Natanael Alberto Luna Pérez
Expediente 1058/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Natanael Alberto Luna Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se concedió la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa por una parte se negó y por otra se concedió. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional se pronuncia respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y como dicha determinación es de carácter oficioso, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, procédase a su estudio. Mediante sentencia del nueve de febrero de dos mil veintitrés, terminada de engrosar el dieciséis de febrero siguiente, este órgano de control constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, por conducto de su defensor particular **********, para los efectos siguientes: "1) Sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial celebrada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa 1077/2022, en contra de **********, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de violación, en agravio de víctima de identidad resguardada de iniciales L.M.R.D., ilícito previsto y sancionado por los artículos 273 párrafos primero y quinto, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de México; y, sin que se requiera verificar una nueva audiencia, en observancia al artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las consideraciones expresadas en esta sentencia, deberá emitir la versión escrita del auto que decretó oralmente, misma que deberá contener todos los fundamentos y motivos en que se basó para emitirlo, en el entendido que, conforme al tercer párrafo del numeral citado, la determinación escrita no deberá exceder el alcance de la dictada oralmente, es decir, no podrá sustituir o complementar lo expresado en la audiencia aludida; y, 2) Al subsanar el mencionado requisito procedimental, tomando en cuenta que tanto la emisión oral el auto de vinculación a proceso decretado en audiencia, como su versión escrita, conforman una unidad; deberá ser nuevamente notificado al ahora justiciable, a fin de que se encuentre en aptitud de ejercer su defensa como lo estime procedente". En proveído del ocho de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable. Al respecto, mediante oficios registrados con los números de promociones 3303 y 3323, enviados por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, se desprende que dio cumplimiento a lo solicitado, en los términos siguientes: El trece de marzo de dos mil veintitrés, procedió a emitir la pieza escritural del auto de vinculación a proceso dictado de manera oral el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa de control 1077/2022, misma que contiene todos los fundamentos y motivos en que se apoyó para emitirla oralmente, sin sustituir o complementar lo expresado. Documentales que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. En tales condiciones, es evidente que ya se acató puntualmente el fallo protector, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de la materia se tiene por cumplido. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Téngase al Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, informando las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y remitiendo las constancias de acatamiento al fallo protector, con lo que se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de tres días, legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga; se les apercibe que de no hacerlo en el término indicado, se resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos y datos que obren en el expediente. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1058/2022-III; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, ********************, por conducto de su defensor particular ********************demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. II. Por auto del trece de septiembre del dos mil veintidós, se registró con el número 1058/2022-III; y por auto del cuatro de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se pidió a la autoridad responsable rindiera su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; posteriormente en auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado fue emitido y se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que atento al estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, el auto de vinculación a proceso emitido el ********************, en la carpeta administrativa ********************. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió como complemento de su informe con justificación y, con el disco compacto en formato DVD, que remitió como apoyo a su respectivo informe, en el que obran digitalizadas las actuaciones que integran la carpeta administrativa ********************, de su índice; así como, los registros de audio y video de las audiencias celebradas dentro de ésta. Informe que tiene el carácter de público por haber sido emitido por autoridad en ejercicio de sus funciones, el cual merece pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su numeral 2°, el que resulta apto para tener por demostrada la existencia del acto que se le atribuye. Es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 917812, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, agosto de 2013, página 703, registro 2004362, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NA TURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, el suscrito no considera actualizada alguna causa de improcedencia y, las partes no hicieron valer alguna, por lo que se procede al análisis de fondo del acto reclamado. QUINTO. El quejoso formuló sus conceptos de ******************** contenidos en la demanda, cuya transcripción se estima innecesaria para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a actuar en ese sentido, lo cual no implica, en modo alguno, desatender los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda sentencia. Determinación que encuentra apoyo, en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, registro 164618, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero "Reglas generales", del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de ******************** o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En la especie, este Juzgado determina fundados los argumentos del quejoso, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto de carácter penal, en el que el directo agraviado tiene la calidad de imputado en el expediente de origen. Esto es así, porque la versión escrita que emitió la responsable no cumple con la formalidad requerida en el artículo 16 Constitucional, que conste por escrito, debidamente fundada y motivada, por lo cual procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, al constituir una ******************** a las formalidades esenciales del procedimiento. Para demostrar esta postura jurídica, en principio, es preciso traer a contexto, el artículo 16 de la Constitución, que en su primer párrafo establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." Como se desprende, el principio de legalidad estatuido en el primer párrafo del invocado artículo 16 Constitucional señala como regla general que los actos de molestia solamente están permitidos a través de mandamiento "escrito" de autoridad competente, en el que se satisfagan los requisitos de fundamentación y motivación; sin embargo, como excepción, alude a los procedimientos en que existe como regla la oralidad, en los que es suficiente que quede constancia del mandamiento por cualquier medio que dé certeza de su contenido. Por tanto, constitucionalmente está permitido que los actos verificados en procedimientos orales, no se registren necesariamente por escrito, sino a través de otros medios (sin que se deje de dar cumplimiento a los restantes aspectos de competencia de la autoridad y de fundamentación y motivación de los mandatos). Sin embargo, este marco constitucional no implica que las normas secundarias adjetivas que regulan un sistema procesal de corte oral, como lo es el penal acusatorio, impidan establecer que, adicionalmente al registro de carácter no escrito de los actos orales, también queden asentados a través de la escritura, ya que lo que la norma constitucional permite es que el registro de los actos procedimentales orales, pueda ser almacenado en un medio diferente del escrito, pero no prohíbe que dichos actos sean registrados también mediante escrito. En ese orden, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé expresamente que determinadas resoluciones del proceso penal acusatorio y oral, deben quedar plasmadas por escrito de forma adicional a su emisión oral en audiencia. En efecto, el artículo 67, párrafo segundo, fracciones III y IV, del referido Código Nacional de Procedimientos Penales, establece al respecto, lo siguiente: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: (.). IV. La de vinculación a proceso; (.) En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario." Del precepto previamente transcrito se desprenden las siguientes premisas: 1) En el Código Nacional de Procedimientos Penales se realizó una precisión respecto de las resoluciones que emite la autoridad judicial, y se dividieron las mismas en sentencias y autos. 2) Dichas resoluciones deben cumplir con requisitos formales que el propio legislador precisó en la norma en estudio. 3) Se estableció una obligación respecto de algunas resoluciones orales, consistente en que deben constar por escrito. 4) Unas de las resoluciones que obligatoriamente debe constar por escrito, entre otras, la vinculación a proceso. 5) Además, se precisó que la resolución escrita jamás debe exceder el alcance de lo establecido en la resolución oral. Así, acorde con lo dispuesto en el invocado numeral 67 del código adjetivo aplicable al caso se desprende la obligación expresa que tienen las autoridades judiciales en materia penal para emitir una versión escrita del auto de vinculación a proceso después de su emisión oral con la restricción de que la versión escrita no deberá exceder el alcance de lo emitido en forma oral. Lo anterior es así, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé derechos fundamentales mínimos que pueden ser ampliados por la legislación secundaria; y, en la especie, el contenido del invocado numeral 67, párrafo segundo, fracciones III y IV, del Código Penal Adjetivo, abona a la seguridad y certeza jurídicas del vinculado a proceso, sobre todo en aquellos casos en que el imputado se encuentra privado de su libertad -como acontece en el asunto que se examina-, pues la falta de documento escrito, con las formalidades previstas en el artículo 16 Constitucional, en relación con la norma secundaria en mención lo coloca en desventaja para conocer los fundamentos y motivos de la correspondiente resolución, ya que en muchas ocasiones, por las condiciones del lugar de reclusión, el imputado no tiene medios tecnológicos para enterarse del contenido del auto de vinculación porque no siempre cuentan con los medios para reproducir la grabación; máxime que, aun cuando el imputado haya estado presente en la audiencia en la que le fue dictada tales determinaciones, en algunos casos no entiende conceptos jurídicos. De esta manera, se concluye que la referida obligación prevista en el invocado precepto legal, constituye un requisito formal que necesariamente debe ser satisfecho, puesto que la prerrogativa contenida en el artículo 16 Constitucional debe estar complementada con la exigencia prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por así disponerlo expresamente el legislador, toda vez que tal circunstancia constituye un acto de reforzamiento y ampliación de los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica, que de forma paralela garantizan el diverso de defensa, ya que la versión escrita de la referida resolución, permite a las partes contar con los argumentos que sirvieron a la autoridad jurisdiccional para emitir el acto de molestia y, de ese modo, estar en aptitud de controvertirlos de mejor manera a través del medio de defensa que estimen pertinente. De aceptar una postura contraria, ningún sentido tendría la distinción que el legislador expresamente efectúa y precisa en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a que cierto tipo de resoluciones, por su trascendencia y grado de afectación que causan al imputado, por excepción, deben constar por escrito, entre ellas, el auto de vinculación a proceso. Por tanto, resulta indefectible cumplir con el requisito de forma, previsto en el artículo 67, párrafo segundo, fracciones III y IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en que el auto de vinculación debe constar por escrito, con la expresa restricción de que no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente; para que, en su caso, el imputado pueda solicitar copia de la referida determinación (por escrito), con lo cual, se insiste, se otorga certeza jurídica y avala de manera amplia su prerrogativa fundamental de defensa, a efecto de hacer valer lo que a su derecho corresponda. Circunstancia que, incluso, se corrobora, si se tiene presente que en el diverso artículo 19, cuarto párrafo, de la Constitución Federal, se prevé la necesidad de que el auto de vinculación a proceso quede fijado por escrito cumpliendo las formalidades descritas, cuando dispone que, si la autoridad encargada del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, no recibe copia autorizada del auto de vinculación a proceso dentro del término constitucional, deberá llamar la atención del Juez y si no recibe la constancia en las siguientes tres horas, lo pondrá en libertad. Así, al referirse al concepto de "copia autorizada", la aludida disposición constitucional supone claramente la necesidad de que exista constancia escrita del auto de vinculación a proceso. En el caso concreto, conforme a las pruebas que acompañó la propia autoridad responsable al rendir su informe con justificación, consistentes en el disco óptico que contiene copia certificada de la carpeta administrativa ******************** (expediente electrónico), y donde se aprecia que existe el acta mínima a través de la cual se desprende que a las catorce horas del día ********************, se llevó a cabo la audiencia inicial para formulación de imputación respecto del quejoso ********************, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de ********************, en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales ********************, así como la correspondiente a la continuación de tal audiencia celebrada el ********************, en la que emitió el auto de vinculación a proceso que se reclama. Por lo que, de las constancias remitidas por el Juez responsable, únicamente se advierte el acta mínima y un extracto (constancia) del auto de vinculación emitido en contra del hoy quejoso, en el que únicamente se describe el delito que se atribuye al quejoso, la formulación de imputación, la oportunidad de declarar que tuvo el imputado, que no existe causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, que los datos de prueba son idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer la comisión de un hecho considerado como delito y la probable responsabilidad del imputado, estableciendo el hecho circunstanciado, su forma de intervención y, por tanto, concluye que se reúne lo previsto en el artículo 19 de la Constitución, por lo que dictó auto de vinculación a proceso del aquí quejoso por el ilícito previsto y sancionado por los artículos 273 párrafos primero y quinto, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de México. Sin embargo, esas actuaciones no pueden hacer las veces de las resoluciones escritas a que se refiere el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en correlación con el artículo 16 Constitucional, esa versión escrita debe contener los fundamentos y motivos en que se basó la responsable para emitir el auto de vinculación a proceso, esto es, no contienen el relato del contradictorio ni las consideraciones por las que la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado en la continuación de la audiencia inicial. Esto es, en la continuación de la audiencia inicial celebrada el ********************, el Juez responsable expuso los datos de prueba, argumentos y fundamentos que tuvo para vincularlo a proceso; empero, en la versión escrita como se puso de relieve con antelación, no se advierten; por lo que, se reitera, la versión escrita no contiene la totalidad de los fundamentos y motivos en que se basó la responsable para emitir el auto de vinculación a proceso, toda vez que no obra el relato del contradictorio ni las consideraciones por las que determinó vincular a proceso al aquí quejoso, por lo que no existe correspondencia entre la determinación en la audiencia oral y la resolución escrita. Resultando necesario que la resolución relativa al auto de vinculación obren por escrito, pues, como ha quedado plenamente evidenciado, así lo establece expresamente la ley de la materia, esto es, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, ya que, se reitera, ningún sentido tendría la distinción efectuada por el legislador, en cuanto a que cierto tipo de resoluciones, por su trascendencia y grado de afectación que causan al imputado por excepción, deben constar por escrito; aunado a que, no debe perderse de vista que es trascendente que los vinculados oralmente, sobre todo cuando se encuentran privados de su libertad -como acontece en el caso-, tengan acceso a conocer ese mandamiento (por escrito) para evidenciar los datos de prueba, fundamentos y motivos que tomó en consideración el Juez, al emitir tal acto; ello, con el fin de garantizar debidamente sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y defensa adecuada. Resulta orientadora al respecto, la tesis II.2o.P. J/14 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA OMISIÓN DE HACERLO CONSTAR POR ESCRITO, DESPUÉS DE SU EMISIÓN ORAL, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.)]. El artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, y penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece taxativamente que deben constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras resoluciones, la de vinculación a proceso; empero, con la expresa restricción atinente a que la versión escrita no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, y habrá de dictarse inmediatamente a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo; de manera que no se justifica prescindir de la versión escrita del auto de vinculación a proceso. Por tanto, si el Juez de Control, después de emitir oralmente su decisión de vincular a proceso, omite dictar su resolución por escrito, resulta inconcuso que el acto reclamado infringió las formalidades esenciales del procedimiento. Sin que sea obstáculo para entenderlo así, la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: 'AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).', la cual se estima inaplicable, ya que dicho criterio derivó de la interpretación y análisis de las legislaciones procesales penales de los Estados de México, Nuevo León y Zacatecas, no así del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye una normativa distinta y posterior que exige la emisión de la versión escrita, en los términos y con las restricciones destacadas. Por ende, no es motivo para dejar de cumplir con la obligación que la actual codificación establece como deber adicional a la celebración de la audiencia, pues dicha obligación paralela, como parte integral del sistema de registro, no fue tema de análisis en la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia." Por tanto, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene disposición expresa, el Juez responsable después de haber tomado la decisión de calificar y ratificar la detención del quejoso, así como de vincular a proceso al quejoso, debió haber hecho constar su resolución por escrito, en las que se contengan los fundamentos y motivos de su conclusión, sin que ésta pueda exceder el alcance de la emitida oralmente, por lo que si omitió hacerlo es dable concluir que el acto reclamado infringe tal formalidad legal. En tales circunstancias, la ******************** apuntada en el acto reclamado, impide pronunciarse sobre el fondo del asunto, pues la resolución escrita del acto reclamado no está debidamente integrada, habida cuenta que no existe correspondencia entre la determinación en la audiencia oral y la resolución escrita, por lo que resulta necesario que sea subsanada tal ******************** adjetiva. Máxime que jurídicamente al suscrito no le está permitido sustituir a la autoridad responsable, ni aún aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando el auto de término constitucional combatido, donde se fija la litis del proceso penal, obligando al promovente del amparo a defenderse, además de lo determinado por la autoridad responsable, de lo decidido por este órgano constitucional, situación que resulta contraria a la lógica jurídica y técnica del juicio de derechos, en virtud de que éste no es una segunda o ulterior instancia en la que se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional Encuentra apoyo esta determinación, en la jurisprudencia 861 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, página 587, cuyo rubro es: "JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Lo anterior, además, permitirá que el quejoso cuente con todos los elementos necesarios para preparar su defensa, de lo contrario la resolución de que se trata revelará deficiencias de fundamentación y motivación, con motivo de la ******************** formal detectada, que no obstante ser advertidas por este Juzgador Constitucional, no puede subsanarlas, porque el artículo 16 de la Constitución Federal, exige que sea la autoridad competente quien funde y motive debidamente sus resoluciones. Por todo lo previamente expuesto, al resultar el acto reclamado violatorio de los derechos de legalidad y seguridad jurídica contemplados en los artículos 16 y 19 Constitucionales, en concordancia con lo previsto en el arábigo 67, segundo párrafo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. Atento al sentido del presente fallo, resulta innecesario el examen de los diversos conceptos de ******************** formulados por el quejoso en su demanda de amparo, porque invariablemente la conclusión a la que se llegaría sería la misma, al no poderse otorgar al solicitante de amparo un mayor beneficio, porque, como ya se expuso, el vicio formal contenido en la determinación reclamada impide el estudio de las diversas cuestiones de fondo planteadas Se estima importante destacar, además, que no constituye obstáculo para resolver de la manera en que se hace, lo definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 1a./J. 34/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Materias Constitucional, Penal, página 125, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS)." Lo anterior, toda vez que de la lectura que se efectúa a la ejecutoria de la Contradicción de Tesis 168/2015, de la que emanó la jurisprudencia en comento, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, analizaron -como el propio rubro lo indica-, las legislaciones del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas; no así el Código Nacional de Procedimientos Penales. Siendo que en dichas legislaciones, no se encontraba previsto que el auto de vinculación debía constar por escrito adicionalmente al emitido de forma oral; sin embargo, dos de los tribunales contendientes en dicha contradicción de criterios, estimaron que aunque las normas secundarias no lo dispusieran así, por exigencia del artículo 16 Constitucional, también debía emitirse vía escrita; resolviendo la Primera Sala del Alto Tribunal del país, al unificar los criterios, que la videograbación de la audiencia en que se emite la vinculación a proceso, es suficiente para respetar la fundamentación y motivación del acto de autoridad. Sin embargo, una situación muy diferente se presenta con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, como ha quedado plenamente evidenciado, dispone en su artículo 67, de forma expresa e inequívoca, que la vinculación a proceso es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral; por tanto, desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto, de donde deviene la inaplicabilidad de la referida jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que tuvo génesis en Códigos -actualmente abrogados- que no disponían que la vinculación a proceso debía constar por escrito. Pero además, no debe perderse de vista que la jurisprudencia citada no prohíbe la emisión escrita de resoluciones en el nuevo sistema de justicia penal, en tanto, sólo realizó una interpretación conforme de la normatividad que ahí se estudió con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que dicho criterio, además de no ser aplicable al Código Nacional de Procedimientos Penales, no contenga alguna limitante para emitir resoluciones por escrito, actualizándose el principio jurídico que señala: "Donde la ley no distingue, al juzgador no le es dable distinguir." De conformidad con lo establecido en los diversos numerales 74, fracción V, y 77 de la ley de la materia, el juzgador deberá determinar de manera precisa los efectos de la sentencia que conceda la protección constitucional y especificará las medidas que las autoridades o los particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento, así como la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado. En consecuencia, el amparo se concede para que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México: 1) Sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial celebrada el ********************, en la carpeta administrativa ********************, en contra de ********************, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de ********************, en agravio de víctima de identidad resguardada de iniciales ********************D., ilícito previsto y sancionado por los artículos 273 párrafos primero y quinto, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de México; y, sin que se requiera verificar una nueva audiencia, en observancia al artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las consideraciones expresadas en esta sentencia, deberá emitir la versión escrita del auto que decretó oralmente, misma que deberá contener todos los fundamentos y motivos en que se basó para emitirlo, en el entendido que, conforme al tercer párrafo del numeral citado, la determinación escrita no deberá exceder el alcance de la dictada oralmente, es decir, no podrá sustituir o complementar lo expresado en la audiencia aludida; y, 2) Al subsanar el mencionado requisito procedimental, tomando en cuenta que tanto la emisión oral el auto de vinculación a proceso decretado en audiencia, como su versión escrita, conforman una unidad; deberá ser nuevamente notificado al ahora justiciable, a fin de que se encuentre en aptitud de ejercer su defensa como lo estime procedente. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 74, fracción VI, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por conducto de su defensor particular ********************contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, hasta hoy dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe. CERTIFICACIÓN DE SENTENCIA. En la misma fecha, Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, hace constar que: la hora y fecha contenida en la evidencia criptográfica de la acta de audiencia constitucional celebrada previamente y resolución que antecede, no coincide con la continuidad en el dictado de la resolución correspondiente, derivado que hasta este momento fue posible su resolución y autorización por el Titular del Juzgado, con motivo de la carga de trabajo que existe en el órgano jurisdiccional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Conste.
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