Natiane Leandra Dos Santos Goncalves y Otros.
Expediente 1700/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1700/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Natiane Leandra Dos Santos Goncalves y Otros.
- Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngaseles informando la observancia dada a la suspensión de plano, asimismo, se les tiene autorizando en los términos solicitados a quienes indican y señalando domicilio procesal. Por otra parte, glósense los oficios remitidos por los entes auxiliares, mediante los cuales cumplen con el requerimiento formulado en autos. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida en favor de Natiane Leandra Dos Santos Goncalves y Paloma Cristina Lourenco Diniz, contra actos del Encargado de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en perjuicio de las agraviadas los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 22 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico con el número 1700/2023. Suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como uno de los actos reclamados destacados la privación de la libertad o ilegal detención, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que pongan a Natiane Leandra Dos Santos Goncalves y Paloma Cristina Lourenco Diniz, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. Si la detención de las directamente agraviadas no tiene relación con la comisión de un delito sino por su irregular estancia en el país, las quejosas quedan a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, en la estación migratoria donde fueron presentadas, cuyo alojamiento no podrá exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, luego del cual, si las autoridades migratorias determinan sujetarlas a un procedimiento administrativo migratorio deberán ponerlas en libertad para su continuación, para lo cual deben otorgarles los permisos de estancia correspondientes; asimismo, tienen la obligación de determinar su situación migratoria definitiva, incluso, la relativa a un posible retorno asistido o de deportación. Se arriba a esta decisión, en observancia a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 388/2022, en el que se determinó que los periodos de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, contravienen la temporalidad máxima establecida por el precepto 21 de la Constitución Federal, para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa. En otro tenor, respecto a la deportación y retorno asistido a su país de origen, se toman las medidas siguientes: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezcan las quejosas en el lugar donde se encuentren, por una temporalidad que no puede exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar las directamente agraviadas a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." En el entendido que la presente medida cautelar, no constituye un permiso de entrada al país o de regularización de estancia migratoria para que las agraviadas ingresen o transiten en el territorio mexicano, ya que esta suspensión surte sus efectos en los términos aquí abordados, siempre y cuando las impetrantes hayan sido detenidas con anterioridad a la presentación de la demanda. Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de las directamente agraviadas. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rindan su informe en acato a la suspensión de plano, debiendo comunicar dentro del mismo plazo, el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Se comisiona al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentran las quejosas. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios de las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Desaparición forzada Requiérase al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, Delegado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Baja California, Comandante de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Director General de la Policía y Tránsito Municipal, Fiscalía Regional Tijuana, Encargada de la Dirección de Averiguaciones Previas y de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado Zona Tijuana, Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Regional Tijuana y Director del Centro Penitenciario Tijuana, todos con residencia en esta ciudad, para que en el término improrrogable de veinticuatro horas, legalmente computado, proporcionen la información que pueda resultar conducente para la localización de las agraviadas Natiane Leandra Dos Santos Goncalves y Paloma Cristina Lourenco Diniz. Se comisiona al actuario judicial para que con las formalidades de ley, se constituya en las instalaciones policiales y de detención de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, zonas militares de esta municipalidad, hospitales, centros de atención médica, así como psiquiátricos, y realice la búsqueda de las directamente agraviadas, y en caso de localizarlas, les notifique el presente acuerdo. Ratificación de demanda Con apoyo en el artículo 15 de la propia ley, requiérase a las directas quejosas para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído, o bien, dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de que proceda a la localización de las referidas agraviadas en los domicilios de las autoridades responsables. Así también, requiérase al Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, en esta ciudad, para que proporcione un perito traductor en el idioma que hablen las agraviadas a fin de que el actuario judicial desahogue la diligencia ordenada por este órgano jurisdiccional; por tanto, a fin de que se impongan del contenido de la diligencia y del juicio de amparo promovido en su favor, se faculta al fedatario judicial asiente las medidas realizadas por las autoridades responsables para llevar a cabo la encomienda; en la inteligencia de que el actuario de este tribunal, podrá utilizar herramientas electrónicas para posibilitar lo que aquí se ordena, como sería el caso de una aplicación para traducir mensajes escritos o lenguaje hablado simultáneamente, que descargue en su teléfono inteligente o dispositivo similar. Finalmente, en el supuesto de que el fedatario judicial no localice a las agraviadas en las instalaciones de las responsables, se le faculta para que requiera las constancias en las que se advierta la situación jurídica de las extranjeras, en relación con su estatus migratorio, así como, el derecho a la libertad y tránsito en este país; ello, para que este juzgado se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Autorizado, acceso a expediente electrónico y notificaciones En relación con la designación de autorizado, acceso a expediente electrónico y la forma en la que se solicita se realicen las notificaciones derivadas de este juicio, se reserva el acuerdo conducente, hasta en tanto se practiquen las diligencias aquí mandatadas. No obstante, por única ocasión se ordena la notificación personal del presente proveído en el lugar donde se dice se encuentran resguardadas las agraviadas. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.
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