Nathalia Díaz del Castillo
Expediente 1164/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 36 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1164/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 30/10/2023
Partes del expediente
- Nathalia Díaz del Castillo
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Téngase por recibido el ocurso signado por la quejosa, mediante el cual, reitera el deseo de desistir de la prueba pericial en materia de contabilidad que fue propuesta en el incidente innominado, al respecto, dígase que no ha lugar a acordar favorablemente su petición, pues proveer en la forma que solicita equivaldría a que la suscrita revoque su propia determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Además, se reitera que la prueba pericial en materia de contabilidad es el medio de convicción idóneo para determinar la cantidad exacta a devolver a la parte quejosa, en razón de la concesión del amparo, motivo por el cual se abrió el incidente innominado en este juicio de amparo.
- Principal
Vistos los escritos de ********************, en su carácter de perito designado por este juzgado de Distrito, en cumplimiento a lo requerido por este órgano federal en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, reitera la cotización de los honorarios presentada para la realización del trabajo encomendado. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Se tiene como domicilio procesal del diestro designado por este juzgado de distrito el ubicado en la finca marcada con el número ********************en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal ********************.
- Principal
Téngase por recibido el ocurso signado por Jaime Eduardo Olea Sahagún, autorizado en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa, -carácter reconocido en auto de quince de junio de dos mil veintidós-, mediante el cual, con relación al proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, reitera el deseo de dicha parte de desistir de la prueba pericial en materia de contabilidad que fue propuesta en el incidente innominado y solicita a este órgano jurisdiccional resuelva dicha incidencia con los medios de convicción que en su caso obren en el expediente. Al respecto, dígase que no ha lugar a acordar favorablemente su petición, pues proveer en la forma que solicita equivaldría a que la suscrita revoque su propia determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Aunado a que, el perito oficial aun no desahoga la vista otorgada en el proveído antes aludido, mediante la cual se le solicitó realizara una reconsideración y reflexión de los honorarios propuestos para el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad de que se trata. Luego, respecto a que se tome en consideración como hecho notorio la ejecutoria dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, sin especificar el circuito, en la revisión principal 208/2022, en donde aduce que en sesión de catorce de marzo de dos mil veintitrés se determinó que no era necesario el ofrecimiento de una prueba pericial para determinar el interés jurídico. Debe precisarse al ocursante que la prueba pericial en materia de contabilidad en el incidente innominado no tiene como finalidad acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, merced de que ello quedó demostrado, tan es así que la impetrante obtuvo una sentencia en la que se le otorgó el amparo y protección de la justicia de la Unión. Luego, es necesario tener en cuenta que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran al juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. En ese sentido, la peritación cumple con una doble función, que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción de los juzgadores sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Así las cosas, es diáfano que es necesario el desahogo de la prueba pericial en el incidente innominado para establecer la cantidad exacta que se debe devolver a la parte quejosa con motivo de la concesión de amparo, en razón de la inconformidad que existe entre la cantidad que refiere la responsable y la que pretende la quejosa. Finalmente, se indica, de manera respetuosa a la parte quejosa que de no estar conforme con la determinación dictada en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés tiene a su alcance los recursos legales para intentar modificar o revocar dicho auto.
- Principal
Antes de proveer respecto de la promoción con la que da cuenta la secretaria de la adscripción resulta destacar lo siguiente del expediente en el que se actúa: El veinte de octubre de dos mil veintidós se dictó sentencia en el presente asunto en la que se concedió el amparo protección de la justicia de la unión. El quince de diciembre de dos mil veintidós causó ejecutoria la sentencia pronunciada en este asunto y se requirió por el cumplimiento a las autoridades responsables. El treinta de marzo de dos mil veintitrés la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, allegó el original del acuerdo de devolución ACDEVIP1400/2023/T-2500, de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se ordenó desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la sobre tasa de 100% (cien por ciento), para el pago del impuesto predial, establecido por el artículo 45 fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, del ejercicio fiscal 2022, realizando la devolución respecto a los recibos oficiales con números de transacción 0004419958, 0004419968 y 0004419971, con su respectiva actualización, y como consecuencia, ordenó expedir cheque a favor de la quejosa Nathalia Díaz del Castillo Vizcaíno. En proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, la parte quejosa por conducto de su autorizado en amplios términos, manifestó su inconformidad con la cantidad que la responsable determinó devolver a la impetrante. El veintiséis de abril de dos mil veintitrés ante la discrepancia en las cantidades expuestas por la parte quejosa y la responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, este órgano jurisdiccional determinó abrir de oficio un incidente innominado para definir la cantidad liquida que debe pagarse a la impetrante para resarcirla integralmente del derecho del que se vio privada. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés se abrió la dilación probatoria y de ello se notificó a las partes para que ofertaran los medios de convicción que estimaran pertinentes. Mediante escrito recibido en auto de trece de junio de dos mil veintitrés, el autorizado de la parte quejosa, anunció la prueba pericial contable. El veintiséis de junio de dos mil veintitrés se cerró la dilación probatoria y, entre otras pruebas, se admitió la pericial en materia de contabilidad (por ser el medio de convicción idóneo para cuantificar la cantidad a pagar a la quejosa). El veintiocho de junio de dos mil veintitrés la autoridad responsable realizó adiciones al cuestionario ofertado por la parte quejosa y designó diestro de su parte. El tres de julio de dos mil veintitrés se recibió el escrito de Jaime Eduardo Olea Sahagún, autorizado en amplios términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa, donde manifestó la imposibilidad para designar perito de su parte, y que hacía del conocimiento de este juzgado federal que se conformaba con el dictamen que emitiera el diestro designado por este órgano jurisdiccional. El cuatro de agosto de dos mil veintitrés al no haber logrado conseguir un profesionista gratuito para el desahogo de la prueba pericial contable en el incidente innominado se designó al contador César Toscano Novoa, quien se encuentra en la lista de peritos del Poder Judicial de la Federación para el año dos mil veintitrés. El treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés el perito el diestro oficial, ya habiendo aceptado el cargo, presentó su planilla de honorarios la cual se autorizó en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Quejoso solicita Téngase por recibido el ocurso que signa Jaime Eduardo Olea Sahagún, autorizado en amplios términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa, -carácter reconocido en auto de quince de junio de dos mil veintidós-, mediante el cual solicita se le proporcione la información completa del perito oficial designado en este juicio, a lo anterior, dígase al ocursante lo siguiente: El diestro oficial es César Toscano Novoa (P.013-2014), quien está incluido en la "LISTA DE PERSONAS QUE PUEDEN FUNGIR COMO PERITAS O PERITOS ANTE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN XXIX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EL NUMERAL 7 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS QUE PUEDEN FUNGIR COMO PERITAS O PERITOS ANTE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", para el área de contabilidad. Su domicilio se ubica en la finca marcada con el número 1952 interior 1, de la Avenida Hidalgo, Colonia Ladrón de Guevara en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal 44600, datos que se encuentran en el presente expediente a disposición de las partes. Respecto a las manifestaciones que hace relacionadas con el diestro oficial dígase que tiene expedito su derecho para promover lo que a su interés convenga. Luego, manifiesta que es su deseo de desistir de la prueba pericial en materia de contabilidad que fue propuesta en este juicio, a lo anterior, dígase a la parte quejosa que la prueba pericial en material contable es la idónea para esclarecer la cantidad liquida que debe entregarle la autoridad responsable, merced de los conocimientos técnicos específicos en esa materia. Por tanto de tenerle desistiendo de la citada probanza se retrasaría la integración y resolución de este incidente innominado, ya que al ser necesario el desahogo de la citada prueba, este juzgado federal ordenaría abrir de oficio una nueva, lo que ocasionaría retraso y sería contario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, para una pronta resolución de este incidente se considera que de tenerle desistiendo de la prueba pericial que ofertó le causaría a la quejosa una mayor afectación que beneficio. "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TRAMITACIÓN DE UN INCIDENTE INNOMINADO CON EL FIN DE PRECISAR EL ALCANCE MATERIAL Y CONCRETO DEL FALLO CONSTITUCIONAL, SIN DETERMINAR EL MONTO DE LA CANTIDAD ADEUDADA AL QUEJOSO, ES INSUFICIENTE PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SE PRONUNCIE SOBRE EL INCUMPLIMIENTO PLANTEADO. El hecho de que el Juez de Distrito haya tramitado y resuelto un incidente innominado, con el propósito de precisar el alcance material y concreto del fallo constitucional, pero sin determinar el monto de la cantidad que debía entregarse al quejoso, a fin de restituirlo en el goce de las garantías individuales violadas, no es suficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga el pronunciamiento correspondiente en el incidente de inejecución de sentencia respecto al incumplimiento planteado y a la procedencia o improcedencia de las sanciones respectivas, toda vez que, en dicho incidente innominado, las partes debieron aportar prueba de sus pretensiones respecto a la cuantía de lo que debía cubrirse, es decir, precisar los elementos económicos indispensables para determinar el pago a realizar, incluso, mediante una prueba pericial idónea que permitiera estimarlos." "SENTENCIAS DE AMPARO. SI OBLIGAN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES A CULMINAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A UNA INDEMNIZACIÓN Y AL HACERLO ÉSTAS DETERMINAN QUE PROCEDE EL PAGO DE UNA CANTIDAD A LA QUEJOSA, LA FIJACIÓN O CUANTIFICACIÓN DE SU MONTO CONSTITUYE UNA CUESTIÓN VINCULADA DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA CON EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO TIENE LA FACULTAD DE VERIFICARLO COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Hechos: En una sentencia constitucional se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) en el ámbito de sus atribuciones, dentro del plazo de tres días posteriores a que causara ejecutoria, proveyeran los mecanismos para culminar el procedimiento relativo a la prestación denominada "indemnización global" y en caso de ser procedente, realizaran el pago de la cantidad autorizada. Las autoridades responsables, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entregaron a la parte quejosa la cantidad que unilateralmente autorizaron, con lo que el Juez de Distrito la tuvo por cumplida; sin embargo, aquélla manifestó que era inferior a la que le correspondía. Al desahogar la vista, el Juez de amparo estimó que era improcedente examinar en el juicio de amparo la legalidad de la cantidad entregada, toda vez que en la sentencia no se reconoció el derecho de la accionante a percibir el reembolso de alguna partida o cantidad en específico, sino que se constriñó a la culminación del trámite y sólo que resultara procedente, realizar el pago del monto que autorizara la autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si para acatar el fallo protector, las autoridades responsables culminan el procedimiento relativo a una indemnización y resuelven que es procedente realizar el pago de una cantidad cuyo monto no quedó definido o liquidado en aquélla, su fijación o cuantificación constituye una cuestión vinculada de manera directa e inmediata con el cumplimiento de la sentencia constitucional, aun cuando no se haya reconocido un cantidad líquida e, incluso, la pertinencia de su devolución; de suerte que ese aspecto es materia de análisis en la etapa de ejecución; por ende, el juzgador federal está facultado para verificarla como parte del procedimiento de ejecución, sobre todo cuando existe inconformidad de la parte quejosa con el monto que le es ofrecido o que le fue entregado, en cuyo caso se podrá ordenar la apertura del incidente innominado de liquidación, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior, porque conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, el efecto de una sentencia protectora de amparo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que se consideró vulnerado; de ahí que cuando la ejecutoria de amparo constriñe a la autoridad responsable a culminar un procedimiento y a devolver el numerario relativo, en caso de ser procedente, no se lograría si se consintiera la devolución de una cantidad cualquiera, especialmente cuando sea menor a la que la parte agraviada estima le corresponde, pues con ello, lejos de lograrse la restitución plena del derecho fundamental violentado, se obliga a los justiciables a intentar una nueva vía para alcanzarla, lo que pugnaría con el artículo 192 de la Ley de Amparo, en cuanto establece que las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas, siendo ello una cuestión de orden público y de interés social, por lo que se debe privilegiar y materializar la eficacia del derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente el principio de completitud que consagra como prerrogativa en favor de las personas contar con un medio de acceso expedito, completo e imparcial a la administración de justicia para la solución de sus controversias, lo que indudablemente comprende tanto la fase de juicio como la de ejecución de las sentencias." Se requiere perito En otro contexto, vistas las manifestaciones del autorizado de la parte quejosa, se requiere al diestro oficial para que, de estimarlo procedente, realice una reconsideración y reflexión de los honorarios para el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad. En el entendido que la expresión que efectúe será en completa libertad, en razón de que esta juzgadora respeta el numeral 5 del Pacto Federal, esto es, el derecho al trabajo y como consecuencia de ello el cobro a realizar el mismo. Para lo anterior, se otorga al perito oficial el término de diez días, con fundamento en el artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en la inteligencia que de no hacer manifestación, se entenderá que sostiene la cantidad que presentó por sus honorarios. Para los efectos legales a que haya lugar entréguese al diestro oficial copia simple de la promoción que se acuerda. Notifíquese; y personalmente al perito oficial César Toscano Novoa.
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