Nancy Tirado Rodríguez y Otros.

Expediente 351/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
351/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
25/04/2017

Partes del expediente

  • Nancy Tirado Rodríguez
  • Nancy Tirado Rodríguez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de cinco de abril del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; conforme a los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido en proveído de veintidós de marzo del año en curso a la parte quejosa, para que cumpliera con la prevención ahí efectuada, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********** y al parecer por **********, contra actos del Juez Penal de Partido de Acámbaro, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 351/2017-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, en cuanto a quien al parecer promueve **********, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I, del artículo 107 Constitucional, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley..." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella no afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste el original de la firma de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, o bien, tratándose de personas morales privadas u oficiales, la de su representante legal, ya que sólo así se acredita su voluntad, en términos de la fracción I, del artículo 107 Constitucional y el artículo 6° de la Ley de la materia. Con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es menester, señalar que ********** al parecer promueve la demanda, puesto que en el proemio se anotó: "********** y **********.", sin embargo no contiene firma autógrafa, por lo que es incuestionable que ésta no exteriorizó su deseo (a través del signo gráfico consistente en la firma) de promover el presente juicio. En ese sentido, si la agraviada no suscribió el escrito de demanda de amparo, es inconcuso que existe ausencia de voluntad para accionar ante la autoridad judicial a fin de que se analice su solicitud de amparo y, por ende, falta uno de los presupuestos necesarios para la procedencia del presente juicio, como lo es que debe instaurarse a instancia de parte agraviada, por lo que procede desechar de plano la demanda que se estudia por lo que corresponde a **********. Consecuentemente, al evidenciarse la falta de firma en la demanda por quien al parecer promueve Nancy Escobar Rodríguez, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6°, de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, y lo procedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia. Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, respecto de la promovente **********, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con lo estipulado en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que la promovente en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, sin embargo, fue omiso en manifestar la fecha en que tuvo conocimiento del acto cuya constitucionalidad cuestiona en esta vía. Dato que al constituir antecedente del acto que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resulta determinante para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de su procedencia. Conclusivamente, ante la omisión incurrida por la parte quejosa, lo procedente conforme a los mencionados artículos 108, fracción V, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con copias suficientes de su líbelo aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, específicamente la fecha en que tuvo conocimiento del acto que del que se duele. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejosa es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual la directa quejosa debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Como lo solicita la promovente, téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones el que menciona y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Abraham Albarran Barajas con número de cedula 5610255, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y a Rosa Itzel Solis Tirado, Viviana Escobar Rodríguez y Julio Mendoza Duran, en términos limitados del numeral en cita, por no encontrarse en el supuesto del citado profesionista. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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