Nasario Solis Ramírez

Expediente 1380/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1380/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Nasario Solis Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, trece de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Ahora bien, toda vez que la parte promovente anexó documentos originales en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dicho documento y previo desglose del mismo, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 21 del acuerdo de referencia. En el entendido de que la persona que acuda a recibirlas, deberá solicitar una cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos, tomando en consideración que es la jornada de labores presenciales que le corresponde a este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 1380/2021-IX, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, FRANCISCO JAVIER REBOLLEDO PEÑA, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías, que dio origen al presente asunto, promovida por Nasario Solís Ramírez, por propio derecho, contra actos de la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se admitió la demanda, informe justificado rendido por la autoridad responsable y las pruebas, constancias de notificación a las partes, y proveídos que acordaron lo conducente. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. En período probatorio: La Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de este derecho y que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no presentó pedimento alguno que a su representación social compete. El Juez acuerda: se tiene por desierto el periodo de alegatos, y por hecha la certificación de cuenta. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al dictado de la sentencia, y; VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1380/2021-IX, promovido por Nasario Solís Ramírez, por propio derecho, contra un acto de la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito recibido el veintisiete de septiembre de dos mil veinituno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido a este Juzgado Sexto de Distrito por razón de turno el día hábil siguiente, Nasario Solís Ramírez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que a continuación se precisa. AUTORIDADES RESPONSABLES. La Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... La OMISIÓN o FALTA DE CONTESTACIÓN, a mi ESCRITO DE PETICIÓN de fecha 17 diecisiete de agosto de 2021 dos mil veintiuno. SEGUNDO. Mediante proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, la cual fue registrada con el número 1380/2021-IX, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, fue dada la intervención que legalmente compete al Fiscal Ejecutivo Federal adscrito a este Juzgado Federal, y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante proveído de catorce de octubre del año en curso, se dio vista al quejoso para que en su caso ampliara la demanda por el oficio de contestación SSC/DGAJ/3117/2021, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, sin que al efecto lo haya hecho, razón por la cual, mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por precluido ese derecho. Seguida la sustanciación del asunto, reiterada la audiencia constitucional, la cual, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, debido a que se reclama una omisión de naturaleza administrativa atribuida a una autoridad en esa materia distinta de las judiciales, con residencia en la jurisdicción que corresponde a este juzgado. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La citada jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32) Por lo anterior, del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que el acto reclamado consiste en la omisión de dar respuesta a la petición que la parte quejosa presentó el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el que solicitó se le informara de los antecedentes negativos contenidos en los archivos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, consistente en la omisión en dar contestación al escrito de petición de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado en el que precisó que no pudo notificar al quejoso de la respuesta otorgada, de ahí que solicitó que este Juzgado Federal, formulara la notificación respectiva. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese contexto, se estima que en el presente asunto por el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que la autoridad responsable ya atendió la petición formulada por el quejoso, como enseguida se analiza. Cabe mencionar lo establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo que sigue. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto en cita establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo o negativo, o bien, se realice la acción que se reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Apoya a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de rubro: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. (Número de Registro: 196,820, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210) En la especie, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia, es necesario precisar lo siguiente. El quejoso, acreditó con el acuse de recibo respectivo que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, presentó ante la autoridad responsable el escrito en el que solicitó: SOLICITO a esta Dirección a su cargo, informe a este interesado, Cuales son los antecedentes negativos" con los que alude cuenta este firmante en los archivos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. En atención a lo anterior, la autoridad responsable emitió el oficio de contestación SSC/DGAJ/3717/2021, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, el cual se digitaliza en lo más destacado. Importa destacar que mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era de su interés legal ampliar la demanda y reclamar el oficio de contestación, sin que al efecto el quejoso ampliara la demanda de amparo. En ese tenor, se estima que el acto omisivo que reclama se basa en que alega que se infringió en su perjuicio la garantía que consagra el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que el particular debe formular una petición por escrito realizada en forma pacífica y respetuosa y la autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. De ahí que si el quejoso presentó su petición ante la autoridad responsable, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, y el Director Legislativo, Consultivo y de lo Contencioso, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, suscribió el oficio SSC/DGAJ/3717/2021, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, con el que dio respuesta a la solicitud del quejoso, por tanto se concluye que se cumplió con la garantía que se estimó violada y que está consagrada en el artículo 8 constitucional, ya que se atendió la petición que se presentó y se hizo del conocimiento la contestación recaída a la misma. Por tanto, es de considerarse que se acredita la satisfacción los supuestos indicados, por lo que es dable estimar que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión en dar contestación al escrito de petición de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe de contenido literal siguiente. CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38). En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con el precepto 63, fracción V de la ley en mención, respecto de la omisión de las autoridades responsables, en dar respuesta al escrito de petición de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73 a 79, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Nasario Solís Ramírez. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Nancy Alejandra Magos Jurado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta en que la Directora de Amparos en suplencia de la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de octubre pasado, informa las gestiones de cumplimiento realizadas, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda, reservándose acordar lo conducente hasta en tanto fenezca el plazo otorgado en el aludido auto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta signados por el Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y por la Directora Jurídica y Normativa, en ausencia de la Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por medio de los cuales rinden su informe justificado. Se agregan los oficios de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de las autoridades citadas en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éstos se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades citadas a las personas que mencionan. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Finalmente, en cuanto a su solicitud de permitir a sus delegados el uso de medios electrónicos para la reproducción del expediente en que se actúa, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en diverso auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, donde se proveyó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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