Natalia Murrieta Martínez

Expediente 570/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
570/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Natalia Murrieta Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    ... transcurrió el término... para interponer recurso de queja contra el proveído en que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya hecho uso de ese derecho... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos de la Autoridad Sustanciadora de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial adscrita a la Contraloría adscrita a la Contraloría General de la Universidad Veracruzana, con sede en esta ciudad; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 570/2020. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, el articulo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio, procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Lo anterior, implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material a derechos sustantivos. En ese sentido, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal manera que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una afectación jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. Sobre el tema de la determinación judicial emitida en un juicio en que se declara que no ha operado la caducidad de la instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que ello no es impugnable en el juicio de amparo indirecto, por no afectar derechos sustantivos, como se observará en la tesis que se citará con posterioridad, la cual es de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo HECHOS Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, emitida en el expediente *** por la Autoridad Sustanciadora de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial adscrita a la Contraloría adscrita a la Contraloría General de la Universidad Veracruzana, con sede en esta ciudad. Asimismo, se advierte que en dicha resolución la autoridad responsable declaró infundados los recursos de reclamación interpuestos por diversas personas, entre ellas, la parte quejosa, en contra del acuerdo de Admisión del Informe de Responsabilidad Administrativa de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Jefa del Departamento de Substanciación adscrita a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Contraloría General de la Universidad Veracruzana, en su calidad de Instancia Substanciadora en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número ***. De igual forma, se advierte que confirmó el Acuerdo de Admisión referido, ordenó la continuación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número ***, que se instruye, entre otros, en contra de la parte quejosa y señaló las diez horas del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia inicial en el procedimiento referido. CONCLUSIÓN En ese sentido, se concluye que el acto aquí reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución, sino únicamente derechos adjetivos de la parte quejosa, que en su caso, generarían violaciones procesales, pues en caso de que obtenga una resolución desfavorable a sus intereses en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número ***, podrá hacer valer sus derechos a través de los medios legales procedentes contra dicha resolución. Por lo tanto, se actualiza la indicada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio. AUTORIZADOS, ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES Como lo solicita la parte quejosa, se facultan como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** y ***, debido a que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; asimismo, se autorizan únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos al profesionista restante por no contar con dicho registro. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico", publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, se autoriza a *** y ***, con claves de usuario *** y *** para recibir notificaciones vía electrónica; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva, así como el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio de que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta. Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, pues debido a la contingencia sanitaria que aqueja al país y a fin de evitar la propagación del virus COVID-19, se determina que las notificaciones en este asunto se realicen vía electrónica, de conformidad con lo establecido por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Se solicita a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.) que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. ACUERDO RELATIVO AL CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que en términos del artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de considerarse necesarios, se tomarán en cuenta como medios de comunicación el correo electrónico y el número telefónico que indica en la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Los artículos 1o y 4o constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo.

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