Narciso Bonifacio Zahuanatitla Alcantarilla y Otros.

Expediente 1049/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1049/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
20/01/2022

Partes del expediente

  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala
  • Narciso Bonifacio Zahuanatitla Alcantarilla y Otros.
  • Ángel Alfonso Juárez Xahuentitla y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinte de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, en contra del auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se precisa que en el presente juicio de amparo obra un documento catalogado como original que exhibió la parte quejosa, por lo cual es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no solicitar su entrega será destruido con el expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a veinte de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, en contra del auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se precisa que en el presente juicio de amparo obra un documento catalogado como original que exhibió la parte quejosa, por lo cual es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no solicitar su entrega será destruido con el expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. ***

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Agréguense a los autos únicamente para que obre como constancia, el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual rinde su informe justificado; lo anterior, porque el tres de diciembre de los actuales se sobreseyó el juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de diciembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguense a los autos el oficio de la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual rinde su informe justificado, y en su apoyo acompaña copia certificada de constancias relativas al juicio laboral de origen, que constituye una documental que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, al tratarse de documento público expedido por funcionario legalmente autorizado para ello. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de las constancia que remite el Presidente responsable, se advierte que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio, toda vez que en el mismo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Cabe señalar que para que se dé la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que se destruyan todos los efectos en forma total e incondicional, para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invalidado la esfera jurídica del impetrante de garantías. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, del rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, de igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es así, porque de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y Secretaria de acuerdos adscrita, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el doce de abril de dos mil veintiuno, en que solicitó acciones tendientes a la ejecución del laudo dictado en los autos del juicio laboral 194/2001-A. Así, de la constancia que remitió la autoridad responsable, se advierte que el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable, proveyó lo conducente respecto al escrito presentado el doce de abril de los corrientes, presentado por la parte aquí quejosa en el juicio de origen. Luego, si la autoridad responsable con las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta remitió copia certificada del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, del que se advierte que dio respuesta a la promoción referida en el párrafo que antecede; por ende, es evidente que sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se invoca, ya que han cesado los efectos del acto que se reclama; sin que sea obstáculo el sentido en que resolvió la autoridad responsable, pues la respuesta que emita la autoridad no debe ser forzosamente favorable a lo que solicite la parte quejosa; máxime que los demás actos ya son posteriores a la presentación de la demanda y por tanto en este amparo no se podría ocupar de éstos. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis cuyos rubros, textos y datos de identificación son los siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD.-Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." (Quinta Época, Pleno, Apéndice de 1995, Tomo III, Parte: Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 130, página 89). "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO.-El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." (Octava Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX-abril de 1992, tesis 3a. XXXIV/92, página 81). "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.-Ha sido criterio reiterado de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte, que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, debiendo el acuerdo respectivo ser congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por lo tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden al Juez de Distrito y a esta Suprema Corte a que, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, tesis 2a. CXL/98, página 434). "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." (Décima Época, Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Registro 2008134, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Laboral, Tesis: IX.1o.17 L (10a.), Página: 835) De igual forma, sin que sea óbice que no obre la constancia con la que se acredite que la responsable haya notificado a la parte quejosa el citado acuerdo, en el juicio de origen, puesto que al oficio de cuenta acompañó copia de éste y por ende, al correrle traslado con dicha documental, queda enterada de su emisión. Es aplicable, por analogía y sólo por cuanto a que resulte necesaria la notificación de la parte quejosa, la jurisprudencia 2a./J. 36/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA." Por consiguiente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.", pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En virtud de la determinación alcanzada, no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto al resto de las probanzas que ofrece la autoridad responsable en el oficio de cuenta. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Ahora bien, en virtud de la resolución alcanzada dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con nueve minutos del ocho de diciembre siguiente. Delegados y domicilio. Con fundamento en el artículo 9 y 27 de la ley de la materia se tiene al Presidente del citado tribunal por designados delegados a las personas que menciona y por señalado domicilio para oir y recibir notificaciones. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a las autoridades responsables y al tercero interesado. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera que autoriza y da fe.

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