Napoleón Rodríguez de la Garza

Expediente 859/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
859/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
19/01/2018

Partes del expediente

  • Napoleón Rodríguez de la Garza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó en el juicio y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió diverso documento, se deja a su disposición por el término de noventa días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no recogerlo en la temporalidad indicada, se procederá a su destrucción con el expediente en que se actúa, tal como lo establece el punto décimo primero, párrafo tercero del acuerdo general en cita.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 859/2017, promovido por Napoleón Rodríguez de la Garza, por conducto de su apoderado legal, contra la omisión y actos reclamados del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de la omisión reclamada, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se viola en su perjuicio el derecho público subjetivo contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de la última fecha mencionada, se admitió la demanda registrada con el orden 859/2017; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional. IV. El quince de noviembre pasado, se admitió a trámite la ampliación de demanda en relación con el acto consistente en el acuerdo de trece de octubre pasado, emitido en la averiguación UEIORPIFAM/AP/229/2014, así como su "ilegal" notificación, respecto de los cuales este juzgado consideró innecesario requerir informe justificado, porque su ampliación derivó del rendido previamente, dándose intervención al agente del Ministerio Público adscrito con dicha ampliación. V. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de la omisión y actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de la omisión y actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados son: a) La omisión de dar contestación al escrito presentado el veintisiete de septiembre pasado, en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/229/2014; b) El acuerdo recaído a dicha petición, emitido el trece de octubre de dos mil diecisiete, en la indagatoria aludida; y c) La notificación realizada por estrados, respecto de la determinación indicada en el inciso que antecede, no obstante que el quejoso proporcionó un correo electrónico y teléfono celular, para oír y recibir notificaciones. Omisión y actos que se atribuyen al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. TERCERO. No es cierta la omisión reclamada, porque además de que así lo señaló la responsable al rendir su informe de ley, de las constancias que remitió en apoyo al mismo, se advierte su inexistencia; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud que de dichas constancias se advierte que con motivo del sismo ocurrido el diecinueve de septiembre del año próximo pasado, la unidad indicada suspendió sus actividades, y fueron reanudadas el doce de octubre siguiente; en esta última fecha le fue turnado a la responsable el escrito de veintisiete de septiembre pasado, presentado por el quejoso y en atención a que revocó el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones y documentos, indicando como tal un correo electrónico y teléfono celular, lo requirió mediante proveído de esta última data, para que proporcionara domicilio para tales efectos, a fin de que pudiera hacerse de su conocimiento el acuerdo ministerial que debía recaer a sus peticiones; determinación que fue notificada mediante cédula por estrados. Además, mediante acuerdo de trece de octubre siguiente, se dio respuesta al escrito de referencia; resolución que igualmente se notificó a través de cédula por estrados, al no haber señalado domicilio para tales efectos. Consecuentemente, si el escrito de demanda que dio origen a este juicio se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el dieciséis de octubre pasado, es inconcuso que al momento de su presentación no existía la omisión de la responsable de dar respuesta a la petición; por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, procede sobreseer en el juicio respecto de la misma. CUARTO. Es cierto el acuerdo reclamado, pues así lo manifestó la responsable al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada anexó a dicha comunicación, documental que tiene el valor probatorio indicado en párrafos que anteceden. No obstante la certeza del acuerdo indicado, es innecesario analizar el fondo del asunto, al advertirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la ley reglamentaria, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se precisa que tal causal de improcedencia se formula con base en lo que se determinará más adelante respecto de la notificación reclamada, por la que se negará el amparo. Así, el primero de los numerales últimos en cita, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Por su parte, los numerales 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se concluye que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, que el plazo general para la promoción del juicio es de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija el acto la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en el primero de esos numerales. Expuesto lo anterior, si el quejoso fue notificado del acuerdo reclamado el trece de octubre pasado a través de cédula por estrados, en tanto que el escrito de ampliación de demanda de amparo que dio origen a este juicio, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad el trece de noviembre posterior, es evidente que tal ampliación resulta extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto; máxime que la naturaleza del mismo impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 de la ley de la materia, como anteriormente se dijo. Ello es así, pues la ley que rige al acto en el caso concreto, es el Código Federal de Procedimientos Penales, que dispone en su numeral 71 lo siguiente: "Artículo 71. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria, o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción a proceso o libertad". Por tanto, el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo para solicitar la protección constitucional surtió efectos el trece de octubre de dos mil diecisiete -día en que se notificó al quejoso el acto reclamado- atendiendo a lo previsto en el precepto 71 citado, el cual transcurrió a partir del dieciséis de ese mes y feneció el ocho de noviembre siguiente, con exclusión de los días inhábiles, en términos del dispositivo 19 de la ley reglamentaria, en tanto que el escrito de ampliación de demanda de amparo se presentó el trece del último mes en cita, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, como se aprecia del sello del reloj checador que aparece impreso en dicho escrito; en esas condiciones, se insiste, resulta claro que la acción constitucional se ejerció fuera del aludido plazo de quince días que prevé el numeral en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". De modo que si el quejoso no ejerció en el plazo legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado. Lo anterior se determina así, porque el acto reclamado se emitió en el procedimiento de averiguación previa, por lo que no se actualiza excepción alguna de las que prevé el numeral 17 reproducido, por lo que se concluye que rige la regla genérica de la temporalidad inherente a la promoción del amparo, esto es, la de quince días. Consecuentemente, se sobresee en el juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de dicho ordenamiento, respecto del acuerdo de trece de octubre pasado, emitido por la autoridad responsable en la averiguación indicada. QUINTO. Es cierta la notificación reclamada que se identificó en el inciso c) del considerando segundo, pues así está demostrado en autos, sin que alguna de las partes hiciera valer causal de improcedencia alguna en relación con ese acto, ni que este juzgado la advierta de oficio, por lo que procede su análisis constitucional, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Se afirma lo anterior, en razón de que como se expuso en el considerando cuarto que precede, la notificación reclamada se realizó por cédula mediante estrados, con motivo de que el quejoso, en el escrito referido en dicho considerando, expuso: ". Finalmente revoco el domicilio destinado para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos y señalo únicamente como medio de notificación legal el correo electrónico. y el teléfono celular.". En respuesta a esto último, mediante acuerdo de doce de octubre pasado, la autoridad responsable, en lo que interesa, acordó: ". se desprende que revoca el domicilio señalado en actuaciones para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, señalando únicamente como medio de notificación el correo electrónico., y el teléfono celular que en el mismo se indica, sin embargo, el artículo 108 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que las personas que intervengan en un proceso, deberán señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones, sin establecer que pueda ser señalado como medio de notificación correo electrónico o teléfono celular. En razón a lo anterior, toda vez que el promovente., no señala un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, notifíquese por estrados ubicados en la planta baja del edificio que ocupa esta Unidad Especializada, cédula de notificación de la misma fecha en que se actúa.". Luego, mediante acuerdo de trece del mes último en cita, la responsable emitió el acuerdo relativo a la petición del quejoso, que igualmente fue notificado por estrados, mediante la cédula respectiva, pues el justiciable no señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Esta última notificación es la que se cuestiona en este juicio. Ahora bien, a criterio de este juzgado, tal notificación se realizó de forma legal, porque como indicó la responsable, el artículo 108 del código adjetivo de la materia y fuero, dispone que las personas que intervengan en un proceso, deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, y en caso de que no lo hagan -como aconteció en la especie, con motivo de que el quejoso revocó el que había señalado previamente-, las notificaciones respectivas se harán por medio de cédula fijada en los estrados, en términos del diverso numeral 107 del mismo código. Asimismo, se estima apegado a la legalidad que no se tuvieran como medios de comunicación procesal, el correo electrónico y el número de teléfono celular indicados por el amparista, puesto que la ley aplicable no los reconoce como tal. En razón de lo expuesto, se reitera que la notificación cuestionada se realizó de forma legal y, por ello, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer al respecto, que en lo que interesa, se sintetizan de la siguiente manera: a) El citado precepto 108, regula cómo se practicarán las notificaciones en el procedimiento penal federal, no así la forma en que se realizarán en una averiguación previa, en que se proporcionaron para tal efecto un correo electrónico y un número de teléfono celular. Al respecto, se contesta que el proceso penal federal está conformado por diversos procedimientos, entre ellos el de averiguación previa, como establece el artículo 1° del Código Federal de Procedimientos Penales; aunado a lo anterior, el citado numeral 108, forma parte del Capítulo XII, titulado "Notificaciones", integrante del Título Primero, denominado como "Reglas generales para el procedimiento penal"; de esta manera, es indudable que las reglas de notificación previstas en el código en consulta, son aplicables también al procedimiento de averiguación previa. b) Que en las hojas en que la responsable rindió su informe justificado, se aprecia como domicilio el ubicado en "Calle Morelos número 20, cuarto piso, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06040, Ciudad de México"; en tanto que conforme al Acuerdo A/80/17, emitido por el Procurador General de la República, por el que se reguló lo concerniente a la reanudación de labores de la Unidad a la que pertenece la responsable, se estableció como domicilio de dicha Unidad, el ubicado en "Avenida Paseo de la Reforma, número 72, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06300, Ciudad de México". Lo anterior, a criterio del solicitante de amparo, genera duda acerca del lugar en que se llevó a cabo -o se simuló-, la notificación reclamada. En respuesta a tal motivo de inconformidad, se destaca que con independencia de que en el informe justificado de referencia aparezca el primero de los domicilios indicados por el quejoso, esa sola circunstancia no resulta eficaz para demostrar que la notificación reclamada no se llevó a cabo en el segundo de ellos, como afirmó la responsable, sobre todo si se toma en cuenta que esta última expuso que tal circunstancia derivó de un "error involuntario", lo que no fue desvirtuado con prueba alguna por parte del amparista. Más aún, si del Acuerdo A/80/17, se advierte que el domicilio de la responsable estaba ubicado en donde esta aseveró llevó a cabo la notificación de que se trata, sin que como se dijo, exista prueba en contrario, se reitera que es infundado el motivo de inconformidad en estudio. Conforme a lo expuesto, procede negar la protección constitucional solicitada por el quejoso, respecto de la notificación por esta vía reclamada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, se sobresee en el presente juicio promovido por Napoleón Rodríguez de la Garza, respecto de la omisión y acto que se atribuyen al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, consistentes en la omisión de dar contestación al escrito presentado el veintisiete de septiembre pasado, en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/229/2014, así como el acuerdo de trece de octubre del año anterior, emitido en la indagatoria mencionada. SEGUNDO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Napoleón Rodríguez de la Garza, contra la notificación realizada por estrados mediante cédula, respecto del acuerdo mencionado en el resolutivo anterior, reclamada de la autoridad ministerial descrita.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 859/2017, promovido por Napoleón Rodríguez de la Garza, por conducto de su apoderado legal; y R E S U L T A N D O : I. Mediante escrito recibido en este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados del Agente de Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales. II. Se abrió el cuaderno incidental por duplicado y separado, se solicitó informe previo a la responsable, y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Es cierto el acto reclamado consistente en el acuerdo de trece de octubre del año en curso, emitido por el Agente de Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, no así su "ilegal" notificación pues así lo manifestó al rendir su informe previo. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa solicita la suspensión para: ". evitar que los bienes muebles de las personas morales en cuestión no causen abandono a favor del Gobierno Federal o bien queden a disposición de la autoridad jurisdiccional penal federal respectiva", se concede a Napoleón Rodríguez de la Garza, la suspensión definitiva, únicamente para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no causen abandono los bienes relacionados a favor del Gobierno Federal, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable el auto por el que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el cuaderno principal del cual deriva este incidente. Por otro lado, este juzgado no puede impedir que en caso de que se ejerza acción penal, se pongan a disposición de la autoridad judicial tales bienes, en virtud que dicha cuestión es ajena a la litis pues lo que se reclama es el acuerdo de trece de octubre pasado en que se negó el levantamiento de la medida cautelar decretada respecto de los bienes relacionados. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 122, 124, 131 y 132 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Napoleón Rodríguez de la Garza, contra los actos reclamados de la autoridad señalada en el considerando único de esta interlocutoria, por los motivos ahí expuestos.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante los cuales la autoridad signante da cumplimiento a lo ordenado en proveído de quince de noviembre pasado. Dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otro lado, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba en este juicio la documental remitida por la autoridad oficiante, la cual se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional.

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