Nancy Montes Salgado
Expediente 370/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nancy Montes Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no se inconformó en contra del proveído dictado el catorce de junio del año en curso (fojas 684 a 695), donde se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio de garantías; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor en relación con el 201, fracción I, y 202 del citado ordenamiento legal, se tiene por consentido. En consecuencia, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En el entendido, que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, por ubicarse el presente asunto, en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero, del Acuerdo General en comento. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de treinta de abril del año en curso (foja 674, tomo II), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, manifestaran lo que a su derecho importara respecto al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este expediente, por parte del Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, sin exceso, ni defecto. . Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, UNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JUSRISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En el caso, por sentencia engrosada el uno de marzo de dos mil dieciocho (fojas 612 a 632, tomo II), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Nancy Montes Salgado, en los siguientes términos: 1. Deje insubsistente la determinación reclamada; y, 2. Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan o, en sentido diverso. Así, el diez de abril del año en curso (fojas 643 y 644), se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este expediente, y se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento. Por oficio 222, el Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de abril del año en curso, dictada en el toca penal JOTP/19/2015, de su índice, donde en primer término determinó lo siguiente: "(...) y apareciendo que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Nancy Montes Salgado, contra actos reclamados de esta Segunda Sala Penal, en el juicio de amparo indirecto número 370/2017 que promovió ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en cumplimiento a la referida ejecutoria y atento a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se deja INSUBSISTENTE la resolución dictada por esta Sala, de fecha catorce de julio de dos mil quince, y eh cumplimiento a /a misma, se pasa a dictar una nueva en los siguientes términos: (...)". (foja 656, tomo II). Con lo anterior, la responsable cumplió con el punto uno de la concesión de la sentencia, ya que dejó insubsistente la resolución de catorce de julio de dos mil quince y dictó una diversa, misma que se analizará a continuación a efecto de precisar si purgó los vicios formales de que adolecía la anterior. Así, tenemos que la responsable consideró que el primero de los argumentos expresados por la representación social, como recurrente, respecto que el juez de garantía realizó una incorrecta valoración de los datos de prueba enunciados, al apartarse de los postulados de la sana crítica, le asistió la razón porque los datos de prueba incorporados oralmente fueron los siguientes: Denuncia presentada por Eloisa Monroy León, de nueve de diciembre de dos mil trece. Denuncia presentada por Alberto Rodríguez Borges, de nueve de diciembre de dos mil trece. e Ampliación de la denuncia de Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, mediante escrito. Contrato de arrendamiento celebrado entre locales, ahí tienen sus negocios a los cuales les, han realizado mejoras. Razón por la cual, considera que tanto la diligencia como las testimoniales citada, tienen valor ,probatorio, por tratarse de actos que el agente investigador puede realizar en términos .de lo dispuesto en los artículos 236 y 262 bis, del Código Procesal Penal del Estado, porque no se contradicen en sí mismas, además que se relacionan entre sí, por lo cual, la información que aportan a _la causa se robustece, aunado a que se les otorgó valor probatorio en términos del artículo 358. del Código Procesal Penal. del Estado, porque se puede identificar el lugar que refirieron las víctimas y atestes de identidad, los que no fueron controvertidos en la audiencia. De igual forma, precisó la Sala que el Juez de la causa, estuvo en lo correcto al otorgarle valor al dictamen de agrimesura y planimetría, porque reúne los requisitos previstos en el artículo 255 del Código Procesal Penal, al ser realizado por un perito oficial experto en la materia que dictaminó, Id que sustentó con croquis planimétrico y fotografías para establecer la identidad y ubicación de los tres locales que aluden las víctimas, estableciendo sus características, realizando un planteamiento del problema, estableciendo. una metodología determinada y llegando a una conclusión dentro del campo en el que es experto, sin que se contradiga en sí mismos,_ además que establece la existencia y ubi-cación d,e _cuatro locales comerciales ubicados en la esquina de calle Alejandro Cárdenas con Héroes Oaxaqueños, colonia las Brisas de Zicatela, Santa María Colotepec, San Pedro Pochutla, Oaxaca. Respecto al contrato de arrendamiento celebrado entre Nancy Montes Salgado, como arredadora, Eloisa Monroy León y Lucía González Acero, corno arrendatarias, de uno de junio de dos mil trece, respecto del local letra "G", ubicado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Las Brisas de Zicatela, Santa María Colotepec, San Pedro Pochutla, Oaxaca, y la ampliación de declaración de la víctima Eloisa Monroy León, de once de febrero de dos mil quince, la autoridad responsable refiere que el valor probatorio otorgado por el Juez conocedor de la causa es correcto, porque establece la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado entre Nancy Montes Salgado, como arrendadora, Eloisa Monroy León y Lucía González Acero, como arrendatarias, de uno de junio de dos mil trece, respecto del local "G", ubicado en Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisa de Zicatela, Santa María Colotepec, Oaxaca. Ello, con la salvedad que considera correcto lo estimado por la representación social, respecto a que el juez se apartó de los parámetros de la sana crítica, al momento de establecer cuál era la vigencia de dicho contrato, porque indicó la duración del contrato, que sería del uno de junio de dos mil trece, al uno de diciembre de ese mismo año, independientemente que el contrato señale que terminaría el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, por el contrario tendría una duración de siete meses, sin que tal afirmación tenga sustento alguno, porque inadvirtió que las partes de manera expresa estipularon en la cláusula segunda, la vigencia del mismo, que sería a partir del uno de junio de dos mil trece y que fenecería el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, lo que se reiteró al final del contrato, lo cual fue confirmado por los interesados. Por lo cual, la sala responsable considera que la vigencia del contrato celebrado entre las partes, está sujeta a la estipulación realizada en la cláusula segunda de dicho contrato, mismo que fue elaborado de conformidad con lo establecido en el artículo 2365 del Código Civil vigente en el Estado, estableciéndose específicamente el tiempo de su duración, máxime que dicho contrato no fue sujeto de controversia u oposición por la imputada, ni su defensa, por lo cual, considera que existe una aceptación de las partes, de todas y cada una de las cláusulas de ese contrato. En cuanto a la declaración de la víctima Eloisa Monroy León, la Sala responsable avala lo manifestado por el juez de la causa y considera que la misma no tiene el alcance probatorio que alega la recurrente, ya que establece la existencia del proceso civil 348/2013, promovido por Nancy Montes Salgado en contra de Eloisa Monroy León, respecto del local "G", ubicado en Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, pero que no tiene conocimiento si ya se dictó sentencia en dicho juicio, aunado a que, no está en discusión la relación contractual existente entre la imputada y la víctima, porque tal circunstancia, se advierte del contrato que por escrito celebraron las partes, afirmando que no por eso dejara de darle valor probatorio a la declaración de Eloisa Monroy León. En cuanto a las manifestaciones de la parte recurrente, la autoridad responsable asegura que son infundadas porque los datos exhibidos tienen valor probatorio, tal como lo afirmó la autoridad de primera instancia, ya que le permitió conocer que las víctimas Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, iniciaron en la vía civil un procedimiento, atendiendo a la demanda de diecisiete de enero de dos mil trece, haciendo entrega de una serie de recibos, facturas y depósitos, realizados a favor de la imputada, así como algunos conceptos de gastos erogados por las víctimas, por arreglos y remodelaciones que afirman realizaron a los locales, sin que ello implique que tengan el alcance suficiente JUICIO DE AMPARO 370/2017. para acreditar las alegaciones que la representación social intentó hacer valer, respecto de tales documentos, porque como lo señaló el juez de control, no se advierte que exista una resolución firme que declare la procedencia de los mismos, en el sentido que alega el recurrente, ya que sólo corroboran la existencia de los documentos en el juzgado Mixto de Primera Instancia, dentro del algún expediente civil y que las víctimas iniciaron, sin que esto fuera controvertido ni alegado por la defensa de la imputada. En cuanto a las manifestaciones realizadas en el escrito presentado por las víctimas Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se entregó un set fotográfico, relativo a las modificaciones que dicen haber realizado en los locales materia de la litis, considera la autoridad responsable que son parcialmente fundadas y tienen tienen valor probatorio porque permiten corroborar la existencia de los locales en el lugar que señalan las víctimas, pero que no tienen alcance suficiente para acreditar las alegaciones que la representación social hizo valer en relación a la fecha en que fue retirada la palapa, en que fue pintada de un nuevo color, así como la fecha en que fue terminada la segunda planta, sin que lo anterior, le ocasione algún perjuicio, porque dichas fotos no sólo tienen valor probatorio, sino además, son coincidentes con lo manifestado por las víctimas, respecto a la existencia de los locales que aluden y con la diligencia de inspección ocular realizada en el lugar de los hechos, por lo cual, esos datos de prueba tienen valor probatorio como lo señaló el juez de control. En cuanto a la declaración de la víctima Alberto Rodríguez Borges, de nueve de diciembre de dos mil trece, y la ampliación de su declaración de once de febrero de dos mil quince, la autoridad responsable señala que comparte lomanifestado por la parte apelante en cuanto a que el juez de control realizó una apreciación errónea de ese dato de prueba, al otorgarle valor probatorio parcial, porque con ello, solamente se puede tener por probado que el día de hechos a las once de la mañana llegó hasta donde estaban los locales, los encontró cerrados con candado, valoración que se aparta de los parámetros de la sana crítica, porque lo cual, tanto la declaración inicial, como la ampliación correspondiente, guardan congruencia entre sí, porque no existen contradicciones y se complementan, por lo cual, atendiendo al momento procesal en que se encontraba dicho asunto, la información proporcionada le causa convicción de que la víctima Alberto Rodríguez Borges, realizó dos contratos de arrendamiento con Nancy Montes Salgado, uno por el local letra "F", destinado al giro de restaurant, que se denominó "OH MY GUAO", y otro, por el diverso local letra "E", destinado para funcionar como cafetería y heladería, ambos ubicados dentro del complejo situado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca; que el contrato realizado por el local "F", tuvo la duración de un año, celebrado el siete de agosto de dos mil doce, y el segundo, respecto del local "E", también con duración de un año, éste fue realizado de manera verbal, respecto del cual, el veintinueve de enero de dos mil trece, realizó el primer depósito, considerando que no era necesario que existiera contrato por escrito como lo señaló el juez de la causa, puesto que no existe disposición legal expresa que obligue a la existencia de un contrato por escrito. aisladas, sino que se robustecen con otros datos de prueba vertidos en la audiencia de vinculación a proceso, dentro de los que se encuentra la declaración de la víctima Eloisa Monroy León, quien señaló que en el momento de los hechos Alberto Rodríguez Borges, ocupaba los locales para comercio, los cuales le fueron arrendados por Nancy Montes Salgado, lo cual se robusteció con lo señalado por los testigos de identidad Benigno Sánchez Ramírez e lsaí Jarquín Martínez, al desahogarse la diligencia de inspección ocular en los locales materia de controversia, puesto que con ella, se acredita su existencia, donde las víctimas y atestes de identidad señalaron cuales eran los locales que ocupaban al momento de los hechos, la actividad que se realizaba en los mismos, así como otros datos de identificación y que éstos se encontraban cerrados al momento de la inspección, lo anterior relacionado con el dictamen en agrimesura y planimetría, puesto que permite establecer la identidad y ubicación de los tres locales "E, F y G", precisando sus características. Por su parte, Luis Alberto Sánchez Ortega y Rafael Santos Altamirano, señalaron que el día de los hechos Nancy Montes Salgado, acompañada de diversas personas sacaron diversos objetos de dos locales comerciales, y para ello, rompieron los candados que se encontraban en las puertas, sustituyéndolos por candados nuevos. En cuanto a la copia certificada de la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil catorce, relativa al juicio de desahucio registrado con el número 365/2013, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxcaca, promovido por Nancy Montes Salgado en contra de Alejandro Rodríguez Borges, en relación al local letra "F", destinado al giro de restaurante, denominado "OH MY GUAO", la autoridad de segunda instancia consideró que fue correcto que el juez de la causa le haya otorgado valor probatorio, ya que se trata de una documental expedida por un funcionario en ejercicio de sus funciones, además de ser incorporado en términos del ley, y su contenido le creo convicción puesto que le permite conocer que la imputada inició un juicio de desahucio en contra de Alberto Rodríguez Borges, para recuperar la posesión del local "F", de la calle Alejandro Cárdenas con Héroes Oaxaqueños, de la colonia Brisas de Zicatela, Santa María Colotepec, San Pedro Pochutla, Oaxaca, donde se encontraba el restaurante "OH MY GUAO", a cargo de Alberto Rodríguez Borges, y que para ello, existía un contrato de arrendamiento celebrado el siete de agosto de dos mil doce, que Nancy Montes Salgado, en su calidad de arrendadora, demandó el pago de diecinueve mil pesos, por concepto de rentas vencidas y no pagadas, a partir del mes de septiembre a diciembre de dos mil trece, así se advierte que el tres de diciembre de dos mil trece, se radicó la demanda, el veinticuatro de enero de dos mil catorce, se emplazó a Alberto Rodríguez Borges, quien el catorce de febrero de dos mil catorce, dio contestación a la misma; durante la tramitación de dicho juicio Alberto Rodríguez Borges, depositó la cantidad de diecinueve mil doscientos pesos, monto reclamado de las rentas vencidas, de septiembre a diciembre de dos mil trece, dictándose sentencia el doce de enero de dos mil quince. Concluyendo la autoridad responsable que con esos datos de prueba se establece que en el momento en que ocurrieron los hechos (nueve de diciembre de dos mil trece), la víctima tenía en posesión el local. De los argumentos dados por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en relación a la valoración de los datos de prueba que tomó en FORMA 8-2 consideración el juez de control, se tiene que para el dictado de auto de vinculación a proceso, son suficientes, puesto que se pronunció en relación a la existencia de los locales materia de la controversia, su ubicación, así como respecto a las declaraciones de las víctimas, de los testigos de identidad, así como de dos testigos presenciales de los hechos y prueba documental que exhibió la imputada, consistente en el juicio civil 365/2013 del índice del juzgado Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca. De igual forma, la Sala responsable señaló que el primer elemento del hecho que la ley señala como el delito de despojo y que consiste en que una persona ocupe un bien inmueble propio, se acreditó al establecerse que el nueve de diciembre de dos mil trece, entre las ocho y nueve horas, la imputada, aprovechando que Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges no se encontraban, rompió los candados de los locales "E, F y G", ubicados dentro del complejo situado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, y acompañada de otras personas sacó los objetos que se encontraban en su interior, para posteriormente colocar nuevos candados, lo cual dijo está corroborado con la declaración de las víctimas Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, y su ampliación, las cuales, fueron coincidentes con otros datos de prueba, como las declaraciones de los testigos presenciales Luis Alberto Sánchez Ortega y Rafael Santos Altamirano. En cuanto al segundo elemento, consistente en que dicha ocupación se realice en los casos en que la ley no lo permita por hallarse en poder de otra persona, lo consideró acreditado porque las víctimas Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, tenían en posesión los locales comerciales letras "E, F y G", ubicados dentro del complejo situado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, coioñia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, derivada de la celebración de contratos de arrendamiento con la imputada Nancy Montes Salgado. Lo que la autoridad de segunda instancia fundó en el contrato de arrendamiento celebrado entre Eloisa Monroy León y Nancy Montes Salgado, de uno de junio de dos mil trece, respecto del local letra "G", ubicado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, mismo que fue destinado al giro de restaurante bar, llamado "La inmortalidad del cangrejo, donde se estableció de manera expresa la vigencia que iniciaría el uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, conforme la cláusula segunda y la reiteración que se realizó al final del contrato, vigencia a la que debe atenderse, porque considera que es la voluntad expresa de las partes. Asimismo, que de un análisis armónico de los datos de prueba ofrecidos tanto por la representación social, como por la defensa de la imputada, consideró cierta la existencia de dos contratos de arrendamiento celebrados por Alberto Rodríguez Borges con Nancy Montes Salgado, respecto de los locales "F", destinado al giro de restaurante, denominado "OH MY GUAO", y otro por el local "E", destinado para funcionar como cafetería y heladería, dentro del complejo ubicado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, que el contrato en relación al local "F", tuvo la duración de un año, celebrado el siete de agosto de dos mil doce, mientras que el segundo, respecto del local "E" con duración de un año, fue celebrado de manera verbal, del cual, con fecha veintinueve de enero de dos mil trece, realizó un primer depósito. Por lo cual, la responsable no puso en duda la existencia de los locales letra "F" y "G", utilizados como restaurante, cuyos nombres son "La inmortalidad del cangrejo" y "Oh my gauo", así como la existencia del local "E", que sería una cafetería y heladería, ubicados de manera consecutiva, dentro del complejo situado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, señalando que lo manifestado por el juez de control, en el sentido de que no se estableció la letra exacta de cada local, era insuficiente para poner en duda la existencia de los locales señalados, porque media una diligencia de inspección ocular que realizó la autoridad ministerial, donde estuvieron presentes los testigos de identidad Benigno Sánchez Ramírez e lsai Jarquín Martínez, datos de prueba que afirma tienen valor y alcance probatorio, puesto que corroboran la existencia de los locales, así como el dictamen en agrimesura y planimetría, que estableció la ubicación y características de los mismos. Continuó señalando la Sala, que existe a favor de Nancy Montes Salgado, la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil catorce, relativa al juicio de desahucio 365/2013, del índice del juzgado Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, promovido por Nancy Montes Salgado, en contra de Alejandro Rodríguez Borges, respecto del local letra "F", destinado al giro de restaurante, denominado "OH MY GUAO", con lo que se establece que en la fecha en que sucedieron los hechos existía una relación contractual de arrendamiento entre la imputada con la víctima, porque de no haber sido así, no hubiera sido necesario el trámite de un juicio, donde la promovente solicitó el pago de diecinueve mil pesos, por concepto de rentas vencidas y no pagadas a partir del mes de septiembre al mes de diciembre de dos mil trece; dicha demanda se tuvo por radicada el tres de diciembre de dos mil trece, el veinticuatro de enero de dos mil catorce se emplazó al juicio a Alberto Rodríguez Borges, quien contestó la demanda el catorce de febrero siguiente, y durante la tramitación de dicho juicio Alberto Rodríguez Borges, depositó la cantidad de diecinueve mil doscientos pesos, por concepto de pago de las rentas vencidas y que le fueron reclamadas, dictándose sentencia el doce de enero de dos mil quince; por lo que atendiendo a dichos datos, la Sala responsable, consideró que en la fecha en que ocurrieron los hechos, el nueve de diciembre de dos mil trece, el local estaba en posesión del entonces demandado, por lo que la sentencia fue dictada posteriormente a ocurridos los hechos denunciados por la víctima, lo que se traduce en que la imputada actuó sin tener derecho en ese momento, y respecto de dicho juicio la responsable toma en consideración lo que le beneficia a la víctima, como el que tenía en posesión el local "F", y que por ello, la imputada promovió un juicio de désahucio para recuperar la posesión del inmueble en disputa, posesión que se le había otorgado a la ahora víctima por medio de un contrato de arrendamiento. En ese tenor, la emisora del acto reclamado refiere que no pasó por desapercibida la manifestación de la víctima en relación a que también tenía en posesión el local letra "E", y que dicha manifestación le causa convicción puesto que no se ha puesto en duda hasta este momento, aunado a que no es un hecho aislado, porque tanto los testigos presenciales, como los de identidad hacen mención de los locales en el momento de los hechos, lo que considera corroborado con la diligencia de inspección ocular, pues el agente investigador dio cuenta precisamente de ese local, el cual se encontraba cerrado, como se precisó en el dictamen de agrimesura y planimetría, datos que armonizados le dieron pauta para establecer que el nueve de diciembre de dos mil trece, los hechos sucedieron en relación al local marcado con la letra "E", porque de no haber celebrado un contrato de arrendamiento con la imputada en relación a ambos locales, la imputada al advertir que un extraño los estaba ocupando, no hubiera permitido que un extraño ingresara a los mismos, menos aún, los usara para negocio. En ese mismo sentido, señala la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que la víctima Eloisa Monroy León, conforme al contrato que por escrito celebró con la imputada, respecto del local letra "G", que fue destinado al giro de restaurante bar, denominado "La inmortalidad del cangrejo, atendiendo a la vigencia establecida en el mismo, cuando ocurrieron los hechos, estaba en posesión del mismo. Y atendiendo a que la figura genérica de despojo, tutela la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo que conlleva implícita la figura de la posesión, y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos; de ahí que, aun cuando exista el derecho de propiedad a favor de la indiciada sobre los inmuebles objeto del delito, existen datos suficientes para establecer el derecho de posesión de las víctimas, respecto de los locales "F, G y E", situados dentro del complejo ubicado en calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zictela, Puerto Escondido, Oaxaca, en ese momento no estaba facultada para ingresar a ellos, porque la posesión la tenían Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, derivada del contrato de arrendamiento que celebraron con Nancy Montes Salgado, así que el que llevara a cabo las acciones como el ingresar a dichos locales cuando las personas en posesión de los mismos no se encontraban, rompiendo los candados , sacando diverso muebles con la ayuda de otras personas y poner nuevos candados, atentó contra el derecho de posesión que éstas ejercían legítimamente, lo que se tradujo en que hiciera justicia por su propia mano, prohibido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si la imputada se consideraba con derechos respecto de dichos inmuebles, podía exigirlos por la vía civil, sin embargo, si los hizo valer posterior a su conducta, lo que no convalida o legitima la acción previa de ocupación ilegítima que realizó. En cuanto al tercer elemento del hecho que la ley señala como el delito de despojo, y.que consiste en que la ocupación sea de propia autoridad y haciendo uso de la violencia física o moral a las personas o furtivamente o empleando amenazas o engaño, lo tuvo por acreditado la autoridad de segunda instancia, pues estableció que el nueve de diciembre de dos mil trece, entre las ocho y nueve horas, la imputada se constituyó en los locales comerciales letra "E, F y G", situados dentro del complejo ubicado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, y de manera voluntaria ocupó los locales, lo que no le estaba permitido, ya que la posesión la tenían Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, y empeló la furtividad para llevar a cabo su actuar, pues aprovechó que las víctimas no se encontraban en el lugar en ese momento, con independencia que a las once horas haya llegado Alberto Rodríguez Borges, porque de su declaración se advierte que no pudo oponerse a la conducta desplegada por la imputada, de igual forma, utilizó la violencia física a las cosas, al romper los candados que tenían los locales y sacó las cosas que estaban dentro, con la ayuda de otras personas, y puso candados nuevos. Datos que afirma la responsable se corroboran con las declaraciones de las víctimas Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, así como la ampliación que de la misma hicieron, las que fueron coincidentes y no son aisladas, sino que se robustecen con las declaraciones de los testigos Luis Alberto Sánchez Ortega y Rafael Santos Altamirano, quienes presenciaron los hechos al momento en que ocurrieron, con la diligencia de inspección ocular donde estuvieron presentes los testigos de identidad Benigno Sánchez Ramírez e lsaí Jarquín Martínez, donde se determinó la ubicación de los locales, sus características y que se encontraban cerrados. En cuanto al cuarto elemento, consistente en que con dicha ocupación se perturbe la posesión del inmueble que tiene la persona facultada por la ley, la autoridad judicial de segunda instancia expuso que se acredita con los actos realizados por la imputada, como aprovechar que Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, no se encontraban en ese momento en los locales comerciales "E, F y G", ubicados dentro del complejo situado en calle Alejandro Cárdenas, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, por lo que de manera voluntaria ocupó dichos locales, aun cuando no tenía derecho en ese momento para hacerlo, pues quienes los tenían en posesión eran las víctimas, sin embargo, rompió los candados y con ayuda de otras personas sacó las cosas que contenían dichos inmuebles, para posteriormente poner candados nuevos, por lo que dichas acciones hacen presumir a la autoridad, que las realizó con la intención de usurpar un derecho ajeno, como si fuera la poseedora en ese momento, con independencia que tenga la propiedad, porque en el momento en que cometió la conducta, quien tenía la posesión de los locales señalados, eran las víctimas, por lo que no sólo ejerció actos materiales de detentación del inmueble, sino que se condujo como legítima poseedora, sin que la ley le permitiera en ese momento ejercer ese derecho, sustituyendo así a los legítimos poseedores, precisamente en esa calidad y como consecuencia en sus derechos. Argumentos con los que la autoridad judicial revisora, subsana lo relativo a la valoración de los datos de prueba que tomó en consideración al momento de emitir el auto de vinculación a proceso de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, así como lo relacionado con los datos de prueba con los que se acreditan los elementos del hecho que la ley señala como el delito de despojo, que se le imputa a la aquí quejosa Nancy Montes Salgado, luego entonces, como uno de los puntos de la concesión del amparo, fue para que la responsable valorara todos y cada uno de los datos de prueba que tomó en consideración para emitir el auto de vinculación a proceso, esto, con independencia de que se esté o no de acuerdo con dichos argumentos, siempre que estos sean coherentes con lo que se analiza, porque se está ante una concesión por forma, es decir, indebida fundamentación y motivación, lo que no permite analizar en relación al fondo del asunto. Ahora, en cuanto a la probable participación de la quejosa en el hecho que la ley señala como el delito de despojo, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, expuso que se acredita al existir señalamiento directo por parte de las víctimas y de los testigos presenciales de los hechos, a las que les dio valor probatorio, y que se corroboran con otros datos de prueba, los que atendiendo a la etapa en que se encuentra el proceso y del estándar probatorio que se exige, son suficientes e idóneos para acreditar que el nueve de diciembre de dos mil trece, entre las ocho y nueve horas, Nancy Montes Salgado, se presentó en los locales comerciales marcados con las letras "E, F y G", ubicados dehtro del complejo situado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, y sin estar facultada legalmente, ocupó los locales que estaban en posesión de Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, empleando para ello la furtividad, pues aprovechó que las víctimas no se encontraban en ese momento, y para ingresar utilizó la violencia física a las cosas, rompiendo los candados que tenían y con ayuda de otras personas sacó diversos muebles que se encontraban en su interior, y posteriormente colocar candados nuevos. Que dicho actuar lo realizó por sí misma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11, fracción II, del Código Penal del Estado, pues ella fue quien rompió los candados que resguardaban la entrada a los locales y con la ayuda de otras personas Sacó los muebles que estaban en su interior, poniendo posteriormente nuevos candados; conducta que afirma la responsable es dolosa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8, fracción 1, del Código Penal del Estado, puesto que quiso sin motivo justificado, que sabía no tenía, introducirse en dichos locales, por lo que se actualiza el dolo directo. De igual forma, consideró la responsable que la aquí quejosa es imputable, pues en ese momento reunió las condiciones físicas y psíquicas de madurez, sin que exista dato de prueba que en el momento de los hechos, estuviera perturbada de sus facultades mentales, por lo que al momento de ejecutar la conducta, tuvo la capacidad de comprender el carácter ilícito de ellos, y de conducirse de acuerdo con esa comprensión. De lo antes expuesto, se tiene que la responsable como ya se señaló en líneas anteriores, cumple con la sentencia ejecutoria, pues en relación a este apartado, expone las razones del porque se acredita la probable participación de la aquí quejosa Nancy Montes Salgado, es decir, precisó que existe en su contra señalamiento directo tanto de las víctimas como de los testigos de cargo, quienes la señalaron como la persona que directamente destruyó los candados que se encontraban en las puertas de los locales "E, F y G", que sacó los bienes muebles que se encontraban en su interior, y posteriormente, puso nuevos candados, así mismo se pronunció respecto a su autoría material y al dolo directo que considera se acredita. Luego entonces, atendiendo a la transcripción anterior, se advierte que la autoridad responsable ha cumplido en los términos requeridos la sentencia ejecutoria dictada en este expediente. Lo anterior es así, ya que la protección de la Justicia Federal concedida a la parte quejosa, fue para el efecto de que la autoridad responsable, dejara insubsistente la determinación reclamada y con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban o, en sentido diverso. Así, puesto que la responsable en la resolución de diecinueve de abril del año en curso, dictada en el toca penal JOTP/19/2015, de su índice, dejó insubsistente la resolución de catorce de julio de dos mil quince, y analizando los vicios formales que la afectaban, resolvió en el mismo sentido. Por lo cual, es claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplido, sin excesos ni defectos, el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; por ende, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de treinta de abril del año en curso (foja 674, tomo II), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, manifestaran lo que a su derecho importara respecto al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este expediente, por parte del Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, sin exceso, ni defecto. . Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, UNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JUSRISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En el caso, por sentencia engrosada el uno de marzo de dos mil dieciocho (fojas 612 a 632, tomo II), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Nancy Montes Salgado, en los siguientes términos: 1. Deje insubsistente la determinación reclamada; y, 2. Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan o, en sentido diverso. Así, el diez de abril del año en curso (fojas 643 y 644), se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este expediente, y se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento. Por oficio 222, el Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de abril del año en curso, dictada en el toca penal JOTP/19/2015, de su índice, donde en primer término determinó lo siguiente: "(...) y apareciendo que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Nancy Montes Salgado, contra actos reclamados de esta Segunda Sala Penal, en el juicio de amparo indirecto número 370/2017 que promovió ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en cumplimiento a la referida ejecutoria y atento a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se deja INSUBSISTENTE la resolución dictada por esta Sala, de fecha catorce de julio de dos mil quince, y eh cumplimiento a /a misma, se pasa a dictar una nueva en los siguientes términos: (...)". (foja 656, tomo II). Con lo anterior, la responsable cumplió con el punto uno de la concesión de la sentencia, ya que dejó insubsistente la resolución de catorce de julio de dos mil quince y dictó una diversa, misma que se analizará a continuación a efecto de precisar si purgó los vicios formales de que adolecía la anterior. Así, tenemos que la responsable consideró que el primero de los argumentos expresados por la representación social, como recurrente, respecto que el juez de garantía realizó una incorrecta valoración de los datos de prueba enunciados, al apartarse de los postulados de la sana crítica, le asistió la razón porque los datos de prueba incorporados oralmente fueron los siguientes: Denuncia presentada por Eloisa Monroy León, de nueve de diciembre de dos mil trece. Denuncia presentada por Alberto Rodríguez Borges, de nueve de diciembre de dos mil trece. e Ampliación de la denuncia de Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, mediante escrito. Contrato de arrendamiento celebrado entre locales, ahí tienen sus negocios a los cuales les, han realizado mejoras. Razón por la cual, considera que tanto la diligencia como las testimoniales citada, tienen valor ,probatorio, por tratarse de actos que el agente investigador puede realizar en términos .de lo dispuesto en los artículos 236 y 262 bis, del Código Procesal Penal del Estado, porque no se contradicen en sí mismas, además que se relacionan entre sí, por lo cual, la información que aportan a _la causa se robustece, aunado a que se les otorgó valor probatorio en términos del artículo 358. del Código Procesal Penal. del Estado, porque se puede identificar el lugar que refirieron las víctimas y atestes de identidad, los que no fueron controvertidos en la audiencia. De igual forma, precisó la Sala que el Juez de la causa, estuvo en lo correcto al otorgarle valor al dictamen de agrimesura y planimetría, porque reúne los requisitos previstos en el artículo 255 del Código Procesal Penal, al ser realizado por un perito oficial experto en la materia que dictaminó, Id que sustentó con croquis planimétrico y fotografías para establecer la identidad y ubicación de los tres locales que aluden las víctimas, estableciendo sus características, realizando un planteamiento del problema, estableciendo. una metodología determinada y llegando a una conclusión dentro del campo en el que es experto, sin que se contradiga en sí mismos,_ además que establece la existencia y ubi-cación d,e _cuatro locales comerciales ubicados en la esquina de calle Alejandro Cárdenas con Héroes Oaxaqueños, colonia las Brisas de Zicatela, Santa María Colotepec, San Pedro Pochutla, Oaxaca. Respecto al contrato de arrendamiento celebrado entre Nancy Montes Salgado, como arredadora, Eloisa Monroy León y Lucía González Acero, corno arrendatarias, de uno de junio de dos mil trece, respecto del local letra "G", ubicado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Las Brisas de Zicatela, Santa María Colotepec, San Pedro Pochutla, Oaxaca, y la ampliación de declaración de la víctima Eloisa Monroy León, de once de febrero de dos mil quince, la autoridad responsable refiere que el valor probatorio otorgado por el Juez conocedor de la causa es correcto, porque establece la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado entre Nancy Montes Salgado, como arrendadora, Eloisa Monroy León y Lucía González Acero, como arrendatarias, de uno de junio de dos mil trece, respecto del local "G", ubicado en Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisa de Zicatela, Santa María Colotepec, Oaxaca. Ello, con la salvedad que considera correcto lo estimado por la representación social, respecto a que el juez se apartó de los parámetros de la sana crítica, al momento de establecer cuál era la vigencia de dicho contrato, porque indicó la duración del contrato, que sería del uno de junio de dos mil trece, al uno de diciembre de ese mismo año, independientemente que el contrato señale que terminaría el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, por el contrario tendría una duración de siete meses, sin que tal afirmación tenga sustento alguno, porque inadvirtió que las partes de manera expresa estipularon en la cláusula segunda, la vigencia del mismo, que sería a partir del uno de junio de dos mil trece y que fenecería el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, lo que se reiteró al final del contrato, lo cual fue confirmado por los interesados. Por lo cual, la sala responsable considera que la vigencia del contrato celebrado entre las partes, está sujeta a la estipulación realizada en la cláusula segunda de dicho contrato, mismo que fue elaborado de conformidad con lo establecido en el artículo 2365 del Código Civil vigente en el Estado, estableciéndose específicamente el tiempo de su duración, máxime que dicho contrato no fue sujeto de controversia u oposición por la imputada, ni su defensa, por lo cual, considera que existe una aceptación de las partes, de todas y cada una de las cláusulas de ese contrato. En cuanto a la declaración de la víctima Eloisa Monroy León, la Sala responsable avala lo manifestado por el juez de la causa y considera que la misma no tiene el alcance probatorio que alega la recurrente, ya que establece la existencia del proceso civil 348/2013, promovido por Nancy Montes Salgado en contra de Eloisa Monroy León, respecto del local "G", ubicado en Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, pero que no tiene conocimiento si ya se dictó sentencia en dicho juicio, aunado a que, no está en discusión la relación contractual existente entre la imputada y la víctima, porque tal circunstancia, se advierte del contrato que por escrito celebraron las partes, afirmando que no por eso dejara de darle valor probatorio a la declaración de Eloisa Monroy León. En cuanto a las manifestaciones de la parte recurrente, la autoridad responsable asegura que son infundadas porque los datos exhibidos tienen valor probatorio, tal como lo afirmó la autoridad de primera instancia, ya que le permitió conocer que las víctimas Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, iniciaron en la vía civil un procedimiento, atendiendo a la demanda de diecisiete de enero de dos mil trece, haciendo entrega de una serie de recibos, facturas y depósitos, realizados a favor de la imputada, así como algunos conceptos de gastos erogados por las víctimas, por arreglos y remodelaciones que afirman realizaron a los locales, sin que ello implique que tengan el alcance suficiente JUICIO DE AMPARO 370/2017. para acreditar las alegaciones que la representación social intentó hacer valer, respecto de tales documentos, porque como lo señaló el juez de control, no se advierte que exista una resolución firme que declare la procedencia de los mismos, en el sentido que alega el recurrente, ya que sólo corroboran la existencia de los documentos en el juzgado Mixto de Primera Instancia, dentro del algún expediente civil y que las víctimas iniciaron, sin que esto fuera controvertido ni alegado por la defensa de la imputada. En cuanto a las manifestaciones realizadas en el escrito presentado por las víctimas Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se entregó un set fotográfico, relativo a las modificaciones que dicen haber realizado en los locales materia de la litis, considera la autoridad responsable que son parcialmente fundadas y tienen tienen valor probatorio porque permiten corroborar la existencia de los locales en el lugar que señalan las víctimas, pero que no tienen alcance suficiente para acreditar las alegaciones que la representación social hizo valer en relación a la fecha en que fue retirada la palapa, en que fue pintada de un nuevo color, así como la fecha en que fue terminada la segunda planta, sin que lo anterior, le ocasione algún perjuicio, porque dichas fotos no sólo tienen valor probatorio, sino además, son coincidentes con lo manifestado por las víctimas, respecto a la existencia de los locales que aluden y con la diligencia de inspección ocular realizada en el lugar de los hechos, por lo cual, esos datos de prueba tienen valor probatorio como lo señaló el juez de control. En cuanto a la declaración de la víctima Alberto Rodríguez Borges, de nueve de diciembre de dos mil trece, y la ampliación de su declaración de once de febrero de dos mil quince, la autoridad responsable señala que comparte lomanifestado por la parte apelante en cuanto a que el juez de control realizó una apreciación errónea de ese dato de prueba, al otorgarle valor probatorio parcial, porque con ello, solamente se puede tener por probado que el día de hechos a las once de la mañana llegó hasta donde estaban los locales, los encontró cerrados con candado, valoración que se aparta de los parámetros de la sana crítica, porque lo cual, tanto la declaración inicial, como la ampliación correspondiente, guardan congruencia entre sí, porque no existen contradicciones y se complementan, por lo cual, atendiendo al momento procesal en que se encontraba dicho asunto, la información proporcionada le causa convicción de que la víctima Alberto Rodríguez Borges, realizó dos contratos de arrendamiento con Nancy Montes Salgado, uno por el local letra "F", destinado al giro de restaurant, que se denominó "OH MY GUAO", y otro, por el diverso local letra "E", destinado para funcionar como cafetería y heladería, ambos ubicados dentro del complejo situado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca; que el contrato realizado por el local "F", tuvo la duración de un año, celebrado el siete de agosto de dos mil doce, y el segundo, respecto del local "E", también con duración de un año, éste fue realizado de manera verbal, respecto del cual, el veintinueve de enero de dos mil trece, realizó el primer depósito, considerando que no era necesario que existiera contrato por escrito como lo señaló el juez de la causa, puesto que no existe disposición legal expresa que obligue a la existencia de un contrato por escrito. aisladas, sino que se robustecen con otros datos de prueba vertidos en la audiencia de vinculación a proceso, dentro de los que se encuentra la declaración de la víctima Eloisa Monroy León, quien señaló que en el momento de los hechos Alberto Rodríguez Borges, ocupaba los locales para comercio, los cuales le fueron arrendados por Nancy Montes Salgado, lo cual se robusteció con lo señalado por los testigos de identidad Benigno Sánchez Ramírez e lsaí Jarquín Martínez, al desahogarse la diligencia de inspección ocular en los locales materia de controversia, puesto que con ella, se acredita su existencia, donde las víctimas y atestes de identidad señalaron cuales eran los locales que ocupaban al momento de los hechos, la actividad que se realizaba en los mismos, así como otros datos de identificación y que éstos se encontraban cerrados al momento de la inspección, lo anterior relacionado con el dictamen en agrimesura y planimetría, puesto que permite establecer la identidad y ubicación de los tres locales "E, F y G", precisando sus características. Por su parte, Luis Alberto Sánchez Ortega y Rafael Santos Altamirano, señalaron que el día de los hechos Nancy Montes Salgado, acompañada de diversas personas sacaron diversos objetos de dos locales comerciales, y para ello, rompieron los candados que se encontraban en las puertas, sustituyéndolos por candados nuevos. En cuanto a la copia certificada de la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil catorce, relativa al juicio de desahucio registrado con el número 365/2013, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxcaca, promovido por Nancy Montes Salgado en contra de Alejandro Rodríguez Borges, en relación al local letra "F", destinado al giro de restaurante, denominado "OH MY GUAO", la autoridad de segunda instancia consideró que fue correcto que el juez de la causa le haya otorgado valor probatorio, ya que se trata de una documental expedida por un funcionario en ejercicio de sus funciones, además de ser incorporado en términos del ley, y su contenido le creo convicción puesto que le permite conocer que la imputada inició un juicio de desahucio en contra de Alberto Rodríguez Borges, para recuperar la posesión del local "F", de la calle Alejandro Cárdenas con Héroes Oaxaqueños, de la colonia Brisas de Zicatela, Santa María Colotepec, San Pedro Pochutla, Oaxaca, donde se encontraba el restaurante "OH MY GUAO", a cargo de Alberto Rodríguez Borges, y que para ello, existía un contrato de arrendamiento celebrado el siete de agosto de dos mil doce, que Nancy Montes Salgado, en su calidad de arrendadora, demandó el pago de diecinueve mil pesos, por concepto de rentas vencidas y no pagadas, a partir del mes de septiembre a diciembre de dos mil trece, así se advierte que el tres de diciembre de dos mil trece, se radicó la demanda, el veinticuatro de enero de dos mil catorce, se emplazó a Alberto Rodríguez Borges, quien el catorce de febrero de dos mil catorce, dio contestación a la misma; durante la tramitación de dicho juicio Alberto Rodríguez Borges, depositó la cantidad de diecinueve mil doscientos pesos, monto reclamado de las rentas vencidas, de septiembre a diciembre de dos mil trece, dictándose sentencia el doce de enero de dos mil quince. Concluyendo la autoridad responsable que con esos datos de prueba se establece que en el momento en que ocurrieron los hechos (nueve de diciembre de dos mil trece), la víctima tenía en posesión el local. De los argumentos dados por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en relación a la valoración de los datos de prueba que tomó en FORMA 8-2 consideración el juez de control, se tiene que para el dictado de auto de vinculación a proceso, son suficientes, puesto que se pronunció en relación a la existencia de los locales materia de la controversia, su ubicación, así como respecto a las declaraciones de las víctimas, de los testigos de identidad, así como de dos testigos presenciales de los hechos y prueba documental que exhibió la imputada, consistente en el juicio civil 365/2013 del índice del juzgado Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca. De igual forma, la Sala responsable señaló que el primer elemento del hecho que la ley señala como el delito de despojo y que consiste en que una persona ocupe un bien inmueble propio, se acreditó al establecerse que el nueve de diciembre de dos mil trece, entre las ocho y nueve horas, la imputada, aprovechando que Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges no se encontraban, rompió los candados de los locales "E, F y G", ubicados dentro del complejo situado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, y acompañada de otras personas sacó los objetos que se encontraban en su interior, para posteriormente colocar nuevos candados, lo cual dijo está corroborado con la declaración de las víctimas Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, y su ampliación, las cuales, fueron coincidentes con otros datos de prueba, como las declaraciones de los testigos presenciales Luis Alberto Sánchez Ortega y Rafael Santos Altamirano. En cuanto al segundo elemento, consistente en que dicha ocupación se realice en los casos en que la ley no lo permita por hallarse en poder de otra persona, lo consideró acreditado porque las víctimas Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, tenían en posesión los locales comerciales letras "E, F y G", ubicados dentro del complejo situado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, coioñia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, derivada de la celebración de contratos de arrendamiento con la imputada Nancy Montes Salgado. Lo que la autoridad de segunda instancia fundó en el contrato de arrendamiento celebrado entre Eloisa Monroy León y Nancy Montes Salgado, de uno de junio de dos mil trece, respecto del local letra "G", ubicado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, mismo que fue destinado al giro de restaurante bar, llamado "La inmortalidad del cangrejo, donde se estableció de manera expresa la vigencia que iniciaría el uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, conforme la cláusula segunda y la reiteración que se realizó al final del contrato, vigencia a la que debe atenderse, porque considera que es la voluntad expresa de las partes. Asimismo, que de un análisis armónico de los datos de prueba ofrecidos tanto por la representación social, como por la defensa de la imputada, consideró cierta la existencia de dos contratos de arrendamiento celebrados por Alberto Rodríguez Borges con Nancy Montes Salgado, respecto de los locales "F", destinado al giro de restaurante, denominado "OH MY GUAO", y otro por el local "E", destinado para funcionar como cafetería y heladería, dentro del complejo ubicado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, que el contrato en relación al local "F", tuvo la duración de un año, celebrado el siete de agosto de dos mil doce, mientras que el segundo, respecto del local "E" con duración de un año, fue celebrado de manera verbal, del cual, con fecha veintinueve de enero de dos mil trece, realizó un primer depósito. Por lo cual, la responsable no puso en duda la existencia de los locales letra "F" y "G", utilizados como restaurante, cuyos nombres son "La inmortalidad del cangrejo" y "Oh my gauo", así como la existencia del local "E", que sería una cafetería y heladería, ubicados de manera consecutiva, dentro del complejo situado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, señalando que lo manifestado por el juez de control, en el sentido de que no se estableció la letra exacta de cada local, era insuficiente para poner en duda la existencia de los locales señalados, porque media una diligencia de inspección ocular que realizó la autoridad ministerial, donde estuvieron presentes los testigos de identidad Benigno Sánchez Ramírez e lsai Jarquín Martínez, datos de prueba que afirma tienen valor y alcance probatorio, puesto que corroboran la existencia de los locales, así como el dictamen en agrimesura y planimetría, que estableció la ubicación y características de los mismos. Continuó señalando la Sala, que existe a favor de Nancy Montes Salgado, la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil catorce, relativa al juicio de desahucio 365/2013, del índice del juzgado Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, promovido por Nancy Montes Salgado, en contra de Alejandro Rodríguez Borges, respecto del local letra "F", destinado al giro de restaurante, denominado "OH MY GUAO", con lo que se establece que en la fecha en que sucedieron los hechos existía una relación contractual de arrendamiento entre la imputada con la víctima, porque de no haber sido así, no hubiera sido necesario el trámite de un juicio, donde la promovente solicitó el pago de diecinueve mil pesos, por concepto de rentas vencidas y no pagadas a partir del mes de septiembre al mes de diciembre de dos mil trece; dicha demanda se tuvo por radicada el tres de diciembre de dos mil trece, el veinticuatro de enero de dos mil catorce se emplazó al juicio a Alberto Rodríguez Borges, quien contestó la demanda el catorce de febrero siguiente, y durante la tramitación de dicho juicio Alberto Rodríguez Borges, depositó la cantidad de diecinueve mil doscientos pesos, por concepto de pago de las rentas vencidas y que le fueron reclamadas, dictándose sentencia el doce de enero de dos mil quince; por lo que atendiendo a dichos datos, la Sala responsable, consideró que en la fecha en que ocurrieron los hechos, el nueve de diciembre de dos mil trece, el local estaba en posesión del entonces demandado, por lo que la sentencia fue dictada posteriormente a ocurridos los hechos denunciados por la víctima, lo que se traduce en que la imputada actuó sin tener derecho en ese momento, y respecto de dicho juicio la responsable toma en consideración lo que le beneficia a la víctima, como el que tenía en posesión el local "F", y que por ello, la imputada promovió un juicio de désahucio para recuperar la posesión del inmueble en disputa, posesión que se le había otorgado a la ahora víctima por medio de un contrato de arrendamiento. En ese tenor, la emisora del acto reclamado refiere que no pasó por desapercibida la manifestación de la víctima en relación a que también tenía en posesión el local letra "E", y que dicha manifestación le causa convicción puesto que no se ha puesto en duda hasta este momento, aunado a que no es un hecho aislado, porque tanto los testigos presenciales, como los de identidad hacen mención de los locales en el momento de los hechos, lo que considera corroborado con la diligencia de inspección ocular, pues el agente investigador dio cuenta precisamente de ese local, el cual se encontraba cerrado, como se precisó en el dictamen de agrimesura y planimetría, datos que armonizados le dieron pauta para establecer que el nueve de diciembre de dos mil trece, los hechos sucedieron en relación al local marcado con la letra "E", porque de no haber celebrado un contrato de arrendamiento con la imputada en relación a ambos locales, la imputada al advertir que un extraño los estaba ocupando, no hubiera permitido que un extraño ingresara a los mismos, menos aún, los usara para negocio. En ese mismo sentido, señala la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que la víctima Eloisa Monroy León, conforme al contrato que por escrito celebró con la imputada, respecto del local letra "G", que fue destinado al giro de restaurante bar, denominado "La inmortalidad del cangrejo, atendiendo a la vigencia establecida en el mismo, cuando ocurrieron los hechos, estaba en posesión del mismo. Y atendiendo a que la figura genérica de despojo, tutela la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo que conlleva implícita la figura de la posesión, y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos; de ahí que, aun cuando exista el derecho de propiedad a favor de la indiciada sobre los inmuebles objeto del delito, existen datos suficientes para establecer el derecho de posesión de las víctimas, respecto de los locales "F, G y E", situados dentro del complejo ubicado en calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zictela, Puerto Escondido, Oaxaca, en ese momento no estaba facultada para ingresar a ellos, porque la posesión la tenían Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, derivada del contrato de arrendamiento que celebraron con Nancy Montes Salgado, así que el que llevara a cabo las acciones como el ingresar a dichos locales cuando las personas en posesión de los mismos no se encontraban, rompiendo los candados , sacando diverso muebles con la ayuda de otras personas y poner nuevos candados, atentó contra el derecho de posesión que éstas ejercían legítimamente, lo que se tradujo en que hiciera justicia por su propia mano, prohibido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si la imputada se consideraba con derechos respecto de dichos inmuebles, podía exigirlos por la vía civil, sin embargo, si los hizo valer posterior a su conducta, lo que no convalida o legitima la acción previa de ocupación ilegítima que realizó. En cuanto al tercer elemento del hecho que la ley señala como el delito de despojo, y.que consiste en que la ocupación sea de propia autoridad y haciendo uso de la violencia física o moral a las personas o furtivamente o empleando amenazas o engaño, lo tuvo por acreditado la autoridad de segunda instancia, pues estableció que el nueve de diciembre de dos mil trece, entre las ocho y nueve horas, la imputada se constituyó en los locales comerciales letra "E, F y G", situados dentro del complejo ubicado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, y de manera voluntaria ocupó los locales, lo que no le estaba permitido, ya que la posesión la tenían Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, y empeló la furtividad para llevar a cabo su actuar, pues aprovechó que las víctimas no se encontraban en el lugar en ese momento, con independencia que a las once horas haya llegado Alberto Rodríguez Borges, porque de su declaración se advierte que no pudo oponerse a la conducta desplegada por la imputada, de igual forma, utilizó la violencia física a las cosas, al romper los candados que tenían los locales y sacó las cosas que estaban dentro, con la ayuda de otras personas, y puso candados nuevos. Datos que afirma la responsable se corroboran con las declaraciones de las víctimas Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, así como la ampliación que de la misma hicieron, las que fueron coincidentes y no son aisladas, sino que se robustecen con las declaraciones de los testigos Luis Alberto Sánchez Ortega y Rafael Santos Altamirano, quienes presenciaron los hechos al momento en que ocurrieron, con la diligencia de inspección ocular donde estuvieron presentes los testigos de identidad Benigno Sánchez Ramírez e lsaí Jarquín Martínez, donde se determinó la ubicación de los locales, sus características y que se encontraban cerrados. En cuanto al cuarto elemento, consistente en que con dicha ocupación se perturbe la posesión del inmueble que tiene la persona facultada por la ley, la autoridad judicial de segunda instancia expuso que se acredita con los actos realizados por la imputada, como aprovechar que Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, no se encontraban en ese momento en los locales comerciales "E, F y G", ubicados dentro del complejo situado en calle Alejandro Cárdenas, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, por lo que de manera voluntaria ocupó dichos locales, aun cuando no tenía derecho en ese momento para hacerlo, pues quienes los tenían en posesión eran las víctimas, sin embargo, rompió los candados y con ayuda de otras personas sacó las cosas que contenían dichos inmuebles, para posteriormente poner candados nuevos, por lo que dichas acciones hacen presumir a la autoridad, que las realizó con la intención de usurpar un derecho ajeno, como si fuera la poseedora en ese momento, con independencia que tenga la propiedad, porque en el momento en que cometió la conducta, quien tenía la posesión de los locales señalados, eran las víctimas, por lo que no sólo ejerció actos materiales de detentación del inmueble, sino que se condujo como legítima poseedora, sin que la ley le permitiera en ese momento ejercer ese derecho, sustituyendo así a los legítimos poseedores, precisamente en esa calidad y como consecuencia en sus derechos. Argumentos con los que la autoridad judicial revisora, subsana lo relativo a la valoración de los datos de prueba que tomó en consideración al momento de emitir el auto de vinculación a proceso de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, así como lo relacionado con los datos de prueba con los que se acreditan los elementos del hecho que la ley señala como el delito de despojo, que se le imputa a la aquí quejosa Nancy Montes Salgado, luego entonces, como uno de los puntos de la concesión del amparo, fue para que la responsable valorara todos y cada uno de los datos de prueba que tomó en consideración para emitir el auto de vinculación a proceso, esto, con independencia de que se esté o no de acuerdo con dichos argumentos, siempre que estos sean coherentes con lo que se analiza, porque se está ante una concesión por forma, es decir, indebida fundamentación y motivación, lo que no permite analizar en relación al fondo del asunto. Ahora, en cuanto a la probable participación de la quejosa en el hecho que la ley señala como el delito de despojo, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, expuso que se acredita al existir señalamiento directo por parte de las víctimas y de los testigos presenciales de los hechos, a las que les dio valor probatorio, y que se corroboran con otros datos de prueba, los que atendiendo a la etapa en que se encuentra el proceso y del estándar probatorio que se exige, son suficientes e idóneos para acreditar que el nueve de diciembre de dos mil trece, entre las ocho y nueve horas, Nancy Montes Salgado, se presentó en los locales comerciales marcados con las letras "E, F y G", ubicados dehtro del complejo situado en la calle Alejandro Cárdenas, sin número, esquina con Héroes Oaxaqueños, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, y sin estar facultada legalmente, ocupó los locales que estaban en posesión de Eloisa Monroy León y Alberto Rodríguez Borges, empleando para ello la furtividad, pues aprovechó que las víctimas no se encontraban en ese momento, y para ingresar utilizó la violencia física a las cosas, rompiendo los candados que tenían y con ayuda de otras personas sacó diversos muebles que se encontraban en su interior, y posteriormente colocar candados nuevos. Que dicho actuar lo realizó por sí misma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11, fracción II, del Código Penal del Estado, pues ella fue quien rompió los candados que resguardaban la entrada a los locales y con la ayuda de otras personas Sacó los muebles que estaban en su interior, poniendo posteriormente nuevos candados; conducta que afirma la responsable es dolosa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8, fracción 1, del Código Penal del Estado, puesto que quiso sin motivo justificado, que sabía no tenía, introducirse en dichos locales, por lo que se actualiza el dolo directo. De igual forma, consideró la responsable que la aquí quejosa es imputable, pues en ese momento reunió las condiciones físicas y psíquicas de madurez, sin que exista dato de prueba que en el momento de los hechos, estuviera perturbada de sus facultades mentales, por lo que al momento de ejecutar la conducta, tuvo la capacidad de comprender el carácter ilícito de ellos, y de conducirse de acuerdo con esa comprensión. De lo antes expuesto, se tiene que la responsable como ya se señaló en líneas anteriores, cumple con la sentencia ejecutoria, pues en relación a este apartado, expone las razones del porque se acredita la probable participación de la aquí quejosa Nancy Montes Salgado, es decir, precisó que existe en su contra señalamiento directo tanto de las víctimas como de los testigos de cargo, quienes la señalaron como la persona que directamente destruyó los candados que se encontraban en las puertas de los locales "E, F y G", que sacó los bienes muebles que se encontraban en su interior, y posteriormente, puso nuevos candados, así mismo se pronunció respecto a su autoría material y al dolo directo que considera se acredita. Luego entonces, atendiendo a la transcripción anterior, se advierte que la autoridad responsable ha cumplido en los términos requeridos la sentencia ejecutoria dictada en este expediente. Lo anterior es así, ya que la protección de la Justicia Federal concedida a la parte quejosa, fue para el efecto de que la autoridad responsable, dejara insubsistente la determinación reclamada y con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban o, en sentido diverso. Así, puesto que la responsable en la resolución de diecinueve de abril del año en curso, dictada en el toca penal JOTP/19/2015, de su índice, dejó insubsistente la resolución de catorce de julio de dos mil quince, y analizando los vicios formales que la afectaban, resolvió en el mismo sentido. Por lo cual, es claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplido, sin excesos ni defectos, el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; por ende, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal.
- Principal
Vista la cuenta Secretarial, se provee: Agréguese a los presentes autos el oficio 222, del Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de diecinueve de abril del año en curso, dictada en el toca penal JOTP/19/2015, de su índice, esto, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista a las partes para que dentro del término de tres días, siguiente a la legal notificación de este acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga respecto del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de garantías, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la misma con base en las constancias de autos y los datos aportados por la aludida autoridad.
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