Natalia Rosalba Pineda Carrera
Expediente 953/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Natalia Rosalba Pineda Carrera
Actuaciones
- Principal
MESA "... V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, contra actos de la Integrantes de la Sala Regional del Sur del Estado de México, y Auxiliar en materia de pensiones civiles con residencia la ciudad de Toluca, y otras autoridades. ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. ********************Este juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. ********************Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ********************Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". ********************Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama ********************De las autoridades responsables: ********************-La omisión de hacer cumplir la sentencia dictada el trece de febrero de dos mil veinte, en el juicio ordinario ********************3-4. ********************Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Existencia de los actos reclamados Al rendir su informe justificado, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, de las manifestaciones que aduce, se advierte la existencia del juicio ordinario ...****************** en el cual se encuentra pendiente el cumplimiento total de la sentencia de trece de febrero de dos mil veinte; por lo que, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se desvirtúa la negativa de la responsable y se tienen por ciertos los actos que se le reclaman. Certeza que se corrobora con las constancias que en copia certificada remitió en apoyo la Sala responsable, deducida del juicio ordinario ********************3-15-01-4, a la que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis visible en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. ******************** Respecto al acto reclamado al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Oaxaca, se presume cierto, pues no rindió informe justificado, a pesar de haber sido legalmente notificados de su solicitud. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitió la Sala responsable, las cuales previamente fueron valoradas y de las que se deduce lo siguiente: 1. El trece de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia en el juicio ordinario de origen, mediante el cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que dentro del plazo de cuatro meses, la autoridad demandada emitiera una resolución expresa, fundada y motivada, incrementara la pensión, detallando el procedimiento llevado a cabo, en caso de que resulte alguna diferencia a favor de la parte actora, realice el ajuste correspondiente, así como de las prestaciones que también se vean afectadas por dicha modificación, y hacerle entrega a la actora de dicha diferencias debidamente actualizadas. 2. El ocho de diciembre de dos mil veintidós, la aquí quejosa interpuso el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia emitida el trece de febrero de dos mil veinte. 3. En acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, la Sala responsable inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; por lo que requirió a la autoridad demandada para que dentro del plazo de tres días cumpliera con la sentencia definitiva; apercibiéndola con imponerle multa en caso de no hacerlo 3. Por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el cual al considerar que la autoridad demandada no cumplió con el requerimiento formulado el veintisiete de enero del mismo año, dentro del plazo concedido para ello; impuso al Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, una multa por la cantidad de ... Y requirió a la autoridad demandada el cumplimiento de la sentencia, apercibiéndola con la imposición de una multa en caso de no hacerlo; además de apercibirlo con hacer de conocimiento lo anterior a su superior jerárquico. Sin que hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo, se hubiera logrado el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen. Acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. ********************La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". ********************Al no actualizarse ninguna causa de improcedencia, lo procedente es entrar al fondo del asunto. ********************SEXTO. Conceptos de violación. ******************** ******************** La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". ******************** No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: 1. Se vulnera en su agravio el artículo 17 de la Constitución Federal, pues a pesar de existir sentencia firme y ejecutoriada; y haber transcurrido en exceso los plazos concedidos para su cumplimiento, la Sala Regional del Sureste no ha realizado las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir íntegramente los términos de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo. ********************2. Que las autoridades demandadas omiten injustificadamente acatar la sentencia. ********************SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, mediante los cuales señala que el acto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues hasta el momento no se ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario tradicional ********************3-4. En primer término, cabe precisar que en los procedimientos jurisdiccionales como administrativos, rigen los principios de seguridad jurídica y tutela jurisdiccional efectiva reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, por tanto, toda autoridad que actúa con imperio tiene la obligación de observar en todo momento el contenido de dichos principios. En ese tenor, lo que se busca es que las instancias, cualquiera que sea su naturaleza, constituya un mecanismo eficaz y confiable en el que el particular obtenga atención en breve término, a fin de no violentar el artículo 17 Constitucional. Así, del citado precepto constitucional, se desprenden cinco garantías a saber: 1) La prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano". 2) El derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia. 3) La abolición de costas judiciales. 4) La independencia judicial. 5) La prohibición de la prisión por deudas del orden civil. Como derechos de las personas, éstos constituyen limitaciones al poder público, en cualquiera de sus tres manifestaciones tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Bajo esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: Pronta. Se refiere a que las resoluciones que dicten los tribunales, deberán emitirse dentro de los plazos que fijen las leyes. Completa. Significa que antes de emitir la resolución que en derecho proceda, el Tribunal deberá examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos y resolver el caso de manera integral. Imparcial. Se traduce en que los tribunales por naturaleza propia deben dictar sus fallos con equidad y justicia, atentos al principio de igualdad procesal entre las partes; es decir, el juzgado debe tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos y pruebas aportadas y resolver a favor de la parte que hubiese aportado elementos de convicción definitivos. Gratuita. Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Plena ejecución. La cual versa en el sentido de que las resoluciones que constriñan a su acatamiento, tendrán que realizarse en la forma en que se haya fallado dentro de ella misma, es decir, deberá darse cumplimiento a lo resuelto por los órganos jurisdiccionales en los términos y condiciones que se dijeron en la misma, obligación a la que por regla general nadie puede eximirse alegando alguna circunstancia ajena a la litis. Estos atributos concernientes a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala, en la tesis visible en el Apéndice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VI, común, P.R. SCJN, página 95, registro 922523, del texto siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En ese orden, respecto al principio de justicia pronta previsto en la garantía de acceso a la justicia, debe indicarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo identifica también como una garantía a la tutela jurisdiccional y la define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, consultable en la página ciento veinticuatro, tomo XXV, abril de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 172759, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Asimismo, la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala, en la tesis visible en el Apéndice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VI, común, P.R. SCJN, página 95, registro 922523, del texto siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Bajo ese contexto, el imperativo constitucional previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones, pues la garantía de acceso a la administración e impartición de justicia se haría nugatoria si las resoluciones no fueran acatadas de manera pronta y expedita, por quien se encuentra obligado a ello. Por otra parte, los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, concerniente al procedimiento de ejecución de sentencia, establecen: "ARTÍCULO 52. La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez de la resolución impugnada. II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. III. (Se deroga) IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto. Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 6o. de esta Ley". "ARTÍCULO 57. Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana. b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada. Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta Ley. Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia". "ARTÍCULO 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento." De los citados preceptos se advierte el procedimiento de ejecución de sentencias que fue diseñado para lograr el cumplimiento de las mismas de una forma eficaz, sencilla y rápida; además, que el tribunal fiscal se encuentra constreñido a realizar todas las gestiones administrativas necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución. Resulta aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 15, febrero de 2015, tomo III, registro 2008521, del texto siguiente: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 57 Y 58 DE LA LEY RELATIVA, ES EFICAZ, SENCILLO Y RÁPIDO, A FIN DE HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. El artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la independencia y autonomía del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para resolver los litigios y dictar sus fallos con base en su ley orgánica, brindando a los Magistrados que lo integran las condiciones necesarias para que administren justicia de forma independiente, imparcial y eficaz; sin embargo, conviene precisar que la autonomía e independencia del mencionado tribunal, no sólo se hace patente en el dictado de sus fallos, sino también en la ejecución para el cumplimiento de sus propias determinaciones, toda vez que para lograr lo anterior, tiene a su alcance un procedimiento específico para la ejecución de sentencias, previsto en los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En tal virtud, el tribunal fiscal se encuentra constreñido a realizar todas las gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución, consistente en la imposición de una multa a la autoridad demandada y a su superior; dar vista a la contraloría interna correspondiente de los hechos, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario causante del incumplimiento y el seguimiento a ese procedimiento; el que es eficaz, sencillo y rápido, a fin de hacer cumplir sus determinaciones". En el caso, del análisis de las constancias que integran este asunto, se advierte lo siguiente: La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó sentencia el trece de febrero de dos mil veinte, en el juicio ordinario tradicional **************************************** mediante el cual declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que dentro del plazo de cuatro meses, la autoridad demandada emitiera una resolución expresa, fundada y motivada, incrementara la pensión, detallando el procedimiento llevado a cabo, en caso de que resulte alguna diferencia a favor de la parte actora, realice el ajuste correspondiente, así como de las prestaciones que también se vean afectadas por dicha modificación, y hacerle entrega a la actora de dicha diferencias debidamente actualizadas. Sin embargo, hasta la fecha en que se resuelve, no hay evidencia de que se haya ejecutado la resolución de trece de febrero de dos mil veinte, dentro del plazo que señala la ley del acto y, a pesar de ello, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no ha realizado todos los actos que establece el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para asegurar el pleno cumplimiento de la sentencia, como a continuación se expone: 1. Ante el incumplimiento de la sentencia por parte de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debió requerir el acatamiento de ese fallo en el plazo de tres días por medio de su superior jerárquico. 2. Si a pesar de ese requerimiento continuara el incumplimiento de la sentencia, deberá imponer al superior jerárquico, una multa como medio de apremio. 3. En otro apartado, si la Sala responsable, considerara que por la naturaleza de la sentencia y en caso de que así lo permita, podrá comisionar a un funcionario jurisdiccional dentro del organigrama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. 4. Finalmente, la Sala responsable, tiene la facultad de poner en conocimiento de la Contraloría Interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los hechos, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. En ese sentido, se pone de manifiesto que el proceder de los integrantes de la Primera ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vulnera en perjuicio de la parte peticionaria del amparo el derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que, como se evidencia, desde la emisión de la sentencia hasta la fecha en que se resuelve el presente asunto ha transcurrido más de los cuatro meses sin que se haya logrado el cumplimiento de la resolución de trece de febrero de dos mil veinte, en el juicio de nulidad **************************************** de conformidad con la legislación ordinaria, inobservando el seguimiento del trámite de ejecución en términos de ley, con lo cual, dejaron al libre arbitrio de la autoridad demandada el plazo para dar cumplimiento a la precitada sentencia. En razón de lo anterior, es innegable la dilación para que se le administre justicia a la parte quejosa, que se traduce en la omisión de dictar las medidas conducentes de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que las autoridades demandadas cumplan con la sentencia de trece de febrero de dos mil veinte, en el juicio de nulidad ********************3-4; actualizándose violaciones de carácter negativo o abstenciones de las autoridades responsables de apegar sus actuaciones a los plazos y términos legalmente establecidos, y retardarse con ello injustificadamente el cumplimiento de la referida sentencia ejecutoriada, contraviniéndose el citado dispositivo 17 constitucional. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************, para el efecto de que la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con libertad de jurisdicción realice lo siguiente: 1. Inmediatamente emita las determinaciones conducentes en el juicio de nulidad **************************************** en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que las autoridades demandadas, dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del requerimiento que para tal efecto realice, cumplan plenamente con la sentencia de trece de febrero de dos mil veinte, lo cual, significa que deberán ser diligentes en el trámite de la ejecución de dicha sentencia, a efecto de que éste no quede paralizado. 2. Lo anterior, sin perjuicio que dicte otras medidas que abonen a lograr el cumplimiento de la sentencia de mérito, de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por su parte, la autoridad perteneciente a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus funciones: De inmediato den cumplimiento total a la sentencia de trece de febrero de dos mil veinte, en el juicio de nulidad ********************3-4. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra actos de la Sala Regional del Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra autoridad, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se observa que conforme a los Avisos de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmados electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distrito, ambos del Décimo Tercer Circuito, el dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Circular 28/2023 emitida en esta última fecha por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distrito, ambos del Décimo Tercer Circuito, el veinticinco de este mes, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca suspendió labores jurisdiccionales los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, durante los cuales no transcurrieron plazos procesales. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, toda vez que obran en su totalidad las constancias de notificación practicadas a las partes, de la sentencia pronunciada en este expediente, así como del proveído por medio del cual se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión. Con apoyo en el artículo 89 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, en turno, para la substanciación de dicho medio de impugnación, el original del presente expediente, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios del aludido recurso. Finalmente, de conformidad con el artículo 26 y 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y el tribunal de alzada tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************REGISTRO DE EXPEDIENTE****************************************De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 953/2023.****************************************INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO****************************************Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo.****************************************Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía.****************************************Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas.****************************************PARTE QUEJOSA************************************************************, por propio derecho y parte actora en el juicio de origen.****************************************AUTORIDAD RESPONSABLE****************************************1. Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, con residencia en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México.****************************************2. Responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca.****************************************ACTO RECLAMADO****************************************De la autoridad marcada con el número "1": la omisión de realizar acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia de trece de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo ********************, que la parte quejosa promovió contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, de quien reclamó diversas prestaciones.****************************************De la autoridad señalada con el ordinal "2": la omisión de acatar la mencionada resolución y realizar actos dilatorios y prolongados****************************************DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS****************************************Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Federal.****************************************ADMISIÓN DE LA DEMANDA****************************************Con fundamento en los artículos 107, fracción XII, Constitucional, 1º, fracción I, 3º, 5º, 37, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de cuenta.****************************************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN****************************************Si bien la parte quejosa no solicita expresamente la apertura del cuaderno incidental correspondiente, cierto es que en el punto petitorio tercero pidió se le otorgue la suspensión provisional y posteriormente la definitiva del acto reclamado.****************************************Por tanto, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se posterga la apertura del incidente de suspensión respectivo, hasta en tanto, de ser el caso, la parte quejosa exhiba las correspondientes copias de la demanda de amparo y su anexo, ya que sólo exhibe tres y en el caso son necesarias cuatro, a distribuirse de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables, una para la Fiscal de la Federación adscrita y una para el incidente de suspensión.****************************************Esto último, en razón a que conforme a lo dispuesto en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 147 y demás aplicables de la Ley de Amparo, así como el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, únicamente se forma el original del cuaderno incidental.****************************************SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO****************************************Solicítese a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acompañando, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo.****************************************Dígase a las autoridades responsables que podrán rendir su informe justificado al correo electrónico oficial 8jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; y que ya no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. ****************************************CAUSA DE SOBRESEIMIENTO****************************************Por otro lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten; a su vez, comuniquen si se promovió diverso juicio de amparo en el expediente del que deriva el acto reclamado, debiendo expresar el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de dicho juicio y en su caso, remitan copia certificada de las constancias correspondientes; en la inteligencia que de no proporcionar dichos datos, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá como medio de apremio una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización vigente.****************************************AUDIENCIA CONSTITUCIONAL****************************************Cítese a las partes a la audiencia constitucional que se celebrará a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.****************************************INTERVENCIÓN MINISTERIO PÚBLICO****************************************Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete.****************************************NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE****************************************En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista electrónica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal.****************************************Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.****************************************Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".****************************************Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación.****************************************HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES****************************************De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos.****************************************PRUEBAS****************************************Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que exhibe la parte quejosa con su demanda de cuenta, la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional.****************************************Mientras que, atinente a la prueba de informes que menciona, de estimarlo procedente, se proveerá lo que en derecho corresponda una vez que conste en actuaciones el informe justificado de las autoridades responsables.****************************************DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES****************************************Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica y, como autorizados para ello, a las personas que refiere.******************** ********************COMUNICACIONES NO PROCESALES****************************************Se tiene a la impetrante del amparo señalando el número telefónico y los correos electrónicos que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. ****************************************JUICIO EN LÍNEA****************************************En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; a través del cual podrán presentar promociones y realizar la consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección .... ****************************************FIRMA ELECTRÓNICA****************************************Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica.****************************************PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES****************************************Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. ****************************************AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE OFICIOS****************************************Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firmen los oficios que deriven de este asunto.****************************************NOTIFÍQUESE.***************************************
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