Natalia Alina Duarte Magaña

Expediente 506/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
506/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • Natalia Alina Duarte Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista, la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días hábiles, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieran recurrido el proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en los artículos 2 de la Ley invocada, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción II del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO. Ensenada, Baja California, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la quejosa Natalia Alina Duarte Magaña, también conocida como Duarte Vda Juárez Natalia, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra el acto de la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Baja California, consistente en la suspensión total del servicio de agua potable en su domicilio ubicado en avenida Juan Galindo Mariscal, número 503, Ejido Nacionalista (Maneadero), de esta ciudad, relativo al número de cuenta 211743643-1, a nombre de la quejosa En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, que remite la autoridad responsable, y anexos que acompaña, de los que se advierte la copia certificada del acta circunstanciada de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, de la que se desprende que en la referida fecha, el Notificador-Ejecutor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de esta ciudad, se trasladó al domicilio de la quejosa, ubicado en avenida Juan Galindo Mariscal, número 503, colonia Ejido Nacionalista (Maneadero) de esta ciudad y, al percatarse que no contaba con las conexiones necesarias para recibir el suministro de agua, procedió a instalar las mismas, en cumplimiento al oficio COB/106/2018, emitido en esa misma fecha por el Jefe del Departamento de Cobranza adscrito a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de esta ciudad, que ordenó restituir en su totalidad el suministro del líquido vital. En mérito de lo anterior, quien suscribe advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, en virtud de que, como quedó establecido en párrafos precedentes, el acto reclamado en este juicio constitucional, se hizo consistir en la suspensión total del servicio de agua potable en el domicilio de la quejosa ubicado en avenida Juan Galindo Mariscal, número 503, Ejido Nacionalista (Maneadero), de esta ciudad, relativo al número de cuenta 211743643-1, a nombre de Natalia Alina Duarte Magaña, también conocida como Duarte Vda Juárez Natalia. Asimismo, de las constancias anexas al informe justificado de cuenta, se desprende copia certificada del oficio COB/106/2018, de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, signado por la Jefe del Departamento de Cobranza adscrito a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, en el que se advierte lo siguiente: "[.] Que mediante oficio No. COB/99/2018, de fecha 08 de octubre de 2018, en el cual se ordenó la reducción del servicio de agua a la cuenta 211743643-1 a nombre de la C. Duarte Vda. Juárez Natalia, por la falta de pago de más de 50 (cincuenta) periodos mensuales, le informó que derivado de la notificación del juicio de amparo No. 506/2018, promovido en contra del corte del servicio de agua, se procedió a verificar en dicho domicilio encontrado que efectivamente se había suspendido totalmente el servicio, acto que no debió cumplimentarse toda vez que correspondiendo la cuenta a un domicilio de tipo doméstico y según lo estipulado en el artículo 17 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, tratándose de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado para uso doméstico, ante la falta de pago de más de seis meses, sólo podrá reducirse el suministro de agua en un 70% del diámetro de la toma contratada, en consecuencia, se deja sin efecto la orden de reducción del servicio de agua, debiendo restituir en su totalidad el suministro en el domicilio sito en Avenida Juan Galindo Mariscal número 503, colonia Ejido Nacionalista (Maneadero) de esta ciudad [.]" (Énfasis añadido) De esta manera es claro que, el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente, la posible violación de derechos fundamentales alegados, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, pues no subsiste la suspensión total del servicio de agua potable en el domicilio de la quejosa, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, ya que para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, apareciendo una situación idéntica a la que habría existido de dictarse en su favor sentencia protectora de derechos fundamentales, como si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que, en virtud de la nueva situación, se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado, lo que en el caso ocurrió por los motivos expuestos con antelación. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, pues es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos, porque la autoridad responsable restituyó a la quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, al haberle restituido de forma total el servicio de agua potable, posteriormente a la presentación de la demanda, cuya suspensión total constituyó el acto reclamado. Igualmente se destaca que la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido, se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido, al haber quedado restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada; de ahí que, de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar. Finalmente, se dejan sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo.

  3. Incidental

    R E S U E L V E ÚNICO. Se declara sin materia el incidente de suspensión solicitado por Natalia Alina Duarte Magaña, también conocida como Duarte Vda Juárez Natalia, respecto de la autoridad señalada en el resultando único, por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando quinto de la presente resolución.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista, la demanda de amparo que promueve Natalia Alina Duarte Magaña, también conocida como Duarte Vda Juárez Natalia, por propio derecho, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Baja California; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo, fórmese expediente 506/2018, anótese su ingreso en el libro de este juzgado y tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión respectivo. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable enviándole al efecto copia simple de la demanda, al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se hace saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de recibir los oficios que se le giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Se señalan las nueve horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se autoriza a la secretaria de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito que se atiende y como autorizados de su parte a las personas que menciona. Asimismo, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte promovente ofreciendo como pruebas, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como la instrumental de actuaciones y las documentales que anexa a su demanda de amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por otra parte, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida en tiempo y forma la inspección judicial ofrecida por la parte quejosa; en consecuencia, distribúyanse entre las partes copias simples de la demanda de amparo la cual contiene los puntos en los que versará la referida prueba, a fin de que se encuentren en posibilidad de ampliarlos, por escrito, en el plazo de tres días hábiles, en concordancia con los diversos numerales 131, 162, 163 y 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En ese sentido, se señalan las doce horas del treinta de octubre de dos mil dieciocho, para el desahogo de la misma; para lo cual se comisiona a la actuaria de este juzgado, a fin de que se traslade al domicilio identificado como avenida Juan Galindo Mariscal, número 503, colonia Ejido Nacionalista (Maneadero), de esta ciudad, y proceda a asentar lo que pueda percibir por medio de los sentidos en el momento de realizar la diligencia, respecto a los puntos que la oferente de la prueba manifiesta en el escrito inicial de demanda. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilita a cuales quiera de las actuarias de este juzgado para que en días y horas inhábiles realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; así también, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que la información confidencial a que alude el artículo 113, de la citada ley, no se incluyan en la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conlleva su consentimiento; asimismo, que no será necesaria su aprobación en los casos que dispone el precepto 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.

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