Nancy Patricia Barreiro Ono

Expediente 487/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
487/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Nancy Patricia Barreiro Ono

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguense sin mayor trámite los informes justificados. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el escrito firmado por la licenciada ***, Defensora de Oficio, por el cual desahoga el requerimiento de veintiséis de octubre del año en curso, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. i) Se tiene a la defensora aceptando y protestando el cargo. ii) Por señalado domicilio, así como correo electrónico ***, para oír y recibir notificaciones. iii) Con fundamento con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza para consultar el expediente vía electrónica a través del sitio ***, con el usuario: "***". Instrúyase al analista jurídico, realice las gestiones informáticas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Visto el estado de autos, se advierte que el cinco de octubre actual, se reservó respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo; se provee: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. La quejosa señala como acto reclamado, entre otros, "el cambio de dormitorio 'A', estancia 201, a un dormitorio de población sentenciada, así como de su ejecución". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.- - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.- - -Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. En el caso, la demanda de amparo fue promovida contra autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, contra la Directora, Jefe de Unidad Departamental y Subdirectora de Seguridad, todos del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Como se refirió, alguno de los actos reclamados consisten en el "cambio de dormitorio 'A', estancia 201, a un dormitorio de población sentenciada, así como de su ejecución". Sobre ese tema, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; que establece la determinación de faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario; y c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Regulados en los artículos 30 y 31 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: "Artículo 30. Condiciones de internamiento.- - - Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad.- - - Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. Artículo 31. Clasificación de áreas- - - La Autoridad Penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad.- - - Las personas sentenciadas por los delitos de secuestro, previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como por las conductas de privación ilegal de la libertad con el propósito de obtener un rescate, lucro o beneficio, independientemente de su denominación, tipificadas en las legislaciones penales, deberán compurgar su pena privativa de la libertad en espacios especiales ubicados dentro de los Centros Penitenciarios, en términos de lo que dispongan las normas administrativas aplicables.- - - Lo anterior será aplicable a las personas sentenciadas por delitos en materia de delincuencia organizada, conforme a la ley en la materia, así como para las personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad.- - - Las personas internas en espacios especiales, no podrán ser afectadas en sus condiciones de internamiento, de manera que estas resulten equivalentes o más aflictivas que las establecidas para las sanciones disciplinarias." Para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos el cambio de dormitorio o estancia y la prohibición a recibir visitas familiares, en términos de los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. No obsta que esa ley aluda a la ejecución de sentencias pues su artículo 1o. dispone: "Artículo 1. Objeto de la Ley- - - La presente Ley tiene por objeto:- - - I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; ." O sea, tratándose de actos inherentes a la vida en internamiento por prisión preventiva o ejecución de pena aplica la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ley promulgada como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, en vigor desde el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, tiene por objeto establecer normas a observarse en internamiento por prisión preventiva, ejecución de penas o medidas de seguridad impuestas como consecuencia de resolución judicial; asimismo, establece los procedimientos para resolver las controversias con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí, es operable para autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México en cualquier etapa del procedimiento penal. En efecto, esa ley prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera se establece de manera específica, las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión, en el entendido de que en el escrito se podrá aportar la información pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, las autoridades penitenciarias deben auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por otra parte, el artículo 114 de la citada ley especial penal, señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad que haya solicitado la petición administrativa, éste podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el Juez de Ejecución. Pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Por su parte, el artículo 115 de la ley nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes- - - Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición.- - - En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria.- - - Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." Entonces, si las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, las cuales de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de ser combatido a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61 (XX) (2) de la Ley de Amparo. Apoya la tesis XXII.P.A.35 P, página 2580, Tomo III, Agosto de 2018, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO." Y la diversa XXII.P.A.34 P, página 2581, Tomo III, Agosto de 2018, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." Ya que de tales criterios se advierte, la Suprema Corte efectuó el examen de los casos sometidos a su potestad a la luz de las previsiones que en la reforma constitucional de junio de dos mil once sufrieron los artículos 18 y 21 de la Carta Magna; ahí se vedaron las facultades de las autoridades administrativas para decidir respecto a las controversias suscitadas en reclusión y se activaron en favor de las autoridades judiciales; desde ahí, las autoridades administrativas carecen de competencia para ordenar traslados; de hacerlo realizan actos que afectan la libertad fuera de procedimiento judicial. En tales criterios, el Alto Tribunal aludió a situaciones en que las autoridades administrativas seguían ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin facultades ni autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal que, ya se dijo, creó un procedimiento judicial específico para regular los cambios de dormitorio o de estancia y el régimen de visita, así como la facultad de los internos para ejercer acciones que inicien controversias judiciales, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado o establezca alguna condición de internamiento, que posteriormente debe ser revisada por autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde se examinaron actos emitidos fuera de juicio; de ahí que no resulten aplicables tales criterios al caso a estudio. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la quejosa por conducto de su defensora pública.

  3. Principal

    Agréguese el oficio firmado por la Subdirectora Jurídica Penal de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, por medio del cual desahoga el requerimiento de diecinueve de octubre del año en curso, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Se tiene por designada a: ?... Defensora de Oficio, quien fungirá como representante de la quejosa: ? ... Por tanto, requiérase a la citada defensora en el domicilio que indica la autoridad oficiante, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente asunto: 1. Remita escrito en el que manifieste, sí recibió copia de la demanda, proveído de cinco de octubre del actual y, si acepta el cargo conferido, 2. Remita copia simple de su credencial oficial; y, 3. Proporcione su usuario para que pueda imponerse de autos, es decir, consultar el expediente de manera electrónica y en su caso recibir notificaciones por la misma vía. Dicha información deberá presentarla vía interconexión o en su caso al correo electrónico 1jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. Apercibida que en caso de no hacerlo o bien, informar el inconveniente que tenga, se le impondrá una multa por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de lo establecido en los artículos 237 (I) y 259 de la Ley de Amparo. Una vez que proteste el cargo conferido, dese nueva cuenta a fin de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el término concedido a la quejosa, sin que haya designado a un abogado que la represente en el juicio de amparo. Por lo anterior, requiérase a la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, designe un profesionista que asista a la citada quejosa. En el comunicado que dirija a este juzgado, deberá: (i) Informar el nombre del profesionista, (ii) Adjuntar su firma de enterado, como evidencia de que recibió la copia de la demanda y aceptó el cargo conferido, con fecha indicativa, pues a partir de ella, cuenta con cinco días hábiles para: 1. Proporcionar su usuario para que pueda imponerse de autos, es decir, consultar el expediente de manera electrónica y en su caso recibir notificaciones por la misma vía. Dicha información deberá presentarla vía interconexión o en su caso al correo electrónico. Apercibido el titular de dicha dependencia, de no hacerlo o bien, informar el inconveniente que tenga, se le impondrá una multa por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de lo establecido en los artículos 237 (I) y 259 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación el criterio sustentado por la Primera Sala del máximo tribunal constitucional del país, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.) publicada el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Materias Constitucional y Común, Décima Época, que dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARNATIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO. EL QUEJOSO, PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Notifíquese.

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