Nancy Olga García Gaytán

Expediente 924/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
924/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Nancy Olga García Gaytán
  • Nancy Olga García Gaytán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y anexo que se acompaña, mediante el cual rinde informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que la responsable anexa. En atención al contenido de la misma, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que los actos reclamados de forma esencial consisten en: La omisión de acordar las providencias cautelares solicitadas por la quejosa en escrito inicial de demanda -laboral- de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, recibido por la responsable el veinticuatro del citado mes y año; y su notificación. La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral de origen. En ese contexto, en el presente se estima no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, puesto que del oficio de cuenta, con anexo, permite ver que se actualiza, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ahora, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210, materia común, novena época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". También, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. Recuérdese que en el caso en estudio, los actos reclamados esencialmente consisten en la omisión de la Junta responsable de acordar las Providencias Cautelares solicitadas por la quejosa en el escrito inicial de demanda, de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica, así como de notificar a la quejosa de lo anterior. Luego, la mencionada causa de improcedencia se actualiza en este asunto en razón que de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, se desprende que: Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se dio cuenta con la demanda laboral signada por la quejosa, se radicó con el número *******, y se señalaron las diez horas con treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y se ordenó notificar, ese auto, a la promovente así como emplazar a las demandadas. En ese mismo auto, se proveyó respecto de las medidas cautelares solicitadas, en el sentido de que si bien los preceptos que invocó no eran aplicables, empero al tratarse de un caso que se ameritaba ser valorado desde la perspectiva de género y de la situación de vulnerabilidad, con propósito de lograr una garantía real y efectiva de los derechos de la quejosa, con fundamento en los artículos 107, fracción X y 123 de la Constitución Política, 17, 18 y 56 de la Ley Federal del Trabajo, se requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que le otorgue la atención médica durante el embarazo y posterior a éste, así como de las demás prestaciones de seguridad social que garantice su bienestar y la del menor hasta en tanto exista laudo firme. Finalmente, la quejosa fue notificada de lo anterior el treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Esta última cuestión de hecho ocurrió de forma posterior a la presentación de la demanda -tres de septiembre de dos mil veintiuno-; de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruidos por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, materia común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, al estimarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las DOCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS -auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno-. Al caso, sirve de apoyo por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sin que obste a lo anterior, el hecho que el presente asunto no se encuentre integrado, pues lo cierto, es que la esencia del reclamo constitucional ha cesado -como se expuso anteriormente-, por lo que, ello no implica que pudiera variar la determinación a la que se arribó, pues conforme a las constancias que se hizo referencia, es inobjetable que fueron atendidas las medidas cautelares solicitadas por la quejosa, se fijó fecha para la celebración de la audiencia trifásica y se notificó de lo anterior a la parte promovente, de cuya omisión se dolía la parte quejosa, lo que precisamente era materia del reclamo, esto es, la abstención de proveer y notificar. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza a la Secretaria judicial a firmar los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese personalmente."

  3. Incidental

    ÚNICO. Se concede a xxxxxxxxxx, la suspensión definitiva de los actos reclamados, materia de esta litis incidental; en términos del considerando último de esta interlocutoria. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Numero 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde su informe previo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con el mismo al momento de celebrar la audiencia incidental. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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