Narciso Vicente Cruz
Expediente 1220/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Narciso Vicente Cruz
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, once de enero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vistos los autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 152 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso b), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Narciso Vicente Cruz, por conducto de Victoria Palacios López, en su carácter de autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, contra los actos de JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL JUZGADO DE TEHUACÁN, PUEBLA, y otra autoridad, consistentes en: 1. La resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal 311/2021, en la cual, en el segundo punto resolutivo el juez responsable tuvo al ministerio público presentando en tiempo y forma acusación en contra del quejoso y señalando las once horas del día cinco de enero de dos mil veintidós para audiencia intermedia, así como en el décimo punto resolutivo en el que respecto al escrito de tres de diciembre de dos mil veintiuno, presentado por la defensora del imputado, aquí quejoso, en el cual solicitó el sobreseimiento de la causa penal, se proveyó que no había lugar a lo solicitado, ya que escrito carecía de validez al no estar debidamente signado por la ocursante. 2. La omisión de dar respuesta a su escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que solicita el sobreseimiento de la causa penal 311/2021. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1220/2021. DESECHAMIENTO Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido respecto a la resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal 311/2021, con el contenido indicado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: :. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y". Tales preceptos limitan la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, pues para ejercer de la acción de amparo en su contra resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En la especie, los actos reclamados no son de imposible reparación, debido a que la circunstancia de que el juez de control responsable tuviera al agente del Ministerio Público formulando acusación en contra del quejoso, no le genera alguna afectación material en sus derechos, pues esa circunstancia únicamente da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual se llevarán a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual de ninguna manera genera una afectación o lesión a los derechos del quejoso, tales como su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino únicamente tiende a la continuidad del proceso penal acusatorio en la etapa subsecuente, de manera que los derechos en juego son únicamente de carácter procesal, más no sustantivo. Respecto a la determinación de no proveer favorable la solicitud de la defensora del imputado, al carecer de validez al no estar debidamente signado por la ocursante, tampoco genera alguna afectación material en los derechos sustantivos del quejoso, indicados en el párrafo que antecede, sino que las consecuencias de tales determinaciones quedan en un plano meramente procesal. Es así, porque el tener formulada la acusación y señalar fecha y hora para la audiencia intermedia y, por otra parte, no acordar favorable el escrito del quejoso ante su invalidez por falta de firma, no repercute de manera real, directa ni actual en alguno de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados internacionales, sino que podría, en su caso, llegar a estimarse una transgresión formal, adjetiva, que, por ende, no es materia de análisis a través del juicio de amparo indirecto, porque no se satisface el requisito necesario para ello, como es, que se trate de un acto en juicio que sea de imposible reparación, de ahí que no es dable emprender su análisis en esta vía. De ahí que se concluya que la determinación de seis de diciembre de este año reclamada en esta instancia constitucional no es de imposible reparación, pues tiene carácter eminentemente adjetivo, esto es, no afecta derechos fundamentales de la parte quejosa. Por otro lado, respecto al acto reclamado señalado en el punto 2 al inicio de este proveído, consistente en la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que solicita el sobreseimiento de la causa penal 311/2021, se surte la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En la fracción aludida se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En tal disposición legal se consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual se impone al gobernado la obligación de agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, contra aquellas resoluciones judiciales que estima lesionan sus derechos, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario, como es el juicio de amparo. Al respecto, debe puntualizarse que la legislación procesal que rige el acto reclamado, prevé un medio ordinario de impugnación a través del cual puede ser revocado o modificado. Por tanto, al no agotar el medio ordinario de impugnación antes de promover el juicio de amparo, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé la procedencia del recurso de queja contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado en este código. Así mismo, la queja será interpuesta ante el órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente; el que lo tramitará y resolverá en un plazo no mayor de tres días. De ahí que el juicio de amparo resulte improcedente contra la omisión que atribuye la parte quejosa al juez de control responsable, porque en la legislación procesal se establece un medio de impugnación, a través del cual puede ser subsanada la omisión que controvierte en esta vía constitucional, al Juez de Control de Tehuacán, Puebla, derivada de la causa penal 311/2021. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la informan, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: Novena Época, Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/37, Página: 902. "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial, puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica. No obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Sin que sea óbice que la afectación del derecho sustantivo cuya violación reclama no sea susceptible de repararse con el dictado de un fallo posterior, porque tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), Constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que la demanda de cuenta se generó con motivo de la ampliación que el quejoso pretendió realizar dentro del juicio de amparo 780/2021 de los del índice de este juzgado federal, por lo que no se tiene domicilio señalado en el ocurso de cuenta, no obstante a fin de no dejarlo en esta de indefensión, en conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como su domicilio para oír y recibir sus notificaciones el mismo que indicó en ese juicio, esto es, el ubicado en Calle dos poniente, número ciento once, despacho trescientos uno, colonia Centro, Puebla, Puebla, para los efectos de este juicio de amparo y por autorizada a la profesionista que se le tuvo, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico y número telefónico, previo cercioramiento que de su recepción realice el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, pues no son un medio de comunicación procesal, porque para eso se necesita que solicite la notificación a través del juicio en línea. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Puebla, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Narciso Vicente Cruz, por conducto de Victoria Palacios López, en su carácter de autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, contra los actos de JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL JUZGADO DE TEHUACÁN, PUEBLA, y otra autoridad, consistentes en: 1. La resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal 311/2021, en la cual, en el segundo punto resolutivo el juez responsable tuvo al ministerio público presentando en tiempo y forma acusación en contra del quejoso y señalando las once horas del día cinco de enero de dos mil veintidós para audiencia intermedia, así como en el décimo punto resolutivo en el que respecto al escrito de tres de diciembre de dos mil veintiuno, presentado por la defensora del imputado, aquí quejoso, en el cual solicitó el sobreseimiento de la causa penal, se proveyó que no había lugar a lo solicitado, ya que escrito carecía de validez al no estar debidamente signado por la ocursante. 2. La omisión de dar respuesta a su escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que solicita el sobreseimiento de la causa penal 311/2021. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1220/2021. DESECHAMIENTO Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido respecto a la resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal 311/2021, con el contenido indicado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: :. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y". Tales preceptos limitan la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, pues para ejercer de la acción de amparo en su contra resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En la especie, los actos reclamados no son de imposible reparación, debido a que la circunstancia de que el juez de control responsable tuviera al agente del Ministerio Público formulando acusación en contra del quejoso, no le genera alguna afectación material en sus derechos, pues esa circunstancia únicamente da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual se llevarán a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual de ninguna manera genera una afectación o lesión a los derechos del quejoso, tales como su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino únicamente tiende a la continuidad del proceso penal acusatorio en la etapa subsecuente, de manera que los derechos en juego son únicamente de carácter procesal, más no sustantivo. Respecto a la determinación de no proveer favorable la solicitud de la defensora del imputado, al carecer de validez al no estar debidamente signado por la ocursante, tampoco genera alguna afectación material en los derechos sustantivos del quejoso, indicados en el párrafo que antecede, sino que las consecuencias de tales determinaciones quedan en un plano meramente procesal. Es así, porque el tener formulada la acusación y señalar fecha y hora para la audiencia intermedia y, por otra parte, no acordar favorable el escrito del quejoso ante su invalidez por falta de firma, no repercute de manera real, directa ni actual en alguno de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados internacionales, sino que podría, en su caso, llegar a estimarse una transgresión formal, adjetiva, que, por ende, no es materia de análisis a través del juicio de amparo indirecto, porque no se satisface el requisito necesario para ello, como es, que se trate de un acto en juicio que sea de imposible reparación, de ahí que no es dable emprender su análisis en esta vía. De ahí que se concluya que la determinación de seis de diciembre de este año reclamada en esta instancia constitucional no es de imposible reparación, pues tiene carácter eminentemente adjetivo, esto es, no afecta derechos fundamentales de la parte quejosa. Por otro lado, respecto al acto reclamado señalado en el punto 2 al inicio de este proveído, consistente en la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que solicita el sobreseimiento de la causa penal 311/2021, se surte la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En la fracción aludida se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En tal disposición legal se consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual se impone al gobernado la obligación de agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, contra aquellas resoluciones judiciales que estima lesionan sus derechos, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario, como es el juicio de amparo. Al respecto, debe puntualizarse que la legislación procesal que rige el acto reclamado, prevé un medio ordinario de impugnación a través del cual puede ser revocado o modificado. Por tanto, al no agotar el medio ordinario de impugnación antes de promover el juicio de amparo, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé la procedencia del recurso de queja contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado en este código. Así mismo, la queja será interpuesta ante el órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente; el que lo tramitará y resolverá en un plazo no mayor de tres días. De ahí que el juicio de amparo resulte improcedente contra la omisión que atribuye la parte quejosa al juez de control responsable, porque en la legislación procesal se establece un medio de impugnación, a través del cual puede ser subsanada la omisión que controvierte en esta vía constitucional, al Juez de Control de Tehuacán, Puebla, derivada de la causa penal 311/2021. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la informan, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: Novena Época, Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/37, Página: 902. "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial, puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica. No obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Sin que sea óbice que la afectación del derecho sustantivo cuya violación reclama no sea susceptible de repararse con el dictado de un fallo posterior, porque tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), Constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que la demanda de cuenta se generó con motivo de la ampliación que el quejoso pretendió realizar dentro del juicio de amparo 780/2021 de los del índice de este juzgado federal, por lo que no se tiene domicilio señalado en el ocurso de cuenta, no obstante a fin de no dejarlo en esta de indefensión, en conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como su domicilio para oír y recibir sus notificaciones el mismo que indicó en ese juicio, esto es, el ubicado en Calle dos poniente, número ciento once, despacho trescientos uno, colonia Centro, Puebla, Puebla, para los efectos de este juicio de amparo y por autorizada a la profesionista que se le tuvo, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico y número telefónico, previo cercioramiento que de su recepción realice el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, pues no son un medio de comunicación procesal, porque para eso se necesita que solicite la notificación a través del juicio en línea. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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