Nathaly Vázquez Márquez Sindico Municipal

Expediente 942/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
942/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Nathaly Vázquez Márquez Sindico Municipal
  • Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tocatlan, Tlaxcala

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Causa estado auto de desechamiento. Se ordena archivo y destrucción. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de once de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Nathaly Vázquez Márquez; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de agosto de dos mil veintidós. Se acepta competencia. Téngase por recibido el oficio 25609/2022 y anexo que acompaña signado por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, por medio del cual remite el juicio de amparo 891/2022 de su índice promovido por Nathaly Vázquez Márquez, por propio derecho y en su carácter de Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Tocatlan, Tlaxcala, lo anterior en cumplimiento al auto de ocho de agosto año en curso dictado dentro del juicio de amparo en comento, en el que declinó la competencia para conocer de dicho juicio de amparo en favor de este Juzgado de Distrito, en tal sentido se provee: Radicación demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 942/2022-VI. Acúsese el recibo de estilo. Se desecha demanda de amparo. Previo a exponer los razonamientos que sustentarán la presente determinación, es menester destacar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen del juicio de amparo 117/2022-VI del índice de este órgano jurisdiccional que se invoca como hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, y que en esencia son: Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Teresa Avendaño Vázquez, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y acto siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- C. Presidente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; con domicilio oficial bien conocido en la Ciudad de Tlaxcala, Tlax." IV. ACTO RECLAMADO.- Del C. Presidente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, le reclamo la omisión de emplear todas las medidas de apremio que sean eficaces, para hacer cumplir integralmente el laudo dictado dentro de los autos del expediente generador del acto reclamado, hasta el momento en que la hoy quejosa, se le sea cubierta las prestaciones condenadas en el laudo de referencia, en cantidad líquida; omisión que ha traído una paralización al procedimiento o su paralización total en su etapa de ejecución." Seguida la secuela procesal, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se emitió sentencia en la cual se concedió el amparo y protección constitucional a la parte quejosa Teresa Avendaño Vázquez para los efectos siguientes: "(.) Deberá impulsar el cobro real y efectivo de las multas contenidas en los oficios TCA/802/2021 y TCA/1573/2021, de veinte de abril y dos de septiembre, ambos de dos mil veintiuno, signados por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el sumario laboral 223/2016-C, mismas que deberán hacerse efectivas al funcionario público responsable del cumplimiento del laudo en su carácter de persona física -y no al órgano u organismo administrativo al que represente-, para que la cubra con su propio peculio, lo que deberá informar a este órgano jurisdiccional. En términos de lo que disponen los artículos 46, fracción III, de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 275 y 275-A, fracción II, inciso b), del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, deberá emitir un acuerdo que complemente el diverso auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se precise que el embargo de partidas presupuestales, equivale a un registro de adeudo; por tanto, "ordenar el embargo sobre partidas presupuestales", significa que la autoridad responsable deberá ordenar a la parte demandada Ayuntamiento del Municipio Tocatlán, Tlaxcala, que realice el registro del adeudo proveniente del laudo dictado por la responsable, para que sea cubierto con cargo a la partida que corresponda relativa al capítulo denominado "1000 servicios personales", la cual, debe preverse en todo presupuesto de egresos por disposición de la ley. Asimismo, se debe recordar que el embargo se puede decretar sobre el presupuesto de egresos, con independencia del ejercicio fiscal de que se trate; por lo que, en el eventual caso de que el presupuesto de egresos de dos mil veintidós (que sustituyó el de dos mil veintiuno), no cuente con suficiencia presupuestaria, la responsable puede ordenar al Ayuntamiento del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, realizar los ajustes en el presupuesto de egresos actual a efecto de pagar real y efectivamente el laudo decretado en su contra; pues, como ya se indicó, todo presupuesto de egresos goza de flexibilidad y es susceptible de modificarse o adecuarse a las necesidades sobrevenidas de los ayuntamientos; esto es, que existe la posibilidad de autorizar ajustes (modificaciones) al presupuesto de egresos, sin que el principio de anualidad que rigen los presupuestos de egresos constituya un impedimento para ello. Sin que pase inadvertido que dichos ajustes o modificaciones al presupuesto de egresos requieran de la aprobación del Ayuntamiento, con la participación del Presidente y Tesorero Municipal; no obstante, a efecto de garantizar el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, la autoridad responsable deberá vincular a dichas autoridades al estricto y efectivo cumplimiento del laudo. Por tanto, a fin de que la autoridad responsable dé cumplimiento al efecto consistente en ordenar el embargo sobre partidas presupuestales, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala deberá efectuar las acciones que a continuación se precisan: 2.1. Dictará un proveído en el que ordene al Presidente y Tesorero del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, que realicen el registro del adeudo proveniente del laudo dictado en el expediente 223/2016-C, de su índice, lo que significa realizar un embargo sobre partidas presupuestales, a efecto de que sea cubierto con cargo al capítulo denominado "1000 servicios personales". 2.2. Deberá ordenar al Presidente Municipal a que convoque a los integrantes del Ayuntamiento de Tocatlán, Tlaxcala, a una sesión extraordinaria, a efecto de autoricen el pago del laudo dictado en el expediente 223/2016-C, de su índice; para tal efecto, el titular de la Secretaría del Ayuntamiento será el responsable de notificar la convocatoria respectiva. 2.3. Deberá ordenar a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, es decir, al Presidente, Síndico y Regidores, que asistan a la sesión extraordinaria previamente convocada por el Presidente Municipal, en la que aprueben el pago del laudo dictado en el expediente 223/2016-C, de su índice. Para tal efecto, la autoridad responsable deberá informarles a dichas autoridades el monto que hasta ese momento se encuentre cuantificado en el laudo y, en su caso, en incidentes de liquidación ya resueltos. 2.4. En el caso de que en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, no se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago del referido laudo, los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, deberán instruir al Tesorero Municipal para que realice los ajustes o modificaciones al mencionado presupuesto, a efecto de que se haga el pago del laudo, conforme a las disposiciones aplicables del Título Décimo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 2.5. Deberá apercibir a cada una de las autoridades involucradas en el cumplimiento del laudo con la aplicación de las medidas de apremio que autorice la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y, en su caso, deberá hacer efectivo el apercibimiento respectivo a la autoridad o autoridades que incumplan sus determinaciones, debiendo verificar que real y efectivamente se apliquen las sanciones impuestas a la persona física que sea titular del órgano o dependencia correspondiente. En el caso de que deba decretar medidas de apremio -como multas- éstas se deberán imponer al servidor o servidores públicos que sean responsables de dar cumplimiento al laudo emitido el cinco de abril de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 223/2016-C, del índice del tribunal responsable, a efecto de que dicha medida de apremio sea cubierta con su propio peculio y no con el del Ayuntamiento del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, para lo cual, deberá girar el oficio correspondiente a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, a efecto de que ejecute la misma. Para tal efecto, deberá vigilar que la autoridad exactora real y efectivamente realice el cobro de la multa correspondiente (.)" En auto de treinta de junio de dos mil veintidós, causo ejecutoria la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y se requirió su cumplimiento al tribunal responsable. Así, en cumplimiento al fallo protector mediante auto de ocho de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Tribunal responsable informando medidas de cumplimiento, a saber: . Siendo esta última resolución el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso, se estima que actualiza la causal de improcedencia prevista en el primer párrafo del artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" Lo anterior es así, pues como se precisó en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, al resolver el amparo indirecto 117/2022 del índice de este juzgado, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, realizara lo siguiente: "1. Deberá impulsar el cobro real y efectivo de las multas contenidas en los oficios TCA/802/2021 y TCA/1573/2021, de veinte de abril y dos de septiembre, ambos de dos mil veintiuno, signados por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el sumario laboral 223/2016-C, mismas que deberán hacerse efectivas al funcionario público responsable del cumplimiento del laudo en su carácter de persona física -y no al órgano u organismo administrativo al que represente-, para que la cubra con su propio peculio, lo que deberá informar a este órgano jurisdiccional. 2. En términos de lo que disponen los artículos 46, fracción III, de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 275 y 275-A, fracción II, inciso b), del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, deberá emitir un acuerdo que complemente el diverso auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se precise que el embargo de partidas presupuestales, equivale a un registro de adeudo; por tanto, "ordenar el embargo sobre partidas presupuestales", significa que la autoridad responsable deberá ordenar a la parte demandada Ayuntamiento del Municipio Tocatlán, Tlaxcala, que realice el registro del adeudo proveniente del laudo dictado por la responsable, para que sea cubierto con cargo a la partida que corresponda relativa al capítulo denominado "1000 servicios personales", la cual, debe preverse en todo presupuesto de egresos por disposición de la ley. Asimismo, se debe recordar que el embargo se puede decretar sobre el presupuesto de egresos, con independencia del ejercicio fiscal de que se trate; por lo que, en el eventual caso de que el presupuesto de egresos de dos mil veintidós (que sustituyó el de dos mil veintiuno), no cuente con suficiencia presupuestaria, la responsable puede ordenar al Ayuntamiento del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, realizar los ajustes en el presupuesto de egresos actual a efecto de pagar real y efectivamente el laudo decretado en su contra; pues, como ya se indicó, todo presupuesto de egresos goza de flexibilidad y es susceptible de modificarse o adecuarse a las necesidades sobrevenidas de los ayuntamientos; esto es, que existe la posibilidad de autorizar ajustes (modificaciones) al presupuesto de egresos, sin que el principio de anualidad que rigen los presupuestos de egresos constituya un impedimento para ello. Sin que pase inadvertido que dichos ajustes o modificaciones al presupuesto de egresos requieran de la aprobación del Ayuntamiento, con la participación del Presidente y Tesorero Municipal; no obstante, a efecto de garantizar el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, la autoridad responsable deberá vincular a dichas autoridades al estricto y efectivo cumplimiento del laudo. Por tanto, a fin de que la autoridad responsable dé cumplimiento al efecto consistente en ordenar el embargo sobre partidas presupuestales, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala deberá efectuar las acciones que a continuación se precisan: 2.1. Dictará un proveído en el que ordene al Presidente y Tesorero del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, que realicen el registro del adeudo proveniente del laudo dictado en el expediente 223/2016-C, de su índice, lo que significa realizar un embargo sobre partidas presupuestales, a efecto de que sea cubierto con cargo al capítulo denominado "1000 servicios personales". 2.2. Deberá ordenar al Presidente Municipal a que convoque a los integrantes del Ayuntamiento de Tocatlán, Tlaxcala, a una sesión extraordinaria, a efecto de autoricen el pago del laudo dictado en el expediente 223/2016-C, de su índice; para tal efecto, el titular de la Secretaría del Ayuntamiento será el responsable de notificar la convocatoria respectiva. 2.3. Deberá ordenar a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, es decir, al Presidente, Síndico y Regidores, que asistan a la sesión extraordinaria previamente convocada por el Presidente Municipal, en la que aprueben el pago del laudo dictado en el expediente 223/2016-C, de su índice. Para tal efecto, la autoridad responsable deberá informarles a dichas autoridades el monto que hasta ese momento se encuentre cuantificado en el laudo y, en su caso, en incidentes de liquidación ya resueltos. 2.4. En el caso de que en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, no se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago del referido laudo, los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, deberán instruir al Tesorero Municipal para que realice los ajustes o modificaciones al mencionado presupuesto, a efecto de que se haga el pago del laudo, conforme a las disposiciones aplicables del Título Décimo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 2.5. Deberá apercibir a cada una de las autoridades involucradas en el cumplimiento del laudo con la aplicación de las medidas de apremio que autorice la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y, en su caso, deberá hacer efectivo el apercibimiento respectivo a la autoridad o autoridades que incumplan sus determinaciones, debiendo verificar que real y efectivamente se apliquen las sanciones impuestas a la persona física que sea titular del órgano o dependencia correspondiente. 3. En el caso de que deba decretar medidas de apremio -como multas- éstas se deberán imponer al servidor o servidores públicos que sean responsables de dar cumplimiento al laudo emitido el cinco de abril de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 223/2016-C, del índice del tribunal responsable, a efecto de que dicha medida de apremio sea cubierta con su propio peculio y no con el del Ayuntamiento del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, para lo cual, deberá girar el oficio correspondiente a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, a efecto de que ejecute la misma. Para tal efecto, deberá vigilar que la autoridad exactora real y efectivamente realice el cobro de la multa correspondiente." Por su parte, el Tribunal responsable, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el cinco de julio de dos mil veintidós, emitió una resolución, misma que constituye el acto reclamado, en la cual determinó lo que a continuación se reproduce: Por consiguiente, si la orden de ejecución de embargo a la cuenta "1000 Servicios Personales" fue dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo dictada en el juico de amparo 117/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo y, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia". Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado sólo para oír y recibir notificaciones a Salvador Reyes Muñoz, por no contar con único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y en virtud de así haberlo solicitado. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realícese las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, que se pública en los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, toda vez que el domicilio que designó para tales efectos se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, en el entendido que queda expedito su derecho para señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Se ordena comunicar al titular de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco. Finalmente, para los efectos legales conducentes, comuníquese el presente proveído a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, para que realice las compensaciones estadísticas respectivas y remita a este órgano jurisdiccional la boleta correspondiente, la cual una vez que sea recibida, deberá ser glosada al presente expediente.

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