Narciso Vicente Palacios
Expediente 594/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Narciso Vicente Palacios
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se tuvo por no presentada la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
"""San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 594/2022. Desechamiento. Vista la demanda presentada por ***; este Juzgado de Distrito considera que debe desecharse de plano en términos de lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64 del libro Núm. 80, Agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro: 210751, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Del estudio realizado a la citada jurisprudencia, se evidencia que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Ahora bien, en el caso sujeto a estudio, el quejoso reclama la falta de acuerdo a sus escritos presentados en el mes de octubre de dos mil veintiuno, y de enero y marzo, ambos del año en curso, en el expediente 384/2011, que actualmente se encuentra radicado en el Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial de Tuxtepec. En ese sentido, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del numeral transcrito se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado contra actos respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través de los cuales puedan ser combatidos y, por ende, modificados, revocados o nulificados, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. De modo que cuando exista un recurso o medio de defensa legal por el cual el acto reclamado sea susceptible de modificarse, anularse o revocarse y no se haya impugnado con antelación a la promoción del juicio de amparo, el acto reclamado carece de definitividad y, por consiguiente, el juicio de amparo se torna improcedente. En ese sentido, las abstenciones u omisiones de la autoridad responsable se traducen en una denegación de justicia y/o demora injustificada en el despacho de los asuntos de competencia del Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial de Tuxtepec, contra lo cual procede el recurso de queja, en términos de los artículos 697 a 701, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; que, en el caso, debe agotarse previamente al juicio de amparo. En efecto, los artículos 697, 699 y 701 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca disponen: Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. Derogada. III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia. Artículo 699.- El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. El escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro de tercero día, decidirá lo que corresponda. Artículo 701.- El recurso de queja contra los jueces sólo procede en los juicios cuya sentencia sea apelable, a no ser que se intente para calificar el grado en la denegación de apelación o en los casos de denegación de justicia. Dichos numerales establecen que contra actos que impliquen denegación de justicia o demora injustificada del juez procede el recurso de queja; el cual debe presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como superior del juez de primera instancia. En esas condiciones, tomando en cuenta que el quejoso tiene el carácter de actor en expediente 384/2021, de la que deriva la denegación de justicia que reclama por demora injustificada en el trámite del expediente en el que es pare actora, debió observar el principio de definitividad, a fin de que el superior del juez responsable lo obligue a pronunciarse sobre las pretensiones de la parte quejosa. Sustenta lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia 982, visible en la página 674 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, tomo VI, Materia Común, del rubro y texto literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.". Sin que esas omisiones se encuentren en el caso de excepción para que sea procedente el juicio de amparo, toda vez que no se trata de: a) Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Persona extraña al procedimiento. d) Auto de vinculación a proceso. Es ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 175624, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA". En esas condiciones, se reitera, la omisión atribuida a la autoridad jurisdiccional responsable de acordar las peticiones de que se habla, en los lapsos que marca la ley, se traduce en una denegación de justicia que implica demora en el despacho de los negocios, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, contra la cual, procede el recurso de queja en los términos indicados. Es aplicable, por su contenido, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, Julio de 2012, página 729, registro 2001155, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL". Por ende, si la parte quejosa omitió agotar el recurso de queja correspondiente, que constituye un medio de defensa ordinario, opera de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar la demanda de amparo de que se trata por su notoria e indudable improcedencia. Es importante destacar que por el desechamiento de la demanda no se impide el acceso a la justicia al quejoso, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL" Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria para oír y recibir notificaciones de manera electrónica, por lo que proporciona el usuario "Franciscoramosmartinez", para tal efectos, por lo que instrúyase a la analista jurídica adscrita a este órgano jurisdiccional para que realice las gestiones correspondientes, en el entendido de que se autorizan las notificaciones electrónicas en este asunto a la parte quejosa a través del usuario en mención. De igual manera, deberá autorizar el acceso electrónico de este asunto al citado usuario. De igual forma, se tiene como su autorizado con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Mauro Francisco Ramos Martínez, quien se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, bajo el número 194483 y en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas que menciona, esto es, sin posibilidad de promover, por no ubicarse en el supuesto anterior. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."""
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