las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al fiscal adscrito, por oficio a la autoridad tercera interesada y autoridades responsables.
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