Natalia MartìNez Doreteo

Expediente 341/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
341/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • Natalia MartìNez Doreteo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos la diligencia de ratificación del escrito presentado por *** , por propio derecho y en su carácter de apoderada de ***, también conocida como ***, todos de apellidos ***, a través del cual se desiste del presente juicio constitucional. Al respecto, se estima conveniente formular las siguientes precisiones en torno a la figura jurídica del desistimiento. En materia de amparo, el desistimiento de la demanda se encuentra catalogado como una causa de sobreseimiento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." Como puede observarse, el desistimiento en el juicio de amparo se encuentra catalogado como una causal de sobreseimiento, siempre y cuando el quejoso ratifique el escrito en el que lo solicite, por lo que el desistimiento de la demanda de amparo implica, entre otras consecuencias, dar por terminado el juicio y retrotraer la situación legal al estado en que se encontraban las cosas antes de iniciar el procedimiento constitucional; por lo tanto, para que el juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad tanto en la intención del promovente, como en la resolución que se debe dictar al respecto, para decretar el sobreseimiento a que se refiere el antes citado artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, resulta indispensable que el escrito de desistimiento presentado por el quejoso sea ratificado por éste ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, pues de otra manera, debe continuarse con el procedimiento del juicio. En efecto, el ordenar la ratificación del quejoso de su escrito de desistimiento no constituye una mera formalidad del juzgador de amparo, sino que tiene como finalidad, por una parte, el de cerciorarse de la identidad del que se desiste; y por otra, saber si dicho quejoso preserva su propósito inicial de dar por concluido el procedimiento que inició, todo ello con la finalidad de evitar al promovente los graves perjuicios que puede acarrear el sobreseimiento del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." En el caso, se tiene que Natalia Martínez Doroteo, también conocida como María Natalia Martínez Doroteo, por propio derecho en su carácter de apoderada de Aida, Joel, Yolanda, Catalina, también conocida como María Flor Catalina, Valentín y Rogelio, todos de apellidos Martínez Martínez, compareció personalmente en las instalaciones de este juzgado federal el ocho de marzo de dos mil diecinueve, a fin de ratificar el escrito en virtud del cual manifestó que, por así convenir a sus intereses y a los de sus representados, se desistía de la tramitación del presente juicio de amparo, tal como se constata con la diligencia de ratificación de contenido que obra agregada en autos, lo cual genera la certeza y seguridad suficiente de que la parte promovente desea dar por concluido el procedimiento constitucional que inició. Se afirma lo anterior, pues del instrumento notarial número cinco mil setecientos seis, firmado ante la fe del Notario Público Número Tres de Tepeaca, Puebla, se advierte que se le otorgó a María Natalia Martínez Doroteo, en su carácter de apoderada de Aida, Joel, Yolanda, Catalina, también conocida como María Flor Catalina, Valentín y Rogelio, todos de apellidos Martínez Martínez, todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley. Tiene aplicación la jurisprudencia siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 2587, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contiene un precepto correlativo al artículo 14 de la legislación abrogada, que requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional, también lo es que como tal ordenamiento no regula el contrato de mandato, sino sólo permite su ejecución, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna, en tanto que la exigencia del legislador de comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez, lo que se traduce en que debe atenderse al Código Civil Federal, de cuyo artículo 2587, fracción I, se advierte que el procurador necesita poder o cláusula especial para desistirse; de ahí que para que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, si bien no se requiere una cláusula que, específicamente, autorice el desistimiento -en esos precisos términos-, sí es necesario que el órgano que conozca del juicio examine, a la luz del poder general, si al apoderado le fue conferida la facultad de desistirse de las acciones a que se refiere el artículo 2587, fracción I, citado, que exige poder o cláusula especial para ese efecto, pues sólo en caso de que así sea, será válido otorgar eficacia a la ratificación del escrito de desistimiento, siendo suficiente para ello que en el instrumento se exprese que el poder general se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal." En consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo y se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con treinta minutos del catorce de marzo de dos mil diecinueve. En el entendido de que incluso si la parte quejosa pretendiera abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no sería posible que la retractación surtiera efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el multicitado artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Archivo. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Destino del cuaderno principal. De conformidad con el acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Transferencia al centro archivístico judicial. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.  Devuelve despacho diligenciado. Finalmente, agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, por el que devuelve debidamente diligenciado el despacho 43/2019, con número de orden 59/2019, del índice de este juzgado, por el que se solicitó que en auxilio de este órgano jurisdiccional, emplazara al tercero interesado Comisariado Ejidal del Poblado de Cuapiaxtla de Madero, Puebla; lo anterior, sin mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes; acúsese recibo de estilo. Asimismo, dese de baja el despacho de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Representantes del Comisariado Ejidal de Cuapiaxtla de Mdero, se apersonan. Agréguese a los autos el escrito de cuenta con anexos, de ********************, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del ********************, Estado de Puebla (a través del cual se apersonan al presente juicio); personalidad que se les reconoce en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, con las copias certificadas de las credenciales con número ******************** expedidas por el Registro Agrario Nacional. Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado a los promoventes con el carácter que ostentan. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su escrito de cuenta. Autorizado. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, quienes tienen debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.

  3. Principal

    Se ordena ratificar desistimiento. Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la parte quejosa Natalia Martínez Doroteo, por medio del cual se desiste del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, a fin de que este órgano de control constitucional se cerciore de la real voluntad de la parte quejosa, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a la ocursante para que en el término de tres días, acuda debidamente identificada; es decir, con identificación oficial vigente con fotografía (cédula profesional, pasaporte, credencial de elector, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley General de Población) y una copia de la misma, ante la presencia judicial a ratificar el escrito y firma de cuenta, con el apercibimiento que en caso de ser omisa, se le tendrá por no desistida y se continuará el trámite del presente juicio. Sirve de apoyo a la anterior, la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, visible en la página 295, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone lo siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la parte quejosa ..., por medio del cual se desiste del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, a fin de que este órgano de control constitucional se cerciore de la real voluntad de la parte quejosa, en términos del artículo 63, fracción I , de la Ley de Amparo, se requiere a la ocursante para que en el término de tres días, acuda debidamente identificada; es decir, con identificación oficial vigente con fotografía (cédula profesional, pasaporte, credencial de elector, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley General de Población) y una copia de la misma, ante la presencia judicial a ratificar el escrito y firma de cuenta, con el apercibimiento que en caso de ser omisa, se le tendrá por no desistida y se continuará el trámite del presente juicio.

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