Nancy Rodríguez Rivera
Expediente 1349/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1349/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Nancy Rodríguez Rivera
- Nancy Rodríguez Rivera y Otros.
- Carlos Lucio Rodríguez González
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada en el recurso de queja penal 180/2022 de su índice y un legajo de copias certificadas del juicio de amparo 1349/2022-III de esta estadística. Acúsese recibo de estilo y comuníquese a las partes que la superioridad determinó: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, expediente que fue registrado bajo el número de recurso de queja 180/2022. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el autorizado de los quejosos; en atención a su contenido, téngase interpuesto el recurso de queja que hace valer contra el auto de diecisiete de noviembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo que promovieron. Por tanto, remítase el original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, en turno, con residencia en la capital. Comuníquese a la superioridad en vía de informe que en proveído de diecisiete de noviembre del presente año, se desechó la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación; sin embargo, se sostiene su legalidad al tenor de las razones y fundamentos ahí expuestos. Para justificar lo anterior, se remite copia certificada de todo lo actuado en el expediente 1349/2022-III; a efecto de que el tribunal de alzada esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Lo anterior, en virtud de que en este caso resulta innecesario el señalamiento de constancias que integran el cuaderno de antecedentes como lo ordena el artículo 101, primer párrafo de la ley de la materia, dada la naturaleza de la resolución impugnada.
- Principal
Visto el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual remite el juicio de amparo 1470/2022-VII de su índice, promovido Nancy Rodríguez Rivera y Carlos Lucio Rodríguez González y diez copias de la misma. Lo anterior con motivo de que en proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, el titular de ese juzgado federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, por razón del territorio y, como consecuencia de ello, remitió el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, esta juzgadora comparte las consideraciones del Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, por tanto se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Nancy Rodríguez Rivera y Carlos Lucio Rodríguez González contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Silao, Guanajuato y otras autoridades. Comuníquese lo anterior a la juez de distrito oficiante para los efectos legales. Fórmese el expediente correspondiente y regístrese con el número 1349/2022-III, en el libro de gobierno respectivo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". De la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman como actos destacados los siguientes: (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS.- DE LA RESPONSABLE ORDENADORA JUEZ DE ORALIDAD PENAL: La determinación asumida en la Audiencia de Prórroga de Cierre de Investigación llevada a cabo el día 25 veinticinco e Octubre del 2022 dos mil veintidós mediante sistema de videoconferencia en tiempo real, a través de la cual se determinó negar la primera solicitud de ampliación o prórroga de la etapa de investigación complementaria con el fin de recabar datos de prueba útiles a la defensa de los imputados, realizada por los inculpados Nancy Rodríguez Rivera y Carlos Lucio Rodríguez González en la causa penal 1P3721-492 seguida en su contra por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado cometido en agravio de la empresa denominada Micro Precision Calibration S. de R. L. de C. V. representada por Leticia Isabel González Velázquez y José Juan Cabrera Díaz. El Auto de cierre de investigación de fecha 27 veintisiete de octubre del año 2022 dos mil veintidós, al ser consecuencia directa e inmediata de lo resuelto en la audiencia de 25 veinticinco de octubre del 2022 dos mil veintidós. DE LA RESPONSABLE ORDENADORA H. Congreso de la Unión integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se reclama: La discusión, aprobación y expedición del Decreto Legislativo por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama: La promulgación y orden de expedición del Decreto Legislativo que quedó señalado en el párrafo que antecede, por los que se ordenó la publicación y observancia del Código Nacional de Procedimientos Penales. DE LA RESPONSABLE EJECUTORA El oficio 805/2022 suscrito por el Licenciado Saulo Troncoso Cuellar, Agente del Ministerio Público, mediante el cual informa el cierre de investigación complementaria; de los imputados Nancy Rodríguez Rivera y Carlos Lucio Rodríguez González, derivado de la causa penal 1P3721-492. (.) En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, por lo cual debe desecharse de plano, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." [Énfasis añadido] Los promovente del amparo reclaman la negativa de la solicitud de prórroga de cierre de investigación, celebrada en la audiencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós en la causa penal 1P3721-492, por consiguiente se declaró cerrada la investigación complementaria. La resolución reclamada se dictó durante la etapa de investigación, la cual, de acuerdo con el artículo 211, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, se compone de dos fases: a) investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, y; b) investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Ahora, el acto reclamado no es analizable en la vía de amparo indirecto, ya que ésta sólo es procedente en contra de determinaciones intraprocesales que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellas las que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), estableció que de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo. Además, la Corte agregó que para analizar actos emitidos dentro de un proceso judicial o jurisdiccional en la vía indirecta de amparo, éstos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, es decir, que fueran susceptibles de afectar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Conforme el anterior criterio jurisprudencial, el cual es obligatorio para este juzgado de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, se tiene que el juicio de amparo procede contra actos en juicio -intraprocesales- cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos como los que afecten materialmente derechos sustantivos. Ahora, la etapa de investigación en el procedimiento penal de corte acusatorio, comienza con la presentación de la denuncia, querella o requisitos equivalentes de procedibilidad y concluye con el cierre de la investigación. La investigación se considerará cerrada una vez llegada la fecha determinada por el Juez de Control en la audiencia inicial, lo cual, como regla general, no requiere de ningún acto o determinación; empero, en caso de que alguna de las partes solicite una prórroga y sea autorizada por aquél, el cierre se generará en una nueva fecha, con lo que se concluye la etapa de investigación. En el caso, la resolución reclamada únicamente tiene implicaciones adjetivas dentro del proceso penal, ya que únicamente negó ampliar el plazo en que el Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria, dado que se llegó al término máximo de seis meses que prevé la ley adjetiva, sin que ello incida en algún derecho sustantivo de los quejosos, verbigracia, la libertad personal o el derecho a la defensa, pues aunque los quejosos se encontraran sujetos a la medida de prisión preventiva oficiosa, el acto reclamado no incide en su libertad, por el contrario, implica que dicha medida no se prorrogue con motivo de la investigación complementaria. Tampoco se afecta su derecho a la defensa, en la medida que durante la etapa intermedia tendrán oportunidad de ofrecer medios de prueba y controvertir la ilicitud de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público efecto de que se excluyan del juicio oral. Los artículos 211, 321, 324, 334 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación." "Artículo 321. Plazo para la investigación complementaria El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo conducente." "Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación." "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Artículo 335. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: I. La individualización del o los acusados y de su Defensor; II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren; V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado; VI. La expresión de los preceptos legales aplicables; VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación; VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo; IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos; X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma; XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes. Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios." De acuerdo con los artículos anteriores, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, antes de finalizar la audiencia inicial, el juez de control determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control, que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se cerrará, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos precisados en el párrafo anterior. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. Luego, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral: 1.- La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. 2.- La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: I. La individualización del o los acusados y de su Defensor; II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren; V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado; VI. La expresión de los preceptos legales aplicables; VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación; VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo; IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos; X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma; XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. En el caso, la causa penal de donde deriva el acto reclamado se declaró cerrada la investigación complementaria y se citó a audiencia intermedia. De manera que durante la etapa intermedia, los quejosos tienen la oportunidad de ofrecer medios de prueba y por tanto, la negativa de la prórroga para el cierre de la investigación complementaria no vulnera algún derecho sustantivo de los promoventes del amparo. Entonces, por sí sola, la resolución reclamada sólo produce efectos de naturaleza adjetiva o procesal, mas no afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos del solicitante del amparo pues no obstante podría obtener sentencia favorable. En consecuencia, no es procedente la vía de amparo indirecto contra la resolución que reclama la parte quejosa, y, por tanto, ni contra las normas, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, sólo implicaría la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, que podrían ser reparados de obtener sentencia favorable. En este orden de ideas, se concluye que la acción de amparo es improcedente, con base en los artículos 61, fracción XXIII, con relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.
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