Nancy Triana Enriquez y Otros.
Expediente 1197/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Nancy Triana Enriquez y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA 4-A.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de queja, contra el proveído de treinta y uno de octubre de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los arábigos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su dispositivo 2, se declara que ha causado estado dicho auto. ARCHIVO. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena:...
- Principal
MESA 4-A.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable, en cumplimiento a lo requerido en auto de cinco de los corrientes, informa que entregó el citatorio impreso a la parte quejosa el ocho de agosto del año en curso. De lo anterior se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento conminado a la autoridad oficiante. En atención a su contenido, en términos de los preceptos 119 y 123 de la ley en la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que al efecto remite la autoridad oficiante, relacionada con el expediente de solicitud de la condición de refugiado a favor de la aquí parte quejosa. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece:...De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse....En esas condiciones, al haberse consentido los actos reclamados, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por 1.Nancy y 2.Ramón, ambos de apellidos Triana Enríquez, por propio derecho. Igual consideración debe adoptarse en relación los diversos actos que reclaman, consistentes en: b) la omisión de expedir la constancia relativa a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en la que se asigne la clave única de refugiado y la omisión de expedir la clave única de registro de población (CURP); toda vez que se tratan de consecuencias del diverso acto señalados, esto es, la fecha lejana de formalización de solicitud, contenida en la cita 205720; de la cual, tuvieron conocimiento desde el ocho de agosto de dos mil veintitrés. Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Conviene dejar en claro, que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa, a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el analizado en la presente determinación, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que sí se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de sobreseimiento analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman.
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