Natasha Civeira Flores

Expediente 126/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
126/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
31/07/2019

Partes del expediente

  • Natasha Civeira Flores
  • Rosa María Muñoz Castellanos
  • Natasha Civeira Flores y Otros.
  • Congreso del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la secretaría en la razón de cuenta que antecede, se agrega sin mayores efectos el oficio número CJ-DRC-JUR-2480-2232-325-2019 signado por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, por el cual remite diversas constancias relativas al cumplimiento de la sentencia ejecutoria; en virtud de que con fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se declaró cumplida la sentencia ejecutoria y posteriormente por auto de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, como asunto concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que por auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se declaró cumplida la sentencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el citado auto; con fundamento en el propio numeral 196 de la Ley de la Materia, se ordena ARCHIVAR este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en la sentencia dictada en el presente juicio, se concedió el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ... SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO ...

  4. Principal

    VI. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. V I S T O S los autos del presente juicio de amparo indirecto 126/2019 para resolver si se ha cumplido o no la sentencia ejecutoria emitida en el presente juicio constitucional; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante sentencia ejecutoria dictada por este Juzgado Federal, el veinte de marzo de dos mil diecinueve, en la que se determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa Natasha Civeira Flores y Rosa María Muñoz Castellanos contra actos del Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades. SEGUNDO. Por oficio CJ-DRC-JUR-1670-1544-235-2019 signado por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el sentido de que de acuerdo a la solicitud de unión matrimonial de diecisiete de abril de dos mil diecinueve, las promoventes del amparo Natasha Civeira Flores y Rosa María Muñoz Castellanos (hojas 103 y 104), se apersonaron a efecto de llenar la solicitud de unión matrimonial, para poder llevar a cabo el registro matrimonial el veintiséis de julio del año en curso. TERCERO. Mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el referido oficio, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera; y C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les otorgó. Por tanto, con las constancias que obran en autos, este juzgado federal procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de dos mil, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." y, En la sentencia ejecutoria dictada en autos, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "(.) Sexto. Efectos del amparo. La concesión del amparo otorgado a Natasha Civeira Flores y Rosa María Muñoz Castellanos, lo es para el efecto de que los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán, no se les aplique, en el presente ni en el futuro. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia de la Novena Época, P./J.112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 19, número de registro 192846, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Así como, para dejar insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en la negativa emitida mediante oficio CJ-DRC-JUR-171-144-144-2019, de fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, realizada por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán a formalizar el matrimonio homoparental que solicitaron por escrito el día dieciocho de enero del mismo año, ante la aludida autoridad y emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. En el entendido de que el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se desaplique a las quejosas en el presente y futuro las porciones normativas declaradas inconstitucionales, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal forma que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó las normas impugnadas, a atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por las quejosas, ésta deberá darle el trámite correspondiente. Por lo tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dichas autoridades responsables de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán relacionadas con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria. Debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual la autoridad responsable Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, queda exenta de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época, P. CXXXVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, visible en la página 135, número de registro 200006, que a la letra dice lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. (.)" Así, del examen de las documentales remitidas por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, por sí misma y en representación del Oficial 01 del propio Registro, que merecen pleno valor, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende lo siguiente: La Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que en fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve, las peticiones del amparo comparecieron a fin de llenar la solicitud matrimonial para llevar a cabo el registro de matrimonio el veintiséis de julio del año en curso, motivo por el cual adjuntó el registro matrimonial de Natasha Civeira Flores y Rosa María Muñoz Castellanos, en el que se evidencia la fecha en que se contraerá las nupcias entre las contrayentes, data el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, de conformidad con los artículos fracción III, 22, 23, 25, 26 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán (hojas 103 y 104). De lo anterior se obtiene que las autoridades responsables, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 196 del citado ordenamiento legal, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. De conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación; apercibidas que de no hacerlo así dentro del término señalado, se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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