Nasaria Flores Hernández
Expediente 455/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Nasaria Flores Hernández
Actuaciones
- Principal
III... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, el juicio principal deberá destruirse conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
III... Vista la demanda de amparo promovida por Nasaria ...
- Principal
III... Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la quejosa por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 455/2023-III, el cual es del tenor: Proveído 19/abril/2023.- "... Vista la demanda de amparo promovida por Nasaria Flores Hernández, por propio derecho, contra actos del Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Tultitlán, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 455/2023-III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, previo a realizar pronunciamiento respecto a la admisión de la demanda de que se trata, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En ese contexto, la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción referidos, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. Ahora, la parte quejosa reclama: El acta invitación con número de folio 000374/2023 de catorce de abril de dos mil veintitrés que contiene la suspensión provisional con colocación de sellos en una construcción. En este sentido se puntualiza que, conforme a lo analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo, como lo establece el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. De la fracción II, de dicho precepto (229), se desprende entre otros supuestos que procede el juicio contencioso administrativo en contra de los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. Lo anterior en razón que dentro de los actos reclamados existen actos que únicamente pueden combatirse en la resolución definitiva, pues de hacerlo de manera autónoma, opera la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación a la fracción III, del ordinal 107, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. De manera, que previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación del acto reclamado, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. Ahora, en el caso particular, a través del procedimiento contencioso administrativo es factible suspender la ejecución del acto reclamado en los mismos términos previstos por la ley de la materia, pues el artículo 254 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto impugnado, ya que en el juicio contencioso administrativo (como en el de amparo) la solicitud debe presentarse por el promovente en cualquier etapa del juicio y podrá concederse si no hay afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que lo daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución sean de difícil reparación. Incluso, el plazo para resolver sobre la medida cautelar es de un día hábil (veinticuatro horas). Para fundamentar la consideración planteada se invoca la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo III, página 2936, correspondiente a Noviembre de 2015, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional.". En la mencionada legislación, la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; además, que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Además, en términos del artículo 259, el acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde luego4. En mérito de lo expuesto, se evidencia que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado y, por ende, previo al ejercicio de la acción de amparo, la parte quejosa debió impugnar los actos reclamados a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Además, el hecho de que el acto reclamado pudiera ser considerado de imposible reparación, no implica que deba dejar de cumplir con el mencionado principio de definitividad, pues el Alto Tribunal ya señaló que la imposibilidad en la reparación no es una excepción a dicho principio. Ello, porque la irreparabilidad de un acto se relaciona con la afectación que produce en el conjunto de derechos del gobernado, concepto que es autónomo e independiente a la regla de definitividad que se analiza, que tiene que ver con la inexistencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en su contra en la ley aplicable5. Sirve de sustento, la Jurisprudencia PC.II.A. J/14 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Tomo III, página 2723, correspondiente a Octubre de 2019, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA IRREPARABILIDAD, COMO CARACTERÍSTICA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (INTRAPROCEDIMENTALES O RESOLUCIONES DEFINITIVAS), NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, AUN CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN ESTÉ INVOLUCRADO UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O UN ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA AHORA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. De las tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) y 2a./J. 18/2015 (10a.), de la Primera y de la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍMISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." e "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", deriva que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de estos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por otra parte, la regla de la definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, se concluye que la irreparabilidad, como característica de los actos reclamados (intraprocedimentales o resoluciones definitivas), no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad, aun cuando en el procedimiento administrativo de origen esté involucrado un agente del Ministerio Público o un elemento de la Policía de Investigación de la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que la circunstancia de que el quejoso se encuentre sujeto al régimen especial establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. No es obstáculo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.", ya que ésta alude a la causal de improcedencia del juicio constitucional, apoyada en la aplicación, a contrario sensu, del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en el sentido de que contra los actos u omisiones acaecidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, deviene improcedente la acción de amparo; por tanto, dicha causal de improcedencia es distinta a la prevista en el numeral 61, fracción XX, de la ley citada, pues no es lo mismo promover el juicio constitucional contra los actos u omisiones dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, a tener que agotar los medios ordinarios de defensa contra los actos reclamados en el juicio de amparo." Por otra parte, en el presente caso no se surte ninguno de los supuestos de excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que si bien pudiera considerarse que se alegan violaciones directas a la constitución, lo cierto es que también se combaten cuestiones de legalidad de dichos actos administrativos (violaciones indirectas); y si bien, en el apartado relativo, cita los preceptos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello no implica que la sola cita actualice la excepción al principio de definitividad, considerar lo contrario sería relevar a la quejosa de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la promovente, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.6 De ello, es inconcuso que -aun considerando que la parte quejosa planteó violaciones directas a la Constitución-, también hace valer cuestiones de legalidad contra las cuales no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto que estima violatorio de derechos fundamentales, a través del juicio de nulidad, dado que al interponerlo, la agraviada puede alegar los vicios de legalidad, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución, por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso o juicio. Tampoco impugnó, por considerarla inconstitucional, alguna de las normas que regulan ese procedimiento; es decir, no se reclamó ninguna ley con motivo de su primer acto de aplicación. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, los argumentos que sostienen a la jurisprudencia P./J. 136/2001,aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES. El artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, principio de definitividad que tratándose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales sólo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones a la legislación local que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de la Carta Magna, pues el órgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneración a disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretación de la Norma Fundamental corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Asimismo, la jurisprudencia con registro digital: 205283, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias (s): Común, Jurisprudencia: XX. J/1, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Abril de 1995, página 94, "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. "Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Por tanto, en el caso no se surte ninguna excepción al principio de definitividad. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. DOMICILIO. En virtud de que el domicilio que señala en la demanda para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en la dirección indicada en la demanda y le notifique personalmente esta determinación; asimismo, le requiera para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señalen domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, apercibida que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista, en términos de la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto en esta ciudad; en caso de ser necesario, practíquese la diligencia en dicho domicilio conforme lo establece el numeral 21, último párrafo, de la referida ley. Por otra parte, se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona para entablar comunicaciones no procesales. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En caso de ser necesario, practíquese las diligencias derivadas de este sumario, de conformidad con el numeral 21, último párrafo, de la ley de la materia. AUTORIZADOS. Se autoriza en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, en virtud de que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRONICO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en virtud de que el usuario angel.gb, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza consultar las actuaciones del presente asunto. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. La intención de ello radica en asumir que la aplicación de la tecnología permite dar un paso sin precedentes en su compromiso con el uso responsable de las tecnologías y con la reducción del consumo de papel y demás insumos que vienen asociados a ello, razón por la cual se propone eliminar casi en su totalidad la generación de documentos físicos. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa ..." Lo anterior en atención al citatorio de fecha veinticinco de abril de dos mil veintitrés.
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