Natalia Irazú Delgado López
Expediente 30/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/02/2023
Partes del expediente
- Natalia Irazú Delgado López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
AHORA MESA IV. VISTOS, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 30/2023-VII; y, Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se; R E S U E L V E : PRIMERO.- Se niega la suspensión definitiva a ********************, que solicitó contra el acto y autoridad mencionados en los considerandos Primero y Segundo y para los efectos precisados en el Tercer considerando. SEGUNDO.- Se concede la suspensión definitiva a ********************, que solicitó contra el acto y autoridad mencionados en los considerandos Primero y Segundo y para los efectos precisados en el Cuarto considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Vadim Ambriz Tapia, secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito (con anexos) de cuenta, por medio del cual, la quejosa desahoga la prevención realizada en acuerdo de fecha doce de enero de dos mil veintitrés. En ese sentido, téngase a la quejosa dando cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional el doce de enero de dos mil veintitrés, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento formulado. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por ****, por propio derecho, contra la resolución de fecha diecinueve de diciembre dos mil veintidós, dictada en el toca número ********************, con motivo del recurso de apelación, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós dictada por la Jueza Segunda Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido por ******************** y********************, en el expediente ********************; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Asimismo, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por separado, con copia de la demanda de amparo, fórmese el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con treinta minutos del uno de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación, solicitándole privilegien el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá, en lo individual, una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el supuesto de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como sustento al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado de Distrito; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá, en lo individual, una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberán hacer comunicación alguna. Por otra parte, dado que de la demanda de amparo se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a Iliana Irazu López Serrano, se comisiona a cualquiera de los actuarios, para que emplace al presente sumario constitucional a la referida tercera interesada, con copia de la demanda, así como del presente acuerdo; constancias que para tal efecto se anexan; de igual forma, le haga de su conocimiento el derecho con que cuenta para apersonarse al presente juicio, ofrecer pruebas y formular alegatos. Ahora bien, respecto a la solicitud de las copias por duplicado de la suspensión provisional, se hace de su conocimiento que el incidente de suspensión se maneja por cuerda separada del presente juicio de amparo. Por otra parte, es necesario precisar que de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para un Juez de Distrito un "hecho notorio" lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, los cuales pueden ser invocados de oficio, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, lo cual se afirma con las consideraciones que rige la Tesis de jurisprudencia XXII J/2, sustentada por el Tribunal colegiado del Vigésimo segundo Circuito, publicada en la página 295 del tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y Novena Época, cuyo rubro a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Por ello, considerando que se encuentra registrado un juicio de amparo, en el que se reclama el mismo acto, aunque por diverso quejosos, por lo que, éste y aquel guardan una relación que de ser estudiados de manera separada, podría dar lugar a emitir sentencias contradictorias, razón por la cual, se plantea de oficio la acumulación del expediente en que se actúa 30/2023-VIII al 29/2023-VIII. Para sustentar el objeto de la presente determinación conviene precisar lo que el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece: "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo." En ese orden de ideas, se desprende que en ambos juicios se reclaman de la misma autoridad responsable; la resolución de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca número ********************, con motivo del recurso de apelación, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós dictada por la Jueza Segunda Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México en el Incidente de Liquidación de Pensiones Alimenticias promovido por ******************** y********************, en el expediente ********************; por lo que con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se estima, de oficio, resolver de plano procedente la acumulación del presente juicio de amparo al diverso 29/2023-VII, ambos del índice de este Juzgado de Distrito Por consiguiente, si el artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece la necesidad de la acumulación de juicios, cuando se trate de juicios derivados, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia, la acumulación planteada en la presente determinación se estima procedente. Además, tomando en consideración que la finalidad de la acumulación, tiene por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la posible contradicción de resoluciones que se dicten en negocios que impliquen el mismo problema jurídico y si los actos reclamados en los juicios de amparo relacionados son los mismos derivados del mismo procedimiento y emitidos por la misma autoridad, por tanto, es evidente que en el presente caso existe conexidad en los citados juicios constitucionales. En esas condiciones, como ya se había adelantado, procede acumular oficiosamente el presente juicio de amparo al diverso 29/2023-VII; lo anterior, tomando en consideración que si bien, ambos se recibieron en este Juzgado de Distrito, en la oficialía de partes común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, diez de enero de dos mil veintitrés, sin embargo el juicio ya citado se registró en primer término, y el juicio de amparo en que se actúa se registró con posterioridad; por lo que es evidente que el juicio más reciente debe acumularse al más antiguo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, visible a página 19, que establece: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Así como la tesis 2ª.LXXXIV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1852, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2004378, de rubro y texto: "ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR TANTO LAS PRETENSIONES COINCIDENTES, COMO LAS DIFERENTES O PARTICULARES DE CADA EXPEDIENTE ACUMULADO. Los artículos 57 a 63 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, regulan la acumulación en el juicio de amparo; figura procesal respecto de la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que su existencia obedece a razones de economía procesal y a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente los diversos procesos, pudieran dictarse sentencias contradictorias; sin embargo, la circunstancia de decretar la acumulación y emitir una sola sentencia no se traduce en que el Juez pueda dejar de respetar la independencia o individualidad de los expedientes acumulados, o de pronunciarse respecto de todo a los argumentos expuestos por las partes, ya que en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen en la emisión de toda sentencia, debe analizar tanto las pretensiones coincidentes como las diferentes o particulares, y armonizarlas de forma que una sola sentencia se ocupe de todos los planteamientos de los autos acumulados." En tal virtud, glósese el presente juicio de amparo indirecto al diverso 29/2023-VIII, sin mayor proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Incidental
Toluca, Estado de México, treinta de enero de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple del escrito inicial de demanda y del escrito de cumplimiento de prevención, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 30/2023-VII, promovido por Natalia Irazú Delgado López, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Con apoyo en lo preceptuado por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que le atribuye la quejosa y que determinan la existencia del acto reclamado y, en su caso, la cuantía del asunto, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Solicitándole que de no existir inconveniente legal alguno, rinda el informe solicitado privilegiando el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe previo; de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se apercibe a la responsable que en caso de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se hará acreedora a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las nueve horas con diez minutos del siete de febrero dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, debe puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. En el caso a estudio, dado que el acto reclamado materia del presente incidente de suspensión, se hacen consistir en: La resolución de fecha diecinueve de diciembre dos mil veintidós, dictada en el toca número 954/2022, con motivo del recurso de apelación, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós dictada por la Jueza Segunda Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México en el Incidente de Liquidación de Pensiones Alimenticias promovido por Iliana Irazú López Serrano y Óscar Delgado Juárez, en el expediente 658/2008. Una vez precisado el acto reclamado por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión provisional solicitada, tocante a la emisión de dicho acto, ya que reviste el carácter de consumado y contra actos de esa naturaleza es improcedente conceder la medida cautelar, toda vez que la consumación se surte al momento en el cual los actos han sido real y materialmente ejecutados por la autoridad a quien se le atribuye; pues de concederse, este órgano jurisdiccional le daría efectos restitutorios, propios de la sentencia definitiva, lo que implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal. Es aplicable, la jurisprudencia 12 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917-2000, materia común, con número de registro 917546, que establece: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia definitiva en el amparo que se pronuncie." Ahora bien, en relación a los efectos y consecuencias de la resolución reclamada, con fundamento en los artículos 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, para que en caso de no haberse realizado, no se ejecute la resolución que recayó al incidente de liquidación de pensiones alimenticias; lo anterior hasta en tanto se comunique a la responsable lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva; sin que ello implique la suspensión del procedimiento respectivo del cual emana el acto reclamado. En la inteligencia de que si con anterioridad a la emisión de la presente medida cautelar, se llevó la ejecución de dicho incidente de liquidación, la misma no tendrá efectos restitutorios. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada con número de registro 354859 visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Enero de 1940, Tomo LXIII, página 616, del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS CAÍDOS, SUSPENSIÓN CON MOTIVO DE. La Suprema Corte de Justicia ha sentado jurisprudencia en el sentido de que es improcedente conceder la suspensión respecto del pago de pensiones alimenticias, porque responden a una necesidad imperiosa e inaplazable de los acreedores alimentistas; pero esa tesis se refiere al pago de pensiones presentes o futuras y no a las que por cualquier causa se hayan dejado de cubrir, pues, en ese caso, las pensiones caídas ya no responden a esa necesidad, desde el momento en que estando destinadas a la subsistencia del que debe recibirlas, éste ha podido subsistir, no obstante que el deudor no las ha proporcionado; y el cobro de esas pensiones puede suspenderse como el de cualquier otro crédito, pues es indudable que no se afecta el interés general ni se contravienen disposiciones de orden público, y la suspensión debe concederse mediante fianza." Así como la jurisprudencia en materia civil con número de registro 912985 visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo IV, civil, Jurisprudencia SCJN página 34, del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE PENSIONES CAÍDAS. Procede la suspensión cuando se trata de pensiones alimenticias caídas, es decir, que no fueron pagadas oportunamente, ya que no existe la necesidad imperiosa que desde luego las reciba el acreedor alimentista." De igual forma, la jurisprudencia I.3o.A. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Abril de 1994, Núm. 76, página 27, con número de registro 212751, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día - lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." Cabe mencionar que la medida provisional se otorga sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, lo cual sólo se puede determinar en la sentencia de amparo. Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo. En ese sentido, dado que de la demanda de amparo se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a Iliana Irazu López Serrano, se comisiona a cualquiera de los actuarios, para que le notifiquen la presente determinación a la referida tercera interesada. En diverso contexto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que señala la promovente en su ocurso inicial de amparo. Por otra parte, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con el registro de su cedula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Ahora bien, respecto a las copias por duplicado que solicita de la suspensión provisional, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, expídanse a costa del promovente, las copias certificadas que solicita, previa razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, ********************, autorizada de la parte quejosa, solicita copia simple del escrito inicial de demanda. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, expídase a su costa copia simple de la constancia que pide, previa constancia de entrega que obre en autos.
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