Nashel Jacob Juarez Alvarez

Expediente 1847/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1847/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Nashel Jacob Juarez Alvarez
  • NASHEL JACOB JUAREZ ALVAREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por el menor de identidad reservada de iniciales ******************** con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso d, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. De igual forma, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y considerando que ha fenecido el plazo concedido a la parte quejosa el diecisiete de enero del año en curso, sin que haya dado cumplimiento a lo ahí requerido; en consecuencia, este Juzgado procede a pronunciarse en relación a su demanda de amparo, con los elementos que obran en el sumario, tomando en consideración que no obstante que el quejoso es menor de edad, cuenta con la edad de catorce años (lo que se justificó con el acta de nacimiento exhibida en autos), por lo que acorde al artículo 8, de la Ley de Amparo, puede designar a su representante, y en el caso, lo ha hecho, pues mediante escrito presentado el dieciséis de enero último, revocó a los autorizados señalados en la demanda, y designó a nuevos; por lo que se encuentra debidamente asesorado en el presente juicio, con la finalidad de que no se encuentre en estado de indefensión. FIJACION DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que tras la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: Del Agente del Ministerio Público responsable, la solicitud al Juez responsable de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación. Del Juez responsable, la fijación de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de formulación de imputación, en la causa 57/2022, a solicitud del representante social que conoce de la investigación NUC: * Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, en aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Cabe indicar que ya no se tienen como actos reclamados las omisiones y actuaciones del Ministerio Público que señaló con esa calidad en su escrito inicial de demanda, dadas las consideraciones establecidas en su escrito por el que desahogó la prevención formulada y que ya fueron tomadas al precisar los actos reclamados en la presente determinación. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues en torno a los actos que por esta vía se combate, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que los actos reclamados no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y, en el caso, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues por sí solo, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser dictada vinculación a proceso y, en su caso, decretada alguna medida cautelar; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 2018828, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, página 239, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al Investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, se aplicable la tesis II.2o.P.50 P (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2497, con registro digital 2015350, del texto: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con independencia de lo anterior, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso (menor) carece de titularidad del derecho que pretende defender en el presente juicio, pues los acto que controvierte según se advierte del análisis de su demanda -causa y carpeta de investigación), se integraron en perjuicio de diversas personas (progenitor, abuelos y tío paternos), y no de él, motivo por el cual, no le causan un agravio personal y directo los actos reclamados, de ahí que también se actualiza la causa de improcedencia contenida en dichas disposiciones. Por tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa por notoriamente improcedente. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente al quejoso y a su representante especial.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; uno de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo; agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el escrito firmado por el asesor jurídico Oscar Merced Olivares Salazar, por medio del cual informa que el menor quejoso de identidad reservada N.J.J.A., no se ha presentado en la oficina del Instituto de Defensoría Pública, a efecto de desahogar la prevención realizada en autos. Atento a lo anterior, este juzgado se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto fenezca el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de diecisiete de enero del año en curso, en virtud que dicha determinación se le notificó por medio de lista el veinticinco de enero pasado; lo anterior, para los efectos procedentes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA III, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A AL LICENCIADO OSCAR MERCED OLIVARS SALAZAR EL ACUERDO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL CUAL SE DETERMINÓ: "Toluca, Estado de México; treinta de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el diecisiete de enero de la presente anualidad, se requirió a Oscar Merced Olivares Salazar, asesor jurídico del menor de identidad reservada N.J.J.A., para que informara si el quejoso compareció dentro del término concedido por este juzgado, con la finalidad de asociarse con él, a efecto de desahogar la prevención realizada en autos, sin que a la fecha dicho profesionista haya dado cumplimiento al mismo, a pesar de haber sido notificado para tal efecto, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. SE REQUIERE NUEVAMENTE. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones requiérase por última ocasión al asesor jurídico de referencia para que dentro del improrrogable plazo de tres días, contados a partir de que tenga conocimiento de esta determinación, de inmediato cumplimiento al requerimiento hecho en autos; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente al asesor jurídico Oscar Merced Olivares Salazar.

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