Natalia Viridiana Reyes Álvarez
Expediente 1732/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1732/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Natalia Viridiana Reyes Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio el treinta de enero de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Archivo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el treinta de enero de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Valoración del incidente. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, en el cual se negó la suspensión definitiva; en consecuencia, glósese dicho incidente, mismo que también es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre en dicho incidente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1. El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************, para el efecto de que la autoridad responsable, Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad: a) Diera contestación al escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, y lo hiciera del conocimiento de la parte quejosa en los términos que la ley prevea. 2. En proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria el anotado fallo y se requirió el cumplimiento a la citada autoridad responsable. 3. En veintiocho de octubre último, se dio vista a la parte quejosa con el informe del Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, al que adjuntó el oficio DEMS/178/2022-2023, que contiene la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que, se señaló: ".En atención a su petición por medio del cual solicita la ministración del recurso a la Asociación Civil "********************" licenciataria administradora del Centro de Bachillerato Comunitario "Josefa Ortíz de Domínguez, con Clave de Centro de Trabajo ********************, ubicado en la localidad ********************, Municipio de Rayón, S.L.P., correspondiente al subsidio del mes de julio de 2021, por un monto de $6,900.00 (Seis mil novecientos pesos 00/100 M.N.), del semestre por el ciclo escolar 2020-2021; así como al de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021, por un monto el primero de $6,900.00 (Seis mil novecientos pesos 00/100 M.N.) y los cuatro restantes por un monto de $13,800.00 (Trece mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), cada uno del semestre non del ciclo escolar 2021-2022, que por Acuerdo Administrativo del Lic. Fernando Silva Nieto, en su calidad de Gobernador del Estado, se ha venido ministrando ininterrumpidamente desde el año 2001 a las Asociaciones Civiles, licenciatarias y administradoras de los Centros de Bachillerato Comunitarios dependientes de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Al respecto le notifico que se encuentra en análisis lo relacionado al ejercicio fiscal 2021." 4. Mediante auto de quince de noviembre del año en curso, este juzgado considero que aún no se encontraba demostrado por parte de la autoridad responsable, que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez que se dijo que su oficio ********************, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, no dio respuesta puntual a lo que le fue solicitado, ya que no preciso temporalidad ni la instancia que estuviera realizando el análisis que ahí indicó; por lo cual se requirió de nueva cuenta a la responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 5. Asimismo, en auto de veinticinco de noviembre de la pasada anualidad, se analizó un oficio suscrito por el Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por el que señaló que este órgano Federal se estaba excediendo en sus funciones, al no concederle valor probatorio a las documentales que previamente había exhibido la responsable, pues consideraba que con ellas se daba cabal respuesta al escrito presentado por la quejosa y se le notificó la misma de manera personal; ello, en tanto que señaló, puesto que sólo se había requerido que se diera contestación al escrito de quince de diciembre de dos mil veintiuno y se lo hicieran del conocimiento a la amparista, pero no bajo qué términos o circunstancias se tenía que plasmar dicha respuesta. Sin embargo, este órgano jurisdiccional estableció que, si bien las documentales que refería, acreditaban que se dio una respuesta al escrito de quince de diciembre de dos mil veintiuno; sin embargo no se había respetado el derecho de petición (como derecho fundamental violentado, motivo de la concesión del amparo); ello, porque tal derecho se respetaba sólo si la autoridad proporcionaba en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla, lo que no había acontecido en el presente asunto, pues únicamente se dijo que estaba en análisis lo relacionado al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. En ese sentido, se le requirió nuevamente a la autoridad responsable, a fin de que informara a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en los términos que precisados y diera respuesta de manera puntual y congruente a lo solicitado por la quejosa y lo hiciera de su conocimiento; 6. Por oficio recibido el uno de diciembre de dos mil veintidós, el Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídico y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, remitió el oficio DEMS/268/2022-2023, que contiene la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Jefe del Departamento de Educación Media Superior de dicha institución, a través del cual manifestó dar contestación al escrito presentado por la quejosa el quince de diciembre de dos mil veintiuno; en los siguientes términos: "En atención a su escrito de fecha 15 de diciembre del año 2021, por medio del cual solicita la Ministración del Recurso a la Asociación Civil "********************" C.C.T. ********************, ubicado en la Localidad ********************, Rayón, S.L.P "correspondiente al mes de Julio del 2021, por un monto de $6,900.00 (seis mil novecientos pesos 00/100 m.n.) del semestre por el ciclo escolar 2020-2021; así como a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021" Al respecto me permito informar que no es posible atender de manera positiva su solicitud en virtud de que el recurso a que hace mención correspondió en todo caso al presupuesto de egresos autorizado para el año fiscal a que señala su ejercicio, es decir para ejercicio fiscal 2020-2021, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que señala: "ARTÍCULO 23. En el ejercicio de sus presupuestos, los poderes, Legislativo; y Judicial, entes autónomos, y las dependencias y entidades se sujetarán, estrictamente, a los calendarios de presupuesto autorizados por la Secretaría en los términos de las disposiciones aplicables. ARTÍCULO 48. Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos, sólo procederá hacer pagos con base en éste por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, y hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse." Determinación sobre el cumplimiento. Atento a lo anterior, la suscrita estima que la ejecutoria de amparo no ha sido acatada en sus términos por lo siguiente: Si bien es cierto, la autoridad responsable, el treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitió una respuesta a la petición elevada por la quejosa ******************** mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno; lo cierto es que la misma no es congruente con aquélla. Es así, pues como ya quedó reseñado con antelación, la quejosa ******************** presentó su ocurso el quince de diciembre de dos mil veintiuno, y en la respuesta, la autoridad señala que no es posible atender de manera positiva su solicitud, en virtud de que el recurso que señaló en dicho líbelo, correspondió en todo caso al presupuesto de egresos autorizado para el año fiscal 2020-2021; sin embargo, la incongruencia en la contestación de la autoridad responsable, deviene del hecho de que, dejó de considerar que la petición elevada por la amparista, fue presentada en el año dos mil veintiuno, esto es, dentro del periodo que refiere la propia autoridad. En ese sentido, no era viable analizar la petición de la quejosa ********************, con base en la fecha en que fue emitida dicha contestación ni siquiera a la que se emitió el fallo amparatorio, sino a la luz de la data en que se presentó el ocurso respectivo (quince de diciembre de dos mil veintiuno, según se desprende de los sellos de recepción que obran en el acuse respectivo). Por lo anterior, se reitera, en el caso no se ha dado cabal respuesta a la solicitud hecha por la citada amparista, pues la analizada en esta determinación carece de la congruencia que se requiere para ello. Requerimiento. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, a fin de que, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, dando respuesta de manera puntual y congruente a lo solicitado por la quejosa (partiendo de la fecha de presentación del escrito de petición) y lo haga del conocimiento de la misma; debiendo remitir copia debidamente certificada de las constancias con las que así lo acredite. Apercibimiento. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, de no informar los motivos de manera motivada, fundada y clara, dentro del plazo legal concedido, se hará acreedor a una multa por el equivalente a ciento cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo citado en primer término. Sin que sea necesario abundar en las consideraciones expuestas por la parte quejosa en el ocurso recibido en este juzgado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, dado lo resuelto en la presente determinación. Notifíquese por medio de lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio que se remita a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido del informe justificado con el que se dio vista en proveído de trece de enero pasado, y manifiesten lo que a su derecho convenga. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar, se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a estudiar si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo. Antecedentes. 1.1. A efecto de iniciar el estudio propuesto, es menester precisar que, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: "1) Reintegre a la parte quejosa las cantidades que correspondan respecto de los descuentos realizados a sus pensiones de jubilación y viudez, identificadas con los números ******************** y ********************, respectivamente, a partir de la presentación de la demanda de amparo, es decir, del veinte de agosto de dos mil veintiuno; y, 2) En lo subsecuente, dejen de realizar los descuentos ordenados a dichas pensiones, con motivo de aplicación del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.". 1.2. En sesión ordinaria virtual de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, relativo al recurso de revisión interpuesto contra el aludido fallo, por parte de la quejosa, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en lo que interesa, confirmó la sentencia impugnada, en lo que respecta a la concesión del amparo, dejando intocado el sobreseimiento decretado. 1.3. En proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el testimonio de la citada resolución y se requirió a la responsable, a fin de que informara el cumplimiento dado a la citada ejecutoria. 2. Informes sobre el cumplimiento. La apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en San Luis Potosí, hizo llegar el oficio ******************** emitido por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el cual se informó a ********************: Que no se aplicaría en su perjuicio la limitante prevista en el artículo 12, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Que no se efectuaría descuento alguno con motivo del acto reclamado en las pensiones números ******************** y ******************** de viudez y jubilación; y Que derivado de la consulta, en el Sistema de Nómina Histórica, de la cuenta de nómina de la quejosa se advirtió que no se realizó descuento alguno por concepto 48 -incompatibilidad de pensión-, por lo que no existen adeudos pendientes que pagar a su favor. 3. Valoración probatoria. 3.1. Documental a la cual se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que resultan suficientes para demostrar: i. Que no se efectuó descuento alguno en perjuicio de la quejosa, correspondiente a la aplicación del artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; ii. Ordenó no realizar, en lo subsecuente, descuento alguno a la quejosa con motivo de la aplicación del numeral anteriormente mencionado. Con los informes anteriores se dio vista a la quejosa para que formulara manifestaciones, sin que lo hubiese hecho, ni se hubiese inconformado con lo expuesto por la responsable. 4. Determinación respecto del cumplimiento. Ante tal acreditación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento del fallo protector, pues es evidente que se restituyó a la disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declarar cumplido el fallo de mérito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista; y mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.
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