Nancy Racelly Martinez Montalvo

Expediente 700/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
700/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Nancy Racelly Martinez Montalvo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****, quien se ostenta apoderada de la directa quejosa ***** contra actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce a la ocursante el carácter de apoderada de la citada quejosa, en términos de la copia con firmas autógrafas de la resolución de doce de diciembre del año dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente 773/2018, del índice de la citada autoridad responsable. Consecuentemente, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En ese sentido, la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado, la negativa de la autoridad responsable Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, de cumplir con la suspensión de veintidós de marzo del año en curso, dictada dentro de un juicio de amparo directo promovido por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Yucatán, en autos del juicio laboral 773/2018, en la cual se determinó conceder dicha suspensión fijando la cantidad equivalente a cuatro meses de salarios del trabajo en concepto de subsistencia, concediéndole a la responsable tres días hábiles para dar cumplimiento a dicho acuerdo, sin que hasta ahora lo haya hecho. En el caso, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Se afirma lo anterior, toda vez que, como quedó visto, el acto reclamado a la responsable, deriva de un juicio de amparo directo, el cual si bien fue tramitado ante la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley de Amparo, es competencia ahora del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativo del Decimocuarto Circuito, bajo el número 010/2021 de su índice; de ahí, que la omisión de la que se duele la parte quejosa en este asunto, guarda relación con el amparo directo promovido y no con el procedimiento laboral de origen 773/2018, pues el requerimiento que aduce no se ha realizado, deriva de la medida cautelar otorgada en el referido juicio de protección de derechos. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; por lo que resulta inconcuso que si se reclama la falta de cumplimiento de la autoridad responsable Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, de la suspensión de veintidós de marzo del año en curso, dictada dentro de un juicio de amparo directo 10/2021, en la cual se determinó conceder dicha suspensión fijando la cantidad equivalente a cuatro meses de salarios del trabajo en concepto de subsistencia, concediéndole a la responsable tres días hábiles para dar cumplimiento a dicho acuerdo, y entregarle una cantidad en dinero a la quejosa, sin que hasta ahora lo haya hecho; como se menciona, el acto reclamado deriva de una medida cautelar otorgada derivada de la promoción del amparo directo y no como un acto propio del procedimiento laboral de origen 773/2018, y como acontece en la especie, no procede el juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque por disposición expresa del legislador, se halla vedada la posibilidad jurídica de promover amparo contra las resoluciones pronunciadas en otro juicio de la misma naturaleza, sin que exista excepción alguna, siendo que la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden jurídico. Como se ha sostenido, en el presente caso, si bien la medida cautelar solicitada por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Yucatán, fue otorgada por la ahora autoridad responsable, ello únicamente es en razón de que los actos emitidos por ésta en torno a la presentación de la demanda, forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales y puedan ser analizados en un diverso juicio de amparo, como acontece en este caso. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por otra parte, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; asimismo, téngase como sus autorizados a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Ahora bien, la parte quejosa proporciona los nombres de usuario "elomendez", "Eileen", y "LPR24", para el acceso y consulta del expediente electrónico; por tanto, se acuerda de conformidad la solicitud de la parte promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través de los citados usuarios, por lo que podrá promover en el mismo con sus nombres de usuario. En el propio tenor, de la lectura del escrito de cuenta se advierte que existe solicitud expresa de la referida apoderada de la parte quejosa, para recibir notificaciones vía electrónica; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto por medio de los usuarios "elomendez", "Eileen", y "LPR24". Hágase lo anterior conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Tómese nota del número celular y el correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, a fin de mantener comunicación no procesal con la misma. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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