Natalia Hayme Cruz Rojo

Expediente 475/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
475/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2017

Partes del expediente

  • Natalia Hayme Cruz Rojo

Actuaciones

  1. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), de la misma ley, no recurrió el proveído de veinte de abril del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio a través del cual la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, da a conocer las gestiones tendentes a cumplir con lo requerido en proveído de cuatro de los cursantes; pues para tal efecto, del anexo adjunto se aprecia que señaló las doce horas del treinta y uno de mayo del presente año para realizar la diligencia de ejecución del laudo en el expediente de origen. En consecuencia, téngase por informadas las gestiones tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y requiérase a la autoridad responsable para que al día siguiente de la fecha que señaló para la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada, informe el resultado de ésta y acompañe copias certificadas de las constancias correspondientes; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con lo previsto en los artículos 192 y 193, y con el diverso 258 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Ahora, toda vez que de la imposición del anexo que exhibe la autoridad en el ocurso que se atiende se advierte que, la ejecución del laudo emitido en el expediente de origen no se pudo efectuar por la inasistencia de la aquí quejosa (actora en el juicio natural), hágase de su conocimiento que su participación en el procedimiento de ejecución de sentencia no se limita a observar los trámites, sino que también tiene obligación de vigilar que el fallo que la protege sea cumplido en sus términos, realizando las gestiones que sean necesarias para acelerar el procedimiento, porque el efecto de la ejecutoria es restituirle en el uso y goce de la garantía que estimó violada. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    (aviso parte quejosa) ,. IV) Toluca, Estado de México; veinte de abril de dos mil diecisiete. En términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido, en el plazo de ocho días referido en dicho artículo, agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; a través del cual rinde su informe justificado y adjunta copia certificada de los proveídos de siete de marzo y once de abril del año en curso. Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De igual manera, el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las casuales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Para corroborar la postura anunciada, es preciso mencionar que las razones que llevan a determinar el sobreseimiento anunciado, es el hecho de que el quejoso hizo consistir el acto reclamado en el auto de siete de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la responsable en el juicio laboral J.29/468/2016 en el cual señalaba las nueve horas del once de agosto de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahora, de las constancias que adjuntó a su informe justificado, se advierte que la autoridad responsable el once de abril del año en curso, emitió un diverso auto en el cual por celeridad y economía procesal dejó sin efectos la fecha de la audiencia trifásica señalada el siete de marzo pasado (nueve horas del once de agosto de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones) y señaló las doce treinta horas del dos de junio de dos mil diecisiete, para la celebración dicha audiencia. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Con fundamento en los artículos 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Debe decirse, que para que la causa de improcedencia referida se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; pues el acto del que se dolía la quejosa consistente en el auto de siete de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la responsable en el juicio laboral J.29/468/2016 en el cual señalaba las nueve horas del once de agosto de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y de las constancias que remite el Presidente de la Junta responsable se advierte que señaló nueva fecha para la celebración dicha audiencia, se dejó sin efectos. Razón por la cual, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63 fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por su aplicación, es de citarse la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, visible en la página 81, Materia Común, con número de registro 917637, cuyo rubro a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada

  4. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Se tienen por recibidos los ocursos de cuenta enviados vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por el quejoso Arturo Rodríguez Azueta; a través del cual manifiesta su inconformidad respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; en consecuencia, glósense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, informándole al promovente que se acordará lo conducente en el momento procesal oportuno, esto es, hasta en tanto este Juzgado se pronuncie sobre el cumplimiento hecho por la autoridad responsable Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe.

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