Natalia Amparo Núñez Quiñonez

Expediente 491/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
491/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Natalia Amparo Núñez Quiñonez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, inciso b), del citado acuerdo. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de tres de junio de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a la autoridad responsable para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para los efectos siguientes: i. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dicte las medidas necesarias para que se desahoguen los medios de convicción pendientes, en el juicio laboral 39/2018, lo que implica dejar sin efectos las audiencias señaladas fuera del término que establecen 123 y 125, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, y señalarlas dentro del término que establecen los numerales en cuestión, hecho lo anterior, deberá cerrar de inmediato el periodo probatorio y dictar proveído en el que se les conceda a las partes término de cuarenta y ocho horas para que presenten sus alegatos por escrito, de conformidad con el artículo 129, de Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California." Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada, sin que ninguna de las partes la recurriera, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Desahogar las pruebas que se encontraran pendientes, hasta dictar el proveído para que las partes presenten sus alegatos. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el doce de abril de los corrientes, el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, dicto auto mediante el cual concedía a las partes un término de cuarenta y ocho horas para que presenten sus alegatos por escrito en el juicio laboral 39/2018-VI. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesados para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que dichas partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desahogo las pruebas pendientes y dicto aquto mediante el cual concedía a las partes un término de cuarenta y ocho horas para que presenten sus alegatos, correspondiente al juicio laboral 39/2018-VI. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de octubre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexos de cuenta remitidos por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, por lo que se le tiene informando respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, por tanto se acuerda lo siguiente: Efectos del fallo protector. Cabe señalar que los efectos del fallo protector, fueron los siguientes: "i. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dicte las medidas necesarias para que se desahoguen los medios de convicción pendientes, en el juicio laboral 39/2018, lo que implica dejar sin efectos las audiencias señaladas fuera del término que establecen 123 y 125, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, y señalarlas dentro del término que establecen los numerales en cuestión, hecho lo anterior, deberá cerrar de inmediato el periodo probatorio y dictar proveído en el que se les conceda a las partes término de cuarenta y ocho horas para que presenten sus alegatos por escrito, de conformidad con el artículo 129, de Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California." Vista. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Estado de autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos y lo manifestado por el autorizado de la parte quejosa, se advierte que a la fecha, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ha sido omisa en informar respecto al cumplimiento del fallo protector. Efectos del fallo protector: Cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para los efectos siguientes: i. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dicte las medidas necesarias para que se desahoguen los medios de convicción pendientes, en el juicio laboral ****, lo que implica dejar sin efectos las audiencias señaladas fuera del término que establecen 123 y 125, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, y señalarlas dentro del término que establecen los numerales en cuestión, hecho lo anterior, deberá cerrar de inmediato el periodo probatorio y dictar proveído en el que se les conceda a las partes término de cuarenta y ocho horas para que presenten sus alegatos por escrito, de conformidad con el artículo 129, de Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. Importa destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento. [.]." Requerimiento para que se cumpla en forma total el fallo protector. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable: Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California (autoridad responsable); Lo anterior, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumpla en forma total con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y remita de inmediato las constancias con las que acrediten lo anterior. Asimismo, para que informe con precisión y claridad qué pruebas y/o diligencias faltar por desahogar y los motivos por los cuales no se han llevado a cabo. Además deberá remitir copia certificada de las constancias que demuestren que las partes se encuentran debidamente notificadas de los proveídos respectivos, así como las notificaciones a las diversas partes que habrán de participar en el desahogo de las probanzas ahí señaladas; y en caso de que el actuario adscrito no las haya practicado, así deberá informarlo, a fin de vincularlo a que cumpla con el fallo protector. Por último, en caso de que hubiere solicitado el auxilio de autoridades foráneas para el desahogo de diversas probanzas, deberá remitir los comprobantes o piezas postales con las que acredite haber depositado ante la Administración de Correos, Oficina Postal o Servicio de Mensajería, la correspondencia, oficio, o el medio de comunicación que hubiere utilizado para tal efecto, lo que resulta necesario a fin de estar en posibilidad de vincularlas al cumplimiento del fallo protector. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberán cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Por lo que si conforme a la página oficial de Internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el presente año (2021) equivale a $89.62 M.N. (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), al multiplicarla por cien, la citada multa es equivalente a la cantidad de $ 8,962.00 M.N. (nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); misma que podrá duplicarse en caso de incumplimientos reiterados por parte de la autoridad requerida. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.

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