Nancy Saldaña Palmeros

Expediente 711/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
711/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/08/2019

Partes del expediente

  • Nancy Saldaña Palmeros

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta hecha por el Secretario de este Juzgado, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de julio del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere, sin que la parte quejosa lo hubiere hecho; por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir de dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Finalmente, respecto de las copias del escrito de demanda que acompañó la parte promovente, se decreta que son susceptibles de destrucción junto con el expediente.

  2. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Nancy Saldaña Palmeros, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 711/2019/VII-A. Ahora, del escrito que se provee se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: a) La violación al procedimiento para celebración de la audiencia prevista en el artículo 218 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, al no señalar día y hora para acudir a la audiencia de conciliación prevista en dicho precepto. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Sentado lo anterior, conviene precisar que de acuerdo con los numerales 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal, 61 , fracción XXIII, 62 , y 107 , fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Así, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Luego entonces, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Es inconcuso que nos encontramos ante un acto de naturaleza intraprocesal, que no implica una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que México sea parte, puesto que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales. Ello es así, dado que la violación que llegare a cometerse, puede quedar subsanada con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente civil resultara favorable a sus intereses. Consecuentemente, toda vez que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna, al ser parte en el expediente civil 1000/2018/II del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, del que deriva el acto combatido, a juicio de este Juzgado, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Se cita por sus consideraciones, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO." En esa guisa, se concluye que del análisis del acto reclamado antes especificado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Finalmente, no pasa desapercibido para este Juzgado, el criterio contenido en la tesis VII.1o.C.32 C (10a) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO QUE SEÑALA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 219 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, SIN QUE EL JUEZ NATURAL HAYA REMITIDO, DE OFICIO, EL CONFLICTO AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA, A FIN DE QUE LAS PARTES LLEGARAN A UN ARREGLO, CONFORME AL ARTÍCULO 218 BIS DEL PROPIO CÓDIGO." En virtud de que dicho criterio refiere a un caso particular con circunstancias especiales, y en el presente asunto como se desprende de la lectura integral de la demanda, el Juez Sexto de Primera Instancia, tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda que se instauró en contra de la aquí quejosa al no haberlo hecho en el plazo que tenía para ello; por lo que no se le deja en estado de indefensión, máxime que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ésta pudiera solicitarlo directamente ante el Juez señalado como responsable a fin de que remita el conflicto de que se trata al Centro Estatal de Justicia Alternativa, puesto que se puede llevar a cabo a petición de parte o de oficio como lo establece el referido precepto. Aunado a ello, de acuerdo a lo previsto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, al tratarse de un criterio aislado, por el momento no tiene el carácter de obligatorio para este órgano jurisdiccional. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como sus autorizados con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Pablo Sánchez Machorro, Juan Manuel Aguilar Viveros, Jorge Antonio Corona Báez, Hugo Corona Palmeros y Jorge Ismael Corona Palmeros, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe. ...

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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