Natalia Lizeth Salazar Passament

Expediente 13/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
13/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/02/2022

Partes del expediente

  • Natalia Lizeth Salazar Passament

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de seis de enero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo no obstante encontrarse legalmente notificada de dicha determinación. Por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso b) y d), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se tuvo por desechada la demanda y dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso Natalía Lizeth Salazar Passament, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, regístrese en el Libro Uno de Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 13/2022-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, previo a acordar lo conducente sobre la admisión de la demanda de trato, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes Ahora, del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conduce al desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo. Ello, pues la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la responsable en acordar el escrito presentado ante la misma el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por el cual solicita la aclaración del nombre de la parte actora (aquí quejosa) dentro del juicio laboral 680/4/2018. En la especie, quien aquí resuelve advierte que es improcedente el juicio biinstancial, pues acorde al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, éste procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, siempre y cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. El objetivo primordial de que contra actos en ejecución de sentencias, sólo proceda en los términos antes indicados, radica en que el propósito del legislador busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad predominando la celeridad que debe otorgarse al procedimiento de ejecución de las sentencias, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de las mismas a favor del actor en el menor tiempo posible, evitando así la promoción de múltiples amparos contra actos o resoluciones intermedias que obstaculicen su ejecución, de tal forma que el amparo indirecto sólo procede una vez agotado el principio de definitividad contra la última resolución pronunciada cuando se tiene por cumplida la sentencia, o declara su imposibilidad material o jurídica de cumplimiento. En ese sentido la Primera Sala del Alto Tribunal ha establecido criterio en el sentido de que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, y dicho procedimiento no necesariamente inicia con el requerimiento al demandado para que dé cumplimiento forzoso y está encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. Desde esa perspectiva, ha quedado establecido que la ratio legis de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, lo que también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado, y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. En ese mismo orden de ideas, el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas del propio Tribunal, estableció que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución, no solo debe cumplirse el hecho de que sean dictados en dicha etapa, sino que también deben ser ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Y estableció que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. La determinación antes precisada fue deducción que el propio Pleno del Alto Tribunal, realizó de la fracción III del artículo 114 de la abrogada ley de la materia, cuyo texto guarda identidad con la norma vigente; donde enfatizó que dicha fracción establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, pero sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. El anterior criterio dio pie a la jurisprudencia P./J.108/20103, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." [Énfasis propio] Ahora, en el caso concreto, como se indicó, la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable en acordar el escrito presentado ante la misma el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por el cual solicita la aclaración del nombre de la parte actora (aquí quejosa) dentro del juicio laboral 680/4/2018, y en ese sentido, es claro que el presente juicio biinstancial es improcedente, pues se deduce que la omisión reclamada no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia dictado en el juicio natural, dado que no se desprende que se aprobara o reconociera el cumplimiento total de aquélla, tampoco con dicha determinación se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordenó su archivo, sino que se trata de un acto emitido en ejecución de sentencia que no afecta a un derecho sustantivo de la parte quejosa, ajeno a la cosa juzgada De ahí que no será, sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución cuando proceda el juicio amparo indirecto, en el cual la ahora quejosa podrá impugnar la resolución de mérito, la cual en su caso, podría constituir una violación al procedimiento de ejecución que de trascender al resultado final de dicho procedimiento puede ser reparado por la vía del amparo biinstancial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por las razones expuestas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente ES DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de que nos ocupa. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Carlos Morales Castillo y únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones a Ireri Azeneth Bautista Sánchez, en virtud de así haberlo solicitado. Asimismo, en atención a la solicitud realizada por la promovente, consistente en que se le autorice consultar el expediente electrónico, dígasele que dicha consulta la podrá hacer en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, lo cual podrá realizar con el nombre de usuario "luiscarlos1986", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, Encargada del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, ante Mario Alberto Lara Escalante, Secretario quien autoriza y da fe.

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