Narcedalia Mayor Gordillo
Expediente 553/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2023
Partes del expediente
- Narcedalia Mayor Gordillo
Actuaciones
- Principal
Visto, el oficio signado electrónicamente por la Secretaria de Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 9967/2023 y anexos remitidos por este juzgado; asimismo, informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa ****, contra el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; recayéndole el número 145/2023, de su índice. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de referencia para que obre como corresponda y téngase a la superioridad acusando de recibo e informando la admisión del recurso en cita. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice la captura correspondiente del recurso citado supralíneas. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto, el pedimento firmado criptográficamente por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo realizado por la autoridad responsable. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el pedimento de cuenta, y ténganse por hechas sus manifestaciones, las cuales serán valoradas al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por *****, contra actos que reclama al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y otras. I. Registro. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 553/2023-IV. II. Integración del Expediente Físico y Electrónico. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. Causa de Improcedencia De acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que, en esencia, la promovente reclama de las autoridades responsables: La suspensión de pagos y depósitos de vales de despensa por concepto de sueldos por la plaza de Oficial Especializado "H-4", empleado de base sindicalizado, adscrita a la Dirección de Servicios Médicos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La instrucción de realizar el movimiento nominal de baja. Su ejecución. En atención a lo anterior, quien hoy resuelve estima que la demanda de amparo es improcedente y debe desecharse de plano, de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que previenen: "Artículo 61.- "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general" (.)" De los preceptos legales transcritos se obtiene que la improcedencia del juicio de control constitucional puede derivar de otros preceptos de la Ley de Amparo o de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se evidencia que en el juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita llevar a cabo el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos anteriormente indicados y cuyas funciones estén determinadas por una ley general. En función de lo anterior, no es dable estimar que una persona o ente constituya autoridad para efectos del juicio de amparo, si no reúne las características previamente apuntadas. Referente al tema, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Como se puede observar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estatuido que una autoridad para efectos del juicio de amparo se distingue por: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, para determinar si una persona o ente tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, se tiene que verificar los supuestos legales antes precisados. En ese sentido, cabe recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas, a saber: a) Coordinación, b) Supra-subordinación y, c) Supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra-subordinación, son las entabladas entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público establecidos también en los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y algunos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, establecen una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las establecidas entre los órganos del propio estado. Ante esta circunstancia, se tiene que, en lo que al caso interesa, el estado tiene una doble personalidad, la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este último caso, si el estado contrata a una persona para desempeñar cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate y de los diversos funcionarios, que de acuerdo a sus atribuciones figuren en cualquier ámbito, en auxilio de la parte patronal frente a la persona contratada, su actuación no será investida de imperio, sino en una relación laboral peculiar (sui generis) surgida en un plano de igualdad entre el propio estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Así, si de la demanda de amparo se advierte que la quejosa se duele de la suspensión de pagos y depósitos de vales de despensa por concepto de sueldos, por la plaza de Oficial Especializado "H-4", empleado de base sindicalizado, adscrita a la Dirección de Servicios Médicos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la instrucción de realizar el movimiento nominal de baja y su ejecución, ordenados por el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la Secretaria de Salud Municipal y el Coordinador Administrativo, estos últimos del ayuntamiento referido. Asimismo, en los antecedentes de la demanda de amparo, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "1. Bajo protesta de decir verdad hago saber a su señoría que el día 16 de febrero de 1989, ingresé a laborar para el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como personal de confianza, con funciones administrativas de Secretaria Ejecutiva "B"; movimiento nominal, que deberá obrar en mi expediente laboral que se encuentra bajo resguardo de la responsable. 2. Que el día 04 de enero de 1994, el entonces Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Licenciado **** me expide mi nombramiento como Secretaria Ejecutiva "B" (Plaza Base), con adscripción a la Dirección de Servicios Públicos de Infraestructura del citado Municipio, lo que acredito anexando al presente original del citado nombramiento, y pido a usted C. Juez, respetuosamente no sea perforado o rayado, toda vez que es de utilidad personal. 3. Que por necesidades del servicio, fui comisionada a la Dirección de Servicios Médicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la plaza de Oficial Especializado "H-4" con carácter de empleado de Base Sindicalizado, adscrita a la Dirección de Servicios Médicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tal y como logro acreditar con la copia simple de la constancia laboral con número de folio 9, de fecha 9 de noviembre de 2021, signado por el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de referencia, y bajo protesta de decir verdad manifiesto a usted que no cuento con su original, por obrar dentro de mi expediente laboral, que se encuentra bajo el resguardo de la Dirección de referencia. 4. Que por el servicio prestado al ayuntamiento, percibo un salario líquido variable según las deducciones aplicables de entre $24,283.00 (veinticuatro mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N), y $18,929.09 (dieciocho mil novecientos veintinueve pesos 09/100 M.N), tal y como logro acreditar con la impresión del comprobante de quincena correspondiente al periodo comprendido del 01 al 15 de febrero de 2023, mismo que se deposita de manera quincenal a mi tarjeta de nómina con número de cuenta ****, de la Institución Bancaria BANORTE, acreditándolo con la impresión de los detalles de movimientos del estado de cuenta donde consta los depósitos de nómina BANORTE por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, correspondiente a la quincenas del 13 y 30 de enero;14 y 27 de febrero de 2023. 5. Que el día 14, 15 y 16 de marzo de 2023, transcurrieron sin que recibiera deposito alguno en mi tarjeta de nómina con número de cuenta ****, de la Institución Bancaria BANORTE, tal y como se puede advertir de la impresión del histórico de cuenta correspondiente al periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo de 2023; por lo que el día 17 de marzo, acudí al departamento de recursos humanos del ayuntamiento a preguntar si había algún problema con mi pago y me informaron que había instrucciones de suspenderme el pago sin que me proporcionaran mayores explicaciones y sin haberme notificado por ningún medio la causa de dicha suspensión, para acreditar lo anterior ofrezco mi estado de cuenta correspondiente al 15 del mes de marzo de 2023; de igual forma no se depositó la cantidad debida en mi tarjeta de vales de despensa, que es una de las prestaciones que cuento como trabajadora de base sindicalizado, sin que haber recibido hasta el momento explicación alguna que esplique dicha falta de pago. 6. Que el día 30 y 31 de marzo del presente año transcurrió nuevamente, sin que recibiera deposito alguno a mi tarjeta de nómina con número de cuenta *****, de la Institución Bancaria BANORTE, por concepto de mi salario, de igual manera no se depositó la cantidad debida a mi tarjeta de vales de despensa, que es una de las prestaciones con las que cuento como trabajadora de base sindicalizado, sin haber recibido hasta el momento explicación alguna que explique dicha falta de pago. 7. Por lo que bajo protesta de decir verdad manifiesto que fue el día 17 de marzo de 2023, que tuve conocimiento que existía una instrucción de suspenderme el pago, por lo que acudo a usted a solicitar el amparo y la protección de la justicia en contra de la suspensión de mis salarios sin que se me haya notificado de la existencia de algún procedimiento en mi contra y por lo tanto dejándome imposibilitada para conocer las razones de tal suspensión y como consecuencia hacer valer mis derechos". Con base a lo transcrito, se advierte que los actos reclamados por la quejosa a los entes públicos municipales, se realizaron en un plano de coordinación, de manera , que no son actos de autoridad para efectos del amparo; es así, toda vez que actúan en nombre y representación del Estado patrón equiparado, pues en términos del artículo 2º de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, de los municipios y de las entidades públicas estatales y los trabajadores de base y de confianza a su servicio. Lo que se considera de esa manera, porque los actos reclamados tienen una estrecha vinculación con la relación laboral que la quejosa refiere que mantiene con la Dirección de Servicios Médicos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; esto es, realizado por dicho organismo descentralizado municipal que le cubre sus salarios a la parte quejosa como trabajadora, en su carácter de patrón equiparado. Ya que como quedó expuesto con antelación, la propia peticionaria de amparo, afirmó ser trabajadora activa con nombramiento como Secretaria Ejecutiva "B" (plaza de base), de la Dirección de Servicios Públicos de Infraestructura del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chapas; y por necesidades del servicios, actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Servicios Médicos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la plaza de oficial especializado "H-4", en su calidad de empleada de base sindicalizada. Bajo esas consideraciones, se insiste, los actos reclamados deriva de una relación de trabajo, pues independientemente de que se realicen por cualquier origen, lo cierto es que el pago de los salarios se realizan de la retribución que se debe cubrir por parte de la Dirección de Servicios Médicos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la prestación de un servicio personal subordinado. Así, tal y como ha quedado expuesto, es improcedente la acción de amparo cuando se reprochan este tipo de actos, porque por más que haya sido realizado por un ente que forma parte de la administración pública municipal descentralizada, lo cierto es que dicha dependencia le cubre su sueldo y los actos en cuestión (la retención salarial, así como la orden de movimiento nominal de baja) lo realizó en un plano de igualdad; esto es, lo ejecuta en un plano de coordinación, de la misma manera que lo realiza cualquier persona que cuente con trabajadores y ejecute descuentos, retiene u omite pagar los salarios, aunque sea a través de otra persona, departamento o entidad, lo que significa que la controversia en relación con dicha retención salarial, así como la orden de baja nominal, debe plantearse ante el órgano jurisdiccional competente y no ante un Juez de Distrito mediante el juicio de amparo, porque el acto en cuestión no puede considerarse como acto proveniente de autoridad. Además, con base en las precisiones referidas, las retenciones salariales realizadas al amparo de posibles procedimientos administrativos, préstamos, contratos o compromisos adquiridos, o cualquier otro motivo, estarán siempre sujetos al plano de coordinación, sobre el que no es procedente el juicio biistancial. Luego, si en el caso la quejosa reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (retención salarial y vales de despensa), así como la orden de baja nominal, es inconcuso que dichos actos no tienen la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por la quejosa no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (la retención del salario y vales de despensa) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obreropatronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), que se comparte, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". Por tales consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente el desechamiento de la demanda de amparo indirecto, por no tener las autoridades señaladas como responsables, el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda de amparo promovida por ****. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 98/2014 (10a.), que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Por último, se estima que no es obstáculo para arribar a dicha determinación, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 54/2012, publicada en la página 929, libro X, julio de 2012, tomo 2, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", lo anterior, en virtud de que en los casos como el que nos ocupa, donde existen diversidad de criterios firmes para determinar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pueden válidamente constatarse los requisitos de procedencia desde el auto inicial, ello de acuerdo con las manifestaciones expuestas en el escrito de demanda y su escrito aclaratorio, la naturaleza del acto reclamado y los anexos que se acompañen, lo que constituye un límite razonable en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17, constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, pues en la especie, aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo, pues con ello no variaría la naturaleza del acto impugnado. IV. Domicilio y Autorizados Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en la ****, en esta ciudad. Se tienen como autorizados de la quejosa, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, toda vez que tienen inscritas sus cédulas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, sr tiene como autorizado, únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos, imponerse de autos, a ****, toda vez que no tiene inscrita su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Por su parte, en cuando al correo electrónico y número telefónico, estos son sólo medios para entablar comunicaciones no procesales con las partes; por tanto, se toma conocimiento de dichos datos, para los efectos legales conducentes. V. RESGUARDO DE DOCUMENTO. Respecto del original del nombramiento como Secretaria Ejecutiva "B", adscrita a la Dirección de Servicios Públicos de Infraestructura, del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, se ordena su resguardo en la caja de documentos importantes bajo la guardia y custodia de la Secretaria encargado de la misma, previo copia que se deje en autos para constancia. VI. Transparencia y Acceso a la Información Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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