Nancy Vázquez Téllez
Expediente 789/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Nancy Vázquez Téllez
- Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible.
- Principal
R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, NANCY VASQUEZ TELLEZ, por su propio derecho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, dicho quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad; actos que hizo consistir en: "4. - ACTOS RECLAMADOS: 4.11.- Con fecha 15 de diciembre de 2020, se presentó promoción ante Oficialía de partes dando cumplimiento a la prevención en el sentido de proporcionar el domicilio de la moral demanda, sin que, hasta la fecha de la presentación de esta demanda, la autoridad responsable haya acordado la promoción, y mucho menos fijase fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en consecuencia se está dilatando la substanciación de mi juicio sin razón legal". SEGUNDO. Mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se le dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal correspondiente; se solicitó a la autoridad responsable, su informe con justificación, con el cual se ordenó dar vista personalmente, al igual que con sus anexos, a la parte quejosa, por lo que, se fijó fecha y hora, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito". SEGUNDO. La autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad; al rendir su informe con justificación, expresa que el expediente laboral 1/20/4326, se formó con la reclamación de la aquí quejosa NANCY VASQUEZ TELLEZ en contra de INTERNATIONAL MANUFACTURING Y/OTROS, y que si bien es cierto que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, se había omitido por la autoridad responsable pronunciarse mediante acuerdo dictado, respecto del escrito de promoción presentado ante ese Tribunal en fecha quince de diciembre de dos mil veinte, también resulta cierto que a la promoción mencionada le recayó acuerdo de fecha once de noviembre de dos ml veintiuno. De ahí que se tenga por ciertos los actos reclamados. TERCERO. Precisado lo anterior y siendo el estudio de las causales de improcedencia de orden público, y aún oficioso, de acuerdo con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo, el suscrito Juez de Distrito, se avoca al estudio de las que se advierten en la especie. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en la página 553, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, correspondiente a la Octava Época, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. - Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, es pertinente citar el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así las cosas, el acto reclamado lo hace consistir el peticionario del amparo, en la omisión por parte de la autoridad responsable, de dar contestación a la de promoción presentada ante ese Tribunal en fecha quince de diciembre de dos mil veinte. Luego la autoridad responsable al rendir su informe justificado refiere que si bien es cierto que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, se había omitido por la autoridad responsable pronunciarse mediante acuerdo dictado, respecto del escrito de promoción presentado ante ese Tribunal en fecha quince de diciembre de dos mil veinte, también resulta cierto que a la promoción mencionada le recayó acuerdo de fecha once de noviembre de dos ml veintiuno. Luego, en dicho proveído se acordó que se tuvo a la parte actora aclarando el nombre de la demandada y proporcionando domicilio para su emplazamiento, señalando esa autoridad las catorce horas con diez minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación demanda y excepciones, ordenándose la diligencia correspondiente y para acreditar lo expuesto remitió copia certificada de la totalidad de las actuaciones del expediente al rubro indicado, así como de la demanda interpuesta por la hoy trabajadora y aquí quejosa en el expediente laboral 2/18/3649, formado con la reclamación del mismo, en contra de ADIENT SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V., y OTROS, que en su oportunidad en el auto de radicación se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones donde comparecieron las partes por conducto de sus apoderados legales, el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, celebraron convenio en el juicio laboral el ocho de abril de dos mil diecinueve, liquidándose la suerte principal el dos de abril de dos mil diecinueve, donde el apoderado actor, recibió la cantidad pactada mediante cheque. Y que respecto al acto reclamado de las promociones que data veintitrés de mayo, cinco de julio y veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, con números de promoción 10097/19, 13552/19 y 19108/19, es falso lo que alega la quejosa, en virtud de que de las constancias que integran la controversia laboral fueron acordadas en fechas veintiocho de mayo, cinco de julio y primero de octubre de dos mil diecinueve. Y adjunta copias certificadas de todas las actuaciones, mismas que se tienen por reproducidas en su contenido y forma y que fueron allegadas por la autoridad responsable, para demostrar su actuación, a las que se les confiere pleno valor, en términos del artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo segundo. Por lo que, queda de manifiesto que en la especie, ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han cesado, respecto a la autoridad responsable; pues queda demostrada por la autoridad responsable, que respecto a dichas solicitudes, si bien el quejoso no conocía el contenido de los mencionados acuerdos, se enteró de ello, ante la sustanciación de este juicio constitucional, por lo que, bien pudo inclusive ampliar su demanda y no lo hizo así. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61 fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, 76, y 155 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E: ÚNICO. En términos del considerando TERCERO de esta sentencia, se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por NANCY VASQUEZ TELLEZ, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad. Notifíquese y Cúmplase.
- Principal
Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante su Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por Nancy Vásquez Téllez, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; fórmese y regístrese expediente 789/2021-III-A. Así, desprendiéndose del escrito de demanda que el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, para sustanciar el juicio laboral, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Se requiere a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se le impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62 pesos), de conformidad con los artículos 4°, fracción I, II y III, y 5°, de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARSCoV2 (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Atinente a ello, se hace saber a la autoridad responsable, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, los responsables podrán tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuenten con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18 de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señalan para que tenga verificativo la audiencia constitucional las QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, misma deberá verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. A efecto de lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que indique, los datos de su correo electrónico y quien comparecerá vía electrónica en su representación, a fin de que se le remitan los datos necesarios para acceder a la audiencia de mérito. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde. Por otra parte, respecto de la documental que la impetrante de amparo refiere acompañó a su escrito de demanda en vía de prueba documental (una vez que la exhiba u obre en autos), la misma será tomada en consideración y valorada en la etapa procesal correspondiente al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo y 124, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo actio, y autorizado para tales efectos en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados que indica en su ocurso de cuenta. Ahora bien, en términos de lo previsto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que, de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que, en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose, además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (89.62) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Notifíquese; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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