Narciso Martinez Cristobal

Expediente 588/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
588/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Narciso Martinez Cristobal

Actuaciones

  1. Principal

    ...Ha transcurrido el término para que la promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintinueve de mayo del año en curso... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes...archívese el asunto como totalmente concluido...el presente juicio ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    ...Se advierte la imposibilidad de la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de notificar personalmente al quejoso el proveído de veintinueve de mayo del año en curso, por los motivos que ahí se expone; en consecuencia, notifíquese dicho auto por lista de acuerdos...EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE PUBLICA POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: (....Vista, la demanda de amparo promovida por Narciso Martínez Cristóbal, contra actos del Fiscal Itinerante Adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XXI, con sede en Uxpanapa, Veracruz; en consecuencia, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 588/2019-III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y, si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por las partes, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Véase en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala, esencialmente, como actos reclamados: La omisión de la autoridad responsable de emitir un acuerdo respecto del escrito (querella) presentado por Narciso Martínez Cristóbal (aquí quejoso), el veintidós de abril del año en curso, en la carpeta de investigación UXP-ITIN/17/2019. En ese contexto, se observa que en contra de dicha omisión se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, en relación con la fracción XVIII, de la Ley de Amparo ; en virtud, de que resulta improcedente el juicio de amparo, dado que la parte quejosa debió agotar el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al principio de definitividad, previo a la acción constitucional. I) Obligación de agotar los recursos y medios ordinarios de defensa. Principio de definitividad. En efecto, se establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, el que el acto reclamado no tenga el carácter de definitivo; sin embargo, destacan las excepciones al principio de definitividad a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Así como cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ante ello, cabe indicar que el precepto legal referido consigna la causal de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, bajo las excepciones apuntadas, dado que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. El principio de definitividad obliga al promovente a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquéllos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En el caso particular, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de impugnación en sede judicial, ante las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Ahora bien, el artículo 20 constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado "C", se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento del a acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)." De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones ante el Juez de Control; facultado para tal efecto dentro del sistema acusatorio que rige en el Estado de Veracruz, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad y, en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido literal siguiente: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." Los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que como agente investigador el Ministerio Público debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; que al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación; que durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, que el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; que puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugnen dicha resolución ante el Juez de Control. Además, se tiene que entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad y se interponen mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables; los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual se pueden combatir las actuaciones u omisiones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Por tanto, si en la especie, el promovente reclama la omisión del Fiscal Itinerante Adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XXI, con sede en Uxpanapa, Veracruz, consistente en emitir un acuerdo en relación a la querella que formuló en el escrito presentado el veintidós de abril pasado, en la carpeta de investigación UXP-ITIN/17/2019; resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, en razón de que la finalidad del nuevo sistema de justicia penal, busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que las omisiones del Agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de Control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Motivo por el cual, este órgano jurisdiccional considera que el acto citado, debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 constitucional, apartado "C", fracción VII y el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar las omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar los actos de que se duele la promovente, por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar el recurso, previo a incoar el juicio de amparo indirecto, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Consideración que se aplica en las tesis de jurisprudencia 27 y 28 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales fueron aprobadas el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, de la Décimo Época, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." II. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. La decisión que ahora se adopta, no implica desatender el derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. III. DECISIÓN. En consecuencia, dado que se actualiza la causal de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción VII, interpretado a sentido contrario, ambos de la ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del cuerpo normativo en cita, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata..)

  3. Principal

    ...téngasele a el Delegado del Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos en esta ciudad por rendido el informe de las gestiones y medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a la resolución ...estese en espera de cumplimiento al fallo protector emitido...

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