Nancy Rivera Avila

Expediente 85/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
85/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Nancy Rivera Avila

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-B "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de once de febrero de dos mil veintiuno, por una parte tuvo por no presentada y por otra se desechó la demanda de amparo promovida por ***; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días ... se declara que dicho auto ha quedado firme. ... una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a la destrucción de este expediente. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. ..."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede, se desprende que el plazo de cuatro días que le restaban a la quejosa ***, para dar cumplimiento con la prevención efectuada en auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, transcurrió del cuatro al diez de febrero de dos mil veintiuno; ya que fue notificada electrónicamente de dicho auto, el tres de febrero del presente año, sin que a la fecha haya dado cumplimiento; lo anterior, toda vez que en diverso auto de dos de febrero del año en curso, la quejosa pretendió dar cumplimiento con la prevención que se le efectuó. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de enero del año en curso, y con fundamento en el artículo 114, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo, únicamente en cuanto a los actos consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 194, 197, 204, 212, 221, 222, 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248 y 372 de la Ley General de Salud; Por lo tanto, en el presente asunto, únicamente se tendrá como acto reclamado el oficio 203301EL351337, en el cual, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, le informó a la quejosa Nancy Rivera Ávila, la negativa a su solicitud de autorización sanitaria para la compra y/o importación de semilla, siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, importación, posesión, transporte en cualquier forma, uso y consumo personal de cannabis sativa, índica y americana o mariahuana, así como THC (tetrahidrocannabinol). Desechamiento. Precisado lo anterior, se advierte notoriamente que, contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la porción normativa anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y cuyo tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica de ese tribunal, en el que establece: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.). XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo". En la tesis 2a. X/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal es aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede tener como forma una como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, sino que basta que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan una modificación. Dicho criterio es del rubro y texto: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan 'resoluciones definitivas', y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados." En ese sentido, como se precisó con antelación, la quejosa reclama el oficio 203301EL351337, en el cual, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, le informó a la quejosa Nancy Rivera Ávila, la negativa a su solicitud de autorización sanitaria para la compra y/o importación de semilla, siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, importación, posesión, transporte en cualquier forma, uso y consumo personal de cannabis sativa, índica y americana o mariahuana, así como THC (tetrahidrocannabinol). Lo anterior, pues dicha autoridad le hizo del conocimiento a aquí la quejosa, que no cuenta con facultades para otorgar la autorización requerida en términos de la Ley General de Salud. Por tanto, se desprende que la solicitud hecha por Nancy Rivera Ávila, constituye una instancia, en la medida en que instó la actividad administrativa del Estado para obtener algo, por lo que es claro que la respuesta que le recayó a dicha solicitud constituye una resolución definitiva que le pone fin a una instancia. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, como sucedió en el presente caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del oficio reclamado. Así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumple con dichas condiciones establecidas en la fracción en comento, como se advierte de las jurisprudencias de rubros siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. Además, en el caso no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que de los antecedentes nacarados por la quejosa bajo protesta de decir verdad, se desprende que: 1. El acto no carece de fundamentación, pues la quejosa manifiesta que el oficio 203301EL351337, fue emitido como acto aplicación de los artículos 194, 197, 204, 212, 221, 222, 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 372 y 378, y demás relativos de la Ley General de Salud. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución, pues de la lectura integral de la demanda, el quejoso se duele esencialmente de la negativa de otorgarle el permiso u autorización sanitaria para la compra y/o importación de semilla, siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, importación, posesión, transporte en cualquier forma, uso y consumo personal de cannabis sativa, índica y americana o mariahuana, así como THC (tetrahidrocannabinol). 3. El medio de defensa no está previsto en un reglamento. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal y materialmente. Finalmente, es importante precisar que este Juzgado de Distrito no desconoce las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal en las que declaró como inconstitucionales las normas de la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana. No obstante, además de que dichas normas no fueron recamadas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la suplencia de la queja tratándose de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal, opera solo respecto de cuestiones de fondo, es decir, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues es inadmisible que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 7/2006, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS". Incluso, determinar si en el caso resultan aplicables las jurisprudencias que aluden a la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana es una cuestión de legalidad que de ningún modo justifica la procedencia del juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, sobre todo si, en el caso, no se reclamaron normas generales. Lo anterior, pues como quedó precisado al inicio del presente auto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en cuanto hace al acto consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 194, 197, 204, 212, 221, 222, 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248 y 372 de la Ley General de Salud. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, establecida por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES". Por ende, es evidente que previamente la quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XX, de la ley de amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    "...Agréguese el escrito de XXX, autorizado legal en términos amplios de la quejosa XXX, mediante el cual, pretende dar cumplimiento con la prevención efectuada en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno. En su atención, dígasele que no ha lugar proveer de conformidad el escrito de cuenta, toda vez que el promovente carece de facultades para aclarar la demanda de amparo, ello, en términos de la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA, ACLARACIÓN DE LA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTÁ FACULTADO PARA HACERLA. . Así como el diverso criterio, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. . Por ende, hágase del conocimiento de la parte peticionaria de amparo, que subsiste tanto el plazo y apercibimiento decretados en auto inicial. Bajo la precisión, que conforme a la certificación de cuenta, se aprecia que el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa en el aludido proveído, comenzó a transcurrir el veintiocho de enero del año en curso, tomando en consideración que se le notificó electrónicamente el veintisiete de enero pasado, y el escrito de cuenta fue presentado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el veintiocho del mes anterior; por lo que a la fecha restan por transcurrir cuatro días..."

  4. Principal

    "...Vista la demanda de amparo promovida por XXX, contra actos del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios...expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 85/2021... A efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada, con . se requiere a la peticionaria de amparo, para que dentro del plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad: Precise si también reclama la inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud; y, La inconstitucionalidad de los diversos preceptos 194, 197, 204, 212, 221, 222 y 372, del mismo cuerpo normativo citado. En caso de ser así, precise a que autoridades se los reclama. Lo anterior, en virtud de que en el apartado de su escrito de demanda relativo al acto reclamado, esencialmente señala que reclama el oficio 203301EL351337, mediante el cual se le negó su solicitud de autorización sanitaria para la compra y/o importación de semilla, siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, importación, posesión, transporte en cualquier forma, uso y consumo personal de cannabis sativa indica y americana o marihuana, así como THC (Tetrahidrocannabinol); así como su notificación. Sin embargo, más adelante refiere que ese oficio es acto de aplicación de los artículos 368, 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud; y, posteriormente, señala que son inconstitucionales los diversos artículos 194, 197, 204, 212, 221, 222, 378, 372 de la Ley General de Salud... En ese sentido, se enfatiza a la peticionaria de amparo que la importancia de que precise con claridad el acto y la autoridad responsable, radica en que dará pauta a fijar la litis constitucional y que la responsable cuente con los elementos necesarios para rendir su informe justificado. Apercibida que de no cumplir con lo requerido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, párrafo penúltimo, de la Ley de la materia. Tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país, de conformidad con el artículo 26, de la Ley de Amparo, se ordena notificar las determinaciones que lo ameriten, de manera electrónica a través del usuario EUDALDORG, toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; así también se autoriza el correo electrónico roga.lex01@gmail.com, para tal efecto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ...; toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamamente para oír y recibir notificaciones, a las personas restantes. Consulta del expediente electrónico. Por otra parte, . se autoriza al usuario EUDALDORG, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, . , en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición..."

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