Nancy Sierra Lopez
Expediente 981/2013 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/02/2015
Partes del expediente
- Nancy Sierra Lopez
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO I.C.O. EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE: "Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de catorce de noviembre de dos mil trece (fojas 195 a 209), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, México, dejara insubsistente el proveído de seis de agosto de dos mil trece, y con plenitud de jurisdicción dictara otro, en el que observara: ".El contenido de la promoción presentada ante el juzgado de referencia, por Nancy Sierra López, el treinta de julio de dos mil trece, así como las constancias que exhibió en conjunto con dicho escrito, así como las precisiones efectuadas por los integrantes del Centro de Convivencias Familiar de Toluca, Estado de México en el oficio que ha quedado relacionado en la presente determinación. Determinación en la que, además, deberá observar los principios que a favor de la niñez prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos tratados internacionales que fueron referidos en la presente resolución. En este sentido, la autoridad responsable debe partir de la premisa que todas las medidas sobre la guarda y custodia de menores, obviamente la convivencia con sus padres incluida, son sobre la base del interés de aquéllos, que no el de los progenitores, pues no son las mediciones psicológicas o afectivas de ellos los que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos..." Lo anterior, en razón de que dichos actos fueron realizados sin seguir las formalidades del procedimiento, tal y como se expuso en los argumentos establecidos en el considerando sexto de la ejecutoria mencionada. Posteriormente, en acuerdo de doce de diciembre de dos mil trece (fojas 216 y 217), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Así, mediante oficios números 24, 280, 365, 537, 1327, 3021, 3088 y 53, presentados el nueve de enero; cinco y doce de febrero, cuatro de marzo, diez de junio, cinco y quince de diciembre, todos de dos mil catorce, así como el doce de enero del año en curso (fojas 313 a 318, 325 a 328, 331 a 345, 348 a 353, 359 a 373, 388 a 400, 404 a 409 y 414 a 421), respectivamente, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, México, remitió copias certificadas de las constancias con las cual dicha autoridad refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, en proveído de catorce de enero de dos mil quince (foja 422), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector, sin que realizaran alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que las autoridades responsables cumplieron con los aspectos establecidos y satisficieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues se dejó insubsistente el proveído de seis de agosto de dos mil trece, y con plenitud de jurisdicción dictó otros en los que observó, lo siguiente: - El contenido de la promoción presentada ante el juzgado de referencia por Nancy Sierra López, el treinta de julio de dos mil trece; así como las constancias que exhibió en conjunto con dicho escrito, de igual manera, las precisiones efectuadas por los integrantes del Centro de Convivencias Familiar de Toluca, Estado de México en el oficio relacionado en la sentencia de amparo. - Observó los principios que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos tratados internacionales a favor de la niñez, que fueron referidos en el fallo protector. - Partió de la premisa que todas las medidas sobre la guarda y custodia de menores, son sobre la base del interés de aquéllos, incluida obviamente la convivencia con sus padres, pues no son las valoraciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente aquellas para el bienestar de los hijos. Lo anterior es así, pues por actuaciones de seis de enero; doce de febrero, tres de marzo, dos y catorce de abril, nueve de junio, tres, nueve y diez de diciembre, todos de dos mil catorce y nueve de enero de dos mil quince (fojas 315, 344, 351, 364, 370, 371, 398, 399, 408, 416 a 420), respectivamente, la autoridad responsable dejó insubsistente el proveído de seis de agosto de dos mil trece, implementó las medidas necesarias para el régimen de convivencia en atención a la promoción presentada por ***, partió de la premisa que todas las medidas sobre la guarda y custodia de menores son sobre la base del interés de aquéllos, ordenó las terapias psicológicas correspondientes, supervisó su desarrollo, valoró las conclusiones emitidas por la perito y con base en las mismas, ordenó el tratamiento psicológico de forma individual de los progenitores y menores de edad, con el fin de restablecer el estado psicoafectivo y emocional, ante el proceso de desintegración familiar, en observancia a los principios que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos tratados internacionales, a favor del interés superior del menor. Lo que se corrobora, con las copias certificadas que adjuntó la responsable a sus oficios, respectivamente, de las que se advierten las medidas adoptadas a cada uno de los puntos, tomando en consideración la totalidad de argumentos vertidos en la sentencia de amparo. Aunado a lo anterior, mediante oficio 19/2015 recibido el dieciséis de enero pasado, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitó tener por cumplido el fallo protector (foja 423). En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que las autoridades responsables deben a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido cumplida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo." POR MEDIO DE LISTA, CITATORIO.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de catorce de noviembre de dos mil trece (fojas 195 a 209), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, México, dejara insubsistente el proveído de seis de agosto de dos mil trece, y con plenitud de jurisdicción dictara otro, en el que observara: ".El contenido de la promoción presentada ante el juzgado de referencia, por Nancy Sierra López, el treinta de julio de dos mil trece, así como las constancias que exhibió en conjunto con dicho escrito, así como las precisiones efectuadas por los integrantes del Centro de Convivencias Familiar de Toluca, Estado de México en el oficio que ha quedado relacionado en la presente determinación. Determinación en la que, además, deberá observar los principios que a favor de la niñez prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos tratados internacionales que fueron referidos en la presente resolución. En este sentido, la autoridad responsable debe partir de la premisa que todas las medidas sobre la guarda y custodia de menores, obviamente la convivencia con sus padres incluida, son sobre la base del interés de aquéllos, que no el de los progenitores, pues no son las mediciones psicológicas o afectivas de ellos los que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos..." Lo anterior, en razón de que dichos actos fueron realizados sin seguir las formalidades del procedimiento, tal y como se expuso en los argumentos establecidos en el considerando sexto de la ejecutoria mencionada. Posteriormente, en acuerdo de doce de diciembre de dos mil trece (fojas 216 y 217), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Así, mediante oficios números 24, 280, 365, 537, 1327, 3021, 3088 y 53, presentados el nueve de enero; cinco y doce de febrero, cuatro de marzo, diez de junio, cinco y quince de diciembre, todos de dos mil catorce, así como el doce de enero del año en curso (fojas 313 a 318, 325 a 328, 331 a 345, 348 a 353, 359 a 373, 388 a 400, 404 a 409 y 414 a 421), respectivamente, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, México, remitió copias certificadas de las constancias con las cual dicha autoridad refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, en proveído de catorce de enero de dos mil quince (foja 422), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector, sin que realizaran alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que las autoridades responsables cumplieron con los aspectos establecidos y satisficieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues se dejó insubsistente el proveído de seis de agosto de dos mil trece, y con plenitud de jurisdicción dictó otros en los que observó, lo siguiente: - El contenido de la promoción presentada ante el juzgado de referencia por Nancy Sierra López, el treinta de julio de dos mil trece; así como las constancias que exhibió en conjunto con dicho escrito, de igual manera, las precisiones efectuadas por los integrantes del Centro de Convivencias Familiar de Toluca, Estado de México en el oficio relacionado en la sentencia de amparo. - Observó los principios que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos tratados internacionales a favor de la niñez, que fueron referidos en el fallo protector. - Partió de la premisa que todas las medidas sobre la guarda y custodia de menores, son sobre la base del interés de aquéllos, incluida obviamente la convivencia con sus padres, pues no son las valoraciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente aquellas para el bienestar de los hijos. Lo anterior es así, pues por actuaciones de seis de enero; doce de febrero, tres de marzo, dos y catorce de abril, nueve de junio, tres, nueve y diez de diciembre, todos de dos mil catorce y nueve de enero de dos mil quince (fojas 315, 344, 351, 364, 370, 371, 398, 399, 408, 416 a 420), respectivamente, la autoridad responsable dejó insubsistente el proveído de seis de agosto de dos mil trece, implementó las medidas necesarias para el régimen de convivencia en atención a la promoción presentada por ***, partió de la premisa que todas las medidas sobre la guarda y custodia de menores son sobre la base del interés de aquéllos, ordenó las terapias psicológicas correspondientes, supervisó su desarrollo, valoró las conclusiones emitidas por la perito y con base en las mismas, ordenó el tratamiento psicológico de forma individual de los progenitores y menores de edad, con el fin de restablecer el estado psicoafectivo y emocional, ante el proceso de desintegración familiar, en observancia a los principios que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos tratados internacionales, a favor del interés superior del menor. Lo que se corrobora, con las copias certificadas que adjuntó la responsable a sus oficios, respectivamente, de las que se advierten las medidas adoptadas a cada uno de los puntos, tomando en consideración la totalidad de argumentos vertidos en la sentencia de amparo. Aunado a lo anterior, mediante oficio 19/2015 recibido el dieciséis de enero pasado, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitó tener por cumplido el fallo protector (foja 423). En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que las autoridades responsables deben a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido cumplida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, hace diversas manifestaciones en relación a la vista que se le dio por auto de catorce de enero del año en curso, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México, a través del cual, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; y comunica que, por auto de nueve de enero del año en curso, dictó un acuerdo en el que se informa que canalizó a la quejosa, así como a las menores para que asistan a terapias psicológicas de manera individual ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México en el lugar de su residencia, para lo cual giró el oficio respectivo y para acreditar su dicho exhibe copia certificada del citado auto; por tanto, se provee: En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; esto es, con el oficio de cuenta y sus anexos, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que del presente proveído se les practique, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que realizó la responsable al fallo protector; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado de Distrito se pronunciará al respecto con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por ésta
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