Nancy Sánchez Hernández
Expediente 1315/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1315/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2021
Partes del expediente
- Nancy Sánchez Hernández
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de diecisiete de diciembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y al físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, los escritos de cuenta signados por la quejosa Nancy Sánchez Hernández, de los cuales se advierte desahoga la prevención formulada en proveído de catorce de los cursantes. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa reclama: 1. El acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el juicio ordinario mercantil 1002/2017, mediante el cual ordena a la demandada aquí quejosa la entrega del bien inmueble adjudicado, apercibida que de no hacerlo se haría uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. 2. La notificación del auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO. Luego, previo a la admisión de la demanda, es menester precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano. En ese sentido, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De lo anterior se advierte que la disposición legal transcrita establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Para que se actualice la citada causa de improcedencia, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: I) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y IV) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Hecha tal precisión, contra el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el juicio ordinario mercantil 1002/2017, mediante el cual ordena a la demandada aquí quejosa la entrega del bien inmueble adjudicado, apercibida que de no hacerlo se haría uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, procede el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, que a la letra dicen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Así, del análisis de los preceptos transcritos, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues contra dicho acto reclamado, procede el recurso de revocación, establecido en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado antes precisado; de ahí que resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote el recurso ordinario previsto por la ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen. Sobre el particular se invoca, la tesis VIII.1° C.T.2 C(10ª)sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 3015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el registro digital 2017499, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA ENTREGA DE LOS BIENES REMATADOS, DEBE OBSERVARSE Y AGOTARSE EL MEDIO ORDINARIO QUE PROCEDA, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII y 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, interpretados de manera conjunta y sistemática, se advierte que contra el auto dictado en la fase de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil, que ordena la entrega de los bienes rematados, se debe agotar el medio ordinario de defensa que en su caso proceda, antes de promover el juicio de amparo, pues el hecho de que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, no implica inobservar el principio de definitividad." Por otra parte, respecto a la notificación de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, realizada por el Notificador Ejecutor del Juzgado Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, procede el incidente de nulidad de notificaciones. Lo anterior es así, pues en contra de la ilegalidad de la diligencia de referencia procede el incidente de nulidad de notificaciones desde la notificación practicada indebidamente, conforme a lo establecido en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, en términos de su numeral 1054, dispositivos que, respectivamente, establecen lo siguiente: "ARTICULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." "Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." Del análisis de los preceptos transcritos, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pueden hacer valer en el procedimiento, como lo es el incidente de nulidad de notificaciones. En este orden de ideas, si el código adjetivo invocado señala expresamente en alguna de sus disposiciones la procedencia del medio de defensa legal respecto de la ilegalidad de la diligencia de notificación, resulta inconcuso la procedencia de un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la notificación practicada indebidamente. Es aplicable la jurisprudencial VI.2o.C. J/243, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, página 1651, que establece: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Así como la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.),sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro cincuenta y cinco, junio de dos mil dieciocho, tomo I, página ocho, con ´registro número 2017117, que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, este juzgador no advierte que se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual manera, los actos reclamados no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal de la inconforme; ni el peticionario tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Nancy Sánchez Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Nancy Sánchez Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1315/2021-II. PREVENCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir a la promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el precepto 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, procede requerir a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito realice lo siguiente: PRIMERO. Tendrá que dar cumplimiento a lo establecido en la fracción IV del ordinal 108 de la Ley de Amparo, es decir, indicar de manera concreta y precisa el acto que pretende controvertir por esta vía constitucional, es decir, precise qué acto reclama; esto es, si es parte en el juicio de origen y se ostenta tercero extraña por equiparación, especifique si reclama el emplazamiento y todo lo actuado en dicho procedimiento y a qué autoridades se lo atribuye; o bien, si no fue parte en el juicio de origen y se ostenta tercero extraña en sentido estricto, precise si reclama todo lo actuado y cuál es el derecho que considera le es afectado con motivo del juicio de origen, es decir, de dónde deriva su interés jurídico. O bien, señale si acude como parte del juicio de origen reclamando la orden de lanzamiento, caso este último, en el que no se le considerará tercero extraño. Lo anterior, porque de la lectura íntegra de la demanda no se advierte dicha circunstancia, pues la manera en cómo los plantea es vaga e imprecisa, al señalar diversos actos como reclamados, además de que no se advierte de manera clara qué es lo que está reclamando de cada una de las autoridades señaladas como responsables, y es su obligación señalar con claridad y precisión el acto reclamado, pues a través del mismo podrá juzgarse sobre su legalidad en los términos en que se hace la reclamación, y tal precisión resulta indispensable para que este juzgado fije la litis en el sumario constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Circunstancia que lleva implícito el que tendrá que indicar la fecha en que tuvo conocimiento o fue notificado de cada uno de los actos que reclama y que le atribuye a las autoridades señaladas como responsables. Sobre el particular se indica, la tesis publicada en la página 427, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con número de registro 212552, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. PROCEDE CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO). No señalar en la demanda de garantías el dato referente a la fecha de conocimiento de los actos reclamados, debe considerarse una irregularidad en el libelo que es suficiente para ordenar su aclaración, habida cuenta que, además de que el artículo 116, fracción IV, de dicha Ley, dispone que todo quejoso está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad: "... cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado...", sin ese antecedente no sería posible efectuar el cómputo para saber si la demanda aludida se presentó o no en tiempo; de ahí que el incumplimiento de ese requisito quede comprendido entre aquellas deficiencias señaladas por el artículo 146 de la Ley invocada, que confiere facultades expresas al Juez de Distrito para prevenir al promovente y, en su caso, tener por no interpuesta la demanda, cuando no se hiciere la aclaración respectiva. En la inteligencia de que el último precepto citado no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración sólo cuando se omitan los requisitos que señala el referido artículo 116, sino que en forma amplia y discrecional le permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite a fin de que sea subsanado." SEGUNDO. Una vez precisado el acto combatido, en términos de la fracción V del ordinal 108 de la Ley de Amparo, "bajo protesta de decir verdad", deberá abundar su capítulo de hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, debiendo realizarlo de manera sucinta y cronológica, desde la radicación del juicio o procedimiento natural, hasta el estado procesal que actualmente guarda, señalando las actuaciones que guarda relación directa con el acto que pretende reclamar, precisando además si compareció en algún momento al juicio de origen, y en su caso, si promovió algún medio de defensa para controvertir las notificaciones a que hace referencia en su demanda de amparo. Lo anterior, porque los narrados son insuficientes para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción V del ordinal 108 de la Ley de Amparo, y este juzgado de Distrito debe allegarse de mayores datos para apreciar con claridad el acto que por esta vía constitucional se pretende controvertir, pues al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen al alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo realizando dichas aclaraciones, se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Sirve de apoyo la tesis I.7o.A.100 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Común, registro 175345, página 990, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En el entendido de que, acorde con lo previsto en el ordinal 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir juegos de copias del escrito aclaratorio que resulten necesarios para correr traslado a las partes. Es aplicable la tesis P.VII/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Tomo XIII, abril 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con éstas copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Y la jurisprudencia P/J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en la página 79, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril del año dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189977, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Importa destacar que los requerimientos que anteceden únicamente podrán ser desahogados por la quejosa, no así por personas que autorice o por apoderado, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." TERCERO. Deberá exhibir dos copias más de la demanda de amparo, toda vez que de la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, se advierte que la parte quejosa exhibió cuatro; sin embargo, resultan necesarias seis para distribuirlas de la siguiente forma: dos para las autoridades señaladas como responsables, una para la tercera interesada, dos para el incidente de suspensión y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional. Lo anterior, en atención al cumplimiento de las formalidades procesales que tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en posibilidad de cumplir con sus atribuciones en el juicio de amparo, como son pedir el informe justificado, así como dar la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados. Es aplicable la tesis P.VII/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Tomo XIII, abril 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con éstas copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa que, de no dar cumplimiento a la prevención formulada, se tendrá por no presentada la demanda, acorde con lo establecido en el numeral 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. En virtud de que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados y el boletín judicial de este órgano jurisdiccional, respecto del boletín judicial no es técnicamente posible, ya que este órgano de control constitucional no realiza la publicación de un documento con esas características; por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas señaladas en el proemio de la demanda, por así solicitarlo expresamente la promovente del amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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