Naomi Lieberman Michaely

Expediente 1320/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1320/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Naomi Lieberman Michaely

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, en atención a que el Fiscal Décimo Cuarta adscrita a la Unidad Integral de Procuración Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, en Veracruz, Veracruz, remitió copias certificadas de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-14-1699/2021, en un tomo, lo cual se conservó de manera separada al presente expediente; en consecuencia, al resultar innecesario seguir conservando el mismo, remítanse a la referida responsable.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE HABER SEÑALADO LOS ESTRADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES ASÍ COMO A LAS RESTANTES PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Boca del Río, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 213/2022, signado por la Fiscal Décimo Cuarta adscrita a la Unidad Integral de Procuración Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, en Veracruz, Veracruz; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de once de febrero del año en curso, remite copia del oficio 106/2022, de tres de los corrientes, del que se desprende que dicha fiscalía ejercitó acción penal contra Alessandro Gutiérrez Posadas y Víctor Gustavo Hernández Hernández; en consecuencia, se tiene por cumplido dicho requerimiento, sin que haya lugar a dar vista a las partes con la constancia de mérito, por las razones que se exponen en este proveído. En primer orden, la autoridad oficiante anexó como pruebas, copias certificadas de las constancias que integran la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-14-1699/2021, las cuales obran en un tomo de pruebas por cuerda separada, mismo que una vez que quede firme el presente proveído, deberán ser devueltas a la citada autoridad para los efectos legales a los que haya lugar. Ahora bien, de las aludidas constancias certificadas, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, se advierten lo siguiente: 1. El oficio 106/2022 de tres de febrero del año en curso, en el que se ejerció acción penal contra Alessandro Gutiérrez Posadas y Víctor Gustavo Hernández Hernández, y se solicitó audiencia de formulación de imputación al Juez de Control en turno. En ese orden de ideas, el acto reclamado en esta vía constitucional, se hizo consistir por la quejosa en la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada por ésta, en donde peticiona se ejerciera acción penal y se solicitara audiencia inicial ante el Juez de Control. Por lo tanto, si del oficio de mérito se aprecia que se ejercitó acción penal contra Alessandro Gutiérrez Posadas y Víctor Gustavo Hernández Hernández, y además solicitó al Juez de Control en turno, fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación; se acredita fehacientemente que la autoridad responsable en este asunto dio contestación a lo solicitado por la quejosa Naomi Lieberman Michaely, pues la autoridad oficiante, se itera, ejercitó la acción penal correspondiente y como consecuencia de ello, solicitó la audiencia inicial al Juez de Control, cesando con ello los efectos de la inactividad procesal. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado, numerales que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior (.)". Ello, toda vez que si la litis constitucional en el presente juicio se constriñe en la omisión de dar respuesta a la solicitud efectuada por la quejosa mediante escrito de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, y en el caso concreto, la autoridad responsable ya ejercitó acción penal y solicitó audiencia para la formulación de la imputación, remitiendo además a este juzgado, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-14-1699/2021; es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, y por ende, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que al efecto se considere necesario la celebración de la audiencia constitucional; pues la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, de ahí que sea procedente sobreseer el presente juicio, pues de estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a lo establecido por el artículo 17 constitucional.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Fiscal Décimo Cuarta adscrita a la Unidad Integral de Procuración Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, en Veracruz, Veracruz, al rendir su correspondiente informe justificado remitió copia certificada de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-14-1699/2021, y manifestó que anexaba el oficio 106/2022, de tres de los corrientes, del que se desprende que dicha fiscalía ejerció acción penal contra Alessandro Gutiérrez Posadas y Víctor Gustavo Hernández Hernández. Sin embargo, de la revisión de las constancias anexas a su informe, se advierte que no obra el oficio 106/2022, de tres de los corrientes, al que hace referencia la fiscal previamente mencionada; por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contado a partir de su legal notificación, remita el oficio mencionado con antelación; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor diario, de acuerdo con el artículo 5º de la Ley para determinar el valor de la unidad de medida y su actualización, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; de conformidad con los artículos 260, fracción II, en relación con los diversos 237 y 238 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que la contumacia de las autoridades en este tipo de juicios conlleva el retraso en la impartición de justicia. Resulta aplicable por su idea jurídica, la jurisprudencia P./J.17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo V, visible en la página 108 del Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio 107/2022, signado por la Fiscal Décimo Cuarta adscrita a la Unidad Integral de Procuración Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, en Veracruz, Veracruz; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de diez de enero del año en curso, remite copia certificada de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-14-1699/2021, y el oficio 106/2022, de tres de los corrientes, del que se desprende que dicha fiscalía ejerció acción penal contra Alessandro Gutiérrez Posadas y Víctor Gustavo Hernández Hernández; en consecuencia, se tiene por cumplido dicho requerimiento. En términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su informe justificado y con el mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la mencionada autoridad responsable la documental que adjunta a su informe justificado, consistente en copias certificadas de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-14-1699/2021, misma que atento a su voluminosidad, para un mejor manejo de este expediente deberá obrar en un tomo de pruebas, el cual correrá por cuerda separada, por lo que se ordena se tenga a la vista al momento de resolver el presente juicio; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.

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