Narcizo Marín Ramírez

Expediente 813/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
813/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
21/09/2016

Partes del expediente

  • Narcizo Marín Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de Amparo supletoria, en términos del numeral 2, se agrega a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el original del juicio de amparo indirecto 813/2016, así como copia certificada de la ejecutoria de treinta y uno de agosto del año actual, emitida en la queja 93/2016, de su índice, en cuyo punto resolutivo se determinó: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja." Por ende, acúsese el recibo de estilo correspondiente; glósense las actuaciones originales posteriores a la formación del cuaderno de antecedentes, ya que en esta fecha se recibe el cuaderno principal del sumario constitucional en que se actúa y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Luego, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se ordena su archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, de conformidad con lo establecido en la certificación de cuenta, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes los oficios de cuenta, por medio de los cuales el Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal en Ecatepec, Estado de México, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio y comunica el auto dictado el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis y remite copia certificada de la resolución emitida el veintisiete de los cursantes en el toca 272/2015. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que del presente proveído se les practique, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que realizó la responsable al fallo protector; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado de Distrito se pronunciará al respecto con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por estas.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese al expediente en que se actúa copia simple del escrito de cuenta, signado por Narcizo Marín Ramírez, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el auto de quince de junio de dos mil dieciséis (fojas 23 a 27). Así las cosas, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso que hace valer por la parte quejosa; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para que substancié el medio de impugnación de referencia, los autos originales, el escrito original de agravios, una copia simple del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado. Con copia de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se hace la aclaración que este órgano jurisdiccional no practicará el trámite referido en el artículo 101 de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del auto recurrido, y estado procesal de los autos, pues no se ha llamado a juicio a parte alguna diversa a la aquí recurrente.

  4. Principal

    SE DESAHOGA REQUERIMIENTO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguense a los autos el escrito y oficio de cuenta, por medio de los cuales, el quejoso Narcizo Marín Rodríguez y la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, desahogan los requerimientos formulados en proveído de seis de junio del año en curso (fojas 7 a 9) respectivamente, atento a ello, se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito signado por el quejoso, se advierte que su acto reclamado lo es: ".unicamente en la negativa del Agente del Ministerio Público, Adscrito a la Mesa Segunda, de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para permitir al ocursante apersonarse y en su caso otorgar al mismo ocursante su garantía de audiencia, a la cual tengo legalmente derecho, para aportar pruebas y alegar en favor de mi defensa, precisamente dentro de las actuaciones de la carpeta de investigación número 382940360010516, que se sigue ante dicha autoridad..". DESECHAMIENTO. Por tanto, toda vez que el numeral 113 de la ley de la materia, establece que el juez de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la tesis I.1o.A. J/4 de la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII (mayo de 1998), página 890, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, respecto al acto reclamado es pertinente asentar lo que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por tanto, cuando los actos reclamados no sean de los considerados como de imposible reparación, el juicio de amparo será improcedente en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b) este último interpretado en sentido opuesto. Cabe precisar que como actos en juicio, que el caso particular se trata de un procedimiento administrativo, específicamente la integración de la carpeta de investigación 382940360010516, y en contra de las cuales proceda el juicio de amparo indirecto se traducen a aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no se considerarán como tales cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales, pues no dañan a las partes ni siquiera en grado predominante o superior, lo cual sucede por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de toda la indagatoria bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Máxime de las constancias allegadas por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se advierte que la carpeta 382940360010516, continua en etapa de investigación a fin de determinar la presunta participación de quién participó en el ilícito; de ahí que se concluya que no se han transgredido los derechos sustantivos del impetrante, pues su participación no ha sido acreditada, por lo cual el presente juicio de garantías no tendría materia de aplicación. Al caso se invoca, por analogía, la jurisprudencia P./J.24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), Octava Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". También cobra aplicación al respecto la tesis I.13o.A.3 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1742 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII (marzo de 2001), Novena Época, que a la letra dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo". Para sostener lo anterior, se toma en cuenta lo que establece el artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial..." Ahora, cabe precisar que el nuevo sistema de justicia penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, tiene como características las siguientes: 1. Los juicios se tramitan de manera oral, toda vez que las pretensiones, argumentaciones y pruebas se deben de plantear en forma oral ante el juez; 2. Es adversarial, en tanto implica una contienda entre partes en situación de igualdad procesal sometidas a la jurisdicción; y, 3. Se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad; la primera, para asegurar una trilogía procesal en la que el ministerio público sea la parte acusadora, el imputado esté en posibilidades de defenderse y, al final, sea un juez quien determine lo conducente; la segunda, que fomentará la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos. Por otro lado, también, resulta conveniente señalar que conforme al nuevo sistema penal implementado en el Estado de México, a partir de las reformas sustanciales adoptadas por el legislador constitucional y local, la etapa Etapa preliminar o de investigación, la asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con vigilancia judicial garantizada por el juez de control; es aquí cuando el Ministerio Público puede optar por la aplicación de un criterio de oportunidad; siempre que no se haya formulado imputación. Conforme al artículo 221 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, esta etapa tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de los elementos que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del imputado. Estará a cargo del ministerio público y de la policía que actuará bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. De forma genérica, deben distinguirse dos momentos cruciales en la fase de la investigación, cuya verificación, escalonadamente apertura la subsecuente fase: 1.- Cuando el Ministerio Público y la policía, allegan datos primigenios que hacen factible la investigación. 2.- Cuando se tienen suficientes elementos que permiten formular y sostener la imputación de un hecho delictuoso a una persona determinada, ante el juez de control; lo que tiene como consecuencia que primeramente pueda librar una orden de aprehensión y posteriormente pronuncie respecto de un auto de vinculación al proceso penal. Precisado lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio; lo mismo sucede con relación a la integración de la carpeta de investigación 382940360010516, ya que, en todo caso, la afectación a su esfera jurídica se materializará hasta que la autoridad judicial determine en un momento dado si resulta procedente o no dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Luego entonces, los actos reclamados en estudio relativos a "la negativa del Agente del Ministerio Público, Adscrito a la Mesa Segunda, de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para permitir al ocursante apersonarse y en su caso otorgar al mismo ocursante su garantía de audiencia, a la cual tengo legalmente derecho, para aportar pruebas y alegar en favor de mi defensa, precisamente dentro de las actuaciones de la carpeta de investigación número 382940360010516, que se sigue ante dicha autoridad", no constituyen actos de imposible reparación que puedan ser combatidos a través del juicio de amparo indirecto. Máxime, de las constancias allegadas por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se advierte que la carpeta objeto de la Litis se encuentra en etapa de investigación, lo cual se traduce a que la representación social en ejercicio de la facultad que le concede la propia Carta Magna, se encuentra realizando los actos tendientes a acreditar el hecho delictuoso y la presunta participación de quien lo cometió o participó en el mismo. De ahí, que no resulte procedente la petición del quejoso de "apersonamiento", hasta en tanto se acredite fehacientemente quien participó en el hecho delictuoso aunado a que la representación social no ha emitido acuerdo alguno para generar la presencia del impetrante de amparo. Es aplicable al caso, la tesis 1a. CXXXV/2004 de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX (diciembre de 2004), página 351, de rub1ro y texto: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, es procedente, desechar de plano la demanda presentada por Narcizo Marín Ramírez, al ser notoriamente improcedente.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano