Natalia Ester Morales Perales

Expediente 889/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
889/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Natalia Ester Morales Perales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de veinte de julio pasado, y para acreditar su dicho remite el diverso auto veinticuatro de agosto del año en curso, en consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en autos, por lo tanto se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, y solicita se sobresea en el presente juicio de amparo. Sentado lo anterior, este juzgador advierte de oficio que actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; El precepto transcrito prevé la causal de improcedencia de cambio de situación jurídica, que se verifica cuando posteriormente a la emisión del acto reclamado sobreviene un nuevo acto que modifica la situación del primero, de modo que no es posible analizar aquél sin que afectar la situación creada por el segundo acto; resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto impugnado. Sobre el particular, para tener por actualizada la causal de improcedencia en estudio, es necesario [1] que el acto reclamado en el juicio de amparo provenga de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; [2] que se emita un nuevo acto que cambie la situación jurídica de aquél; y [3] que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del primer sin afectar la nueva situación creada por el segundo. Además, jurisprudencialmente se ha establecido [4] que debe existir autonomía o independencia entre el acto reclamado y el nuevo acto, de modo que este pueda subsistir con independencia de que el primer resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en cuanto a que el acto reclamado debe provenir de un procedimiento ya sea judicial o administrativo seguido en forma de juicio, es conveniente resaltar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003 (registro 184435), señaló que la expresión "procedimiento en forma de juicio" comprende aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre las partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva aun cuando sólo se trate de un trámite para cumplir con la garantía de audiencia. De esta forma, no es suficiente que el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo, sino que tal procedimiento debe seguirse en forma de juicio. En lo relativo a que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica del quejoso respecto del procedimiento, debe señalarse que es el elemento principal del motivo de improcedencia que nos ocupa y se refiere la posición de la parte quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso particular, y que además invariablemente debe verificarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. En este orden, el cambio de situación jurídica supone la existencia de una situación determinada y la posterior emisión de una resolución que tenga como consecuencia la creación de una diversa situación jurídica que sustituye a la anterior. Así, el cambio de la situación jurídica resulta de las etapas en que normalmente se va desenvolviendo un proceso, esto es, se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando paso a que se inicie una nueva etapa o situación; lo anterior, en el entendido de que el cambio debe operar en el mismo procedimiento de donde emanan los actos reclamados. Por lo que hace a que el acto reclamado no pueda ser analizado sin afectar la nueva situación jurídica en el procedimiento, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, los órganos del Poder Judicial de la Federación han precisado que la irreparabilidad a que hace alusión esta fracción es jurídico procesal y no física o material, pues no existe imposibilidad de esta naturaleza para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero sí un impedimento jurídico para ello. Así se desprende de la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 221961, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso. Por último, en cuanto a la autonomía o independencia que debe existir entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, se explica en el sentido de que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situación jurídica no exista un vínculo de subordinación, sino que sean independientes entre sí, de manera tal que aun cuando la situación jurídica reclamada en primer término adolezca de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica, la nueva situación pueda subsistir aunque la primera se invalidara. Es importante advertir que si bien, en términos genéricos, el procedimiento se entiende como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente y, usualmente, la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. Así pues, los requisitos enunciados configuran la improcedencia del juicio de amparo en términos de la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, por ende, la ausencia de alguno de ellos tendrá como consecuencia desestimar la causa de improcedencia prevista en el citado dispositivo legal. Sentado el anterior marco normativo, a efecto de determinar si se actualiza la citada causal de improcedencia, resulta necesario tener en consideración las constancias que integran el juicio de amparo se desprende lo siguiente: Que el quejoso reclamó la omisión de verificar el cumplimiento a la sentencia emitida en el recurso de apelación y recurso de queja, derivadas del expediente TJ/II-29406/2022, de su índice. De lo hasta aquí narrado se advierte que existe un cambio de situación jurídica en relación con el acto reclamado; toda vez que dentro del referido procedimiento la autoridad responsable dejó sin efectos el acto reclamado y emitió uno diverso, de modo que no es posible analizar el motivo que originó el acto primigenio sin afectar la nueva situación creada. Asimismo, se destaca que en veinte de junio pasado, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda por los actos y autoridades ahí precisadas; no obstante, transcurrió el plazo otorgado para tal efecto, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo en contra del acto atribuido a la autoridad responsable. En ese sentido, en atención a lo acordado en líneas que preceden, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés. Finalmente, y toda vez que mediante proveído de veintiocho de agosto pasado, se requirió a la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para que diera cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinte de julio pasado; al respecto, se deja sin efectos, el requerimiento formulado en dicho auto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridad responsable Oficio Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual informa el contenido del proveído dictado en el toca ******************** de su índice, en el que tiene por recibido el expediente original del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes, en relación con el recurso de inconformidad, interpuesto en este asunto, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio procedente del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, deducido del acuerdo dictado en el toca Q.A. 333/2023 de su índice, por medio del cual solicita la vinculación de la constancia de notificación relativa a la autoridad responsable Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, correspondiente al acuerdo de cuatro de los cursantes, en el expediente electrónico respectivo. En atención a lo anterior, infórmese a la autoridad oficiante que la constancia de su interés ha sido debidamente vinculada en el expediente electrónico. Sin que resulte necesario remitir copia certificada de tal evidencia documental, toda vez que mediante oficio 34645/2023, derivado del acuerdo dictado el dieciséis de agosto último, entre otras, se remitió a la autoridad oficiante la citada constancia. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista

  4. Principal

    Visto el estado procesal y de conformidad con lo que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo que señala que las ejecutorias de amparo deben ser cabalmente cumplidas, para lo cual, una vez que cause ejecutoria la sentencia que haya concedido el amparo, o bien se reciba el testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito lo notificará sin demora a las partes. En dicha notificación, dispone el precepto en comento, se requerirá a las autoridades responsables para que cumplan la ejecutoria en un plazo de tres días, apercibidas que, de no hacerlo sin causa justificada, [1] se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, [2] se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. De este modo, para identificar al superior jerárquico, dispone el artículo 194 de la Ley de Amparo, deberán analizarse las disposiciones orgánicas que permitan señalar a aquella que ejerza poder o mando sobre la autoridad responsable para obligar a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo. Interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las obligaciones que deben cumplir los jueces de distrito previo a remitir los autos al tribunal colegiado de circuito correspondiente. Etapa actual del presente juicio En ese orden de ideas, en el juicio de amparo en que se actúa, se ha realizado lo siguiente: Etapa Fecha Planilla de liquidación actualizada al ejercicio fiscal 2023 Dos de febrero del dos mil veintitrés Dar vista quejoso con cantidad Trece de febrero del dos mil veintitrés se tuvo por conforme a la parte quejosa con cantidad Requerir la suficiencia presupuestal, Elabore la cuenta por pagar a nombre de la parte quejosa, expedir el título de crédito Pendiente de que se otorgue Desde el dos de febrero de dos mil veintitrés, se requirió la suficiencia presupuestal, sin que se haya emitido no obstante haber requerido en múltiples ocasiones al efecto Requerimiento a la autoridad responsable y su superior jerárquico para acreditar que se cuenta con la suficiencia presupuestal, elaborar la cuenta por pagar y elaborar el título de crédito respectivo En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, nuevamente se requiere al Licenciado Paulino Rodriguez López, en su carácter de Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que, a más tardar el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, remita copia certificada de las constancias que acrediten íntegramente lo siguiente: Acreditar que se cuenta con la suficiencia presupuestal autorizada y comprometida para el presente ejercicio a favor del impetrante de amparo. Haber elaborado la cuenta por pagar a nombre de la parte quejosa. Haber expedido el título de crédito por la cantidad correspondiente. Haber solicitado a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cite al quejoso para la entrega del cheque respectivo. El requerimiento realizado al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe hacerse extensivo a su superior jerárquico en los siguientes términos: Superior jerárquico Acto que debe realizar Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Identificación del servidor público titular: Maestra ******************** Requerir a su inferior jerárquico para que actúe en los términos ordenados en la presente resolución, en el entendido de que, no bastará para tener satisfecha su obligación, la sola manifestación de que giró oficios para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, sino que debe acreditar que ejerció verdaderamente sus facultades para vencer la renuencia, como la imposición de medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar de este juzgado de distrito en el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues incluso, ante una posible renuencia de la autoridad responsable, deberá hacerlo del conocimiento del Órgano de Control Interno de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en términos de lo dispuesto en el artículo 101, primer párrafo y fracciones I y VI de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo anterior, en la inteligencia de que la fecha específica señalada previamente constituye un plazo razonable, incluso superior al establecido en la Ley de Amparo, para que las autoridades requeridas realicen todas las acciones que estimen pertinentes hasta el máximo de sus capacidades para cumplir con el fallo protector, de tal suerte que si para tal fecha no existe certeza de tales acciones podrá presumirse el desacato al requerimiento formulado. En el entendido de que: Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no sean condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, tanto a las responsables, vinculadas o superiores jerárquicos precisados en la presente resolución, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Después de imponerles la multa, se les otorgará un plazo razonable para el cumplimiento de la sentencia de amparo, y de no obtenerse, se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. En dado caso, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Gestiones Por otra parte, intégrese a los autos los oficios presentados por la autoridad oficiante; en atención a sus contenidos, deberá estarse a lo ordenado en párrafos precedentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista Autoridad vinculada/Superior jerárquico Oficio

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