Nashiely Ensastiga Casteñeda

Expediente 409/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
409/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • Nashiely Ensastiga Casteñeda

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que por auto de once de noviembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada el siete de octubre del año en curso, ordenándose el archivo del asunto como totalmente concluido. En esas condiciones, toda vez que por auto de diez de julio de dos mil veinte, se recibieron las constancias que remitió el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, ordenándose formar once anexos; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 409/2020-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el nueve de octubre de dos mil veinte, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 409/2020-IV, promovido por NASHIELY ENSASTIGA CASTAÑEDA y otros, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de mayo de dos mil veinte, ante el Secretario de guardia de este Juzgado de Distrito, NASHIELY ENSASTIGA CASTAÑEDA y otros, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de del Presidente Municipal de Emiliano Zapata y otras autoridades, de quienes reclamó "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La obra que señala la circular en copia simple COPLADEMUN UNICO, de fecha 11 de mayo del 2020, dirigida a los habitantes y comerciantes de la calle No Reelección, Emiliano Zapata, Morelos, emitida por el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, sobre la obra de cambio drenaje, red de agua y pavimentación sobre la Avenida No Reelección, que se pretende realizar a partir del 18 DE MAYO DEL 2020". SEGUNDO. Por auto de catorce de mayo de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo por cuanto hace a los quejosos Jaime Solorio Macías, Gloria Vences Rodríguez, Angélica Reyes Baltazar, Juan Antonio Zagal Martínez, Flor Mendoza Hernández, José David Coronel Martínez, María Guadalupe Mendoza Hernández, Mayret Barrios López, Manuel Alejandro Romero Pérez, Brandon André Romero Morales y, Francisco Talavera Chávez, en virtud de que no firmaron la demanda de amparo y se admitió por lo que se refiere a Nashiely Ensastiga Castañeda, Marco Antonio Sánchez Escamilla, Lucia Marcia Borunda Muñoz, María Guadalupe Martínez Rodríguez, Norma Hernández León, Francisco José Reyes Gómez, Daniel Sánchez Degante, Oscar Esteban Sánchez Degante, Antonio Reyes Sánchez, Francisco Reyes Baltazar, Juan Mondragón Pineda, Juan Luis Hernández Flores, Oscar Gutiérrez Barela, Amparo Ocampo Jarillo, Jorge Ocampo Jarillo, Faustina Jacinto Navarrete, Guadalupe Tellez Rogel, Jesús Catalán Domínguez, Sergio Enríquez Dias, Martha Patricia Anaya Contreras, Lucas Labra Bustos y Jaime Cruz Macorra, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede. Se continuó con la substanciación del procedimiento iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a autoridades residentes en el Estado de Morelos y en cuyo territorio se emitió el acto que se reclama. SEGUNDO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos y al Secretario de Salud del Estado de Morelos, toda vez que en el informe justificado negaron la existencia de los actos que se les tribuyen sin que los quejosos aportaran prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa. Por lo que con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que se refiere a las mencionadas autoridades responsables. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la obra de cambio drenaje, red de agua y pavimentación sobre la Avenida No Reelección de la colonia Centro del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos a las autoridades responsables de dicho Municipio de Emiliano Zapata, toda vez que así lo admitieron al rendir el informe justificado Lo que se corrobora con las copias certificadas del acta de sesión extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Emiliano Zapata celebrada el veintiocho de abril de dos mil veinte, en la que por mayoría de votos se autorizaron las obras de cambio drenaje, red de agua y pavimentación sobre la Avenida No Reelección de la colonia Centro del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que se trata de documentos públicos. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, el suscrito juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. " Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico o de un interés legítimo. En cuanto al interés jurídico debe decirse que el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora, si bien es cierto que se ha demostrado la existencia del acto reclamado consistente en la obra de cambio drenaje, red de agua y pavimentación sobre la Avenida No Reelección de la colonia Centro del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, cierto es también, que no se encuentra acreditado que dicho acto afecte el interés jurídico de los quejosos, pues si bien afirmaron en la demanda de amparo que son vecinos de la citada calle, en la que adujeron habitan y tienen sus negocios; sin embargo, no aportaron prueba alguna tendente a demostrar esa circunstancia y mucho menos probaron que con la ejecución de la obra pública que impugnan se vulnere algún derecho de su esfera jurídica, ya que tampoco ofrecieron medio de convicción alguno en ese sentido. Pues no puede soslayarse que la carga de acreditar tal afectación, corresponde precisamente a la parte quejosa; lo que en el particular no se hizo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia Registro 187777, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Página: 15, Tesis: 1a./J. 1/2002, Jurisprudencia, Materia(s): Común, con el rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia Registro No. 206338, Localización: Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 82, Octubre de 1994 Página: 17, Tesis: 2a./J. 16/94, Jurisprudencia, Materia(s): Común, "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". Por otra parte, tampoco acreditaron una afectación a su interés legítimo. Desde esta perspectiva, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 69/2002-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo que interesa, precisó que la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado; en otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad, que en su caso resulte, produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico; esto es, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el orden jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Al respecto sirve de sustento, en lo conducente, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1736, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." De igual manera es aplicable al caso, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 1854, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así el interés legítimo es el que reconoce el carácter de agraviado en el juicio de amparo a aquella persona que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de acuerdo con la normativa constitucional y la Ley de Amparo que se adecua a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos, se abre la oportunidad para que los gobernados acudan al juicio de amparo no sólo cuando tengan un interés jurídico, sino en aquellos casos en que les asista un interés legítimo individual o colectivo. En este punto destaca el hecho de que en el texto de la Ley de Amparo, incluso tratándose del interés legítimo, subsiste la condición de que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del gobernado, ya de manera directa o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así a través del juicio de amparo, el denominado interés legítimo representa una extensión a las posibilidades de impugnación a efecto de lograr que el medio de control constitucional cumpla con una verdadera protección de los derechos fundamentales. En la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, entre otras cosas, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, para efectos de acudir al juicio de amparo a buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto de autoridad, pero tampoco se trata de un interés genérico como ocurre con el interés simple. Bajo esa línea de pensamiento, determinó que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; de ahí que el interés del que se habla debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica ya sea actual o futura, pero cierta, lo que se traduce en que una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En consecuencia, tratándose de supuestos de interés legítimo sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, a partir de una situación calificada, actual, real y jurídicamente relevante a sus intereses, que esté tutelada por el derecho objetivo para que, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso (entendido en lo individual o colectivo). Al respecto es orientadora la tesis aislada 1a. CLXXXII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA.". Luego, se considera que los promoventes de amparo, carecen de interés legítimo frente al acto reclamado, consistente en la obra de cambio drenaje, red de agua y pavimentación sobre la Avenida No Reelección de la colonia Centro del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, ya que su sola existencia no implica que necesaria y forzosamente que exista una violación a algún derecho humano en perjuicio o detrimento de los quejosos, pues ellos no lo demostraron. Ello es así en razón de que la parte quejosa no demuestra un interés cualificado, actual y real, que sea jurídicamente relevante, pues si bien en la demanda de amparo los quejosos manifestaron habitar y tener sus comercios en la calle Avenida No Reelección de la colonia Centro del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, dicha circunstancia no fue demostrada ya que no aportaron pruebas para comprobar esa afirmación y por consecuencia tampoco de acreditaron cómo la concesión del amparo los restituiría en el goce de algún derecho humano violado, pues el interés simple que refieren -derivado de las manifestaciones vertidas en la demanda- no puede considerarse como una afectación real y actual en su esfera de derechos, en razón de que de los hechos y las razones expuestas en la demanda no se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación de la parte quejosa frente al acto que reclama de las autoridades responsables no implica un mero interés simple, pues sus reclamos no demuestran ese daño actual y real. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." En consecuencia, al no acreditarse la afectación al interés jurídico o legítimo de los quejosos se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, esta última a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables del Ayuntamiento de Emiliano Zapata Morelos. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por Nashiely Ensastiga Castañeda, Marco Antonio Sánchez Escamilla, Lucia Marcia Borunda Muñoz, María Guadalupe Martínez Rodríguez, Norma Hernández León, Francisco José Reyes Gómez, Daniel Sánchez Degante, Oscar Esteban Sánchez Degante, Antonio Reyes Sánchez, Francisco Reyes Baltazar, Juan Mondragón Pineda, Juan Luis Hernández Flores, Oscar Gutiérrez Barela, Amparo Ocampo Jarillo, Jorge Ocampo Jarillo, Faustina Jacinto Navarrete, Guadalupe Tellez Rogel, Jesús Catalán Domínguez, Sergio Enríquez Dias, Martha Patricia Anaya Contreras, Lucas Labra Bustos y Jaime Cruz Macorra, respecto de los actos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos, Secretario de Salud del Estado de Morelos y a las autoridades señaladas como responsables del Ayuntamiento de Emiliano Zapata Morelos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe

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